La política como el arte para administrar el Estado o como estrategia de lucha para la toma del poder, está completamente llena de incertidumbres. De esto no hay duda, sobre todo cuando la acción política genera resultados no deseados y, simultáneamente, consecuencias imprevistas, muchas veces difíciles de controlar. Esto es lo que sucedió con los conflictos sobre el Censo 2024. El terreno de la disputa, ahora se desplaza hacia las demandas por federalismo. ¿Qué significa esto?
El debate replanteará toda la estructura institucional de las autonomías departamentales, municipales e indígenas. En un proceso de armazón federalista, lo más trascendental es la identificación de nuevas competencias para el funcionamiento de mecanismos institucionales que serían expropiados de las atribuciones políticas que hasta ahora tiene el gobierno nacional. Es fundamental reflexionar sobre los “principios de necesidad” para materializar una descentralización más profunda, modificar el carácter unitario del poder estatal y otro tipo de subsidiariedad descentralizada, para ir paso a paso en la comprensión de nuevas dinámicas de autogobierno departamental.
El principio de necesidad en la transformación del Estado que transita hacia el federalismo, podría establecer que el gobierno central deje de asumir varias competencias que son necesarias para garantizar la unidad y estabilidad de la soberanía en Bolivia. Las competencias federales serían, entonces, indelegables. Como consecuencia directa de este principio, tenemos un nuevo tipo de autonomía territorial, reduciendo, una vez más, varias competencias del nivel nacional. Esto significaría que en caso de existir conflictos o superposición de atribuciones (quién hace qué con poder pleno), prevalecerán las competencias federales del nivel departamental sobre las de cualquier nivel centralizado, sean las autonomías regionales, indígenas o municipales. Por lo tanto, también existiría una institución policial departamental para ejercer el monopolio del poder territorial y las acciones de seguridad en el ámbito regional.
El carácter federal se orientaría hacia una transferencia de la administración de los bienes públicos que están en manos del gobierno nacional: recaudación de impuestos, productividad económica, educación primaria, secundaria y universitaria, sistemas de salud y los bienes públicos territoriales que garantizarían una mayor eficiencia. El objetivo principal radica en beneficiar a los habitantes de un departamento, provincia, pueblo indígena y gobierno municipal, sin recurrir bajo ningún pretexto al gobierno central.
El federalismo nos
hace pensar en otro sentido de “orden y racionalidad” del Estado democrático.
Esto quiere decir que el nivel superior de gobierno no tiene por qué ejecutar
aquello que las estructuras descentralizadas pueden llevar a cabo. Las
autonomías avanzaron muy bien en la transferencia del poder hacia niveles que
se acercaron más al ciudadano, de tal forma que el gobierno federal se
encargaría de un mayor número de competencias normativas, para lo cual se
requiere modificar la Constitución; asimismo, la legislación federal, en algunas
circunstancias, podría contradecir la Constitución y algunas las leyes
nacionales.
¿Está el Estado boliviano preparado para actuar con orden, precaución y oportunidad para implementar el federalismo? Posiblemente, todavía no. Traerá muchos más conflictos y la estructura institucional de las Gobernaciones en Bolivia todavía tiene el mismo sello del Estado centralista débil: excesiva corrupción, tendencia hacia el clientelismo, prebendalismo que bloquea la formulación de políticas públicas efectivas para servir a la mayoría de los ciudadanos e incapacidad profesional donde se recluta, preferentemente a profesionales mediocres y sin criterios para llevar adelante una infraestructura de poder federal con instituciones sólidas. Esto es lo primero que se necesita y no se tiene como capacidad instalada en las nueve Gobernaciones del país.
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