A las puertas de la instalación de un nuevo gobierno, la
pregunta más urgente y, simultáneamente, más eludida por los candidatos a la
presidencia, es: ¿qué tipo de modelo de desarrollo sostenible es viable, no uno
ideal ni utópico, sino posible para Bolivia, dadas sus limitaciones
estructurales, su dependencia de recursos primarios y su debilidad
institucional crónica?
La solución no está en una ruptura ciega, ni en una
continuidad irresponsable con el modelo de Movimiento Al Socialismo (MAS).
Bolivia no puede, simplemente, “salir” del modelo extractivista de un día para
otro, porque sus finanzas públicas, exportaciones, niveles de empleo y su
inserción internacional, aún dependen, en gran medida, de la minería, los
hidrocarburos y la agroindustria. Pero tampoco puede seguir profundizando un
camino agotado y de deterioro estructural al entrar en crisis la economía del
gas, sin asumir un alto costo ecológico, social y político. El probable nuevo
modelo de desarrollo traerá un shock, aun cuando se realicen los ajustes poco a
poco.
Por lo tanto, el modelo sostenible que Bolivia necesita
hoy, exige una estrategia de transición estructurada, con tres pilares
fundamentales: en primer lugar, la “diversificación inteligente” y con valor
agregado; no se trata de abandonar el extractivismo de forma abrupta, sino de
transformarlo paulatinamente, incorporando ciencia, tecnología y procesos de
valor agregado. Por ejemplo, en lugar de vender litio como materia prima,
Bolivia debería apostar, junto con socios estratégicos, a tener reglas claras y
control estatal, participando también en la cadena industrial como baterías,
almacenamiento de energía y tecnología verde. Lo mismo para el gas porque
mientras haya mercado, se debe optimizar su uso interno para generar
electricidad limpia y utilizar fertilizantes o plásticos biodegradables.
Esta nueva forma de enfocar el desarrollo requiere
planificación a largo plazo, no simples anuncios y, sobre todo, implica
inversión en capacidades técnicas, infraestructura y talento humano. Sin
educación técnica de calidad y sin ciencia aplicada, no hay posibilidad de
salir del extractivismo. El único problema radica en la necesidad de contar con
universidades altamente eficientes, con educación de calidad y verdadero
compromiso con la recuperación económica. En este terreno, el nuevo gobierno
deberá analizar con cuidado la implementación de una reforma universitaria,
buscando la calidad de primer nivel.
En segundo lugar, es vital aplicar una reforma profunda
del Estado y un control de la frontera ecológica. El Estado boliviano, tal como
está diseñado, no tiene las capacidades para controlar los excesos del agro, de
la minería cooperativista, ni los abusos provenientes del narco-extractivismo. Tampoco
puede medir con precisión los incendios forestales, ni regular la
deforestación, ni fiscalizar el uso del agua. Esto requiere una regulación
estatal eficiente que erradique toda fuente de corrupción.
Una solución sostenible reclama la reconstrucción de un “Estado
ambiental”: nuevas instituciones eficaces, mejores datos, vigilancia satelital,
justicia ambiental real (no simbólica), y participación organizada de la ciudadanía.
Un cambio de mentalidad es vital, pues el desarrollo ya no puede definirse solo
por cuánto se produce, sino también por cuánto se conserva y regenera.
En tercer lugar, se necesita un pacto político y social
para la transición. Ni los empresarios agroindustriales, ni los cooperativistas
mineros, ni las comunidades indígenas, ni los jóvenes urbanos pueden ser
excluidos de esta transición. El Estado inteligente es capaz de cohesionar la
sociedad, construyendo un nuevo “pacto político”, que combine incentivos y
restricciones, que compense las pérdidas lamentables generadas por la
decadencia del gobierno de Luis Arce, estimulando prácticas sostenibles que
penalicen, efectivamente, el ecocidio.
Ese pacto debe incluir reformas fiscales (para que el que
contamina pague), incentivos verdes (créditos, mercados, certificaciones), y
mecanismos de diálogo intersectorial. No basta con confrontar. Hay que
concertar, no para rendirse, sino para reconstruir un horizonte común de
sostenibilidad y prosperidad compartida. Por estas razones, no es recomendable
decir que no es posible tranzar nada con los funcionarios y ex seguidores del
MAS, pues a éstos se los requiere dentro de un nuevo proceso hegemónico y
sujetos a estándares de calidad profesional y mérito.
El nuevo modelo y Estado inteligente, no pertenece, ni al
liberalismo empresarial, ni al ecologismo radical. Es una “tercera vía” que requiere pragmatismo con ética, realismo con
imaginación, economía con conciencia. Ni la retórica empresarial vacía, ni el
dogma ambientalista que veta sin construir, pueden llevarnos allí. Bolivia
necesita un liderazgo que combine visión y capacidad de ejecución del nuevo
gobierno: un liderazgo que sepa decir la verdad —aunque duela— y construir
soluciones —aunque sean difíciles—. Porque lo que está en juego no es una
elección más, sino el futuro mismo del país. Un país que aún puede regenerarse,
pero que está peligrosamente cerca de su límite.
El modelo de desarrollo sostenible para Bolivia, no es
uno que niegue su realidad, sino uno que asuma su complejidad, transforme sus
debilidades en oportunidades y apueste por un Estado activo, una economía
diversificada y una sociedad que no se conforme con sobrevivir, sino que decida
reestructurar, progresivamente, el Estado y la economía, con la finalidad de
tener un bienestar para las futuras generaciones. La transición es el costo, el
peso de la carga está ahora; sin embargo, el futuro de las nuevas generaciones
podrá regenerar las raíces de otro tipo de país, menos rentista y más creativo
para identificar soluciones de verdadero largo plazo.
Del libro, “The
Blair Effect”, que analiza la experiencia del ex premier británico, Tony
Blair, se puede extraer una lección clave para Bolivia: el desarrollo
sostenible no surge de la negación radical del mercado, ni de la entrega ciega
al mismo, sino de una combinación pragmática entre dinamismo económico,
inversión pública estratégica y responsabilidad social. Blair sostuvo que el
Estado debía modernizarse para acompañar al mercado, pero también regularlo,
introduciendo incentivos a la innovación y a la sostenibilidad.
Para Bolivia resulta fundamental pensar un modelo donde
el Estado no sea un mero extractor de rentas, ni un inquisidor verde, sino un
facilitador de la transición hacia actividades productivas con valor agregado,
limpias y con responsabilidad ambiental. Esta idea demanda un “pacto
reformista” y podría inspirar en Bolivia la superación de la dialéctica estéril
entre el extractivismo improvisado del MAS y el ambientalismo punitivo de sus
críticos, para ingresar en un horizonte donde la política sea capaz de
reconciliar prosperidad económica, sostenibilidad y ética ecológica.
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