DETRÁS DE BAMBALINAS

 

        Todos hemos escuchado alguna vez la expresión “detrás de bambalinas”. El significado es por demás conocido porque se refiere a lo que sucede en un escenario, pero no puede ser visto por los espectadores; es decir, las bambalinas muestran aquellos acontecimientos que van desarrollándose en forma secreta, confidencial y lejos del escrutinio público. Esto es lo que debe analizarse con detenimiento en la crisis actual de la justicia, escenario donde imperan conductas corruptas ocultas, las cuales son amplia y plenamente aceptadas por la gran mayoría de los abogados.

     Algo que sucede “entre bambalinas” se produce porque hay una abierta intención para actuar de una manera escondida o en la intimidad para romper la ley y, sobre todo, para evitar cualquier tipo de control. La crisis de la justicia sucede, prácticamente, en toda América Latina donde los gobiernos y las sociedades civiles perciben los fenómenos de corrupción y corruptibilidad como una amenaza a largo plazo que siempre afectará la gobernabilidad democrática. La corrupción es la mejor forma de dilapidar y mal utilizar los recursos financieros que provienen del Estado. Toda la estructura de tribunales, consejos de la magistratura, policía y otras redes institucionales de control constitucional cuestan millones a la democracia. La corrupción, además, es un factor fundamental que va socavando el reconocimiento de la población al sistema democrático como una forma de gobierno que valga la pena.

En casi todos los países latinoamericanos, curiosamente, se vienen implementando programas consagrados a combatir los fenómenos de la corrupción en el Poder Judicial, los cuales contienen diversos análisis del estado de situación de las cárceles, diagnósticos específicos sobre la justicia restaurativa y planes operativos en diferentes áreas y sistemas ulteriores de jurisprudencia bajo el mando de tribunales constitucionales. Asimismo, varios programas de reforma incluyen un fuerte componente educativo. Sin embargo, todo parece mantenerse igual. Nada cambia y los jueces, fiscales, abogados y policías siguen siendo tan corruptos como hace 50 años.

El problema, por lo tanto, gira en torno a la comprensión y análisis de los códigos paralelos, ocultos, informales y secretos que rigen la conducta práctica y cotidiana de numerosos jueces y empleados del Poder Judicial. Estos códigos de conducta son practicados cada día y se extienden también a la formación de los abogados en la universidad donde aprenden los conocimientos académicos del derecho junto con las distorsiones corruptas que, en la práctica, les permitiría ganar un caso u obtener beneficio del sufrimiento de las víctimas de la injusticia.

Entre los principales códigos secretos del ejercicio de la abogacía y la administración de justicia se encuentran: mentir constantemente sobre los procedimientos para confundir a las víctimas y los delincuentes; aprovecharse constantemente de las víctimas para obtener dinero, aún a pesar de que todos los funcionarios judiciales tienen un salario. Sin embargo, en la realidad se comportan como si no tuvieran remuneración, motivo por el cual deben hacer lo más despreciable para sobrevivir y conseguir dinero distorsionando los plazos judiciales, favoreciendo la chicanería (despreciables artimañas de mala fe), astucia y malicia, con el ánimo de predominar en una relación de poder donde se considera que “debería” imperar la lógica del más fuerte y el culto a la personalidad de los jueces mediocres que se creen los reyes del mundo.

Estas pautas de comportamiento “detrás de bambalinas”, conforman una compacta cultura judicial que no está declarada por escrito, pero que regula casi todas las instituciones importantes del Poder Judicial. La comprensión del carácter, extensión y profundidad de esta cultura paralela permitirá, probablemente, un cambio realista de la situación en ese poder estatal. La reingeniería institucional gradual en el Poder Judicial equivale a una reforma que comience en las universidades por medio de varios programas educativos consagrados a disminuir los fenómenos de corrupción, mediante la capacitación de jóvenes estudiantes en la necesidad de convencerse que la búsqueda de la justicia es el eje principal y profundo en el ejercicio de la profesión. La reforma judicial exige una formación filosófica afincada en el siglo XXI.

 Buscar la justicia como valor subjetivo y “elemental” para el ejercicio del derecho, tiene el propósito de enfrentar también la retardación de justicia, así como las influencias perversas que reproducen abominables códigos paralelos en los aparatos judiciales como el hecho de servirse siempre de los más débiles y favorecer a los delincuentes que han sido condenados con penas rigurosas. La comprensión de los códigos ocultos en la práctica del derecho se enmarca en una línea de acción que, necesariamente, deberá posibilitar y acelerar la reforma político-institucional de la justicia en Bolivia. La lección es muy simple: qué es y cómo combatir permanentemente las injusticias.