Sobre el conflicto referido a la existencia o no de un "golpe de Estado", la controversia es muy intensa y resta reunir pruebas históricas y documentales. Sin embargo, mi visión inicial está en una nota del portal Brújula Digital. agradeszco al periodista juan José Cuisacanqui por la redacción de la notay la entrevista:
Introducción
En toda América Latina resurge, una vez más, la preocupación sobre qué tipo de democracias han ido evolucionando los últimos treinta y ocho años. ¿Se trata de una democracia con calidad, sin calidad, o en todo caso se tiene una ilusión sobredimensionada para satisfacer casi todas las expectativas sociales de la vida diaria? ¿Cuáles son las nuevas amenazas que el populismo del siglo XXI trajo con los llamados liderazgos del giro a la izquierda en Venezuela, Bolivia o Nicaragua? ¿Se trata de un debilitamiento, retroceso o imposibilidad de tener un conjunto de democracias legítimas? ¿Se puede calificar a los gobiernos populistas como poliarquías de baja calidad o regímenes semi-autoritarios que llevan a cabo elecciones como si fueran sólo una formalidad para esconder las verdaderas preferencias que favorecen presidencialismos autocráticos?
Estas preguntas plantean diversas respuestas y confirman que varios gobiernos de la región están lejos de impulsar una institucionalidad democrática duradera; es decir, lejos de tener aparatos estatales eficientes, abiertos al escrutinio público, y capaces de ser catalizadores del bienestar social. Así destacan algunos casos que se convirtieron en callejones sin salida como la grave descomposición de Venezuela con Nicolás Maduro, las tendencias dictatoriales de Daniel Ortega en Nicaragua y un tipo de populismo indianista como el gobierno de Evo Morales en Bolivia, cuyos 14 años de gobierno (2006-2019) terminaron en una profunda crisis de gobernabilidad y su renuncia el 10 de noviembre de 2019. Morales hizo fracasar las elecciones presidenciales de octubre de 2019 en su intento por lograr una reelección indefinida, terminando en un escandaloso fraude que también condujo a un agitado debate político al interior de la Organización de Estados Americanos.
Este análisis tiene el propósito de estimular la discusión sobre qué sucedió con las interpelaciones discursivas en Bolivia que enaltecieron las raíces indígenas y cuáles fueron algunas acciones políticas desarrolladas por Evo Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que desembocaron en varias contradicciones hasta la caída de Evo en noviembre de 2019. Es relevante analizar cómo un partido con raigambre popular, abandonó súbitamente el poder luego de ganar consecutivamente tres elecciones presidenciales (2005, 2009 y 2014).
La decadencia se debió a una crisis de la estrategia populista que reivindicaba al mundo indígena como la esencia humillada históricamente, en contraposición a las clases medias, los partidos tradicionales de representación política deslegitimada y las élites económicas privilegiadas, calificadas como un eje social racista. Esto generó un divisionismo muy profundo que fue controlado por medio de acciones represivas en contra de la oposición y, simultáneamente, a través del pago sistemático de bonos de carácter social, los mismos que no tuvieron sostenibilidad financiera respaldada en políticas sociales bien diseñadas. Morales y su entorno creyeron que el pueblo necesitaba un efecto demostración de éxito revolucionario con carácter inmediato, aprovechando la inyección de millones de dólares provenientes de la renta petrolera.
La hipótesis de este ensayo sostiene que Evo Morales ofreció convertirse en el “equilibrio refundacional” del sistema político, desarrollando un estilo de gobierno que llevaba a cabo una constante campaña electoral, con la finalidad de instalar una nueva élite en el poder, instrumentalizando las movilizaciones sociales y el discurso indianista que denunciaba la incompatibilidad entre democracia y colonialismo interno. Morales, sin embargo, no representó ningún tipo de equilibrio, sino que ahondó la polarización constante al dinamizar una lógica de camarada versus enemigo. El indio Morales quiso significar el principio y el fin de la lucha libertaria del pueblo hasta considerarse insustituible. Simultáneamente, el sindicalismo cocalero del cual provenía, impulsó una administración del poder ligada al complejo circuito coca cocaína, el cual rápidamente corrompió varias instituciones del gobierno. Todas las zonas cocaleras reclaman su propia soberanía política, desafiando tenazmente la legitimidad del Estado.
El MAS en el poder apareció como una nueva ideología anti-imperialista y descolonizadora, utilizando al indianismo como interpelación populista para reconstruir el orgullo de los indios sojuzgados. Sin embargo, Evo no logró formular políticas públicas bien definidas y fomentó excesivamente el clientelismo estatal, junto con nuevos grupos corporativos de poder como los campesinos cocaleros, mineros cooperativistas y empresarios que buscaron contratos estatales sin ninguna responsabilidad democrática.
En Bolivia, todos los intentos democratizadores desde 1982 siempre estuvieron fuertemente vinculados a diversos conflictos para congregar a un pueblo “sufriente” como sujeto de toda interpelación, junto con instituciones débiles, caudillismos fuertes en las estructuras partidarias y una cultura populista que se vincula con el divisionismo étnico y animadversiones profundas transmitidas por las ideologías indianistas. El resultado inmediato es un sistema político donde se realizan elecciones presidenciales con carácter únicamente formal, para dar paso a distorsiones donde los líderes populistas utilizan el ejercicio del poder como si fuera un cheque en blanco para tomar decisiones que deslegitiman constantemente la democracia.
El populismo indianista en Bolivia no pudo evitar la reproducción constante de clivajes sociales y culturalistas de tipo violento. En 14 años de gobierno, Evo Morales desestabilizó casi todos los esfuerzos para institucionalizar una democracia de corte inclusivo y racional, especialmente porque fomentó la intervención directa del Poder Ejecutivo sobre el sistema judicial, evitando la independencia de poderes y exacerbando los peligros de la penetración del narcotráfico en el sistema político.
El telón de fondo
El MAS fue influido fuertemente por una ideología leninista, la cual surgió de manera temprana desde el año 2006, sobre todo impulsada por sectores de la vieja izquierda comunista, el sindicalismo obrero y otros grupos que todavía defienden la guerrilla como método de lucha en contra del capitalismo y la democracia. Uno de los artífices de esta influencia fue el ex Vicepresidente Álvaro García Linera, quien empujó a Evo Morales a conformar una “élite del partido” que debía ser capaz de lanzar las principales directrices autoritarias, controlar la selección del personal burocrático del Estado e imponer una ciega disciplina sobre el Congreso, donde los dos tercios de mayoría parlamentaria iban a servir para consolidar el presidencialismo que, en el fondo, era el culto a la personalidad de Evo, reforzando un discurso de ajusticiamiento histórico a favor de un supuesto nuevo tipo de Estado: el Estado Plurinacional.
El leninismo, en este caso, se expresó a través del planteamiento para lograr que el MAS se convirtiera en un partido vanguardista, con la finalidad de introducir la “conciencia de clase y la ideología indianista” sobre el conjunto de las masas movilizadas, garantizando la destrucción de las ideologías de mercado y la misma democracia, considerada como un tipo de gobierno defectuoso, al promover la alternancia en el poder.
Desde la organización de la Asamblea Constituyente en Bolivia (2006-2007), se propuso la reelección indefinida para Evo Morales. De cualquier manera, esta presión fue desgastándose hasta convertirse en una crisis de gobernabilidad con el Referéndum de febrero de 2016, cuando la sociedad civil negó a Morales la modificación de la Constitución para evitar una cuarta postulación. Lo más notorio fue que las élites políticas del MAS utilizaron el culto a la personalidad de Evo como el recurso principal para reforzar la identificación entre las masas campesinas, pobres, cocaleras e indígenas, con la figura de un líder que, fenotípicamente, era igual a ellos: de poca formación, piel morena y simultáneamente osado para llevar hasta las últimas consecuencias las utopías revolucionarias.
La conciencia indianista y la revolución cultural acaudilladas por el MAS, en teoría debían transformarse en la principal fortaleza del partido que desde “afuera”, es decir, desde el ejercicio del poder en las estructuras estatales, iban a descolonizar la sociedad y la economía para reproducir indefinidamente la elección del caudillo único: Evo Pueblo. De hecho, éste fue el marbete del activismo digital que Morales desarrolló en una cuenta de Twitter donde disemina diatribas, consignas ideológicas y todo tipo de afirmaciones para mostrar que solamente él sería capaz de hacer la historia, además de descalificar cualquier crítica, acusándola de racista porque Evo Pueblo, como “indio revolucionario”, tendría todo el derecho de equivocarse y llevar a cabo una campaña electoral ad infinitum. Se estima que entre 2009 y 2019, Morales gastó 1.000 millones de dólares únicamente en propaganda gubernamental y electoral, difundida como eje estratégico para robustecer la admiración al caudillo, junto a un creciente déficit fiscal y una excesiva dependencia de los hidrocarburos y la minería.
El indianismo y la teoría de la colonialidad constituyeron aportes importantes para el análisis histórico de la dominación en América Latina, así como para el desarrollo de alternativas políticas que apoyaban estrategias y acciones en pro de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, es importante identificar sus deficiencias y limitaciones, con el fin de aclarar el estatus razonable de varias proposiciones teóricas. El indianismo no dialoga críticamente con sus propios postulados y tampoco reflexiona sobre sus contradicciones. La descolonización como doctrina de interpretación histórica no está apta para incorporar los aportes y proyecciones futuras de la teoría de la democracia. El indianismo tampoco incorporó plenamente la dinámica de los regímenes democráticos en sus concepciones ideológicas, debido a que cayó prisionero de un estilo de lucha donde predomina el conflicto de razas, una concepción extemporánea que no está a la altura de la complejidad del siglo XXI.
La teoría indianista tiene un autor bastante apasionado como el intelectual quechua Fausto Reinaga (1906-1994), quien solía considerar que el único pueblo que mantiene la continuidad de la memoria colectiva en el continente (norte y sudamericano) es el indio. De Canadá a la Patagonia, América sería india. El indio, no sólo representaría una mayoría humana, sino también un tipo de pensamiento. Éste no sale de una mitología como el pensamiento griego que sería “el Olimpo en perpetuo carnaval”. Para Reinaga, el hombre sería la misma tierra que piensa, con lo cual reivindicaba las raíces epistemológicas de un saber y conocimientos auténticamente indios, resaltando un nuevo equilibrio entre el hecho de pensar, el valor de la naturaleza y un retorno al Tawantinsuyu inca del área andina latinoamericana. Esta mirada es una nostalgia trágica, incapaz de concertar con ninguna posición política que no sea la lógica de suma cero.
Revalorizar las bases sociales, políticas, culturales y cosmogónicas de los pueblos indígenas –aymaras y quechuas sobre todo– se convirtió, sin duda, en un aporte democrático a la contemporaneidad pero en el indianismo predominó una actitud excluyente. Rechazó al marxismo y otras teorías revolucionarias porque aseguraba que los indios no debían esperar ningún Vladimir Lenin, sino ejecutar ellos mismos una revolución para erradicar la discriminación, ajusticiando a los blancos y mestizos de Bolivia o Perú que odiaban las raíces indígenas durante y después de la colonia española.
El ideólogo Reinaga nunca incorporó al marxismo como alternativa revolucionaria, ni tampoco a la democracia como régimen político porque representaban productos neocoloniales que distorsionaban la mentalidad de mundo amáutico. El indianismo, por lo tanto, es una ideología de conflicto permanente que, en todo caso, reivindica la violencia como estrategia de lucha, con tal de que los indios dominen autónomamente.
Para los sectores indígenas, lo Otro estaría representado por la civilización de Europa Occidental, percibida como la suma de lo negativo y, de manera también sorprendente, como algo atractivo que se anhela como una justa reivindicación democrática: los indígenas buscan el acceso a servicios y derechos de la modernidad, aunque la contradicción marca el descubrimiento del Nuevo Mundo y lo prolonga en un conflicto histórico entre la cultura india y la presencia de Occidente. La definición básica del pensamiento político indio está en oposición a la civilización occidental. Se niega a Occidente de manera global pero simultáneamente se anhela tener la fuerza para dominar todo.
Aunque existen pocos testimonios empíricos para avalar esta tesis, se puede señalar, a partir de entrevistas con dirigentes campesinos del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Kollasuyo (CONAMAQ), que en ciertos movimientos indianistas la propia identidad grupal está definida ex negativo por la oposición a un modelo civilizatorio materialmente exitoso. Según esta doctrina no hubo coloniaje, sino invasión y violación. Por esto habría que resistir y, en consecuencia, el mestizaje no sería una nueva y fructífera cultura por derecho propio, sino un producto híbrido y degradado como agresión occidental, al cual hay de rechazar cueste lo que cueste.
Las únicas manifestaciones culturales realmente valiosas en América, serían las que provienen del acervo indígena andino o amazónico, aparentemente no contaminado. La verdadera identidad pervive, soterrada, en la memoria colectiva de los pueblos indios y en sus prácticas cotidianas. La lucha contra el imperialismo sería una lucha anticolonialista, y por ello el marxismo-leninismo podría sobrevivir al reinsertar la utopía de una revolución auténtica, siempre y cuando consolide la identidad indígena. El MAS y el indianismo compartieron este principio que sirvió como justificación a las reflexiones posteriores, dando origen a todas las críticas de carácter político que cuestionaron el modelo democrático de gobernabilidad neoliberal en el periodo 1982-2005.
El momento incómodo para el indianismo surgió cuando Reinaga también defendió la dictadura de las Fuerzas Armadas en Bolivia, al patrocinar al ex dictador Luis García Meza en 1981. La dictadura del pensamiento amáutico o filosofía indianista constituiría, en el fondo, la respuesta para derrotar la colonialidad del poder occidental, blanco, discriminador e imperialista. La fuerza crítica del indianismo y la teoría de la colonialidad, enfatizan demasiado los patrones raciales de mutua agresión entre los dominadores que practican la segregación y los colonizados que sufren el sojuzgamiento.
En esta visión política, sería justa una “revancha” histórica para revertir la dominación. Toda revancha implica infligir un similar sufrimiento en el objeto de ajusticiamiento; es decir, destruir y odiar invariablemente aquello que viene de Occidente, menospreciando la modernidad y el capitalismo, que además se identifica con las élites blanco-mestizas. De esta manera, Reinaga y sus seguidores no veían ninguna contradicción entre el indianismo como parusía de un nuevo orden y la dictadura que utilizaría la violencia como cedazo integrador bajo la vanguardia de las comunidades indígenas.
Una alternativa más pacífica hubiera consistido en la convergencia de las historias indígenas, los diseños globales del capitalismo transnacional y la generación de una nueva forma de conocimiento reconciliador, definido como epistemología de fronteras y acercamiento democrático, donde no sea posible imponer ningún conocimiento experto neocolonial, sino abrirse a otras formas de cosmovisión, entendimiento y rescate del mundo indígena conectado con un orden democrático. Sin embargo, esta perspectiva prometedora no fue explotada por el indianismo, sino que más bien cayó en descrédito debido a que la acción política del MAS y Evo Morales inutilizaron cualquier posibilidad de integración con la democracia, al estimular las visiones de confrontación.
Para el MAS, el indianismo llegaba justo a tiempo cuando se organizaba cualquier movilización campesina, con el fin de intimidar a la oposición y amenazar con el inicio de un juicio por racismo a quienes intentaban criticar o detener el denominado “proceso de cambio” en sus versiones más fundamentalistas. La izquierda guerrillera hizo caso omiso de las críticas indianistas a los postulados neocoloniales del marxismo y pensó en reacomodar la imagen de Evo Morales en la posición de un caudillo indio para una revolución del siglo XXI.
El nacimiento de alternativas unificadoras entre la descolonización y la teoría democrática –entendida como estrategia pluralista para negar los excesos del poder, ejerciendo un “cosmopolitismo multicultural”– se bloqueó de golpe. Morales movilizaba la provocación, ya sea mediante discursos amenazadores emitidos por la televisión y ordenando la no transferencia de recursos económicos y bloqueos burocráticos en las regiones donde había perdido elecciones o donde la oposición podía mostrar un fortalecimiento.
El indianismo fue, precisamente, utilizado para monopolizar, desde el MAS, los saberes indígenas, obstaculizando el brote de opciones libres mediante la imposición del voto a favor únicamente de Morales, lo cual debilitó la realización de elecciones pacíficas e incitó varios tipos de autoritarismo. Estos fenómenos tuvieron lugar, sobre todo en aquellos municipios indígenas del Altiplano, el norte de Potosí y, definitivamente, en las regiones cocaleras del Chapare en Cochabamba donde el MAS contribuyó a la formación de lo que se denominó como “tribus de la inquisición”. Las comunidades cocaleras en la región de Cochabamba administran justicia por medio de linchamientos, amedrentando a todo tipo de opositores y vinculándose con el narcotráfico, lo cual imposibilita que el orden estatal pueda imponer el uso de la ley y la Constitución Política.
Además, los cocaleros del Chapare se beneficiaron con una nueva Ley General de la Coca, promulgada en marzo de 2017, reemplazando así la antigua Ley 1008 y legalizando el cultivo de 22.000 hectáreas de coca en todo el país: 14.300 para el departamento de La Paz y 7.700 para Cochabamba. La Ley 1008 establecía un límite de 12.000 hectáreas sólo para el área tradicional, sin tomar en cuenta al trópico cochabambino. De todos modos, Morales impulsó decididamente la producción del Chapare y desató un conflicto con los productores de los Yungas a quienes enfrentó de manera violenta. El resultado fue una lucha por la ampliación de los mercados de coca que pugnaban por obtener beneficios de la economía del narcotráfico.
Por otra parte, una comparación entre los municipios cocaleros de los Yungas de La Paz refleja que en el periodo 2013-2018 éstos recibieron 54 millones de dólares por transferencias para proyectos de inversión pública, provenientes del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”; mientras que los municipios donde Evo Morales es presidente de las federaciones del Trópico de Chapare, incluyendo Villa Tunari, Chimoré, Shinahota, Entre Ríos y Puerto Villarroel, se beneficiaron con la transferencia de 225 millones de dólares, es decir cuatro veces más.
El discurso sobre la coca como hoja sagrada, rápidamente se convirtió en el instrumento para proteger a los campesinos de toda forma de interdicción que venía de la lucha contra el narcotráfico. El indianismo se integró sin problemas con la lucha por la “liberación del imperialismo” de los cocaleros, haciendo ver que la guerra contra las drogas era solamente un invento de los Estados Unidos. En el fondo, esta amalgama entre la producción de coca como economía casi intocable y el indianismo como ideología de confrontación, dio la victoria plena a Evo, tanto en los municipios de Cochabamba, como en el terreno internacional para defender la coca como tesoro ancestral; sin embargo, las raíces peligrosas del narcotráfico, poco a poco fueron afianzándose más en el Chapare, un mundo aparte donde circulan automóviles de lujo sin registros legales y donde el 94% de la coca no pasa por el mercado legal. Asimismo, el discurso del populismo indianista mantuvo la polarización entre los cocaleros y la lucha contra el narcotráfico porque de esta manera se podían evitar las políticas de transparencia que exigía el sistema democrático.
Abrirse hacia el otro, hacia la reconciliación democrática, hacia lo mejor de la ciencia, de Occidente, de Oriente y de lo que significa un mundo global más humano, es el reto de hoy. El indianismo, sin embargo, quedó mirándose a sí mismo y pensando que era irreprochable, avanzando arriesgadamente hacia orientaciones absolutistas sin poder identificar una ruta hacia la democracia como régimen de convivencia pacífico, desligado ya de las luchas raciales y de contradicciones difíciles de procesar como el narcotráfico.
Las interpelaciones ideológicas del populismo indianista se reprodujeron dentro de una “lógica dual” que siempre caracterizó a las posiciones utópicas, porque dicha lógica endiosa a unos actores y condena o excluye a otros. El diagnóstico político del indianismo plantea una interpretación de la historia donde, por un lado, estaríamos viviendo un ciclo largo de dominación cultural y, por otra parte, la lucha por el poder generaría un proyecto de transformación utópico-político. Los defensores indianistas de la descolonización trazan, entonces, los límites del adentro y del afuera: de una Bolivia minoritaria y de aquella mayoritaria, de la “sociedad realmente existente”: Bolivia india, versus la “sociedad deformada-dominante” de corte occidental: Bolivia criolla, mestiza y blancoide (q’ara, en aymara). ¿Por qué estas concepciones utópicas y políticas se adhirieron a una lógica de polarización dual? Por animosidad histórica al colocar el concepto de “etnia” o “nación indígena” por encima de toda la sociedad boliviana y engrandeciendo sólo a las culturas originarias como fundadoras de una verdadera sociedad sin dominación.
Si la teoría del colonialismo interno pudo constituirse en una ciencia social para el mundo indígena, fue porque creyó en la existencia de una sociedad sujeta a leyes, donde el ideal utópico del regreso al ayllu y al Incario debía perseguirse como una predestinación. Este ideal está ideológicamente inspirado en lo que se supone es el “deber ser” de una sociedad. De ese modo, los descolonizadores: Evo Morales, el MAS y otros líderes de izquierda, creyeron que era su obligación trazar líneas demarcatorias sobre la llamada sociedad colonial boliviana y decidir así sus márgenes, sus interiores –sus adentros y sus afueras–, pero cuando se tuvo el poder en las manos, el arte de definir quién quedaba adentro y quién estaba afuera, se transformó en una oportunidad autoritaria para plasmar una utopía regresiva que añoraba el pasado del Kollasuyo, sabiendo que vivíamos en otra época.
El MAS y Evo celebraban el año nuevo andino-amazónico para transmitir solamente las visiones del horizonte cultural indígena. Estas acciones eran una especie de almácigo que contendría las posibilidades ideales de una sociedad que superaría el conflicto entre clases y etnias. Sin embargo, esta posibilidad exhalaba confrontación y nublaba el contexto internacional para forzar un atrincheramiento mirando hacia el pasado: la regresión al incanato, algo desaparecido y desconocido pero útil para la movilización populista de vastos grupos rurales y migrantes indígenas en las áreas metropolitanas.
En esta situación, las utopías regresivas no comprendieron el presente democrático porque no supieron darse cuenta que ni el pasado ni el futuro existen. Estos perfiles temporales son únicamente proyecciones psicológicas del presente y es por esto que sus propuestas utópicas no respondían a los desafíos actuales de las políticas públicas en cualquier ámbito del Estado. La fascinación dual de las utopías regresivas: indio y blanco, el adentro de la Bolivia india y el afuera de lo occidental destructivo, fue un producto del afán por simplificar la economía, la sociedad, la política y la democracia.
De esta forma, el populismo indianista se presentaba como una ideología que establecía qué era lo importante y qué lo superfluo, lo principal y lo secundario, qué era lo que debía eliminarse y qué debía favorecerse. Esta lógica dual es fuertemente discriminatoria y poco útil para avanzar siguiendo las exigencias del mundo democrático.
Con la caída de Evo Morales, el pensamiento indianista en Bolivia habría llegado a su fin. Ya no representa una forma de comprensión desafiante para explicar una serie de conflictos y problemas de la identidad colectiva boliviana, porque sencillamente quedó anquilosado en consignas que, asimismo, se convirtieron en interpelaciones poco favorables y carentes de valores éticos para impulsar las conductas colectivas en el siglo XXI.
Básicamente, el indianismo enmarcado dentro de la teoría de la descolonización, resaltó y reforzó con demasiado énfasis las esperanzas por preservar el legado del viejo imperio de los incas y las aparentes bondades del Tawantinsuyu. Éste es un pasado que, bajo la mirada indianista, hubiera sido siempre mejor y superior a la degradante violación de la conquista española. En otras palabras, se trata de un pensamiento que tiene el objetivo de conservar diferentes costumbres de carácter pre-moderno rechazando, al mismo tiempo, todas las metas normativas del mundo occidental, tanto en el terreno técnico, científico, cultural como económico.
Esta orientación ideológica es un enfoque que defiende a la sociedad incaica como tipo ideal virtuoso y modelo a seguir, para luego reconocer una supuesta identidad profunda: la “identidad india”, una especie de añoranza que mira hacia el pasado, pero condenándolo permanentemente porque si no hubieran venido los colonizadores, nada malo habría sucedido en Bolivia o todo el continente Abya Yala. Esta angustia no tiene sentido luego de haber transcurrido más de 500 años. En todo caso, representa un rechazo irracional al desarrollo histórico y a las transformaciones evolutivas, encapsulando el pasado indígena como si fuera un único momento de verdadero comienzo y fin de la humanidad.
El error del indianismo radica en la desgastada tensión entre los principios universales del mundo occidental y los valores particulares del pensamiento indio que es, a la vez, naturaleza, comunitarismo, igualdad y energía telúrica. El indio como tierra que piensa, identifica cuatro elementos de la civilización occidental que debían ser completamente eliminados porque esclavizan a los indios de América: el derecho romano, el código napoleónico, la democracia francesa y el marxismo-leninismo. Por lo tanto, el indianismo constituiría un tipo de pensamiento que es la voz de un silencio de 500 años y fuerza liberadora con la misión de sepultar al pensamiento de Europa.
El indianismo no logró, empero, liberar ninguna sociedad como proyección revolucionaria. Sólo fue un intento de crítica historicista para ganar un espacio en el escenario democrático. De hecho, fue la democracia representativa que le dio una oportunidad al indianismo para contribuir a la búsqueda de políticas igualitarias y acciones democratizadoras. Sin embargo, el pensamiento indianista fue totalmente instrumentalizado por el MAS y Evo Morales, que lo divulgaron como una ideología que justificaba el ejercicio del poder de algunos dirigentes indígenas. Si éstos cometían actos de corrupción, abusaban de su autoridad y no lograban mejorar las condiciones de pobreza del área rural, el indianismo instrumentalizado iba a servir como espíritu indulgente.
Así se hizo la vista gorda en una serie de arbitrariedades clientelares, linchamientos y conductas pragmáticas que caracterizaron a la acción política de los defensores del indianismo. En cierta medida, el MAS pervirtió al indianismo pero éste tampoco se puso en guardia porque su radical rechazo de las esferas política y cultural de la modernidad occidental, se diluyó con la aceptación, con frecuencia entusiasta, de los adelantos tecnológicos y la oferta de buenos cargos, aunque solamente para algunos. Evo Morales consiguió articularse con importantes grupos organizados de campesinos sindicalizados y colonizadores que conformaron la Coordinadora Nacional del Cambio (CONALCAM), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y el Pacto de Unidad, con quienes promocionó la idea de una descolonización rebelde y un proceso de cambio irreversible que, en los hechos, reprodujo dinámicas de patronaje político, al entregar $US 19.377.081 para sedes sindicales en el periodo 2011-2015, a través de la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia. Con esto se aseguraba una lealtad política duradera, bajo el manto de un discurso desafiante ligado al poder indígena.
El sindicalismo indianista y campesino se encargaron de atestiguar cómo las ideologías de la descolonización y el pensamiento indio sirvieron como cortinas de humo para las estrategias prebendales de la acción mestiza del MAS y otras fracciones que, viendo con mayor detenimiento, estuvieron invariablemente cómodas con la modernidad occidental y la estructura de poder construida por el ex Vicepresidente Álvaro García Linera, para quien la revolución india se convertiría es una estrategia utilitarista para instalar nuevas élites, con un decoro solamente discursivo a favor de los indios en el poder. El poder sería ejercido, no por el pensamiento indianista, sino por la astucia criolla para proseguir con las raíces de un Estado administrado discrecionalmente.
El rechazo de otras formas de representatividad política por parte de los partidos tradicionales que gobernaron entre 1985 y 2005, derivó en una crisis que hizo posible el salto del indianismo como alternativa democratizadora y condicional aporte a la fundación del Estado Plurinacional. De todos modos, este impulso fue desviado por los líderes indianistas del MAS, destruyéndose un valor mínimo: ser fiel a lo que profesaban en la crítica de los 500 años de colonialismo. El indianismo jamás le pidió rendir cuentas a Evo Morales, aceptando sin más la depredación del medio ambiente, los terribles incendios en septiembre de 2019 que hicieron desaparecer cerca del 40 por ciento de la Amazonía virgen en el oriente de Bolivia, evitando también que los funcionarios indígenas puedan implementar verdaderos proyectos de desarrollo para combatir la desigualdad. En la actualidad, Bolivia sigue teniendo uno de los porcentajes más altos de pobreza rural de América Latina y la inseguridad alimentaria más dramática en las comunidades indígenas dispersas, tanto andinas como amazónicas.
El indianismo tampoco superó sus actitudes intransigentes en la acción política, ni el pragmatismo para aceptar acríticamente cargos bien pagados. Evo cooptó hábilmente a los principales dirigentes de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Kollasuyo (CONAMAQ). Finalmente, el indianismo se fue apagando en la globalización actual, derretido ante la fuerza de nuevas perspectivas de la democracia multicultural que también posee el pensamiento occidental y defiende los derechos colectivos de las diversidades sociales, étnicas y sexuales, toda una lucha dentro de los procesos de construcción de ciudadanía e institucionalización de un sistema democrático moderno.
Hoy en día, la perspectiva es multidimensional porque entrelaza las dimensiones económicas, socio-culturales y propiamente políticas de una democratización que pone en relieve las tensiones emergentes de la construcción de igualdad política, no la raza ni la descolonización. El indianismo quedó desplazado y se convirtió en un aparato del resentimiento ideológico, incapaz de comprender la complejidad del calentamiento global y la lucha contra la desigualdad económica, en medio de la democracia como opción de gobierno verdaderamente pluralista.
El daño a la democracia y a la sociedad boliviana consistió en la transmisión de un discurso de revolución, utilizando a las instituciones democráticas para reivindicar la inclusión indígena y luego rechazar cualquier límite a las arbitrariedades del poder que cometieron Evo Morales y la élite más cuestionada de su partido[1]. En los hechos, el MAS solamente construyó una nueva élite de clase media que aprovechó las influencias del poder estatal para enriquecerse a gran escala. El caso más lamentable fue lo sucedido en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas, administrado por ambiciosos indígenas urbanos y campesinos que lograron desviar a cuentas personales cerca de 35 millones de dólares, por medio de proyectos fantasmas y una actitud hostil a la transparencia en las instituciones de la democracia.
La dirigente campesina del MAS, Nemecia Achacollo, ex ministra de Desarrollo Rural y presidenta del directorio del Fondo Indígena, está siendo juzgada por delitos de peculado, pero en más de una ocasión afirmó categóricamente que ese dinero “era de los indígenas” y éstos tenían todo el derecho de comérselo, si así lo decidían. Achacollo está también involucrada en una relación sentimental entre su hija de diecisiete años y Evo Morales, lo cual desató una serie de escándalos sobre la dinámica clientelar del MAS que trataron de ser justificados cuando se enarbolaba la ideología del indianismo, con el propósito de favorecer a ciertos dirigentes indígenas como si fuera una estrategia de compensación justa, aun cuando se cometieran actos de corrupción.
Tras siglos de marginamiento, los indígenas habrían ganado el derecho a tomar el poder o ejercer cargos públicos, sin ningún cuidado respecto a la capacidad profesional o las conductas éticas. El clientelismo se convirtió en una habilidad para que, simultáneamente, se intercambien votos por obras y para la incorporación política de grandes masas anteriormente excluidas. Estas acciones no cambiaron la desigualdad estructural de la sociedad boliviana. No hay evidencia empírica para afirmar que el MAS y Evo promovieron una mayor representatividad política de los sectores marginados, ni una mayor institucionalización del Estado en términos de legitimidad y consolidación de su capacidad integradora.
Los proyectos de desarrollo en el gobierno de Evo Morales fueron vistos por la nueva élite morena y de raíz indígena, como una oportunidad para apropiarse de fondos estatales, aprovechándose de su estancia en el poder. No hubo una verdadera preocupación por transformar las instituciones estatales, ni por mejorar la gestión pública, prevaleciendo la exuberancia ideológica y despreciándose todo aquello que pudiera identificarse con el Estado democrático representativo. Un caso especial resalta con el conflicto en torno a la construcción de una carreta entre los departamentos de Beni y Cochabamba que iba a destruir los territorios de la Amazonía: el problema del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) el año 2011.
Si bien el MAS realizó un referéndum en las poblaciones del TIPNIS, Morales decidió que los resultados de dicha consulta no iban a ser vinculantes; es decir, no serían tomados en cuenta con carácter obligatorio. Su gobierno siguió adelante con la construcción de la carretera y a pesar de ser duramente criticado por los sectores indígenas, Evo en persona visitó las comunidades regalando antenas parabólicas, motores para lanchas, útiles escolares y medicamentos; típica dádiva de la vieja sociedad colonial. Sin embargo, las fuerzas de izquierda marxista y los dirigentes indianistas aceptaron la violación de derechos comunitarios en el TIPNIS argumentando que el desarrollo económico occidental era, en sí mismo, un derecho inalienable para el movimiento indígena.
Por otra parte, fue muy decepcionante que los sectores indianistas del MAS plantearan la “descolonización del Estado”, discurso que se convirtió solamente en una especie de excusa para alterar las normativas y romper los criterios mínimos de una gestión pública racional. En su lugar surgió con fuerza la imposición de visiones unilaterales y el autoritarismo exitista de creer que el MAS, los dirigentes indianistas y Evo jamás se equivocaban porque la injusticia solamente podía venir de la derecha y el capitalismo, pero nunca de las fuerzas revolucionarias del pueblo donde imperan las identidades indígenas. Así reprodujeron una sutil conducta de izquierda tradicional: ausencia de autocrítica y desprecio de los contrapesos institucionales para neutralizar los excesos del poder. Los hechos de corrupción desencantaron rápidamente a los sectores más optimistas del indianismo boliviano, creciendo con fuerza una demanda para que Morales no se presente a una cuarta reelección y, en todo caso, abandone el poder.
Otro efecto político fue la imposibilidad de reconstruir el escenario democrático mediante la instauración del Estado Plurinacional. Inicialmente se pensó que la República de Bolivia había llegado a su fin debido a su quiebra política y económica con las políticas de mercado, calificadas como neoliberales y asfixiantes para un país indígena en ruinas. Quiso introducirse una suerte de renacimiento con la aparente fundación de un Estado que se reconociera como el eje articulador de múltiples nacionalidades. Al mismo tiempo, se trató de reorientar el régimen democrático representativo hacia una supuesta democracia étnica, directa o participativa.
Si bien se aprobó una nueva Constitución Política en el año 2009 donde se enaltecía al Estado Plurinacional, aquélla fue un documento indigenista que en varios acápites destacaba un conjunto de planteamientos retóricos que nunca se cumplieron en la realidad, sobre todo por la existencia de una crisis institucional donde el estilo presidencial de Evo Morales se caracterizó por neutralizar las normas de control gubernamental en las grandes contrataciones de carreteras o adquisiciones millonarias de equipamiento. Casi todos los ministerios utilizaron la modalidad de “invitación directa” para favorecer a las empresas que ya tenían un contacto previo o gozaban del clientelismo político. El Estado Plurinacional fue un discurso populista que interpeló a los sectores más pobres, a las comunidades rurales y a la prensa internacional pero no tuvo una institucionalidad verdadera capaz de ir más allá del patronazgo que siempre predominó en las decisiones políticas.
En los catorce años de gobierno de Morales, un 90% de los contratos que realizaron las entidades del Estado con particulares, ya sea para la compra de equipos, provisión de insumos o construcción de infraestructura, se los realizó a través de decretos supremos, invitación y/o adjudicación directa de las empresas, tanto nacionales como transnacionales sin previa licitación pública y menos por concurso de méritos donde el acceso a la información en estos negocios fue prácticamente cero. Las compras directas alcanzaron a 3.000 millones de dólares entre 2006 y 2016. Al menos 31 compañías internacionales ejecutaron en el año 2016 un total de 51 proyectos por 5.630 millones de dólares, preparando el terreno para la carrera electoral de Evo y obligando al Tribunal Constitucional a encontrar una interpretación jurídica que avale su repostulación[2].
El sueño por instituir el Estado Plurinacional terminó en un discurso solamente grandilocuente que no contrarrestó la economía extractivista, el Estado rentista y el populismo electoral al cual Evo Morales apostó, por medio de la entrega de dobles aguinaldos al sector público y privado, transferencias directas a sectores pobres con bonos de apenas sesenta dólares y el gasto dispendioso de 54 mil millones de dólares que representó la renta petrolera entre 2006 y 2014.
La crisis de Estado
La crisis estatal más profunda llegó cuando Evo Morales desafió a la opinión pública y convocó a un referéndum para legitimar su permanencia en el poder. Supuso que iba a ganar ampliamente pero fue derrotado en febrero de 2016. La población decidió no modificar el artículo 169 de la Constitución con el propósito de frenar una cuarta postulación a la presidencia. Evo se negó a aceptar el resultado y lo calificó como un Referéndum de la mentira porque, en su criterio, no era democrático reducir la duración del mandato presidencial, cuando se consideraba a sí mismo como la condensación de la identidad india en un proceso de revolución cultural. En noviembre de 2017, sus asesores en el Poder Ejecutivo exigieron al Tribunal Constitucional la aprobación de una resolución extraordinaria que autorice su reelección con carácter indefinido.
Así fue cómo Evo Morales dirigió el sistema político hacia un rumbo autoritario. Según él, la democracia era inviable sin su presencia y sin la posibilidad de instaurar un sistema electoral de partido único donde el MAS representaría el actor hegemónico y la vanguardia exclusiva de la democracia multicultural. Evo era el sujeto trascendente que articularía la identidad del Estado Plurinacional.
Estas circunstancias contrastaban con la situación económica. El Estado boliviano pierde cada año 600 millones de dólares en la venta de combustible subvencionado que se vende por debajo de su precio en el mercado interno. Además, el contrabando de carburantes involucra a altos funcionarios estatales y militares. Es por esto que la nacionalización de los hidrocarburos fue una política ambivalente que trajo millones de dólares para solventar diferentes bonos con carácter rentista, al mismo tiempo que siguió dependiendo de la tecnología y la capacidad de inversión y exploración de las transnacionales ligadas a Repsol, Petrobras o Total. Por costos recuperables (costos de explotación de las empresas petroleras bajo los contratos de riesgo compartido), el Estado boliviano llegó a pagar a las transnacionales entre 200 y mil millones de dólares en el periodo 2006-2014. Sin embargo, no se hizo nada por mejorar las políticas de salud pues, por ejemplo, con la pandemia del Covid-19 en abril de 2020, Bolivia no pudo planificar una atención adecuada, al evidenciarse que en los hospitales estatales más grandes solamente había 80 camas para internación en terapia intensiva, la cantidad más baja de América Latina.
En el ámbito estratégico de los hidrocarburos, Evo Morales prefirió seguir también con una lógica ineficiente para financiar políticas sociales de corto plazo, mediante transferencias directas de la renta proveniente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Además, en el periodo 2006-2016 se cambió diez veces al presidente de esta corporación. Los diez presidentes de YPFB estuvieron involucrados en escándalos públicos de corrupción y tráfico de influencias, generándose una crisis institucional y llegando a convertirse en una expresión de anomia estatal, entendida como la pérdida de control político para favorecer únicamente la acción de intereses particulares que distorsionan las normas gubernamentales en la administración de cuantiosos fondos públicos. Esta anomia era, al mismo tiempo, una estructura inveterada que Morales no pudo cambiar debido a su falta de conocimientos. Probablemente, Evo fue utilizado sólo como un ícono electoral en persistente campaña. La estructura clientelar de la anomia fue tan poderosa que Morales dejó a las élites de su partido hacerse cargo de millonarias pérdidas y millonarias estafas.
El comportamiento de las exportaciones bolivianas mostró un ascenso muy favorable con grandes ingresos por concepto de hidrocarburos, minería y manufacturas en el periodo 2009-2014. Como se indicó, solamente la renta petrolera alcanzó a 54 mil millones de dólares y estos recursos fueron rápidamente utilizados como si fueran una tarjeta de crédito para financiar cualquier iniciativa, aunque la estructuración de políticas públicas junto con instituciones aptas para el servicio público, estuvieron siempre sometidas a la ineficacia y la baja capacidad profesional del personal burocrático.
El MAS no reformó el aparato estatal, ni lo preparó para una transformación profunda que responda a las principales exigencias de la Constitución. De hecho, se observó claramente que el sistema democrático presentaba una obsolescencia institucional que se manifestaba en la desigualdad y la ineficiencia constantes, donde los funcionarios de alto rango y los técnicos responsables del diseño e implementación de las políticas públicas, carecían de una carrera como funcionarios públicos.
Algunos informes de desarrollo humano sugieren que el MAS y Evo Morales no lograron reducir la desigualdad socio-económica debido a la existencia de ciudadanos que logran ingresos de apenas 400 dólares mensuales, frente a empresarios privados y funcionarios políticos de élite que se llevan entre 5 y 10 mil dólares de sueldo. Si bien el PIB per cápita aumentó de 1.995 dólares en 2010 a 3.565 en 2018, las comunidades indígenas continúan siendo víctimas de la exclusión económica y la falta de oportunidades para transformar a sus jóvenes generaciones en agentes de cambio con alto estándar de educación y habilidad para acomodarse en la economía global del siglo XXI.
Hasta el día de hoy, nadie tiene estabilidad laboral y tampoco un profesionalismo competitivo en todo el sector público. La burocracia estatal más antigua sobrevivió en la gestión del MAS porque pagaba entre 500 y mil dólares de su sueldo a los recaudadores políticos, además de renunciar a cualquier crítica y arreglar estadísticas cuando así se les ordenaba[3]. Lo contrario a la obsolescencia era la modernización institucional que equivale a la identificación de reglas de conducta claras, la capacidad de instalar unidades de análisis estratégico en cada ministerio y la posibilidad de desburocratizar las estructuras institucionales para facilitar la toma de decisiones, pero utilizando la ley con el fin de evitar que la arbitrariedad se propague debido al uso ilícito del dinero estatal. Nada de esto fue cultivado por el MAS que prefirió la lealtad ideológica de los allegados, antes que cualquier capacidad técnica y sentido autocrítico.
Los mensajes ideológicos fueron imprecisos. No se impulsó el desarrollo de instituciones fuertes con capacidad de previsión y respuesta para resolver problemas del desarrollo en forma concreta. Se privilegió la polarización de izquierda versus derecha que perjudicó la toma de decisiones, pues éstas no fueron oportunas, ni impulsaron el conocimiento técnico en las políticas públicas, de manera que preponderó un excesivo clientelismo. Evo Morales tuvo las burocracias más pesadas de América Latina y vivió de irradiar discursos como la “descolonización estatal” que no terminaron en propuestas reales de reforma institucional. El Estado no llegó a las poblaciones rurales dispersas y fue doblegado por el crimen organizado y el contrabando, además de sufrir uno de los más deficientes sistemas de educación y salud en el mundo.
En medio de los debates sobre las perspectivas de largo plazo de la revolución cultural, el MAS diseñó el “Plan de Desarrollo 2025”, con la intención de convertir a Evo en el presidente de los 200 años desde la fundación de Bolivia en 1825. En este plan desaparecía por completo la idea de un Estado convertido en comunidad legítima y burocracia eficiente para transformar los diferentes ámbitos de la sociedad. Se reivindicaba la necesidad de un Estado descolonizado, siempre y cuando Evo permanezca en el poder porque la alternancia democrática era solamente un argumento de la derecha para cerrar el paso al protagonismo indígena en el país; en este contexto, el ex Vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmaba constantemente que era mejor ser un comunista de primer orden y que él mismo jamás se consideró como un servidor público, sino como un revolucionario marxista. Esta inclinación ideológica erosionó la posibilidad de entender al Estado como un escenario de cambio institucional y servicio para el bien común. Por lo tanto, el populismo indianista en Bolivia mostró la existencia de un Estado sin gestión pública y esto es lo que, básicamente, también explica el fracaso de Evo Morales como presidente.
Dentro del Estado en su intención descolonizadora, el Ministerio de la Presidencia se convirtió en un escenario millonario para confundir la democracia participativa, con la movilización constante de adeptos sindicales y una discreta manipulación de contratos con empresas chinas. El escándalo de la ex concubina de Morales, Gabriela Zapata, mostró cómo el Ministerio, por un lado, movilizaba a campesinos, trabajadores y cocaleros, pero por otro lado avaló el nombramiento de Zapata como gerente de la empresa china CAMC, cuyos contratos millonarios con el Estado desataron un show mediático, que también fue utilizado para justificar que Evo Morales no necesariamente era un caudillo con una “integridad monolítica”[4], sino que era como cualquier ser humano, proclive a tentaciones y errores. Éstos y el enriquecimiento ilícito que implicaba al presidente y varios ministros, debían ser exculpados para defender un valor mayor: la descolonización estatal y la permanencia de los indígenas como protagonistas de la historia en el sistema político.
El hecho de considerar a Evo como la garantía única de articulación partidaria e identificación política para movilizar lealtades y ganar elecciones como si fuera un requisito sólo formal, se transformó en un desgaste que deslegitimó la estrategia de la cuarta reelección, sobre todo en las generaciones jóvenes de clase media y popular que no veían con buenos ojos tener en el poder a la misma élite, ni tampoco seguir apoyando al indianismo en una época de multiculturalismo y abierta globalización.
Por último, las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019 fueron un completo fracaso. Evo Morales y el Tribunal Supremo Electoral ordenaron la suspensión de la transmisión del escrutinio por mesas y por regiones, justo cuando se llegó al 80 por ciento de los votos. El país quedó a ciegas hasta que, sorpresivamente, se mostró a Evo como ganador el 24 de octubre. Esta intención de fraude motivó una agresiva movilización social para que se anularan las elecciones a comienzos de noviembre de 2019. Sin embargo, la cúpula del MAS pensó que era posible armar un complot: Evo Morales y Álvaro García decidieron renunciar el 10 de noviembre y se comunicaron con la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, para que también renuncien. Con este plan preveían que la sucesión constitucional iba a romperse y generarse un “vacío de poder” que sería utilizado por las Fuerzas Armadas leales para convocar a Evo como el único liderazgo fuerte y con la posibilidad de reorganizar nuevas elecciones presidenciales.
En la noche del mismo 10 de noviembre de 2019, el MAS movilizó cientos de seguidores para causar pánico, incendios, asaltos y una convulsión social no vista en los últimos diez años. El asesoramiento venía de los agentes políticos de Cuba y Venezuela, quienes suponían que iba a suceder algo similar al golpe de Estado que sufrió Hugo Chávez en abril del año 2002. Frente al caos y la violencia anómica en las calles, no habría otra salida que el regreso de Evo pero bajo el patrocinio de las Fuerzas Armadas.
Las previsiones de retorno naufragaron porque los parlamentarios de la derecha conservadora tomaron el control del gobierno, aliándose a un motín policial en todo el país y logrando que la primera vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez jure como presidenta interina. La derecha política también negoció con las organizaciones cívicas más importantes del departamento de Santa Cruz y con la iglesia Católica, de manera que se hizo una interpretación constitucional rápida, la cual recomendaba que, ante la ausencia del Presidente, el Vicepresidente y la Presidenta del Senado, el país no podía quedar a merced del vacío de poder. El MAS también entró en pánico, se dividió y, fruto de la confusión, fue obligado a reconocer el poder de la nueva presidenta interina para pacificar el país y pensar en la salvación del partido, pero esta vez sin las viejas élites. La integridad monolítica del caudillo se había destruido por completo.
Cuando Áñez asumió el poder, no necesariamente fue un golpe de Estado, sino una negociación entre élites políticas del MAS, la iglesia Católica, embajadores de la Unión Europea y los partidos de la oposición, con el objetivo de evitar conflictos violentos y destructivos. Sin embargo, esto tampoco pudo ocultar que la derecha se reorganice y capture de nuevo varias esferas de influencia en el Estado, actuando con mucha discrecionalidad y arbitrariedad. El único antídoto para frenar la descomposición era la organización de nuevas elecciones presidenciales.
Bolivia regresa a una incertidumbre sobre la legitimidad del gobierno de transición (que debería quedarse en el poder hasta julio de 2020), y sobre a los mecanismos institucionales para instalar un nuevo gobierno democrático que retome la estabilidad política y la gobernabilidad duradera. Todo este panorama ahora se desvanece, debido a que Áñez es una presidenta transitoria que, al mismo tiempo, cumple con tres funciones contradictoras: a) candidata presidencial (algo que no estaba en la agenda de transición); b) garante del proceso electoral, fruto de los compromisos asumidos luego del vacío de poder acaecido el 10 de noviembre; y c) líder circunstancial de las políticas de salud para enfrentar una pandemia del Covid-19, frente a la cual el sistema de salud no tiene las mejores condiciones. La pandemia requiere de un gobierno estable, con un conjunto de ministerios e instituciones que no sean “de paso”, sino todo lo contrario, una estructura de poder fuerte, interdependiente y con suprema coordinación, aspectos que todavía están ausentes en el sistema político boliviano.
Conclusiones
Evo Morales fue vencido por los profundos problemas de gobernabilidad, por sus contradicciones como líder de un populismo indianista cuyos códigos de interpelación dejaron de funcionar, y por una estrategia que ya no pudo preservar los criterios de orden político democrático. Una de las paradojas de la democracia boliviana consiste en aquel vaivén que va de la superación de todo tipo de exclusiones, hacia la aceptación de presiones, demandas y conflictos que son sumamente desestabilizadores con tendencia a la destrucción del mismo sistema democrático. El populismo indianista buscó siempre un enemigo: una razón para la polarización y terminó sepultado por las demandas de democratización que la ciudadanía exigió luego del intento de fraude electoral.
Los mensajes ideológicos del populismo indianista de Evo Morales caducaron y mostraron la necesidad de construir y proteger el orden democrático, imaginando formas de control de la ingobernabilidad y proponiendo la negociación para desbaratar los conflictos más perjudiciales que, con el pretexto de la participación indígena, buscaron prolongar demasiado un modelo clientelar de administración estatal. Aquí destaca el accionar de los campesinos cocaleros vinculados con la economía del circuito coca-cocaína y aquellos dirigentes indígenas que sucumbieron ante la corrupción como el caso del Fondo Indígena.
Actualmente, la sociedad civil boliviana busca reorganizar las elecciones presidenciales, considerando la construcción de un centro equilibrador sobre la base del impulso de la modernidad política como criterio ideológico para rescatar la democracia representativa. El discurso indianista se desgastó. Hoy en día, el sistema político busca domesticar los problemas de ingobernabilidad, pero no desde un modelo retórico, sino asumiendo algunos riesgos sobre cómo manejar la presión de los intereses y actores corporativos, cómo gobernarlos, cómo actuar dentro de un proceso político que sobreviva a los miedos históricos del racismo y al indianismo como fundamento del clivaje étnico-cultural permanente.
La alternativa al populismo indianista necesita tender puentes para una auténtica reconciliación, superando las concepciones del colonialismo y las actitudes racistas. Sin embargo, tampoco es posible pensar ingenuamente que va a reemplazarse la Bolivia pre-moderna por otra impecablemente post-moderna. La izquierda marxista e indianista en Bolivia tampoco representan ninguna ilusión para una mejor democratización.
Finalmente, la conmemoración de los cuatro años que pasaron desde el 21 de febrero de 2016, cuando en el Referéndum se dijo no a la reelección de Evo, mostró que en las principales capitales de todo el país, la sociedad salió masivamente a las calles para exigir que su voto sea respetado. Morales menospreció estas marchas y bloqueos, reprimió las manifestaciones y volvió a plantear que nadie podía violar su derecho humano a ser elegido. Sin embargo, el Tribunal Constitucional que aprobó la reelección, dejó claro que el MAS estaba dispuesto a idear las más absurdas posiciones para forzar su permanencia en el poder. Con estos antecedentes, la suerte ya estaba echada en el intento de fraude electoral del año 2019, momento en que Evo Morales tampoco dio su brazo a torcer, impulsando al país hacia una escalada de violencia. Sin embargo, desde diciembre de 2019 a la fecha (abril 2020) se retomó cierta gobernabilidad y ahora Bolivia está a la espera de relanzar nuevas elecciones presidenciales. El populismo indianista, junto con el desarrollo de una política leninista, se equivocaron por completo, tanto en su desprecio por la espontaneidad de las masas, como en la idealización de una élite partidaria favorecida. Evo era plenamente reemplazable porque, además, así estaba previsto en la Constitución y en las raíces mismas del sistema democrático.
[1] Después de la caída de Evo Morales, el Tribunal Supremo de Justicia inició procesos por corrupción, peculado e incumplimiento de deberes a cerca de diez ministros de Estado, algunos de clase media profesional y otros indígenas; sin embargo, todos se identificaron en algún momento con el llamado socialismo del siglo XXI y el indianismo, sobre todo al utilizar el discurso para reclamar el “derecho humano” de Evo Morales a la reelección indefinida; ésta hubiera sido la única garantía para reconocer a Morales como el verdadero líder indio del continente.
[2] Según estimaciones del Banco Mundial, anualmente Bolivia pierde 2.570 millones de dólares debido a la corrupción estatal. De esta suma, 400 millones de dólares se desvían por el contrabando y 550 millones por la evasión de impuestos. Asimismo, las múltiples denuncias de corrupción que involucra a la cúpula del MAS están relacionadas con el programa gubernamental “Bolivia Cambia, Evo Cumple” de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), que dependía del Ministerio de la Presidencia. De esta manera destaca el hecho ligado a 33 camiones de contrabando del ex Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, quien también fue asesor del Ministerio de Defensa durante el gobierno del ex dictador Hugo Banzer Suárez (1997-2000). Quintana se graduó de la Escuela de las Américas en los Estados Unidos y fue un operador de inteligencia, especializado en complots entre 2009 y 2019. Por otro lado, aparece la relación de Evo Morales con Gabriela Zapata, una joven militante del MAS; esta relación desató el tráfico de influencias con la empresa china CAMC. Zapata era la ejecutiva de contacto para conseguir contratos por el valor de 500 millones de dólares. A su vez, el ex Vicepresidente, Álvaro García Linera, fue reiteradamente cuestionado por mentir sobre la obtención de su título profesional, así como por la compra de su libreta de servicio militar. Los favoritismos para sus parientes dieron lugar a otro escándalo porque éstos dotaban de refrigerios por medio de la empresa Air Catering a línea aérea estatal BOA. El ex presidente de YPFB, Carlos Villegas armó una red de corrupción para favorecer a una allegada con quien tenía algún tipo de relación sentimental. En YPFB sucedieron también otros hechos de nepotismo que relacionan al ex diputado Manuel Morales Dávila, ex candidato a la Prefectura de La Paz y a sus hijos: Manuel Morales Olivera, dueño de una imprenta que, sin la más mínima formación universitaria, llegó a ser también presidente de YPFB, donde realizó contratos fraudulentos con varias transnacionales. Otras hijas de Morales Dávila se beneficiaron de oscuros favores como parte de la “élite esclarecida” del partido; así destaca Marcia Morales Olivera que llegó a ser presidenta de la Aduana Nacional y la ex Ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales Olivera, que fue denunciada por la quiebra de la empresa estatal de textiles Enatex.
[3] La cuantificación de estos cobros ilegales es incalculable, ya que siempre se realizó al margen de cualquier contabilidad en el periodo 2007-2019. Tampoco nadie sabe el destino de estas recaudaciones.
[4] Esta expresión: “integridad monolítica del caudillo”, fue transmitida por Raúl García Linera, hermano del ex Vicepresidente, Álvaro García Linera, quien calificaba a Evo Morales como un caudillo que llegó al poder en el momento histórico oportuno. Raúl García fue también una pieza clave en los proyectos de sabotaje que el MAS organizaba para eliminar a la oposición; por ejemplo, fue protagonista en el asalto al Hotel Las Américas en abril de 2009 para perseguir a la oposición, acusada de secesionista. Después de la renuncia de Evo Morales, Raúl García también organizó grupos de choque entregando dinero y fomentando saqueos.
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