La legalización de las drogas es un debate planetario. Sus alcances y limitaciones son también complejas. Entre los personajes destacados que tienen sólidas razones para legalizar las drogas se encuentra el premio Nobel de Economía, Milton Friedman, para quien la consigna prohibido prohibir constituye uno de los pilares de una sociedad donde ninguna fuerza que provenga del Estado, las sectas religiosas o diferentes organizaciones que absorben al individuo borrándole su libertad para elegir, pueda exigir lo que uno deba o no deba hacer con su cuerpo, su voluntad, sus gustos y convicciones.
Friedman cuestionó el hecho de que un gobierno, o una política concreta, pueda decirnos lo que se puede o no ingerir. Según este economista, debemos vivir en una sociedad libre donde cada uno sea responsable de sí mismo. Ningún gobierno es dueño de la gente; si alguien hace algo que le provoca un daño, nadie tendría derecho a detenernos. Desde esta lógica liberal, el Estado no tiene derecho a decirnos que no se puede comer carne o fumar porque está comprobado que su consumo excesivo es dañino para la salud.
Milton Friedman estima la existencia de 18.000 muertes anuales en los Estados Unidos debido a la prohibición de las drogas. Si éstas pudieran legalizarse, desaparecería otro tipo de muertes colaterales provocadas por la violencia delincuencial y se podría corregir la ineficacia de los gobiernos en la prevención, uso y comercio de las drogas que, simultáneamente, encubren el tráfico de armas y la trata de personas, delitos adicionales muy ligados al tráfico ilícito de drogas.
Otros intelectuales como Fernando Savater en España, Salman Rushdie en Inglaterra, y el desaparecido Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, también añaden otras razones mucho más familiares para América Latina. Por ejemplo, García Márquez expresaba que la guerra contra las drogas es uno de los diablos más útiles para ejercer el dominio de la política exterior estadounidense, donde la amenaza de intervención militar directa, como en el caso de Panamá en 1989, fue un recurso violento innecesario porque ninguna democracia jamás debe aceptar ningún tipo de agresión militar. La producción y el consumo de drogas nunca debió subordinarse a una guerra de baja intensidad y a intereses de carácter geopolítico.
Los países consumidores también sufren las graves consecuencias de la funesta guerra contra las drogas. La prohibición hizo más fructífero el negocio, fomentando la criminalidad y la corrupción a gran escala y en todos los niveles de la sociedad. En Suiza y los Países Bajos se ejecutan programas de salud pública para drogadictos a través de la administración regulada de la cocaína y sus derivados. En el País Vasco, la legislación permite recetar metadona, sustituto de la heroína, para todo drogodependiente que se adscriba a un programa controlado por farmacólogos y médicos autorizados. En estos casos, el control del consumo de drogas duras está en manos de hospitales, clínicas y consultorios especializados.
En el siglo XXI, el principal obstáculo que evita la legalización de las drogas, es el papel ejercido por los Estados Unidos, país que considera al narcotráfico como un problema de “seguridad nacional”, lo cual es una garrafal equivocación, pues el consumo excesivo de drogas duras en su población joven sube a ritmos exponenciales por lo que la drogadicción es una prioridad fundamental en su agenda de salud pública.
Los argumentos para condenar la legalización o suavizar la satanización en contra de la toxicomanía, se congelan en argumentos militares y policiales, llamando la atención sobre las perversiones que practican los drogadictos, los países productores de cocaína, el desastre familiar y delincuencial que generan pero, sobre todo, la amenaza a la paz social que el vicio de la drogadicción provoca porque, supuestamente, sería cultivado en gran escala por las clases sociales pobres, marginales, emigrantes y el bajo mundo. Este es un mito infundado, discriminatorio y carente de evidencia científica. La criminalización del consumo y producción de drogas es un error que sigue costando millones de dólares tirados a la basura. No sirve, sino es para alimentar a una burocracia que vive de temores infundados. La legalización es el camino más barato, eficaz, humano e incluso moralmente más recomendable.
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