LOS PATIOS INTERNOS DE LA REFORMA DEL ESTADO: ENTREVISTA CON RENÉ ANTONIO MAYORGA (Q.E.P.D.)

Es una noticia triste el fallecimiento del excelente analista político e investigador, René Antonio Mayorga, acaecido el 28 de junio de 2024. Paz en tu tumba René Antonio; siempre aprendí mucho y admiré tu trabajo. Es por esto que reproduzco esta entrevista que te hice hace mucho tiempo y fue publicada en el suplemento Ventana del periódico La Razón, 1993. Que el más allá se regocije con tu llegada al descanso eterno.

Para muchos políticos y jefes de gobierno, la reforma del Estado boliviano se ha convertido en un fantasma que perturba la cabeza de moros y cristianos, no sólo por los problemas históricos que el Estado presenta desde la fundación de la república, sino también por las exigencias que la democracia plantea a todo el funcionamiento del sistema político.

En este sentido, cabe desencadenar la chispa de la discusión, a fin de dilucidar los aspectos generales de lo que significa el largo y sudoroso camino de la reforma y modernización estatales en Bolivia, la cual se cierne como una prueba de fuego, tanto para el manejo del poder, como para aquellos que pretenden liderar los cambios de cara a los desafíos del siglo XXI.

Reforma del Estado y Poder Ejecutivo

¿La ley de ministerios del Poder Ejecutivo aprobada recientemente (1993), contribuye de manera eficaz a las tareas pendientes que debe afrontar la reforma del Estado, o es solamente una mera redistribución de poder dentro del gobierno?

R.- Todavía no se puede afirmar de manera contundente si la Ley de Reforma del Poder Ejecutivo va a cumplir los objetivos que se ha planteado, los cuales son: desburocratizar al Estado, hacerlo más eficiente y, sobre todo, adaptarlo a las metas de gobierno propuestas por el MNR.

Ahora bien, es evidente que, a primera vista, la Ley de ministerios ya sancionada por el Congreso conduce a una particular concentración del poder en manos de tres ministros, entre los cuales destaca el ministerio de Fernando Illanes; sin embargo, la concentración del poder en sí misma no puede ser rechazada como algo perverso que pudiera atentar contra los propios intereses que se plantea esta ley.

Lo principal radica en observar detalladamente cómo se reglamenta el Decreto que consolidará definitivamente el reordenamiento del Ejecutivo, cómo se establecen las competencias y las nuevas funciones que adquieren estos ministerios, las mismas que solamente pueden ser entendidas en su real dimensión cuando estén funcionando plenamente; es decir, en la práctica real de la política que van a aplicar estos ministerios, de tal manera que es muy prematuro hablar si la esta Ley cumplirá los principales objetivos de modernización y reforma estatales o si llevará a un nuevo tipo de burocratización del Estado.

¿La concentración de poder en tres ministerios clave, significa algo para la racionalidad del Estado, es decir, podemos pensar que esta concentración de poder en pocas manos contribuye a reorientar la capacidad y rendimiento del Estado?

R.- Yo creo que no, porque la concentración del poder que se manifiesta en la estrategia de reforma del Ejecutivo es la cara visible del plan, aunque por detrás pienso que descansa el intento de reorganizar de tal manera todo el Ejecutivo que se racionalicen sus funciones, sobre todo, encontrando una mayor y efectiva coordinación.

Vayamos aclarando algunos conceptos. Lo que debemos entender por modernización del Estado es una racionalización, lo cual quiere decir una definición clara de medios y fines, los mismos que, además, estén adecuados con los objetivos y metas planteados por el programa de gobierno. La racionalidad significa también una definición más clara de las competencias y funciones de los ministerios y la coordinación efectiva entre los mismos; todo esto debe llevar al aumento de la eficiencia en las políticas públicas.

Obviamente, para que se obtenga todo esto, el gobierno tiene que plantearse objetivos intermedios, o sea, superar los rasgos de un Estado hipertrofiado y recargado de competencias que asumía en el ámbito de la economía y sin capacidad de control vertical y horizontal.

Todos sabemos que las empresas y los ministerios del Estado se manejaron como feudos del partido gobernante; la estrategia actual posee, a mi juicio, objetivos bastante racionales; de cualquier manera, está por verse si todo el plan funcionará a la hora de la verdad, en la práctica.

Cuando se trata de evitar a feudalización de las estructuras de gobierno, promoviéndose el cumplimiento de líneas de mando coordinadas, la concentración de poder puede significar un aumento en la capacidad de control del gabinete ministerial, a lo que también hay que sumar la autoridad política y aptitud de mando del presidente de la república; estructuralmente, los ministerios siempre tendieron a un trabajo disperso, heterogéneo y descoordinado, lo cual debe superarse definitivamente.

¿Hacia el Estado mínimo?

¿La discusión sobre un Estado Mínimo que sustituiría al viejo Estado Benefactor, podría generar desequilibrios políticos al interior del sistema, en la medida en que hoy día se pide al Estado que sólo se haga cargo de las políticas sociales, mientras que la actividad económica y la distribución de los recursos está en manos de la empresa privada?

R.- Si fuera así, se produciría el peligro que afirmas, pero yo creo que esta no es la estrategia de reforma del Estado porque está bastante claro que el Estado boliviano tiene que abandonar las funciones de empresario y agente económico que tuvo desde 1.952, lo cual no dio resultados satisfactorios.

Esto no significa que el Estado abdique de su responsabilidad social y normativa en relación al desarrollo de la sociedad en su conjunto; el Estado Mínimo no existe en ninguna parte del mundo por más que sea vitoreado por actuales anarco-capitalistas como Robert Nozick en la universidad de Harvard; tanto privatistas como estatistas otorgan el rango de valor absoluto a cada uno de los sistemas cayéndose en confrontaciones irreconciliables y sin sentido.

Lo que se está tratando de construir es un Estado con alta capacidad normativa, es decir, legislativa, y con capacidad de hacer cumplir las leyes que se dictan en el campo económico.  El Estado fija claramente las reglas de juego básicas para el desarrollo de la economía y, además, también debe tener la capacidad para redistribuir los beneficios del proceso económico, etc.

¿Entonces, otro elemento de la reforma del Estado es hacer eficiente una distribución igualitaria de los recursos en la sociedad?

R.- Sí, por lo menos tratar de disminuir los grandes desequilibrios económicos y sociales por los cuales atraviesa nuestro país; sin embargo, para lograr esto debemos conseguir una economía lo suficientemente saludable.

Evidentemente, el Estado se empequeñece y adelgaza, pero esto no quiere decir que se debilite ya que un Estado pequeño puede ser mucho más fuerte y eficiente que otro enorme y pesado como el que tenemos actualmente.

Democracia y parlamento en Bolivia

Durante el Primer Seminario Sobre Gestión Legislativa (agosto 1993) organizado por la Vicepresidencia de la República, sorprendió la pobreza de las intervenciones de los congresales. ¿En materia de reforma del Estado, consideras que el Poder Ejecutivo deberá llevar adelante las iniciativas más importantes en vista de la pobreza política del Parlamento?

R.- Pienso que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad ineludible de asumir iniciativas, pero cuando sólo el ejecutivo se encarga de conducir todas las riendas del poder al ver que el Parlamento actúa de manera débil y poco imaginativa dentro la legislación, se pude llegar a una peligrosa asimetría para el proceso democrático entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

El Parlamento tiene el deber constitucional de asumir iniciativas claves para el funcionamiento del Estado y la democracia, porque su función legislativa es tan importante o más que la de fiscalización, etc.

¿De cualquier manera, tú crees que, en los primeros pasos de una profunda reforma del Estado, el Ejecutivo debe ponerse por encima del Parlamento?

R.- Es evidente que el Congreso no ha dado pasos contundentes dentro la reforma y modernización del Estado, pero no hay que perder de vista que nuestro sistema de gobierno es un presidencialismo parlamentarizado, en el cual es el Congreso quien posee la atribución de elegir al presidente de la República y la legitimidad del Presidente proviene de los acuerdos y coaliciones parlamentarias; este mecanismo lleva a que la gobernabilidad esté sujeta al fortalecimiento del parlamentarismo.

Por lo tanto, no estoy de acuerdo en que el Ejecutivo trate o pueda pasar por encima del Legislativo.  Ahora bien, otra cosa es que el Parlamento no haya estado a la altura de las exigencias políticas por una serie de razones, entre las que destacan el propio sistema electoral, el reglamento de debates que es sumamente obsoleto, el sistema de partidos, la composición del Congreso porque sorprende mucho que haya un excesivo número de abogados quienes fungen de parlamentarios, ya que éstos trasladan una superflua lógica de litigio a las discusiones.

El Parlamento ha contribuido relativamente a la legislación y modernización del Estado, sobre todo en los últimos dos años, pero, paradójicamente, no tuvo la suficiente capacidad de modernizarse a sí mismo.

Solamente en la medida en que se modernice a sí mismo, es decir, que las comisiones parlamentarias se fortalezcan y que el trabajo de los congresales se realice ante todo en sus comisiones a un nivel político y científico bastante elevado, el Legislativo cumplirá con sus funciones primordiales y llegará también a una coordinación equilibrada con el trabajo del Ejecutivo.

Si no es así, obviamente, por la propia inercia del Parlamento, el Poder Ejecutivo va a tener que asumir las iniciativas en la propuesta y elaboración de leyes, lo cual no sería muy beneficioso para fortalecer cada vez más nuestra democracia.     

Democracia gobernante y democracia gobernada

¿Crees tú que la reforma del Estado debería terminar definitivamente con la polarización entre democracia gobernada y democracia gobernante?

R.- Yo creo que sí porque en una democracia moderna representativa, la participación política de la población está canalizada por mecanismos de representación ya que no hay una participación directa tipo referéndum como lo exigen los defensores de la Democracia Gobernante, sobre todo, a nivel del gobierno nacional.

Ya es hora de comprender claramente sin vuelta de hoja que dar, que la participación política del pueblo sólo puede ser posible a través del sistema de partidos políticos, el Parlamento y las distintas instituciones de la sociedad civil que expresan sus puntos de vista políticos; el debate entre democracia participativa y democracia representativa perdió todo fundamento y no es más que entretenimiento mental.

El pueblo nunca es un sujeto unívoco porque está fuertemente fragmentado, lo cual no quiere decir que la participación política local y regional de la población se eche por la borda; por el contrario, la descentralización político-administrativa busca fortalecer los gobiernos locales promoviendo mayor participación.

Recalco nuevamente, para la toma de decisiones de carácter nacional, es humana y políticamente imposible la participación directa de la ciudadanía dentro de los mecanismos del aparato del Estado, puesto que esta función está en manos de los políticos, el Parlamento, el Ejecutivo..., en suma, en manos de la Democracia Gobernada, lo cual no tiene nada de perverso o maquiavélico.

Inclusive, el fortalecimiento del parlamentarismo o el paso de un sistema presidencialista a un sistema parlamentario da lugar a una mayor participación política porque otorga a la ciudadanía mejores perspectivas de confianza en el Parlamento en la medida en que éste es el que canaliza las demandas; aquí podemos hablar también de la modalidad para elegir a los diputados por circunscripciones uninominales, de manera que la población tendría un margen mayor de control sobre sus candidatos a senadores y diputados.

Bolivia es el país de toda América Latina que está cada vez más cerca de un régimen parlamentario por su experiencia y por las pautas de acción política que se ha ido desarrollando desde 1985, algo que es sumamente saludable para la Democracia Gobernada.