La reciente alianza entre Samuel Doria Medina y
Marcelo Claure, plantea un dilema político y ético de grandes proporciones:
¿estamos frente a un intento de reconstrucción nacional, o frente a una nueva
forma de instrumentalizar el Estado? En un contexto marcado por el agotamiento
del modelo rentista, el colapso institucional y la deslegitimación de los
partidos tradicionales, esta convergencia de intereses empresariales, no puede
interpretarse como un simple acuerdo electoral. Es, más bien, la expresión de
una mutación en la lógica del poder, donde las élites económicas buscan
reemplazar al viejo ciclo del populismo autoritario con una racionalidad
instrumental, profundamente pragmática y carente de visión nacional.
Desde una perspectiva, el análisis del libro Estado y poder empresarial en Bolivia,
Ecuador y Perú, un estudio comparativo (2024), de John Crabtree, Francisco
Durand y Jonas Wolff, ofrece una clave interpretativa relevante para comprender
esta situación. Según sus hallazgos, el poder empresarial en estos tres países
andinos ha operado de manera diferenciada pero convergente, en términos de sus
efectos estructurales: la captura del Estado, la desinstitucionalización
progresiva y la instrumentalización de recursos estratégicos bajo lógicas
privadas de acumulación. Bolivia, en particular, exhibe una historia de
cooptación empresarial que ha oscilado entre formas neoliberales abiertas (como
en el ciclo de Sánchez de Lozada) y un “neoestatismo extractivista” durante el
ciclo del MAS, donde la burguesía emergente también encontró formas de “asociación
parasitaria” con el Estado.
Los que creen que siempre ganan
La alianza Claure-Doria Medina se inserta en esta
genealogía crítica. Representa la emergencia de una élite post-populista que no
busca necesariamente el fortalecimiento institucional, ni tampoco la
diversificación productiva del país, sino más bien la ocupación de un vacío político
para rearticular una nueva fuerza con acceso directo a rentas estratégicas como
el litio. Claure, a la manera de un “inversor neopopulista”, opera con una
lógica de globalización sin territorio, donde Bolivia solo aparece como enclave
de oportunidad, no como proyecto nacional. Doria Medina, por su parte, se
convierte en el operador político de esa lógica, reciclando su viejo capital
simbólico empresarial para volver al ruedo, con una narrativa de modernización
empresarial, pero sin una propuesta clara de reconstrucción republicana. Su
papel como vicepresidente de la Internacional Socialista lo descubre como un
líder sin identidad ideológica a favor de un Estado republicano.
El pensador boliviano, René Zavaleta Mercado, nos
proporcionó una clave insoslayable. Para él, las élites bolivianas se han
caracterizado por su irracionalidad en la construcción de la Nación; es decir,
por su incapacidad de pensar el país como totalidad histórica y proyecto
colectivo. Son “elites con poder, pero sin hegemonía”, incapaces de construir
un horizonte de sentido nacional compartido. La alianza Claure-Doria Medina
reproduce esa misma matriz: no es una alternativa de país, sino una jugada de
poder cuya racionalidad está centrada en la apropiación estratégica de
recursos, más que en la articulación de un nuevo pacto social.
A diferencia de los viejos liberales del siglo XIX, o
incluso de algunos sectores nacionalistas de mediados del siglo XX, que al
menos aspiraban a construir un Estado, esta nueva élite aparece desligada de
cualquier compromiso institucional o ético con la democracia. La preocupación,
no es solamente que los empresarios vuelvan al poder, sino que lo hagan sin
ningún proyecto republicano, sin Estado y sin sociedad, o amparados únicamente
en la eficacia técnica, la promesa de inversiones privadas y una supuesta
capacidad de “gestión eficiente” que nunca ha sido demostrada en el sector
público.
En definitiva, el retorno del empresariado al poder,
en las condiciones actuales de una irrefrenable crisis estatal, representa una
amenaza. No es el inicio de una recuperación, sino la posibilidad de una
segunda gran ola de ceguera estratégica y crisis de soberanía estatal, esta vez,
no en nombre del socialismo comunitario, sino del emprendimiento global. Una
nueva captura de recursos estratégicos —como el litio— bajo fórmulas
tecnocráticas, que esconden la misma ausencia histórica: la falta de un
proyecto nacional pensado desde el país y para el país.
Precauciones sobre el litio y el rol del Estado
Aceptar que Bolivia requiere inversiones para
desarrollar su potencial en el litio no significa, bajo ninguna circunstancia,
entregarle las llaves del futuro a un empresario, por influyente o global que
sea. Marcelo Claure ha afirmado, sin rubor, que el litio boliviano no es de su
interés directo porque ya administra más de 200 empresas globales. Le faltó
decir que no necesita a Bolivia, aunque sí desea “abrirla al mundo” —una
expresión que esconde la vieja lógica desmedida del millonario antipolítico que
quiere subordinar el destino nacional a ciertas decisiones exógenas, adoptadas
en foros empresariales o gabinetes de estrategia financiera global.
En realidad, la afirmación de Claure encierra una
paradoja peligrosa: proclamar su desinterés, mientras se posiciona como
potencial intermediario estratégico en el futuro del litio. Es, en el fondo,
una forma elegante de decir: “no necesito de Bolivia, pero puedo definir su
futuro”. Esta actitud, propia de una élite transnacional sin compromiso con la
historia, ni con el tejido institucional del país, no puede constituir la base
de un proyecto nacional.
Lo que se requiere con urgencia es un
reacondicionamiento serio de las capacidades estatales, una refundación técnica
e institucional que permita diseñar, regular y ejecutar políticas públicas en
torno al litio, desde una lógica de soberanía, eficiencia y sostenibilidad.
Esto implica fortalecer empresas públicas con gobernanza transparente,
consolidar marcos normativos que garanticen la participación del Estado sin
excluir alianzas estratégicas y, sobre todo, formar cuadros técnicos con
pensamiento nacional, alejados de las tentaciones del patrimonialismo o del
favoritismo para quien cree saber todo, por sus relaciones con Harvard.
El litio no debe ser, ni la propiedad neopatrimonial
de un caudillo, ni el botín tecnocrático de una élite empresarial globalizada.
Es un recurso estratégico que puede servir como ancla de un nuevo pacto social,
si y solo si, el Estado recupera su rol rector y la política abandona su
condición de clientelismo disfrazado. Bolivia no necesita salvadores con
capitales en el extranjero, necesita estadistas con visión republicana.
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