Los problemas de institucionalización en el trabajo de los partidos políticos, el debate sobre cómo lograr reglas claras para el ejercicio del poder, las permanentes crisis de gobernabilidad, la persistencia de la pobreza y desarrollo económico con profundas desigualdades, siguen planteando a la democracia en América Latina muchos más retos e incertidumbres, que respuestas sólidas en las cuales la sociedad civil pueda confiar.
Con la elección de presidentes vinculados a poderosos empresarios durante la década de los años noventa en Bolivia (Sánchez de Lozada), Paraguay (Wasmosy) o México (Fox), así como las victorias de millonarios como Mauricio Macri en Argentina, Guillermo Lasso en Ecuador o Sebastián Piñera, elegido dos veces como presidente de Chile (2010 y 2018), es fundamental evaluar si la presencia de los empresarios en el poder contribuyó a un desarrollo político más democrático, o por el contrario, desató mayores polarizaciones y conflictos que minan la legitimidad de las democracias. Esto es fundamental, sobre todo después de verificarse los escándalos de Panamá y Pandora Papers, donde los empresarios, sencillamente, buscan evadir impuestos, ganar más y burlarse de los mecanismos institucionales de control en los abusos de poder.
Los empresarios en América Latina –estén o no ejerciendo el poder directamente– se benefician en sumo grado porque las políticas de economía de mercado y las estructuras de globalización en el contexto internacional, hicieron que estos actores económicos concentraran funciones políticas al difundir la ideología del crecimiento económico que, supuestamente, es visto como un factor imprescindible para aliviar la pobreza.
Los empresarios en el Estado han generado procesos de reestructuración del Poder Ejecutivo, con el propósito estratégico de conformar un “bloque en el poder” y transformarse en una élite dirigente muy fuerte, la misma que también goza de cierto apoyo popular en los procesos electorales, enarbolando las banderas de la tolerancia pluralista y diseminando el discurso de integración socio-política entre las masas ciudadanas y las élites económicas. Sin embargo, la alta concentración del ingreso en América Latina y la desigualdad de oportunidades en diferentes informes de desarrollo humano, muestran, sin lugar a dudas, que los empresarios no contribuyeron a reducir las polarizaciones y conflictos en los momentos de crisis, regresando el choque entre la acumulación de riqueza en las clases privilegiadas y los millones de pobres en el continente.
Las élites empresariales se caracterizan por posicionar el discurso de la eficiencia en el manejo de la economía y la gestión estatal, al mismo tiempo que imponen sus intereses, normas y proyectos de configuración social, política y cultural cuya piedra angular es la combinación del modelo de mercado, la democracia instrumental tecnocrática y la modernización occidental de los países.
El problema principal radica en que los empresarios privilegian sus objetivos de enriquecimiento, cuando las estructuras institucionales de la democracia enaltecen los intereses colectivos y el fortalecimiento del sistema político donde cabe resaltar la igualdad, así como la participación de una gran mayoría en los beneficios materiales para contrarrestar y erradicar la pobreza. Los empresarios son escépticos o indiferentes frente al combate contra la pobreza porque sobrevaloran su posición de clase dominante con el fin de subordinar el Estado al poder económico.
Las experiencias latinoamericanas entre los años noventa y la actualidad del siglo XXI, expresan que la democracia no mejora su desempeño de integración y apertura equitativa hacia la presencia de otros actores sociales pobres, cuando los empresarios millonarios incrementan sus privilegios con la magnitud del poder político concentrado en sus manos. Este es el centro de los escándalos ocultos en los Pandora Papers.
La importancia de su poder económico hace que los empresarios generen lógicas oligárquicas y autoritarias donde los más ricos, mejor educados y más destacados siempre creen estar por encima de otras clases sociales, calificadas como masas populares que deberían contentarse con poco. Asimismo, los gobiernos de izquierda como Lula Da Silva en Brasil, Michele Bachelet en Chile, José Mujica en Uruguay o Evo Morales, no pudieron aminorar la fuerza política de las élites empresariales que todavía definen el desarrollo global de la economía, actuando ambiguamente frente a la inestabilidad de la democracia.
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