La reciente abrogación del Decreto Supremo 5503 en el gobierno
de Rodrigo Paz para enfrentar y solucionar los bloqueos impulsados por la COB y
organizaciones sindicales campesinas, no constituye un episodio aislado, ni tampoco
un simple error táctico. Se trata, más bien, de la manifestación de un “conflicto
social regresivo”, profundamente alejado de cualquier lógica democratizadora o
reformista. En lugar de contribuir a la ampliación de derechos, a la
institucionalización del disenso o a la modernización de la economía, este tipo
de conflictos tienden a reforzar una estructura sindicalista prebendal,
incompatible con un régimen democrático funcional.
Desde la perspectiva del sociólogo británico, Ralf
Dahrendorf, el conflicto social es una fuerza potencialmente creativa en las
sociedades modernas, siempre que esté canalizado por instituciones, reglas
claras y una cultura política que acepte la legitimidad del adversario. El
conflicto, en este sentido, no destruye el orden democrático, sino que lo
dinamiza, lo corrige y lo renueva. Sin embargo, lo que hoy observamos en
Bolivia es exactamente lo contrario. La COB y los sectores sindicales de
carácter clientelar, generan una serie de conflictos no regulados, no
institucionalizados y, en todo caso, capturados por élites sindicales, cuyo
objetivo no es transformar la sociedad, sino preservar privilegios y forzar una
ingobernabilidad constante que amenaza la supervivencia del sistema democrático.
Dahrendorf advertía que cuando los conflictos dejan de
expresar tensiones estructurales legítimas —entre el capital y el trabajo,
entre Estado y sociedad, entre inclusión y exclusión— y pasan a convertirse en
instrumentos de coerción, violencia y desestabilización permanente, el
resultado no es progreso, desarrollo, ni democratización, sino estancamiento
autoritario.
Asimismo, en Bolivia, la COB y los sindicatos campesinos
han dejado hace tiempo de representar los intereses sociales amplios. Su lógica
ya no es reivindicativa, sino exclusivamente clientelar y prebendal, basada en
la presión directa, el bloqueo territorial y la amenaza permanente de asedio
político para demostrar un poder alternativo que jamás fue legitimado por las
fuerzas soberanas de la sociedad civil.
Los bloqueos no buscan reformas laborales modernas,
productividad, ni redistribución sostenible. Buscan rentas, cargos, control
político y, sobre todo, capacidad de veto sobre cualquier intento de reforma
estructural que venga del gobierno democrático. En términos estratégicos, no
estamos ante un conflicto “funcional al cambio”, sino ante un conflicto
congelado, que reproduce relaciones de dominación interna y dependencia externa
para tratar, inclusive, de destruir el propio Estado.
La respuesta del gobierno de Rodrigo Paz —ceder frente a
la presión sindical, aunque sea de forma coyuntural— revela una fragilidad más
profunda: la incapacidad del régimen democrático para afirmar su autoridad
legítima, frente a actores que no reconocen reglas comunes para beneficio de
toda la sociedad boliviana. La sociología del conflicto en Dahrendorf,
subrayaba que la democracia no consiste únicamente en la defensa de los derechos,
sino también en el ejercicio de la autoridad institucional. Cuando el Estado
abdica de su capacidad para hacer cumplir la ley, la democracia se vacía de
contenido y se convierte en rehén de minorías organizadas, como el caso de los
bloqueos de la COB y las centrales sindicales campesinas e indígenas.
El haber abrogado por completo el DS 5503 que tanto
conflicto promovió, no fortaleció la paz social, sino que, más bien, la erosionó.
Las consecuencias finales del conflicto, enviaron un mensaje, diciendo que el
acceso a los recursos los públicos y demandas estratégicas, no se obtiene
mediante una “deliberación democrática”, sino mediante la coacción colectiva.
En este contexto, los ciudadanos sin capacidad de bloqueo —clases medias,
jóvenes, emprendedores y ciudadanos humildes golpeados por la inflación— quedan
excluidos del juego político, mientras el corporativismo sindical de la COB consolidó
una especie de “poder de facto”.
Simultáneamente, detrás de estas presiones no hay solamente
demandas sectoriales. Existe un objetivo político claro: rearticular las
fuerzas de Evo Morales como estrategia desestabilizadora, reconstruyendo su
base de poder, a partir del conflicto permanente. El sindicalismo prebendal de
la COB, uno de los principales aliados políticos de Evo, funciona aquí como
brazo informal de un proyecto autoritario derrotado electoralmente, pero activo
en las calles y sindicatos extremistas.
El conflicto alrededor del DS 5503, no amplió la
democracia. Todo lo contrario, la degradó. No impulsó reformas estructurales
para la economía o para mejorar las capacidades estatales; simplemente las
bloqueó. No redistribuyó oportunidades; redistribuyó privilegios. Tal como
advertía Dahrendorf, cuando el conflicto deja de estar orientado al cambio
estructural y se convierte en un mecanismo de conservación de poder, la
sociedad entra en una dinámica de autoritarismo sin dictadura, donde el veto
corporativo sustituye al debate público.
Bolivia no enfrentó un exceso de democracia, sino una
captura corporativa del conflicto social. La pugna actual no es entre el capital
y el trabajo, ni entre Estado y sociedad, sino entre un orden democrático
frágil y una red de intereses prebendales que desprecian las reglas del juego
democrático. En este escenario, el conflicto no fue un motor de la
modernización, sino un “obstáculo estructural” al desarrollo.
Recuperar la democracia implica, siguiendo a Dahrendorf,
reencauzar el conflicto, someterlo a reglas, despojarlo de su carácter
chantajista y devolverle su función transformadora. Sin ello, Bolivia seguirá
atrapada en un ciclo donde el conflicto no libera, sino que asfixia; no
reforma, sino que bloquea y no democratiza, restaurando viejas formas de
dominación bajo un ropaje sindical destructivo e incapaz de cambiar nada.
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