Para muchos ciudadanos, la probable legalización de las drogas es una especie de defensa de la eutanasia. La llegada de la muerte sin sufrimiento físico porque al consumir diversas drogas duras, los individuos estarían actuando como si, deliberadamente, intentaran poner fin a sus vidas, de manera similar a lo que sucede con algunos pacientes que no tienen una perspectiva de cura. Sin embargo, paralelamente se puede entender que la criminalización constante alienta, en todo caso, un culto a la muerte, como consecuencia de la excesiva violencia que ejercen la represión y las actividades delincuenciales de los carteles de la droga en el ámbito mundial, que son capaces de lo peor para proseguir con el negocio ilícito.
En los debates sobre la legalización de las drogas siempre emergerán nuestros miedos escondidos y nuestra sed por un sentido de control, sobre todo para que la regulación nos asegure que no todo va a perderse en un abrir y cerrar de ojos. No todas las drogas pueden ser completamente liberalizadas o sometidas a los vaivenes del mercado. Si triunfa la legalización, con seguridad será una alternativa normada. Por lo tanto, este problema exige un amplio proceso de comunicación entre diferentes sectores de la sociedad y el Estado, ya que es a través del diálogo con todos que determinamos el marco de lo posible.
La prohibición, legalización y descriminalización tiene que ser consultada en diferentes referéndums a lo largo de América Latina, de lo contrario, el narcotráfico continuará estimulando una muerte dulce; es decir, un tipo de eutanasia extraña para los adictos junto con la delincuencia que genera otro conjunto de formas violentas de morir. No existe una receta eficaz para frenar el flagelo de la droga y mientras los Estados inviertan millonarias sumas en la Guerra Contra el Narcotráfico sin analizar una posible legalización, solamente estaremos postergando la reproducción geométrica y constante de la cantidad de drogadictos, así como seguiremos rindiendo diferentes cultos a la muerte.
El mismo presupuesto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el 2013, empezó a recortar la suma destinada a la Guerra Contra las Drogas en Latinoamérica, reduciendo sus aportes a 476,4 millones de dólares, frente a 568 millones de 2012. México sufrió el mayor recorte, país que ha generado una gran violencia con más de 70 mil muertos desde el 2006. La guerra no paga ni alienta consensos, todo lo contrario, incrementa las amenazas sobre múltiples formas violentas de morir sin sentido. Como dijo Ernesto Samper, ex presidente de Colombia (1994-1998), “no se puede dar el salto de la prohibición a la legalización porque el consumo de drogas seguirá siendo una conducta socialmente sancionada. Lo importante es quitarle a dicho consumo la condición de criminalidad y pase a ser regulado”.
Paralelamente, es importante resolver algunos problemas transversales asociados a la producción de cultivos de hoja de coca en Colombia, Perú y Bolivia. Básicamente se encuentran tres aspectos. El primero es la enorme politización del problema, lo cual hace muy compleja la identificación de decisiones racionales y coherentes con la formulación de políticas públicas efectivas que favorezcan una comprensión más humana y económicamente más beneficiosa, tanto para los campesinos productores como para el conjunto de las sociedades en los tres países.
El segundo aspecto se relaciona con la necesaria flexibilización de la interdicción como eje para enfrentar la producción de los cultivos ilícitos. Este enfoque conecta los problemas del consumo de drogas, de la producción de cocaína y la criminalización de la producción de coca. La guerra contra las drogas colocó en un mismo plano de comprensión, a fenómenos que deben ser entendidos de manera autónoma y específica. La interdicción y el uso del imperio de la ley, lamentablemente se conectó con la represión policial o del ejército, degenerando en acciones que violan los derechos humanos.
En consecuencia, y de forma contradictoria, el tercer aspecto se relaciona con la aplicación de la ley que se transformó en una acción destructiva, pues fueron eliminándose otros aspectos mucho más relevantes como el desarrollo sostenible y una comprensión más efectiva en términos de desarrollo humano, tanto para las zonas productoras de hoja de coca, como para abordar eficientemente el consumo de drogas en el marco de políticas de salud más positivas. Es, definitivamente, intolerable seguir atrapado entre visiones extremistas y de suma cero porque el narcotráfico sigue reproduciéndose sin control, el Estado permanece atascado en viejas acciones represivas, mientras que la sociedad busca algunas fuentes de equilibrio, donde la legalización podría mostrar alternativas que reduzcan el culto a la muerte que nos aqueja cada día.
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