Las economías en quiebra como la boliviana, no se
corrigen únicamente con decretos ni con ortodoxia fiscal. El politólogo
especialista en economía política de los ajustes estructurales, Stephan Haggard,
lo advirtió tempranamente, afirmando que los procesos de ajuste son, ante todo,
“conflictos políticos distributivos”, que ponen a prueba la estabilidad
democrática, la legitimidad del Estado y la capacidad de las élites para
construir coaliciones de apoyo.
Bolivia enfrenta hoy una combinación crítica de inflación
persistente, déficit fiscal estructural y agotamiento de sus capacidades
productivas, en un contexto de desconfianza social acumulada después de años de
populismo autoritario e ineficiente. La implementación del Decreto Supremo
5516, impulsado por el gobierno de Rodrigo Paz, se inscribe exactamente en este
escenario de alto riesgo y, por lo tanto, el ajuste estructural es inevitable,
pero su mala gestión puede derivar en ingobernabilidad, bloqueo corporativo o
erosión democrática.
Stephan Haggard ofrece un marco analítico útil para
evitar un desenlace fatal, en dos libros fundamentales, tanto para la
reflexión, como para el diseño de políticas de ajuste: The Politics of Economic Adjustment: International Constraints,
Distributive Conflicts and the State y Pathways
from the Periphery: The Politics of Growth in the Newly Industrializing
Countries. En estos libros se sugiere claramente que el ajuste sin Estado
es inviable. Uno de los errores recurrentes en América Latina fue asumir que el
ajuste consistía en reducir el tamaño del Estado cuando, en realidad, los
hechos requerían reformarlo y “fortalecerlo selectivamente”.
El Decreto 5516 apunta a corregir los desequilibrios
fiscales y ordenar la economía. Ahora bien, si su implementación se limita a los
recortes, controles o señales técnicas orientadas hacia el mercado, sin pensar
en una reconstrucción de las capacidades estatales, las previsiones del decreto
podrían conducir hacia un resultado que será doblemente negativo (si el ajuste
no se consolida y la legitimidad democrática se debilita): por un lado, las
instituciones del Estado Plurinacional dejarán de ser un referente de respeto y
eficiencia ante la sociedad, y por otra parte, el déficit fiscal no podrá copar
con las demandas de la descentralización política y las autonomías al interior
de las gobernaciones y los gobiernos municipales.
Para Haggard, los países que lograron una estabilización
sostenible lo hicieron, no por promover “menos Estado”, sino por la
construcción de estructuras estatales capaces de disciplinar actores rentistas,
coordinar políticas productivas y sostener reglas creíbles. La inflación y el
déficit, no son solamente problemas macroeconómicos, sino expresiones de
conflictos distributivos irresueltos.
“Ajustar” implica decidir quién paga el costo. En el caso
boliviano, el DS 5516 enfrenta tres dilemas simultáneos: 1) reducción del
déficit fiscal; 2) sin una reforma del gasto público que ataque privilegios
corporativos y subsidios regresivos, el ajuste recaerá sobre los sectores
productivos formales y las clases medias, erosionando todo apoyo político; y 3)
control de la inflación como exigencia crucial, vía represión de precios o
medidas administrativas, pues sin un aumento de la oferta productiva se
reproducen las distorsiones y el desabastecimiento, algo ampliamente
documentado por Haggard en el análisis de los países de Europa del Este y Asia.
Asimismo, sin inversión, crédito y reglas claras para la
producción, el ajuste se convierte en una espiral recesiva y políticamente
insostenible. El riesgo principal es que el ajuste se perciba como “castigo
social” sin horizonte de crecimiento, abriendo espacio a la protesta y al veto
corporativo. Uno de los aportes más relevantes de Haggard es su énfasis en la
construcción de coaliciones políticas pro-reforma. Los ajustes exitosos no
fueron tecnocráticos ni autoritarios, sino estratégicos. Implementar
rigurosamente el DS 5516, implica una mayor transparencia radical sobre la
magnitud de la crisis fiscal. Simultáneamente, se requiere la identificación
clara de ganadores futuros del ajuste (productores, emprendedores, regiones
dinámicas). Asimismo, es fundamental el aislamiento político de los actores
rentistas que viven del déficit y la inflación.
La experiencia comparada muestra que cuando los gobiernos
intentan ajustar sin construir narrativas creíbles ni alianzas, el ajuste se
convierte en una guerra social de desgaste, como ocurrió en múltiples casos
latinoamericanos durante los años 80 y 90.
Haggard insiste en que el ajuste solo es sostenible
cuando va acompañado de una sistémica reforma institucional. En Bolivia, esto
significa enfrentar un problema estructural: un Estado capturado por redes prebendales
y corporativas, incapaz de promover productividad. En consecuencia, el DS 5516
debería articularse con: a) la reforma de empresas públicas deficitarias; b) la
profesionalización de la burocracia económica; y c) el fortalecimiento de
agencias reguladoras y fiscales. Sin estas reformas, el ajuste será percibido
como arbitrario y transitorio, incentivando conductas evasivas y resistencia
social.
El ajuste también debe presentarse, no como un sacrificio
sin sentido, sino como una transición ordenada hacia un nuevo equilibrio económico.
Para ello, se requiere un calendario claro de reducción del déficit, así como medidas
explícitas de estímulo a la producción privada y regional. Un discurso político
que reconozca costos, pero que también ofrezca un horizonte verosímil de
recuperación, se convierte en una clave central porque no es la velocidad del
ajuste, sino su consistencia política e institucional lo que importa, dejando
atrás la ineficiencia profunda que caracterizó a los gobiernos de Evo Morales y
Luis Arce.
El mayor riesgo del Decreto Supremo 5516 no es fracasar
técnicamente, sino fracasar políticamente. Haggard lo advirtió con claridad:
los ajustes mal diseñados destruyen las coaliciones democráticas y abren la
puerta al autoritarismo o al populismo de retorno. Hoy, Bolivia necesita un
ajuste con Estado, con política y con visión productiva. La alternativa no es
entre ajuste o estabilidad, sino entre ajuste inteligente o colapso prolongado.
En esta coyuntura crítica, las advertencias del politólogo
israelí, Yehezkel Dror, resultan particularmente pertinentes. Para Dror, la
“capacidad de gobernar” no es un atributo retórico ni una simple cuestión de
liderazgo personal, sino un conjunto complejo de competencias institucionales,
cognitivas y éticas que permiten al Estado tomar decisiones difíciles,
anticipar consecuencias y sostener políticas en el tiempo. Mejorar esta
capacidad implica aceptar costos inmediatos: abandonar la improvisación,
enfrentar intereses enquistados y asumir decisiones impopulares que, sin
embargo, son necesarias para preservar el futuro colectivo. Gobernar bien
significa “decidir bajo la incertidumbre”, resistir la tentación del corto
plazo y reconstruir la autoridad del Estado sobre bases racionales y
profesionales.
El hecho de incrementar la capacidad de gobernar, tiene
un costo político inevitable, pero no hacerlo tiene un costo histórico mucho
mayor. Implementar el Decreto Supremo 5516 con éxito requiere fortalecer
núcleos estratégicos de decisión, profesionalizar la gestión pública y reducir
drásticamente la captura corporativa del Estado. Esto supone conflictos
abiertos, pérdida de apoyos circunstanciales y una redefinición del ejercicio
del poder. Únicamente a través de esta transformación sistémica —que articule
ajuste económico, reforma del Estado y liderazgo político consciente de sus
límites— es posible evitar la deriva hacia la ingobernabilidad crónica. No se
trata de gobernar para sobrevivir, sino de gobernar para transformar, aun
cuando el precio inicial sea muy alto.
Comentarios
Publicar un comentario