Las autonomías indígenas en Bolivia representan uno de los aspectos más novedosos de la Constitución. Inspiradas en una de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reconoce a los pueblos indígenas del mundo el derecho legítimo a la autonomía y el autogobierno, no solamente brinda un escenario político para el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue la primera instancia de la ONU en promover los derechos políticos del mundo indígena, sino que impactó también en la Asamblea Constituyente, reforzando las concepciones del indianismo que siempre planteó una interpelación política al Estado, con el objetivo de lograr que los pueblos indígenas impongan una insubordinación hacia la legitimidad estatal, desconociéndola como instancia de articulación nacional.
El eje de las autonomías indígenas es una especie de juicio hacia el Estado colonial y neoliberal. Los alcances ideológicos constituyen una verdadera educación popular para las masas, pues obliga a poner en marcha una interpelación política con la finalidad de analizar, desde el punto de vista histórico, de dónde proviene Bolivia como Estado antinación, qué hemos hecho con la discriminación y las desigualdades, promovidas también desde el Estado, qué recursos naturales fueron saqueados y hacia dónde nos proyectamos en el futuro político como múltiples nacionalidades indígenas.
Las autonomías indígenas como juicio político indagan sobre las contradicciones y problemas irresueltos de la bolivianidad. Qué sociedad buscan y buscaron las diferentes etnias y clases sociales, para luego identificar cuáles podrían ser las instituciones que más convienen al país. Una de las principales orientaciones se afinca en el enjuiciamiento de los principales responsables del apartheid o segregación racial, como horizonte de conflicto destructivo en los 196 años de existencia como país.
Sin duda existe un detonante de revanchismo que ahonda las divisiones étnicas y fracturas sociales. Toda autonomía indígena está consciente de los potenciales conflictos devastadores que aparecerían; sin embargo, desde esta perspectiva, la visión de una nueva Bolivia podría prepararse a partir de una reflexión histórico-política mediante un juicio inevitable hacia el Estado existente.
El enjuiciamiento es contra los siguientes factores: a) el Estado español colonial; b) el papel político jugado por la Iglesia católica; c) el Estado republicano como reproductor de la discriminación racial; d) el Estado moderno de orientación occidental subordinado a los intereses de los Estados Unidos; e) las acciones ocasionadas por las empresas multinacionales, especialmente contra el papel nefasto de las empresas petroleras que llegaron con la Capitalización a partir de 1994; f) la ineficiencia y deslegitimación del Poder Legislativo; g) el Presidencialismo centralista; y h) las escuelas, como reproductoras de las ideologías occidentales que nunca desterraron la mentalidad colonial.
Actualmente existen tres autonomías indígenas: Charagua Iyambae, Raqaypampa y Uru Chipaya. Los medios de comunicación siempre las presentan en los marcos de un exotismo sin impacto inmediato para las raíces del Estado moderno, pero no es así. Las autonomías indígenas intentan reescribir la historia, entendida como un ciclo de memorias largas que también tratan de adaptarse a un mundo globalizado, complejo y difícil como el escenario de las revoluciones tecnológicas, la crisis ecológica a escala mundial y la dramática competitividad de la economía de mercado que todavía definen el carácter del siglo XXI.
Las autonomías indígenas contribuyen a explicar el subdesarrollo, así como el tiempo y recursos perdidos para reorientar las posibilidades democráticas de una transformación juzgada como vital, en función de reimpulsar al país con progreso material y resarcimientos políticos. Sin embargo, el proyecto de largo plazo es conquistar un Estado Plurinacional descentralizado y con pleno reconocimiento de la existencia precolonial de los pueblos indios, lo cual reconstituye las entidades territoriales indígenas que se transforman en el combustible para una insubordinación constante hacia el Estado actual. Una nueva estatalidad tendría que expresarse a través de una “comunidad multinacional” cuya legitimidad apunta hacia una confederación y emancipación de las múltiples naciones indígenas en Bolivia. Sin embargo, todavía está por verse si las autonomías indígenas son realmente capaces de convivir con los términos modernos y occidentales de las democracias del siglo XXI, pues en gran medida, atentarían también en contra de una convivencia pacífica, al tratar de consolidar visiones excluyentes, fundamentalistas y sectarias ligadas con las identidades colectivas étnicas.
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