Bolivia es uno de
los países de América Latina que implementó varias políticas sociales de
vanguardia los últimos 25 años de vida democrática. Algunas iniciativas
destacables son la exigencia de tener un 50% de mujeres para las elecciones,
tanto presidenciales como para las gobernaciones y las elecciones municipales.
Asimismo, la aprobación de la Ley de Identidad Género en el año 2016, así como
la Ley 348 para una vida libre de violencia a favor de las mujeres, marca
importantes hitos en la ampliación de los derechos sociales. Sin embargo, la
violencia contra las mujeres persiste. Nada cambió y, al parecer, nada cambia en cuanto al aumento constante de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones
estructurales que explican lo que parece ser un fracaso relativo de las
políticas de género?
Esta discusión es relevante para las políticas públicas en Bolivia porque es fundamental hacer una evaluación retrospectiva de la violencia estructural contra las mujeres que prácticamente ha recrudecido en el periodo histórico 2013-2022. La eliminación de la violencia exige una necesaria reorientación de las identidades colectivas sobre la masculinidad y la feminidad.
El debate es crucial porque existe una contradicción entre la evolución de los sistemas democráticos, con su correspondiente aumento en las libertades políticas y el ejercicio de todo tipo de derechos, frente a la perdurabilidad del patriarcalismo que menosprecia a las mujeres, fomentando el aumento de la violencia. Lo que se sabe con claridad es que la independencia económica de las mujeres, junto con el aumento de sus posibilidades de educación, hacen que la esfera doméstica deje de ser el escenario por antonomasia para el desarrollo de las mujeres.
Lo que necesita mayor investigación gira en torno a cómo la cultura doméstica de las familias, escuelas y universidades todavía transmiten estereotipos conservadores para convertir a las mujeres en sujetos que están a merced de la dominación masculina y bajo la doble moral de las instituciones estatales donde tiende a normalizarse la violencia doméstica, el acoso laboral, sexual, los feminicidios y la retardación de justicia. Los feminicidios quedan atrapados en las fiscalías e investigaciones policiales, generándose varios prejuicios en contra del feminismo y revictimizando constantemente a las mujeres.
Por ejemplo, entre enero y mayo de 2021, la Fiscalía General del Estado en Bolivia registró, cada día, un promedio de 124 casos de violencia contra las mujeres, tipificados en la Ley 348. En total, se registraron 16.930 actos violentos, lo cual representa un incremento permanente con respecto al año 2020. Al mismo tiempo, la violencia doméstica en Bolivia muestra que las mujeres ya no pueden confiar, ni sentirse seguras en el hogar, un espacio que, por definición, es uno de los núcleos para satisfacer las expectativas de logro y la reproducción de una convivencia éticamente aceptable.
De los 268 feminicidios acaecidos entre enero y mayo de 2021, sorprenden las formas cada vez más sangrientas de la violencia. Las mujeres son sometidas a diferentes vejaciones e inclusive asesinadas, en la mayor parte de los casos, aún a pesar de que denunciaron a las instancias judiciales el riesgo que corrían. Sin embargo, no sufrieron ningún tipo de ayuda oportuna. Lo mismo ocurre con las víctimas que sobrevivieron y tuvieron una protección endeble después de los actos violentos.
El aumento de la violencia contra las mujeres en las esferas domésticas y laborales tiene su origen en una “crisis de la identidad masculina”, la cual se siente amenazada y, en consecuencia, se resiste a aceptar los costos económicos, políticos e individuales que implica el reconocimiento de derechos equitativos para las mujeres. En Bolivia, la violencia es infligida, en muchos casos, como método de “educación por la fuerza” para niños, mujeres y adolescentes. Existen datos preocupantes sobre una elevada incidencia del castigo físico y la violencia psicológica como un supuesto tradicional muy enraizado para lograr obediencia, disciplina y aplacar la autonomía individual, sobre todo de las mujeres.
En un sistema democrático, la ampliación de los derechos sociales y las políticas de equidad de género han creado una frustración socio-ideológica en la identidad de la dominación masculina, la cual, más allá de las profesiones, oficios y clases sociales, se estrella con violencia hacia las mujeres, haciendo fracasar las políticas de género y reforzando los patrones autoritarios de la violencia estructural en los ámbitos familiares, económicos y políticos de todo el país.
La poca cultura democrática y las políticas de equidad de género crearon una profunda crisis de identidad en los patrones de la masculinidad. Esta crisis, en cierta medida, se niega a destruir las formas de dominio masculino por medio de acciones violentas y un discurso machista que sutilmente continúa siendo estimulado desde múltiples ámbitos institucionales. La reorientación de la masculinidad hacia patrones de equidad y el desmontaje de la dominación patriarcal, podrían ser un buen comienzo para controlar la violencia contra las mujeres que, hasta el momento, sólo goza de la crónica roja, indiferencia y soterrado desinterés de parte del Estado, la iglesia, los medios de comunicación y las mismas organizaciones feministas.
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