El nuevo gobierno de Rodrigo Paz recibe un país
fracturado, exhausto y en un punto de inflexión histórica. Por lo tanto, Bolivia
llega al Bicentenario, prácticamente con un Estado debilitado, sin reservas
suficientes, sin dólares circulantes, sin energía garantizada y con una
institucionalidad en ruinas, como herencia perversa, sobre todo, del gobierno
saliente de Luis Arce (2020-2025). El desafío no consiste únicamente en
“gobernar”, sino en recomponer las “bases sistémicas del poder estatal”, para
devolver racionalidad, previsibilidad y autoridad a la gestión pública. Sin esa
reconstrucción profunda, toda medida económica o social será apenas un
paliativo poco útil frente al colapso estructural, luego de 20 años de
hegemonía dentro de un Estado ineficiente y clientelar, fomentado por el
Movimiento Al Socialismo (MAS).
Durante décadas (1952-1985; 2006-2025), Bolivia confundió
la presencia del Estado con su hipertrofia. Se nacionalizó sin
institucionalizar; se centralizó sin planificar; se impulsó la retórica del
“Estado plurinacional” sin integrar y, sobre todo, se diseminaron mentiras, a
sabiendas que el MAS estaba destruyendo el Estado como si fuera una agencia de
especializada en “perder” recursos, oportunidades y esperanzas. El resultado fue
un Estado patrimonial, capturado por redes clientelares e incapaz de garantizar
bienes públicos esenciales.
En consecuencia, el primer deber del nuevo gobierno, es
recuperar las capacidades estatales. Esta urgencia debe tomar en cuenta las
siguientes prioridades: a) profesionalizar la burocracia; b) restablecer la
meritocracia; y c) devolver autonomía técnica a instituciones clave como el
Banco Central de Bolivia (BCB), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
y el Servicio de Impuestos Nacionales. Esta visión sistémica implica
reconstruir un pacto entre el poder, la ley y la legitimidad, rompiendo la dinámica
de improvisación populista que convirtió al Estado en una máquina de
distribución de dinero con una lógica clientelar. Sin un “Estado funcional” no
hay gobernabilidad, ni economía que resista.
La urgencia económica no admite postergaciones. El desabastecimiento
de combustibles y la escasez de dólares, son síntomas críticos que pueden
desestabilizar al gobierno desde sus primeras semanas. La agenda inmediata debe
incluir cinco medidas estratégicas de emergencia: primero, un plan de
abastecimiento energético de corto plazo, coordinado entre YPFB, el Ministerio
de Hidrocarburos y el sector privado, con controles logísticos para erradicar
el contrabando y tener mecanismos de importación transparente para garantizar
gasolina y diésel sin intermediarios políticos.
Segundo, una reestructuración financiera del Banco
Central, devolviéndole autonomía para atraer divisas, mediante bonos soberanos,
mecanismos de repatriación de capitales y acuerdos bilaterales con organismos
financieros multilaterales. Tercero, renegociación técnica y geoestratégica del
litio, abriendo asociaciones internacionales bajo un esquema de soberanía
compartida que garantice un flujo de divisas reales y, especialmente, que
instale tecnología para una explotación eficiente y sin daños irreparables al
medio ambiente. Cuarto, reforma inmediata del sistema cambiario, eliminando
distorsiones y controles artificiales que alimentan el mercado negro. En quinto
lugar, está la reactivación de la producción interna de hidrocarburos y
biocombustibles, con incentivos fiscales para la exploración y la inversión
energética local.
Estas cinco acciones estratégicas deben combinarse con un
discurso de “credibilidad económica” que rompa con la retórica de la
conspiración y la improvisación, reemplazándola por señales claras de apertura,
diálogo y estabilidad. Más allá de la urgencia, el gobierno de Rodrigo Paz debe
asumir el rol histórico de refundar la legitimidad del Estado, no desde la
retórica del fallido “Estado plurinacional” agotado, sino desde la institucionalidad
democrática.
La reconstrucción y protección institucional del Estado,
exige reformar la justicia para erradicar la corrupción estructural y recuperar
confianza ciudadana. Asimismo, necesita reconfigurar la política fiscal para
orientarla hacia un modelo de inversión pública racional y descentralizada. El
nuevo gobierno requiere aplicar la Nueva Gestión Pública (NGP), por medio del impulso
a la digitalización estatal y la desburocratización como ejes de transparencia.
En la inserción del país dentro de la globalización, Bolivia debe redefinir su
política exterior, restableciendo relaciones diplomáticas con Estados Unidos,
la Unión Europea y Chile, en función de intereses nacionales y no ideológicos;
y, finalmente, construir una nueva política energética nacional, articulando el
litio, los hidrocarburos y las energías alternativas en una matriz coherente de
desarrollo sostenible.
La verdadera prueba del liderazgo presidencial de Rodrigo
Paz consistirá en combinar la urgencia del presente con la visión del futuro,
evitando los dos extremos que han destruido al Estado boliviano: el populismo
mesiánico y el tecnocratismo desconectado de las necesidades de la gente para
erradicar la pobreza y reducir las desigualdades. Es imprescindible una conducción
política racional, sustentada en el conocimiento técnico, la negociación
institucional y la ética del servicio público.
El país no puede seguir postergando la modernización de
su estructura estatal, ni depender del azar de los precios internacionales. Si
el nuevo gobierno logra estabilizar la economía y, al mismo tiempo, reconstruir
la confianza en las instituciones, Bolivia podría iniciar su verdadero
Bicentenario, no como una celebración nostálgica, sino como el comienzo de su
segunda fundación republicana. En esencia, las prioridades sistémicas de la
reforma estatal se concentran en los siguientes ejes:
·
Reforma del empleo
público para eliminar clientelismos, profesionalizar la función pública y
establecer concursos basados en méritos, con una Ley de Servicio Civil.
·
Reestructuración de
empresas estatales deficitarias mediante auditorías, controles estrictos y
despolitización de su gestión, incluyendo la creación de un “Consejo de Alta
Gerencia y Reformas”.
·
Reforma fiscal que
racionalice los gastos, elimine subsidios mal dirigidos y mejore la eficiencia
tributaria, orientando al Estado hacia una gestión menos prebendal y más eficiente.
·
Reforma institucional
para garantizar la independencia judicial, fortalecer la Contraloría General del
Estado y limitar los poderes discrecionales del Ejecutivo, construyendo un
Estado capaz de afrontar problemas de crecimiento económico y pobreza con mayor
eficacia.
·
Transparencia y rendición
de cuentas, mediante la publicación obligatoria de información sobre gastos,
personal, contratos y la implementación de un gobierno digital en las instituciones
estratégicas.
Estos ejes deben, asimismo, articular los esfuerzos con
un Estado que mantenga su función de árbitro empresarial y mediador
intercultural, evitando clivajes y conflictos sociales destructivos. El cambio
no puede ser solamente “formal”, sino que debe transformar las prácticas
políticas arcaicas y clientelares. Los funcionarios masistas y oportunistas que
ahora han colonizado el aparato estatal, sencillamente, deben retirarse.
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