La decisión de suspender la subvención a los
hidrocarburos mediante el Decreto 5503 fue valiente e histórica. Además, abrió
un escenario de conflictividad social altamente previsible. No se trata de un
problema técnico, sino de un conflicto político, distributivo y simbólico,
donde el impacto económico directo se combina con percepciones de injusticia,
pérdida de derechos adquiridos y desconfianza histórica hacia el Estado.
En este contexto, la pregunta central no es si habrá
conflictos, sino cómo administrarlos antes de que escalen hacia bloqueos
prolongados, paralización económica y crisis de gobernabilidad profunda.
Distinguir qué es un conflicto real es fundamental, antes de imaginar
únicamente una inestabilidad difusa.
El primer error habitual del Estado es tratar toda
reacción social como “conflicto político organizado”, cuando muchas veces se trata
solamente de ansiedad económica, temor a la inflación, expectativas incumplidas
y narrativas de pérdida acumulada (sobre todo para la delincuencia vinculada al
contrabando de hidrocarburos). El gobierno debe identificar con precisión qué
sectores están objetivamente afectados (los transportistas por supuesto,
sectores populares urbanos, agroindustria, comercio); qué actores politizan el
malestar y en qué territorios el conflicto puede escalar rápidamente.
No toda protesta inicial requiere represión, ni tampoco
una negociación inmediata; muchas necesitan información clara, señales de
previsibilidad y rutinas de decisión creíbles. Hay que “anticipar” cuáles son y
dónde están las cadenas de escalamiento.
La experiencia boliviana demuestra que los conflictos por
precios y subsidios siguen una lógica conocida: a) anuncio técnico sin
pedagogía social; b) reacción emocional y rumores; c) movilización sectorial;
d) articulación política del conflicto y e) pérdida de control estatal.
Por lo tanto, el Estado debe implementar un sistema de monitoreo,
análisis y alerta temprana, orientado a detectar dónde están los puntos de
ruptura; anticipar alianzas entre actores sociales y políticos, así como activar
negociaciones antes de un “bloqueo total”. La clave es intervenir en la “fase
temprana”, cuando aún existen incentivos para negociar. La producción de conocimientos
y una narrativa pública es el gran desafío, pues la suspensión de la subvención
no puede presentarse únicamente como una medida fiscal inevitable. En
consecuencia, se requiere información transparente sobre el costo real de la
subvención, por ejemplo, cuáles son los escenarios comparativos (mantener la
subvención versus el hecho de desmontarla gradualmente), y cuál es la explicación
de los costos, en caso de no hacer nada.
Sin una producción sistemática de conocimientos públicos
desde el gobierno, el vacío será ocupado por discursos simplificadores que
alimentan la protesta. Aquí, el Estado debe asumir que la “persuasión” es parte
de la política pública, no un accesorio comunicacional. En consecuencia, es
vital la capacitación y la identificación de negociadores adecuados. No todos
los conflictos se negocian con las mismas herramientas, ni con los mismos
actores. El gobierno debe definir qué tipo de negociadores se van a utilizar,
cómo son los equipos técnicos, los aparatos políticos, o grupos mixtos; en qué
nivel territorial (nacional, departamental, municipal), y con qué márgenes
reales de concesión.
Negociar no significa retroceder, sino administrar
intereses contrapuestos evitando que el conflicto se transforme en una disputa
de todo o nada. Así, se presenta como algo de suma importancia la asesoría
técnica y las medidas de amortiguación. Para evitar el colapso social, el
Decreto 5503 debe ir acompañado de lo siguiente: a) mecanismos de compensación
temporal; b) esquemas de transición gradual; c) apoyo focalizado para los sectores
vulnerables. Estas medidas no son concesiones políticas, sino instrumentos de
gobernabilidad.
Un ajuste sin amortiguadores es una invitación al
conflicto prolongado, por lo que se necesita convivir con el involucramiento y participación
selectiva de la sociedad civil. No toda sociedad civil es aliada, ni enemiga.
El Estado debe identificar a los actores con legitimidad territorial, a las organizaciones
con capacidad de contención, y los liderazgos mudos que están dispuestos a un
trabajo pacífico y respetando los liderazgos dispuestos a negociar soluciones
intermedias. Asimismo, se deben incorporar a estos actores porque sus acciones fortalecen
la autoridad estatal, en lugar de debilitarla, siempre que el centro de
decisiones permanezca en el gobierno.
Es fundamental que se tengan en mente dos objetivos
centrales: preservar la gobernabilidad y evitar cualquier explosión donde haya
muertes. La suspensión de la subvención no debe evaluarse solo por su impacto
fiscal, sino por su “costo político y social”. Por lo tanto, el objetivo
estratégico no es imponer la medida a cualquier precio, sino preservar la
gobernabilidad, evitar la escalada de violencia y sostener una rutina de
decisiones legítimas. Un Estado que sabe negociar no es débil, sino que tiene
una estrategia de negociación, la cual tendría que ser previsible, racional y
eficaz.
El Decreto 5503 no es únicamente una decisión económica.
Se trata de una prueba de capacidad política, ya que administrar los conflictos
con previsión, conocimientos y negociación inteligente, permitirá evitar que
una medida necesaria derive en una crisis evitable. La transformación de los conflictos
no elimina la tensión social, pero la convierte en una gobernabilidad posible.
La “gestión política” del conflicto es lo más
trascendental debido a que exige una conducción estratégica y la búsqueda de legitimidad.
Desde un marco metodológico, la gestión política implica asumir que el
conflicto no es una anomalía, sino un componente normal de la vida democrática.
El rol del gobierno es conducirlo, no negarlo ni exacerbarlo; esto supone una definición
clara de objetivos políticos. El gobierno debe tener absolutamente claro qué es
negociable sobre el Decreto 5503 y qué no lo es. La ambigüedad alimenta
expectativas irreales y radicaliza posiciones.
La lectura fina de los actores y las correlaciones de
fuerza es también imprescindible. No todos los sectores tienen el mismo poder
de bloqueo, ni la misma legitimidad social. La negociación debe priorizar a
quienes pueden contener o escalar el conflicto. El uso estratégico del tiempo
contribuye a apresurar las decisiones que pueden detonar estallidos; demorarlas
indefinidamente también. La gestión política eficaz administra los tiempos del
conflicto.
Por otra parte, la construcción de una narrativa política
racional muestra que no basta con explicar cifras. Se requiere una narrativa
que reconozca los costos sociales profundos, que asuma responsabilidades
estatales y proyecte un horizonte de transición creíble. La gestión política
exitosa no busca aplausos inmediatos, sino evitar que el conflicto se vuelva
ingobernable.
Finalmente, se tiene que construir la “gestión
institucional”: coordinación, previsibilidad y capacidad operativa. La gestión
institucional del conflicto es lo que permite que la política no colapse frente
a la presión social. Aquí, el Estado debe demostrar una coordinación
interinstitucional real; que los Ministerios, fuerzas del orden, entes
reguladores y gobiernos subnacionales actúen bajo un mando político claro,
evitando mensajes contradictorios.
Esto requiere un conjunto de protocolos de negociación
predefinidos. No se puede improvisar mesas de diálogo en medio de un bloqueo
total. Deben existir protocolos claros para abrir las negociaciones, para identificar
a los interlocutores válidos, así como desarrollar los mecanismos de
verificación de acuerdos. La capacidad técnica al servicio de la negociación
demanda la obtención de datos fiscales, energéticos y sociales que respalden la
negociación. Sin soporte técnico, cualquier mesa de diálogo se convierte en un
intercambio emocional sin salida.
Las instituciones son los amortiguadores del conflicto. Un
Estado fuerte no reprime primero, sino que contiene, canaliza y dosifica. Las
instituciones deben absorber las presiones sociales sin desbordarse. La
debilidad institucional convierte cualquier negociación en una capitulación; por
lo tanto, la fortaleza excesiva del Ministerio de Gobierno sin política la
convierte en autoritarismo.
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