La detención de Nicolás Maduro durante la invasión de
Estados Unidos a Caracas el 3 enero de 2026, no debe analizarse únicamente como
un acto traumático de la justicia internacional, o como una anomalía jurídica
en el orden global. Se trata de un episodio paradigmático de la mutación
contemporánea del poder, donde la democracia, el derecho internacional y la
soberanía, se subordinan a una lógica de excepción permanente, inaugurada
después del 11 de septiembre de 2001 y hoy plenamente normalizada.
A diferencia de lecturas que repiten —con razón, pero sin
novedad— la tesis del declive del orden liberal en la era de la globalización,
el caso Maduro obliga a formular una pregunta más inquietante: ¿qué tipo de
democracia puede sobrevivir cuando la hegemonía se ejerce mediante la
suspensión selectiva del derecho internacional? El académico de Princeton
University, Robert Keohane advirtió tempranamente que los órdenes internacionales
estables dependen de reglas previsibles y de la autocontención del actor
dominante y hegemónico. Sin embargo, en 2026 ya no estamos ante un “declive”
del orden liberal, sino frente a su reconfiguración autoritaria. Estados Unidos
no ha abandonado el sistema multilateral, sino que lo instrumentaliza.
La captura de Maduro —sin mandato del Consejo de
Seguridad— ilustra un patrón más reciente: a) neutralización multilateral
selectiva, donde la legalidad es reemplazada por coaliciones ad hoc; b) judicialización
extraterritorial del enemigo, usando imputaciones por narcotráfico o
terrorismo, como sustituto de una legitimidad internacional ausente; c)
fragmentación de reacciones globales donde China y Rusia denuncian la
ilegalidad, Brasil y México vacilan estratégicamente y la ONU queda reducida a
un conjunto de comunicados, sin capacidad coercitiva. Este escenario no encaja
en las previsiones de Keohane. Estamos ante una hegemonía estadounidense que no
busca consenso, sino gestión del caos, aceptando la erosión normativa como
costo calculado.
Un avance clave respecto a análisis anteriores, es tomar
en serio el contraargumento estadounidense, no para validarlo, sino para
desmontarlo con precisión. Washington sostiene que Maduro no es un jefe de
Estado legítimo, sino un actor criminal y que, por lo tanto, no aplica
plenamente la protección soberana. Este razonamiento es peligroso por tres
motivos: primero, crea una jerarquía informal de soberanías, donde la
legitimidad democrática es definida unilateralmente; segundo, desdibuja la
frontera entre justicia penal y guerra, ampliando indefinidamente el concepto
de “enemigo”; y tercero, establece precedentes replicables, no solo por Estados
Unidos, sino por cualquier potencia con capacidad coercitiva.
Si la legitimidad electoral se convierte en una condición
para el reconocimiento soberano, entonces ninguna democracia débil del Sur
Global está a salvo. Aquí aparece un núcleo nuevo para el análisis: el problema
no es la caída de Maduro, sino el “día después”. La experiencia comparada es
devastadora al mirar Irak: derrocamiento rápido, colapso estatal, violencia
sectaria-religiosa y democracia formal sin soberanía real. Libia: eliminación
del dictador Gadafi, destrucción del Estado, milicias y guerra civil permanente.
En ambos casos, la intervención se justifica en nombre de la democracia, pero
produce un vacío institucional que vuelve imposible un “nuevo orden
democrático”.
Venezuela presenta condiciones similares, con un Estado
penetrado por redes ilícitas; Fuerzas Armadas politizadas y una oposición
fragmentada y dependiente del respaldo externo. En este contexto, la
democratización post-Maduro corre el riesgo de ser una ficción electoral
administrada desde EEUU, sin capacidad real de gobernabilidad.
El caso de la invasión a Panamá en 1989 suele citarse
como contraejemplo exitoso. Sin embargo, fue una excepción histórica
irrepetible con un Estado pequeño y altamente institucionalizado. El objetivo
era limitado (la captura de Noriega), no una reingeniería regional. Incluso
así, la violencia fue mayor de lo reconocido y la soberanía quedó profundamente
condicionada. Pretender que Venezuela repita el caso de Panamá, es una ilusión
estratégica.
El resultado más probable no es la democracia liberal,
sino lo que podríamos llamar una democracia tutelada, caracterizada por
elecciones sin soberanía económica; por dependencia permanente de actores
externos; y por la debilidad crónica del Estado, junto con la normalización de
la violencia política. La captura de Maduro podría confirmar el diagnóstico más
pesimista sobre el futuro de la democracia global: ya no es un proyecto
universal, sino un recurso retórico utilizado selectivamente para legitimar
intervenciones militares.
La detención del dictador Maduro no inaugura una nueva
era de justicia internacional, sino que profundiza un mundo donde el derecho se
subordina a la fuerza y la democracia a la excepción invasiva. Si Libia e Irak
nos enseñaron algo, es que derrocar un régimen no equivale a construir una
comunidad política viable. El verdadero drama en Venezuela no es Maduro, sino
el futuro que se abre tras su caída. Un futuro donde la democracia, una vez
más, podría ser la primera víctima colateral y desastrosa.
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