LA CONSTITUYENTE EN BOLIVIA DIEZ AÑOS DESPUÉS (2007-2017): SE CAMBIÓ DE ÉLITE POLÍTICA, PERO NO DE ESTADO

Entre el 6 de agosto de 2006 y el 6 de agosto de 2007 se realizó la Asamblea Constituyente en Bolivia. La expectativa fue muy grande y el proceso político desembocó en un nuevo texto constitucional que fue sometido a un referéndum, aprobándose la nueva Constitución en febrero de 2009. Este documento debió ser fruto de la Asamblea Constituyente que desarrolló su trabajo en medio de recurrentes conflictos. Transcurridos diez años después del histórico evento se pueden evaluar sus resultados como un proceso débil lleno de insuficiencias.

En un comienzo, las deliberaciones tenían la misión de transformar el Estado en su conjunto. Sin embargo, esto no fue así porque la experiencia constituyente boliviana mostró que el esfuerzo por redactar una Constitución en medio de intensos conflictos de clase, étnicos, territoriales y partidarios, dio lugar a negociaciones políticas entre élites con el fin de mantener la estabilidad política y la gobernabilidad. Las posibilidades de alcanzar una democracia directa junto con una refundación estatal fueron imposibles.

El mejor aporte de la Constituyente es el capítulo de derechos. Esto si comparamos la evolución del sistema democrático como un modelo de Estado, un modelo de sociedad y un sistema de vida que en 36 años de democracia en Bolivia (1982-2018) trató de generar una estructura institucional más allá del autoritarismo. Los derechos son lo más importante que debe regir en cualquier sociedad democrática. Por ejemplo, si no se hubiera enriquecido el capítulo de derechos en la Constitución, en Bolivia no podría existir la Ley de Género donde se reconoce con plena legitimidad el hecho de que las personas puedan optar por su identidad sexual. Esta es una contribución de avanzada. Otro ejemplo es el derecho a acceder a los servicios básicos como el derecho al agua, aunque su implementación sea otra cosa y la ciudad de La Paz, sede de gobierno, haya soportado una grave crisis de desabastecimiento entre octubre y diciembre de 2016. De cualquier manera, el capítulo de derechos es muy positivo.

El resto de los capítulos se quedó como un catálogo increíble de buenas intenciones. Es un conjunto de cláusulas y ambiciones para transformar el Estado republicano y convertirlo en el llamado Estado Plurinacional. Conjunto que se quedó achatado e imposibilitado de implementarse. Específicamente, lo que se refiere a una profunda reestructuración estatal en materia de funciones, competencias y organización, no logró efectivizarse con la nueva Constitución porque su contenido no coincide con la existencia de un Estado fuerte.

El Estado Plurinacional se caracteriza simplemente por ser un cambio de nombre. Bolivia es un Estado débil que no puede luchar contra el narcotráfico, ni contra el contrabando, o contra el crimen organizado pues está asediado constantemente por la corrupción. Es un Estado indefenso en materia de políticas frente al cambio climático e inerme cuando se trata del diseño de políticas serias para erradicar la pobreza o mejorar la estructura del sistema de salud. En doce años de gobierno de Evo Morales (2006-2018) y tras manejar más de 200 mil millones de dólares, la pobreza pudo haberse erradicado pero hoy tenemos resultados bastante insatisfactorios. China en veinte años (1980-2000) sacó de la pobreza a 200 millones de personas bajo una economía de libre mercado. Hay sobrada experiencia e información que habrían permitido lograr que más del 90 por ciento de la población boliviana viva tranquilamente por encima de la línea de la pobreza.

La reestructuración estatal de la Constitución no pudo aplicarse. De hecho, la crisis de la justicia es tan profunda que se requiere una transformación desde las instituciones académicas, los medios de comunicación y desde diversas organizaciones de protección de los derechos humanos. En el año 2016 se realizó una cumbre nacional de justicia. Sin embargo, las exigencias, cláusulas y los puntos neurálgicos para una reforma del Poder Judicial ya estaban establecidos en la Constitución nueva. O el gobierno se olvidó, o creyó que la Constitución era insuficiente y se insistió en una reforma judicial que tampoco coincidía con la institucionalidad que estuvo prevista en los debates de la Asamblea Constituyente.

Otro aspecto está ligado al fenómeno del poder indígena. El indianismo y su posibilidad de transformar la democracia representativa en una democracia intercultural, o en un Estado indígena que está reconocido en la Constitución, hoy no tiene lugar en la realidad boliviana. El Estado boliviano del siglo XXI, en el periodo 2008-2018, es un Estado desinstitucionalizado, acosado por tremendos problemas de ineficiencia y corrupción. La crisis en el abastecimiento elemental del agua en la sede de gobierno del año 2016 mostró a un Estado incompetente para proveer los servicios básicos. Por lo tanto, no es un Estado ni indígena ni republicano. A diez años después de la Constituyente, a doce años del ejercicio del poder bajo un solo partido y un solo presidente, Evo Morales, queda claro que el Estado sigue siendo neoliberal, patrimonialista y clientelar.

Utilizando cifras oficiales del propio Gobierno, se comprueba que la economía del Estado boliviano es una economía de mercado plena. Tiene un sistema financiero muy fuerte, un volumen de inversión pública que se canalizó a través del Estado y fortaleció el mercado interno. En estos términos no se hizo sino reconocer la fuerza del mercado como eje del desarrollo. La Constituyente no logró nada en contra del Estado neoliberal que, supuestamente, quería desbaratar.

Lo que sí existe es un espíritu declarativo de corte comunitario e indianista, pero de eso no se implementó nada. En Bolivia, el Estado reconoce al mercado y al desarrollo capitalista como uno de los motores fundamentales, debido a la fuerza de los hechos en la realidad. Sin embargo, democrática e institucionalmente, el Estado boliviano sigue siendo frágil porque está afectado con la falta de transparencia y la penetración de grupos corporativos en el gobierno. Este no es un fenómeno nuevo, sino que ya había penetrado también al anterior Estado neoliberal republicano (1982-2005). En la lógica actual aún predomina la prebenda y se rompe la institucionalidad estatal que debe prevalecer por encima de todo. Es más importante la defensa de los intereses públicos y la sociedad como conglomerado democrático, con el fin de combatir los intereses personalistas, corporativos o restringidos de las conductas patrimonialistas.

En el presente Estado Plurinacional, los actuales gobernantes son la expresión de una clase política nueva, altamente eficiente en la forma de administrar la correlación de fuerzas para permanecer controlando el gobierno sin contrapesos ni transparencia; es decir, controlar el nudo de la praxis política que es mantenerse en el poder. Nadie hace política sólo por beneficencia o simbolismo, la hace porque quiere conservar el poder. Así se generó una nueva clase política que responde a ciertos intereses de los movimientos sociales, que es contraria retóricamente a la economía de mercado y fuertemente crítica hacia los partidos neoliberales tradicionales. La nueva élite política fue muy eficiente en la manipulación del poder con el fin de perpetuarse en el gobierno, abandonando la Constitución para beneficio de inventario.

Vale la pena destacar que el gobierno y sus operadores tuvieron alta eficacia al lograr que se apruebe la Constitución en el referéndum del año 2009, un texto que en los hechos no fue escrito en la Asamblea. Las actuales élites gubernamentales también fueron eficaces para concertar varias cláusulas constitucionales con las élites de la derecha autonomista el año 2008, restando capacidad política a la instauración de un Estado de orientación más indígena. La derecha buscaba consolidar una estructura estatal descentralizada que viabilice las autonomías departamentales y lo consiguió.

La Constitución, entonces, representa un ordenamiento que mezcla la ideología indianista, expectativas socialistas y el credo de la democracia liberal al mismo tiempo. Es por esto que todo el texto es brillantemente declarativo y alejado de la realidad política. Cambiamos de élite política pero no de Estado.

Quizás las raíces del fracaso en la construcción de un nuevo Estado se plantaron durante la Asamblea Constituyente que naufragó tempranamente. Fueron cinco las razones del fracaso. Primero, una falta de convencimiento ideológico y democrático de los 255 asambleístas quienes nunca creyeron que en sus manos estaba la transformación del país. Llegaron a la capital Sucre, cargados de incertidumbre, temerosos, con criterios políticos tradicionales y sin ideas innovadoras. Nunca estuvieron convencidos de los grandes cambios que pudieron haber aportado. Casi nadie valoró aquella oportunidad histórica.

El segundo factor del descalabro fue una polarización prematura entre la oposición de la autonomía territorial que representaba la derecha y los constituyentes del Movimiento Al Socialismo (MAS). Unos expresaron posturas intolerantes que bloquearon las posibilidades de entendimiento democrático, mientras que otros constituyentes sólo esperaban las órdenes de la Presidencia y la Vicepresidencia.

La tercera causa fue no haber dejado trabajar con calma a las 21 comisiones. Hubo demasiada gente tratando de “ayudar” pero en vez de eso perturbó el ambiente de trabajo serio y sistemático. La abundancia de Organizaciones No Gubernamentales, organismos internacionales, visitantes externos y curiosos, trastornó y confundió a la Constituyente. El papel de varias ONG que querían lograr dinero a costa de la Asamblea o acomodar dinero para, supuestamente, “socorrer”, fue terrible y enormemente perjudicial. Todos querían mover un avispero. No dejaron que los diputados constituyentes piensen con calma, negocien y dialoguen independientemente. Hubo demasiada intromisión de todo el mundo sin apoyar un trabajo más responsable con el país.

El cuarto factor fue la incapacidad técnica de las comisiones, tanto de la oposición como del oficialismo. La fragmentación entre asambleístas de izquierda, derecha y centro, hizo imposible que puedan procesar la enorme cantidad de información que se recopiló en los talleres de consulta. Por último, el quinto factor de fracaso fue una estrategia de la derecha autonomista: venderle a los habitantes de la ciudad de Sucre la idea de la “capitalidad plena”. Con esto desestabilizaron la Constituyente. Los sucrenses se compraron la causa, encendieron Sucre con violencia y quisieron prenderle fuego al país. Al final, lo único que consiguieron fue destruir la Asamblea Constituyente porque, diez años después, no lograron nada sólido en torno a la falaz demanda de recuperar la capitalidad plena.

En el plano de las soluciones alternativas, el Congreso debió haber otorgado a la Asamblea, de antemano, un marco institucionalizado de trabajo, por ejemplo, un reglamento de debates y la identificación de un conjunto de comisiones más limitado junto con tareas concretas y viables. La Constituyente tardó tres meses en organizarse y estableció nada menos que 21 comisiones de trabajo. Algo exagerado y sin ningún criterio técnico útil, estratégico o gerencial. Todo pareció hacerse sin criterio técnico ni metódico.

Faltó también una directiva eficiente. La directiva de la Constituyente no estuvo a la altura del desafío histórico. Le faltó un líder con capacidad profesional, con más habilidad propositiva y una visión política de largo plazo para mirar una Bolivia pacíficamente transformada. En general, los diputados constituyentes pasaron desapercibidos y frustrados sin haber podido escribir la Constitución. Hoy día no se los recuerda, ni son protagonistas en los grandes retos que enfrenta el país como la despolitización del Poder Judicial o el control y castigo de la corrupción. La gran mayoría desapareció del mapa político sin pena ni gloria.

Todo hubiera funcionado mucho mejor si se hubiese otorgado a los asambleístas una mayor autonomía para la toma de decisiones. Era necesaria una concertación política para que el MAS, Evo Morales y la derecha autonomista no interfieran desde afuera en la discusión y redacción del texto constitucional. Sin embargo, también hubo excepciones muy dignas. Diputados constituyentes que se esmeraron por aportar y estudiar. Entre ellos fue destacable el trabajo de Loyola Guzmán, constituyente del MAS en aquel entonces. Su trabajo ideológico, imparcial y humano fue muy digno. Demostró una conducta serena y nada conflictiva que prefería negociar en armonía con criterios tolerantes. Desafortunadamente en el MAS no le dieron un espacio de liderazgo.

En síntesis, debió respetarse la autonomía de los constituyentes, pero las influencias políticas que venían por fuera de la Asamblea, terminaron por incomodar la concentración, desbaratar acuerdos, impulsar la intolerancia, el dogmatismo secante y el intento por cortar las alas de toda propuesta para refundar un Estado que tampoco estuvo a la altura de una transformación histórica. 

 

La Constitución boliviana es un testimonio de cómo en la democracia de masas contemporánea, y en medio de una crisis de gobernabilidad, es imposible escribir un pacto político fundacional por medio de instituciones de democracia directa. La efectividad de todo esfuerzo constitucional, pasa por tener un Estado que sea fuerte de antemano y por tener una cultura política de plena tolerancia democrática. Sin estos requisitos elementales, todo es un conjunto retórico que oculta los viejos patrones estatales, reproduciéndose un absolutismo destructivo.

 

Un análisis actualizado, se encuentra en una entrevista que me hicieron desde el diario chileno La Tercera. Agradezco a la periodista Fernanda Rojas.

 

Las lecciones tras los tropiezos en el proceso constituyente de Bolivia

 Publicado el 6 de octubre de 2020