Bolivia se encuentra en un callejón, aparentemente, sin salida. Conseguir la atención médica adecuada, con calidad y sostenibilidad de largo plazo, parece ser una ilusión imposible de ser alcanzada. Y esto se debe a que el actual Sistema Nacional de Salud (SNS) es sumamente ineficiente y fragmentado. Si bien hizo importantes esfuerzos para ampliar su cobertura en el periodo 2010-2020, de manera que la prevención y atención primaria de salud se conecten con la obtención de servicios por especialidades médicas, estamos muy lejos de satisfacer adecuadamente las demandas sociales.
La pandemia del Covid-19 que sorprendió al país desde febrero de 2020, reveló varios problemas muy difíciles de enfrentar, como la disminuida calificación de los médicos y enfermeras. Además, las deficientes políticas para la gestión de personal en salud están muy afectadas por el clientelismo y el sindicalismo, así como por la escasez de equipamiento y tecnología para atender a grupos vulnerables como los enfermos con cáncer.
Es por esto que se hace imprescindible estudiar los principales conflictos socio-políticos que impiden al Ministerio de Salud proveer servicios de salud confiables en situaciones extremas como la pandemia del Covid-19. De esta forma, todo camino de reformas institucionales y financieras deberían conducir al análisis sobre cómo se diseñan las políticas de salud y cómo se toman un conjunto de decisiones sesgadas y restrictivas que, muchas veces, caracterizan al trabajo de la seguridad social de corto plazo. En muchos casos, los principales seguros de salud se resisten a flexibilizar sus visiones para mejorar su atención y abrir la posibilidad de integrarse a un sistema de protección universal, cumpliendo con objetivos de bioética que fomenten, tanto la equidad, como la calidad en todo trabajo que considere a la salud un verdadero patrimonio de servicio humanitario.
Por lo tanto, también es fundamental investigar los principales obstáculos político-institucionales que desincentivan la reforma del sector salud en Bolivia, bloqueando las posibilidades de un sistema universal sustentado en premisas de equidad, especialmente a partir del análisis del Seguro Único de Salud (SUS). Las preguntas que tendrían que motivar mucha reflexión, podrían ser las siguientes: ¿cuáles son las principales deficiencias institucionales del seguro a corto plazo, de los servicios a cargo del Ministerio de Salud y de los gobiernos subnacionales que bloquean el diseño de un sistema universal, sobre todo para garantizar el acceso de grupos vulnerables como las poblaciones indígenas, pobres urbanos y ciudadanos sin trabajo estable? ¿Por qué la pandemia del Covid-19 impactó con tanta agresividad, mostrando enormes debilidades como si el sistema de salud nunca hubiera hecho esfuerzos por mejorar y cambiar?
Por otra parte, el control social mediante estrategias de descentralización y financiamiento a través del gobierno central y los gobiernos locales, compromete una estructura institucional donde las formas de coordinación entre diferentes niveles de gobierno son muy deficientes. En el trabajo de la seguridad social de corto plazo, de los seguros privados y varios servicios otorgados por el Ministerio de Salud, predominan actitudes excluyentes para proteger solamente a un conjunto reducido de asegurados, sin ofrecer perspectivas de mejoramiento en el largo plazo y sin ningún tipo de renovación tecnológica ni científica. Obtener una ficha de atención, en la mayoría de servicios es un calvario anticuado, burocrático y sin la mínima empatía para ponerse en el lugar de los enfermos que sufren, mercantilizando cualquier estrategia con tal de ganar dinero a como dé lugar. Estas acciones destruyen incluso los valores más importantes de la medicina como profesión ética.
Este entramado poco cooperativo entre actores sumamente heterogéneos, genera intensos conflictos socio-políticos y problemas institucionales que, en lugar de promover las posibilidades de solución creativa entre el personal de salud, el Ministerio y diferentes sectores de la sociedad civil, reproduce una “polarización” entre los trabajadores de salud y diferentes estructuras de gobierno, así como pugnas entre la población y los seguros de corto plazo.
Hoy en día son insostenibles las deficiencias en cuanto a infraestructura hospitalaria, escasez de medicamentos para enfrentar crisis como la Covid-19, e inaceptable la incapacidad del sistema para concebir acciones inmediatas que implementen una cobertura universal de acceso equitativo a servicios confiables, especialmente para las personas que no tienen una fuente de trabajo estable.
Si bien el Estado siempre fue el eje principal en la provisión de los principales servicios de salud, está constantemente asediado por sindicatos de trabajadores, colegios médicos y organizaciones de la sociedad civil que buscan monopolizar varios beneficios en términos de financiamiento y fuentes laborales, relegando la calidad en la atención, así como los criterios de equidad para beneficiar a toda la sociedad.
Los conflictos en el sector de la salud expresan una total ausencia de cooperación y un excesivo uso clientelar de los problemas vinculados con la asignación de personal, lo cual agiganta la desigualdad en el acceso a los servicios de salud. En alguna medida, una parte de la solución a estos problemas, consiste en superar la “crisis de confianza” por la que atraviesa el entramado de confrontaciones y luchas por alcanzar calidad dentro de un sistema universal e integrado de salud.
Es importante incorporar el concepto de “capital social” como uno de los ejes de reforma del sector salud para obtener un sistema universal legitimado y fuerte. El capital social constituye un patrimonio acumulado en el tiempo que le permite a una sociedad actuar organizadamente, sobre la base de valores como la confianza, ayuda mutua, solidaridad humanitaria y el ejercicio de la reciprocidad para el logro del bienestar colectivo.
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