Este año se celebran en casi la mayor parte de los países de Latinoamérica, 42 años de convivencia bajo el alero de los sistemas democráticos. De hecho, esta continuidad en el tiempo es el signo de relativo éxito porque, aún a pesar de momentos difíciles, los regímenes democráticos han persistido con suma terquedad. Sin embargo, existen muchos vacíos e insatisfacciones como, por ejemplo, el constante aumento de los gastos de defensa, en desmedro de otras necesidades como el alivio a la pobreza y el combate a las desigualdades.
Por otro lado, los organismos internacionales de cooperación al desarrollo han ingresado en una etapa de inercia y falta de propuestas sólidas para la erradicación de la pobreza extrema, el cambio climático y la lucha contra las injusticias, tomando en cuenta el regreso de arbitrariedades y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Estamos frente a situaciones insostenibles y contradicciones de fondo. Las Fuerzas Armadas en toda América Latina aumentan constantemente sus presupuestos, dando a entender que el monopolio de la violencia parece ser el único mecanismo para imponer el orden en la mayoría de los Estados democráticos.
Las enormes desigualdades y la persistencia de la pobreza generan intensos conflictos que destruyen la poca estabilidad política, como la violencia irrefrenable en Chile (2018-2019), Venezuela (2012-2023) y Perú (2016-2023), para citar algunos casos. Dos polos opuestos: desarrollo desigual e ingobernabilidad, junto al incremento desmesurado de los gastos militares, son los indicadores de una baja calidad de las democracias en el continente. Se supone que la intervención de las Fuerzas Armadas en la preservación del orden democrático sería una alternativa eficaz, cuando es un síntoma de descomposición de los sistemas democráticos. Los organismos de cooperación, que en la década de los ochenta y noventa, celebraban la continuidad de los gobiernos democráticos, hoy en día han dejado de hablar sobre la necesidad imperiosa de erradicar la pobreza y hacen de la vista gorda frente al aumento de los gastos militares y la exacerbación de la violencia en todos los ámbitos de la sociedad.
La Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o la Corporación Andina de Fomento, atraviesan por una crisis de legitimidad desde hace, por lo menos, 20 años. El retorno de golpes de Estado, la corrupción y los desastrosos impactos del Covid-19 que han agravado la decadencia de los niveles de vida de la gente más vulnerable, agregan muchas dudas sobre la utilidad de la cooperación para el desarrollo. Simultáneamente, tampoco parece ser viable la desaparición de las Fuerzas Armadas.
Lo que se requiere discutir es lo siguiente: ¿por qué se hace fundamental la necesidad de transformar la cooperación y el acceso a fuentes de financiamiento, para vivir gracias a la integración de las naciones que deberían ser entendidas como países yuxtapuestos con un destino común? Destino común en materia de paz, equidad, medio ambiente protegido y democracias duraderas con el respeto pleno de los derechos humanos.
Esta visión ético-política en el terreno internacional otorgaría
a la cooperación un nuevo impulso donde, en el fondo, aquellos organismos son “responsables”
por el destino de los más pobres y los más necesitados, llevando adelante una
“conciencia de pertenencia” y colaboración permanente sin condiciones hasta
solucionar varios problemas. Por lo tanto, es imprescindible remediar la profunda
crisis en Haití, así como viabilizar soluciones negociadas en Nicaragua y
Venezuela para retomar su democratización. El antídoto es uno solo: elecciones
libres, transparentes y respetadas.
Ni el flagelo del Covid-19 o el incremento de la pobreza cambiaron la actitud de las Fuerzas Armadas de América Latina y el Caribe, donde el gasto militar en 20 de los 33 países de la región aumentó mil 192,3 millones de dólares entre 2019 y 2021, a pesar de las graves consecuencias de la pandemia. Durante la emergencia sanitaria en el continente, la pobreza moderada y extrema se incrementó de 185,5 millones de personas en 2019 a 230,9 millones en 2020. Paralelamente, el presupuesto militar registró una reducción de apenas 518,2 millones de dólares de 2020 a 2021, en 20 países de América Latina.
Los presupuestos militares de México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Guyana, Ecuador, Bolivia, Belice, Trinidad y Tobago, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica y Nicaragua, pasaron de 52 mil 810,5 millones de dólares en 2018, a 52 mil 828,3 millones de dólares en 2019, luego a 54 mil 538,8 millones de dólares en 2020, y a 54 mil 20,6 millones de dólares en 2021. Es como si en el continente no existieran otras prioridades y necesidades en materia de política social. La explicación es única: las democracias latinoamericanas necesitan a las Fuerzas Armadas para su propia estabilidad política, sobre todo en aquellos momentos donde el autoritarismo crece con demasiada frecuencia, aunque esta situación es la marca odiosa de un conjunto de sistemas democráticos de baja calidad.
La baja calidad de la democracia destaca porque, probablemente, también se desarrolla una correlación entre el incremento del gasto militar, las crisis de gobernabilidad interna de varios países como Perú, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Brasil e inclusive México, y la existencia de pocas posibilidades de lograr reformas políticas e institucionales que las democracias necesitan para llevar a cabo políticas sociales de igualdad y mejores redes de protección social.
En consecuencia, se considera, equivocadamente, que la seguridad pública justifica una ampliación del presupuesto militar, cuando es la crisis de los regímenes políticos lo que estimula el incremento de los gastos castrenses, degradando la calidad de las democracias en todo el continente. Estamos, peligrosamente, llegando a un callejón sin salida donde el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas se va desarrollando sin una reforma institucional, lo cual podría cavar la tumba de muchas democracias, en los momentos del resurgimiento de varios golpes de Estado. La suerte está echada.
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