Bolivia está frente a una nueva oportunidad histórica: su economía del litio. El salto tecnológico junto con las perspectivas de largo plazo, ofrecen al país y sus nuevas generaciones un conjunto de potencialidades; sin embargo, simultáneamente aparecen una serie de incertidumbres. Los principales problemas giran alrededor de lo siguiente: ¿el Estado boliviano está en la capacidad institucional, tecnológica y política, como para aprovechar competitivamente la economía del litio, aun a pesar de la inexistencia de experiencias solventes en la producción de baterías, políticas bien definidas en la transición energética y una estrategia estatal que tomó la decisión de priorizar las inversiones chinas? Esto es fundamental porque el Estado sigue atascado en una tupida red de falta de profesionalismo y capacidad técnica.
Por otro lado, es necesario saber qué características y alcances tienen los riesgos ambientales para la población indígena y los productores campesinos en los salares de Oruro y Potosí. Actualmente, la zona del salar y, en general, todo el departamento de Potosí, atraviesan por una crisis estructural de contaminación de las fuentes del agua debido a las prácticas depredadoras de la actividad minera y los efectos del cambio climático que ha golpeado de manera drástica a Oruro. Asimismo, es imprescindible conocer cuáles son las exigencias financieras inmediatas, la infraestructura tecnológica y las previsiones de transición energética de la economía boliviana del litio, que hayan sido concertadas entre el Estado boliviano y la sociedad civil. Los conflictos con los comités cívicos han regresado con fuerza y se demanda la aprobación de la Ley del Litio, haciendo ver que la explotación de los recursos no fue concertada para garantizar transparencia y legitimidad.
En consecuencia, no está claro cómo podrían influir, en términos prospectivos, el retorno de la ingobernabilidad, los conflictos regionales en Potosí y Oruro, así como diferentes demandas federalistas, frente a otras expectativas más realistas sobre el litio en América Latina. La transición energética en América Latina está muy vinculada al triángulo del litio compuesto por Bolivia, Argentina y Chile, donde se encuentra cerca del 70% de las reservas mundiales, cuya demanda global en el año 2021 llegó a las 465 mil toneladas. Su ritmo de crecimiento prevé un incremento de 2,9 millones de toneladas métricas de litio (LCE) para 2032. Los precios en el mercado también se dispararon 445%, puesto que el litio subió de $US 4.450 la tonelada en 2012, a $US 17.000 en 2021 y luego a $US 78.032 en 2022.
A pesar de los impactos negativos del Covid-19 en las economías del mundo, la fabricación de automóviles eléctricos se incrementó un 50% en 2020 y en el año 2021 se vendieron siete millones, todos funcionando con baterías de litio. Estas circunstancias son estratégicamente favorables para Bolivia que concentra una reserva entre el 25 y 30% del litio en todo el mundo, buscando convertirse en un contendor “supremo”, tanto en la producción como en el modelo de negocios denominado “soberano”, gracias a las irrestrictas inversiones que vienen de China. Es aquí donde yace la relevancia de la economía boliviana del litio que se encuentra en medio de las oportunidades de la transición energética y el capital “pacientemente expansivo” de China, caracterizado por una estructura que madura en el largo plazo, altamente tolerante al riesgo y carente de condicionalidades hacia el gobierno boliviano.
La transición energética en el país todavía no posee una identidad específica, a pesar del intenso activismo de diferentes organizaciones sociales porque la economía del litio empieza a estructurarse entre las exigencias de “industrialización” que caracterizan al Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, y la agenda 2025 del Bicentenario, de manera que el litio se transforma en la ilusión industrializadora y, al mismo tiempo, en el regreso de sutiles coacciones extractivistas que podrían distorsionar una armonía necesaria entre las políticas para enfrentar el cambio climático y la diversificación del potencial energético relacionado con fuentes hidroeléctricas, eólicas, solares y geotérmicas.
Las oportunidades no están exentas de dilemas en lo referente a una explotación irracional que podría sobrevenir, agotando diferentes fuentes de agua en los departamentos de Potosí y Oruro. Además, varios conflictos están por resurgir debido a la debilidad en el poder infraestructural del Estado boliviano que tiene serias dificultades para estimular equilibrios entre los beneficios exigidos por los comités cívicos, los pueblos indígenas, las pugnas por mayores regalías de las clases medias y las presiones políticas de los inversores chinos para evitar transparencia e instaurar un tipo de capital destinado a la explotación en cadena, el cual ofrece mil millones de dólares en inversión para el periodo 2023-2030.
El gobierno de Luis Arce firmó un contrato para la explotación del litio con un consorcio chino el 20 de enero de 2023. Las inversiones contemplan la construcción de plantas de energía eléctrica, caminos, instalación de servicios básicos y la infraestructura de los complejos industriales en Uyuni y Coipasa. Según las previsiones del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, se espera comenzar a producir las primeras baterías de ion litio en 2025. Simultáneamente, la presencia china pretende monopolizar el litio, bloqueando un futuro acceso de los intereses de Europa y Estados Unidos. Los balances de poder internacionales están afectando a Bolivia, junto con la desesperación que el país andino tiene para conseguir recursos frescos, frente a la decadencia de su economía del gas natural, cuyos mercados en Brasil y Argentina se han reducido en un 60%. Bolivia posee 19 salares que potenciarán la explotación de litio y esto es fundamental para las previsiones del giro verde en la región. Los salares bolivianos cuentan con 21 millones de toneladas de reservas certificadas.
Por el momento, todavía no se sabe cómo caracterizar y explicar las condiciones favorables y desfavorables para la explotación del litio que YLB va a materializar por medio del primer contrato, según la tecnología EDL (Extracción Directa de Litio), con el consorcio: China Molybdenum Co. Ltd. (CMOC), Ningbo Brunp CATL New Energy Co. Ltd. (Brunp) y Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) (CATL, Brunp & CMOC) para instalar dos complejos industriales en los salares de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro). Algunos expertos de los comités cívicos afirmaron que la EDL no está probada para ser aplicada de manera intensa por medio de una industrialización masiva y la presencia China tampoco ha sido explicada con claridad. Sin una Ley del Litio, el inicio de la explotación con las inversiones de CATL, Brunp & CMOC parece ser una estrategia impuesta desde las esferas de élite del Estado, afectando la credibilidad de las oportunidades económicas y surgiendo nuevamente el fantasma de la corrupción.
Es necesario analizar el estado de situación de las relaciones bilaterales entre Bolivia y China sobre la economía del litio, la transición energética y el nuevo balance de poder que se estaría desarrollando en Sudamérica, dentro del denominado extractivismo verde. En realidad, aún no es posible decir que Bolivia está en la capacidad de generar un liderazgo real en la producción industrial del litio, a partir del capital pacientemente expansivo chino, las alternativas tecnológicas del giro verde y las estrategias de desarrollo sostenible en la región.
Hay mucho por hacer, pero, sobre todo, existe bastante trabajo ligado con la participación ciudadana, la transparencia y la responsabilidad pública que el gobierno de Luis Arce debe comprometerse a hacer con el país, de lo contrario, surgirán explosivos conflictos que podrían afectar seriamente la explotación racional del litio. El gobierno no ha explicado abiertamente cuáles son los problemas de capacidad estatal, pues tiene una débil infraestructura de poder y los conflictos recurrentes de la economía del litio, fruto de la correlación de fuerzas entre los comités cívicos, la inversión extranjera y YLB, han reaparecido desde comienzos de 2023.
La influencia y las inversiones otorgadas por China son determinantes en la explotación, industrialización y comercialización del litio en Bolivia. Sin embargo, a pesar del buen momento en el mercado mundial, el gobierno no ha clarificado si podrá encontrar un espacio propicio en la transición energética, las políticas de cambio climático y algunos estándares de desarrollo sostenible con calidad. Desde una perspectiva histórica de largo plazo, los conflictos sociales que se generan dentro de la economía del litio se remontan al año 1989 con el fracaso de las negociaciones entre el Estado boliviano y la empresa norteamericana LITHCO para la explotación de sales de Potasio, Boro y, en menor medida, litio. Esto también apunta hacia otro problema permanente: la ausencia de capacidades estatales y una débil infraestructura de poder (instituciones eficientes) que erosionan la autonomía boliviana respecto a la inversión china, la generación de infraestructura industrial y la investigación científica.
Como empresa estatal, YLB presenta problemas para respaldar los proyectos de largo plazo en la explotación racional del litio y la transición energética tiende a beneficiar mucho más a los países dominantes del mercado mundial, que al desarrollo endógeno de Bolivia. En necesario caracterizar la estructura político-empresarial de la economía del litio y la transición energética en Bolivia. Aún no se tienen evidencias y definiciones operacionales respecto a cómo y con qué orientación pudieron haberse tomado las decisiones de gobierno en términos comerciales, financieros y geopolíticos para explotar el litio con el consorcio chino CATL, Brunp & CMOC.
Por lo tanto, se requiere comprender cuál es la información estratégica dentro del siguiente marco institucional: 1) el cambio del papel del Estado, para lo cual es vital la información sobre inversión en el litio del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, YLB, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) dentro del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de la Presidencia. 2) El papel jugado por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Congreso y su capacidad de gestión de créditos multilaterales, bilaterales y comerciales. 3) El Ministerio de Economía Plural y Finanzas es fundamental por su necesidad de aumentar los niveles de inversión y eficiencia en la economía, incrementando la inversión china (no sólo en litio, sino en minería, caminos y seguridad pública. 4) Comités Cívicos y Gobernaciones de Oruro y Potosí, donde existe una fuerte visión para democratizar las inversiones, posibilitando beneficios en materia de generación de fuentes de empleo y lucha contra la pobreza.
La estructura político-empresarial en la explotación del litio está, al mismo tiempo, fuertemente influenciada por la jerarquía del partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), donde también hay conflictos que no permiten comprender claramente cuáles fueron los determinantes de la discusión para abrir las puertas a la inversión china. Lo que se sabe de manera inicial es que las tendencias gubernamentales buscan alejarse de Europa y enfrontar a Estados Unidos, con el objetivo de encontrar otras opciones en materia de acceso a créditos internacionales. Para el gobierno, China sería la opción más expedita y estratégica.
El acercamiento inicial a la Embajada de Alemania que luego se anuló para dar paso a China como inversor estratégico, tuvo lugar en un momento muy difícil para el sistema político. El gobierno de Evo Morales suscribió en el año 2018 un contrato preliminar con ACI Systems Alemania (ACISA) que quedó sin efecto luego de la crisis política suscitada por la renuncia de Evo. Luego de asumir la presidencia en 2020, Luis Arce, el MAS y Evo atacaron a la Unión Europea, acusándola de haber apoyado un golpe de Estado en noviembre de 2019. Esto desmoronó las perspectivas alemanas y europeas de participar en la explotación del litio.
En Bolivia, actualmente existen varios actores políticos que estimulan el acercamiento de Bolivia hacia China, Rusia e Irán, como los dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas del Pacto de Unidad, las Seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca del Trópico de Cochabamba y diferentes líderes de la sociedad civil, vinculados con los Comités Cívicos de Potosí y Oruro. Estos actores buscan aprovechar comercialmente la extracción del litio, aunque con perspectivas contradictorias, que van desde los anhelos por la industrialización, pasando por la explotación acelerada a como dé lugar, hasta las previsiones estrictamente en términos de recursos naturales dentro de una concepción que privilegia el control del Poder Ejecutivo, lo cual reduce una comprensión más integral sobre lo que significa la “transición energética” en Bolivia.
Los diferentes actores políticos y sociales se adaptan, resisten o destruyen posiciones dentro de las políticas públicas sobre la explotación del litio, en medio de procesos conflictivos. Hay mucho por esclarecer sobre los alcances, estructura y proyecciones de largo plazo de la economía del litio. Además, la gran demanda actual de carbonato de litio boliviano hace que las ventas, en permanente ascenso, sean un indicador fundamental para la estabilidad macroeconómica en Bolivia. A noviembre de 2022, YLB tuvo un ingreso de 40 millones de dólares por la venta de carbonato de litio y otra recaudación de 22 millones por las ventas de cloruro de potasio, más del doble de lo obtenido en todo el año 2021.
El cloruro de potasio es un fertilizante para la producción agrícola, mientras que el carbonato de litio es uno de los insumos fundamentales para la fabricación de baterías destinadas a vehículos eléctricos. La salmuera depositada en el interior de los salares se extrae desde una profundidad, aproximada, de 15 a 20 metros, a través de equipos de bombeo tanto sumergibles como de impulsión. Posteriormente, estos concentrados son transportados a través de redes de bombeo hasta los pozos de evaporación, que es donde inicia la cadena productiva del litio. La producción inicial de carbonato de litio fue adquirida por compradores de Rusia y China. El cloruro de potasio llegó también a Brasil, Chile, Paraguay y Perú, además del mercado interno boliviano. El gobierno confía en que la explotación sistemática en los próximos veinte años se convierta en un pilar del desarrollo económico sostenible.
Por ahora, la producción más importante proviene del sector sur del salar de Uyuni, donde se han perforado 88 pozos para extraer la salmuera natural rica en litio y potasio. La zona de operación otorgada al consorcio chino es de, al menos, 500 kilómetros cuadrados, lo cual representa, aproximadamente, un 5% del total de superficie del reservorio y se espera que pueda expandirse más, conforme se vayan implementando las plantas industriales de Extracción Directa de Litio (EDL), hasta llegar a una capacidad de 25.000 toneladas anuales, tanto en los salares de Coipasa, Uyuni y Pastos Grandes.
La sociedad boliviana necesita, inmediatamente, comprender todos los impactos que, previsiblemente, surgirán de la construcción de la Planta Industrial de Carbonato Litio, ubicada en el municipio de Llipi, en el departamento de Potosí y sus ramificaciones en la región de Oruro. Según el gobierno, el avance actual es del 87%, previéndose que la planta esté en total funcionamiento hasta julio de 2023. YLB tiene pronosticado alcanzar 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio hasta 2025. Estas previsiones exigen clarificar de qué manera el Estado boliviano tratará de encontrar equilibrios entre las demandas del mercado internacional del litio y la incorporación de políticas públicas eficaces para la distribución de la riqueza.
Además de la economía del litio, el giro verde en Bolivia (una problemática fundamental para enfrentar los impactos negativos del cambio climático), está relacionado con estructuras geopolíticas y la necesidad de políticas públicas de carácter social, ordenadas y dirigidas por un Estado democrático de Derecho, aunque con una serie de limitaciones en cuanto a la efectividad institucional, lucha contra la corrupción e intervención extranjera proveniente de las exigencias chinas en el largo plazo. Las intervenciones del estado chino son sumamente reacias a compartir información de forma transparente y hay una presión para imponer una serie de decisiones. En Bolivia, la clausura o rechazo de las demandas por transparencia puede generar varios conflictos con el gobierno, comprometiendo la estabilidad política en el largo plazo. Las primeras denuncias de corrupción al más alto nivel, provienen de supuestas negociaciones secretas llevadas a cabo por el hijo del presidente Luis Arce, con empresas chinas y estadounidenses, y el ex ministro de relaciones exteriores de Evo Morales, Fernando Huanacuni cuya esposa trabajó también para empresas chinas. Estos conflictos que pueden ser evitados, aparecen de una manera similar a situaciones incontrolables de corrupción en la explotación de recursos naturales en África donde la cadena entre pobreza, Estados fallidos y autoritarismo, anulan las perspectivas del desarrollo sostenible y la democracia.
Es imprescindible evitar errores del pasado como la explotación irracional de la economía minera con altos costos destructivos. En la formulación de políticas públicas eficientes, ahora es fundamental la gobernanza de los recursos naturales, la cual debe ejercerse mediante un trabajo conjunto que incluya a todos los sectores que participan en la economía del litio y la transición energética, ya sea directa o indirectamente, como el gobierno, la industria y tecnología chinas, los comités cívicos, las comunidades originario-campesinas, la sociedad civil y el entorno natural.
Los impactos de la economía del litio ayudarán plenamente a una comprensión
más sistémica en cuanto a la explotación de los recursos naturales, articulando
la regulación de un Estado benefactor en la transición energética. Con un
sentido previsor, no es positivo un eventual monopolio de las inversiones
chinas en Bolivia, debido a las distorsiones que podrían venir de los
conflictos para acceder a los beneficios inmediatos del litio. En este ámbito, los
desequilibrios generados por los déficits de capacidad estatal son un tema
pendiente que está obstaculizando el aprovechamiento de esta oportunidad histórica.
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