El peso específico de Santa Cruz en la dinámica política
de las elecciones presidenciales de agosto de 2025 es decisivo y estructural.
No se trata solo de un bastión electoral con alta densidad demográfica o un
simple referente productivo, sino de una región que ha consolidado un liderazgo
económico nacional, capaz de proyectar una visión alternativa de país. Entre
2023 y 2024, Santa Cruz se ratificó como el motor económico de Bolivia,
aportando aproximadamente el 31,5% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Este liderazgo se apoya en una estructura diversificada y predominantemente
privada, con fuerte dinamismo en los sectores agropecuario, industrial y de
servicios.
La diferencia estructural es contundente: en el año 2023,
el agro cruceño representó el 20% del PIB departamental, la industria el 15% y
la administración pública solamente el 11,5%. En el ámbito nacional, en cambio,
la administración pública aún concentra el 17,6% del PIB, mientras que la
agropecuaria alcanza un 13,5% y la industria apenas un 10,2%. Estos datos
revelan no solo una asimetría productiva, sino una divergencia profunda en los
modelos de desarrollo: mientras que Santa Cruz avanza hacia una economía de
mayor productividad y menos dependencia estatal, el resto del país sigue
anclado en un patrón rentista y subsidiado.
En segundo lugar, Santa Cruz se perfila como una fuente
esencial para la estabilidad política y la reinvención del modelo económico.
Durante los años de auge de la renta gasífera, la burguesía agroindustrial
cruceña —junto a otros sectores productivos— se benefició ampliamente del
subsidio a los hidrocarburos y de una relación ambivalente con el centralismo
estatal del Movimiento Al Socialismo (MAS). Esa etapa, sin embargo, ha llegado
a su fin. Bolivia enfrenta hoy el agotamiento del modelo subvencionado y la
urgente necesidad de una reestructuración económica profunda. En este contexto,
Santa Cruz debe asumir una responsabilidad histórica: contribuir activamente al
diseño de un “crecimiento de base ancha” que supere el extractivismo y la
dependencia estatal, al mismo tiempo que genere valor agregado con equidad
territorial.
El concepto de “crecimiento de base ancha”, implica una
distribución más equilibrada de los beneficios del desarrollo, una mayor
inclusión de todas las regiones y los sectores tradicionalmente marginados, así
como un compromiso explícito con la diversificación económica y la
sostenibilidad fiscal. Santa Cruz, con su capacidad productiva, su
infraestructura logística y su base empresarial, está en una posición
privilegiada para catalizar esta transición. No se trata de cargar con todo el
ajuste estructural que Bolivia necesita, sino de liderar con visión y
corresponsabilidad, abriendo el juego a nuevas formas de cooperación
interregional, inversión público-privada y políticas descentralizadas que
empujen el desarrollo desde las autonomías.
El crecimiento de base ancha, significa también una
expansión económica sostenible y diversificada, que no dependa exclusivamente
de la extracción de recursos naturales, ni del gasto público centralizado, sino
que articule distintos sectores productivos y actores sociales en un nuevo
pacto nacional. Santa Cruz ya tiene indicadores concretos que pueden apuntalar
este proceso. Sectores como la agroindustria, la manufactura, la industria
forestal y el turismo de naturaleza, tienen un potencial directo de generación
de divisas y empleo formal. Actualmente, el departamento concentra el 70% de
las agroexportaciones del país y posee ventajas comparativas logísticas,
tecnológicas y de mercado que permiten proyectar una agenda renovada de
crecimiento orientado a las exportaciones.
El sector agroindustrial, que representa cerca del 30%
del PIB cruceño, podría elevar sus exportaciones a más de 4.000 millones de
dólares anuales al mediano plazo, si se consolida un entorno favorable de
inversión, tecnificación y apertura comercial. De igual manera, la industria
manufacturera y los encadenamientos productivos asociados, pueden aportar
significativamente a la sustitución selectiva de importaciones y al
fortalecimiento del mercado regional sudamericano. La industria forestal
sostenible, con certificación internacional, también puede ampliarse en el
marco de una bioeconomía moderna con impacto ambiental positivo.
Para que este proceso se traduzca en un crecimiento de
base ancha real, es necesario superar viejas formas de concentración de riqueza
o exclusión regional. Santa Cruz tiene la posibilidad de liderar políticas territoriales
de desarrollo, tales como corredores logísticos productivos, distritos
agroindustriales, sistemas de crédito para pequeños productores, y alianzas
público-privadas de transferencia tecnológica. La experiencia brasileña de
clústeres agroindustriales en Mato Grosso y Paraná, así como las políticas
descentralizadas de inversión de provincias argentinas como Córdoba, pueden
servir como referencia concreta.
Es vital activar el régimen autonómico como palanca de
políticas económicas regionales adaptadas al perfil productivo cruceño. No se
trata únicamente de autonomía política, sino de diseñar políticas propias de
industrialización, comercio exterior, educación técnica y sostenibilidad, con
capacidad de negociación y corresponsabilidad fiscal.
Tercero, todos los candidatos presidenciales, de manera
explícita o implícita, reconocen la centralidad de Santa Cruz en el futuro del
país. El dilema no radica únicamente en capturar su voto, sino en articular una
propuesta de país donde Santa Cruz deje de ser el “otro” frente al altiplano y
se convierta en el articulador de una nueva geografía del poder y la
prosperidad. Las élites cruceñas, por su parte, enfrentan una prueba de madurez
política y democrática: abandonar el repliegue de una identidad camba-regionalista,
superar el cortoplacismo económico y comprometerse con una agenda nacional que
priorice la reactivación productiva, la integración junto a la
descentralización eficiente y la reconciliación democrática.
En un país fracturado por el centralismo, el clientelismo
y la polarización ideológica, Santa Cruz puede —y debe— jugar un papel clave en
el relanzamiento del pacto social boliviano. No desde la confrontación, sino
desde la audacia estratégica de ofrecer un camino posible hacia un futuro
compartido.
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