La incontrolable crisis de Estado y gobernabilidad que
asfixia al presidente Luis Arce Catacora, no podrá resolverse con la
insistencia de organizar un referéndum, pues ya no se trata de incluir a la
sociedad en la estructura de decisiones políticas fundamentales, sino de asumir
responsabilidades en la identificación de soluciones decisivas, dentro de un
gobierno que fue elegido para ese propósito: gobernar. Arce Catacora muestra
una insólita incapacidad para hacerse cargo de sus responsabilidades.
Con un referéndum jamás queda claro si la sociedad civil es idónea, como masa, para prever las consecuencias futuras de sus decisiones luego de las consultas. Arce Catacora cree que el referéndum es un “instrumento de corrección” de problemas políticos y está totalmente confundido al pensar que la consulta es una forma de resolución alternativa de conflictos en gran escala. El referéndum no es un mecanismo de resolución de conflictos, sino una institución para discutir los contenidos, materialización y alcances de la democracia directa, es decir, la discusión fundamental gira en torno a qué tipo de instituciones se pueden desarrollar en una sociedad, la cuales deberían ser capaces de construir una democracia que vale la pena apoyar y prolongar en el tiempo.
El referéndum está mejor situado en momentos de estabilidad y dentro de un ambiente proclive a la discusión y al intercambio de opiniones divergentes para, posteriormente, aceptar criterios creíbles durante la consulta. En Bolivia, este no es el caso, sino la inestabilidad y el riesgo de un futuro hundimiento del gobierno.
La participación directa de la sociedad civil, puede ser entendida como la posibilidad de ejercer un derecho por medio del referéndum o los plebiscitos. Este tipo de institucionalidad democrática se convertiría en una “parte del gobierno”, con el propósito de resolver problemas específicos. Los referéndums también tienen una función conciliadora para remediar disputas en la sociedad, dar consejo sobre algunos desacuerdos, o ser determinantes en la resolución de problemáticas ligadas a la titularidad del poder, como en Chile en 1988 para terminar con la dictadura, y en Bolivia con la revocatoria de mandato en agosto de 2008. Sin embargo, el referéndum no puede sustituir al conjunto de las decisiones que se toman sobre las políticas públicas en todos los ministerios especializados y la oficina misma del presidente, que emite disposiciones sobre el rumbo político de las relaciones de poder, desarrollo económico y la estabilidad duradera del sistema democrático.
Los problemas centrales de un referéndum son: elevado costo económico para su organización, requieren mucho tiempo porque atraviesan múltiples filtros burocráticos para que se ejecuten y, a pesar de la participación, los ciudadanos tampoco comprenden la dimensión de los problemas del poder y la efectividad duradera de varias políticas de Estado. Con un referéndum, se supone que la democracia adquiriría mayor “calidad” porque el voto iría más allá de la participación electoral, llegando a ser parte de una razón consubstancial a la toma de decisiones; sin embargo, los referéndums son, normalmente, procesos que continúan polarizando a la sociedad y, en muchas ocasiones, son decididos por pocos votos o, simplemente, son utilizados como propaganda para hacer ver que, aparentemente, la gente decide sobre problemas cruciales, cuando el referéndum actúa sólo en el terreno de la “opinión pública”, no en los centros de materialización del poder, o en la implementación de las políticas públicas.
En Bolivia, las soluciones para los conflictos se relacionan con la posibilidad que tiene el sistema de partidos políticos de atenuar el enfrentamiento y equilibrar el sistema político. Específicamente, tanto el MAS, como Comunidad Ciudadana, Creemos y otros partidos con opciones electorales, tienen la función de proteger al país contra el descontento de sus ciudadanos, demostrando alternativas de programas de gobierno y la capacidad de articulación de consensos. El referéndum simplifica las alternativas, reduce todo a un sí o un no, y los ataques podrían continuar en contra del sistema democrático, destruyendo mucho más la legitimidad del gobierno de Arce.
La solución estructural no pasa por el referéndum, puesto que esta posibilidad no podrá reducir, ni eliminar los conflictos, sino que estimulará una retórica política para generar mayores discrepancias, debido a las pugnas en nuestra estructura social y económica, donde las presiones para la acción o la inacción van a seguir proliferando, sobre todo en el aumento del tipo de cambio del dólar y la imprescindible reducción del déficit fiscal.
Lo que se necesita es adelantar las elecciones presidenciales pues un cambio de gobierno promueve la “integración” que desactivará varios conflictos. El referéndum como participación directa es, prácticamente, imposible porque la democracia directa se transformaría en algo irrelevante, si cada ciudadano tuviera que emitir su opinión respecto a los problemas primordiales del gobierno. Adelantar las elecciones para elegir un nuevo “gobierno representativo” cumple, por demás, con los principios esenciales de la democracia.
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