SORPRESAS QUE NO SON SORPRESAS: LA CRONOLOGÍA DE LOS VÍNCULOS DEL NARCOTRÁFICO CON EL PODER (BOLIVIA: 1975-2020)

El narcotráfico tiene una historia. Esta historia tiene un recorrido y un conjunto de vínculos. En algunos casos, los lazos involucran a mucha gente conocida y, en otros, las relaciones recorren siempre las altas esferas del poder. Todo empieza y termina con personajes que manejan grandes influencias y con aquellos dispuestos a vender países enteros hasta conducirlos al despeñadero. Todo se contamina y, al mismo tiempo, parece fuera de control. Cuando se reflexiona sobre las relaciones entre el narcotráfico y el poder, es inevitable pensar en el Estado como escenario fundamental para el despliegue de este negocio ilícito.

En Bolivia, el narcotráfico no sería absolutamente nada sin las puertas que abre y cierra el Estado porque es gracias a sus instituciones que se tejen las relaciones e influencias de poder para lograr el éxito en los procesos de organización, producción, venta y transnacionalización de diferentes tipos de narcóticos. No importa si es un tipo de Estado dictatorial o democrático, lo cierto es que las estructuras estatales fueron y todavía son los principales resortes para que el tráfico de drogas perdure como una anomalía que, curiosamente, es perseguida por el orden jurídico nacional e internacional; sin embargo, el Estado, contradictoriamente, también estimula el crecimiento descomunal del narcotráfico.

El fin de la guerra contra las drogas implica un verdadero proceso de reforma y transformación del Estado que, prácticamente, debe renacer si todavía se quiere derrotar al narcotráfico y al crimen organizado que vive a costa de aquél. El siguiente trayecto es una lamentable historia, la de Bolivia como laboratorio exasperante de las relaciones entre narcotráfico y política.

1975. El ex presidente Hugo Bánzer Suárez entregó más de 7 mil hectáreas a uno de sus amigos: Juan Pereda Asbún, quien fundó una finca llamada Huanchaca, hacienda donde se cometería el asesinato del científico Noel Kempff Mercado en 1986. Pereda fue, posteriormente, un palo blanco que cometió el fraude electoral de las elecciones presidenciales en 1978. En dichas elecciones, los votos emitidos fueron más que los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Al no poder explicar una victoria ilícita, Pereda dio un golpe de Estado. Su gobierno duró sólo cuatro meses (julio a noviembre de 1978), tiempo suficiente para constatar su profunda ineptitud y vileza. Murió en el año 2012 con una vergonzosa adicción a la cocaína. Las relaciones entre el narcotráfico y la dictadura son directas y explícitas.

1980. El triunvirato dictatorial a la cabeza de Luis García Meza, nombró a Luis Arce Gómez como Ministro del Interior que, posteriormente, fue llamado el Ministro de la Cocaína por el gobierno de Jimmy Carter en Estados Unidos. Ayda Levy, esposa del llamado rey de la cocaína, Roberto Suárez Gómez, afirma en el libro: “El rey de la cocaína. Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer nacoestado”, que su esposo y el narcotráfico financiaron el golpe de Estado de García Meza. El comienzo de los años ochenta marcó el inició de insólitos sueños alrededor de la narco-política. Daba la impresión que todo podía realizarse con dinero sucio y, simultáneamente, todo político parecía estar embelesado con el rey de la cocaína.

1984. Se difundió el rumor de que Roberto Suárez ofreció pagar la deuda externa en pleno proceso de crisis y el inicio incontrolable de la hiperinflación. En esta época, Rafael Otazo, entonces presidente del Consejo Nacional de la Lucha Antidroga de Bolivia, fue destituido por el presidente Hernán Siles Zuazo. Otazo acusó al gobierno de haber hecho desaparecer 2.000 millones de dólares, supuestamente enviados a La Paz por el rey de la cocaína, Roberto Suárez. ¿Realmente este magnate de la cocaína podía haber pagado la deuda externa? Probablemente no pero la imaginación vuela velozmente para empujarnos a una cruda realidad: el hecho de imaginar ingentes cantidades de dinero, está siempre unido al crimen organizado. Así se cumple el refrán: “detrás de toda fortuna hay un crimen”. En el caso de Bolivia, las fortunas de la gran mayoría de acaudalados confluyen en el narcotráfico o en la corrupción. Es en esta época que las débiles raíces del Estado democrático fueron plantadas sin haber evitado que el tráfico de drogas carcoma las instituciones y la conciencia de varios líderes que, posteriormente, complicarían mucho más el combate al narcotráfico.

1985. En plena crisis política de la Unidad Democrática y Popular (UDP), el 2 de abril de este año, fue interceptado en el aeropuerto de Cochabamba un avión de la empresa Tauro, cargado con 1.161 kilogramos de cocaína. Probablemente el operativo fue organizado desde La Paz; esto todavía no está esclarecido. En aquel entonces fueron detenidos dos altos funcionarios de narcóticos, el Teniente Coronel, Gustavo Céspedes, Jefe Departamental de Operativos y el Coronel, Víctor Hugo Marcowsky, Jefe de Seguridad del Aeropuerto de Cochabamba. La guerra contra las drogas y la hoja de coca empezó a crecer pero siempre con una doble cara: interdicción por un lado y, por otro, apoyo al narcotráfico desde el poder del Estado, debido a la inmensa cantidad de dinero involucrado. Este hecho mostró la insana audacia de querer exportar drogas, a vista y paciencia de mucha gente en un aeropuerto internacional. Ni siquiera trataron de hacerlo sigilosamente, una característica que se mantendrá a lo largo de la historia.

1986. El científico Noel Kempff es asesinado y el nombre Huanchaca reluce nuevamente como fábrica para la producción masiva de cocaína. El hecho mostró que altas autoridades conocían el problema como el ex Ministro del Interior, Fernando Barthelemy, el ex presidente Víctor Paz Estenssoro y se cree que Gonzalo Sánchez de Lozada, entonces Ministro de Planeamiento, tuvo que negociar con la Embajada de los Estados Unidos algunos perfiles del escándalo relacionados con la fábrica Huanchaca para evitar que el asesinato de Kempff echara luz sobre otros graves problemas de encubrimiento y narcotráfico. En el proceso de investigación, el diputado de izquierda, Edmundo Salazar, también fue asesinado al investigar los vínculos del narcotráfico con Huanchaca y las esferas estatales.

En la actualidad, se comprobó que la agencia estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA) sabía de la existencia de Huanchaca pero la dejó funcionar para financiar con ese dinero a los contras nicaragüenses en la guerra civil de Centro América, junto con la venta de armas a Irán. Estados Unidos tenía un vínculo con Huanchaca y, al mismo tiempo, ejercía presión en América Latina para erradicar las plantaciones de coca. El enlace de las operaciones encubiertas en el caso Irán-Contras era el conocido coronel Oliver North, estrecho colaborador del ex presidente estadounidense Ronald Reagan y hoy convertido en un famoso ícono de la televisión. Entre mayo de 2018 y abril de 2019, North fue presidente de la Asociación Nacional de Rifles, la organización que defiende la posesión de armas sin restricciones en Estados Unidos, aún a pesar de ser una destructiva amenaza por incitar la violencia extrema en este país.

1987. Salen a la luz los llamados “narco-vídeos” que involucraban al jefe de bancada de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Alfredo Arce Carpio y al general del Ejército Mario Vargas Salinas. Nuevamente aparece en los vídeos el rey de la cocaína, Roberto Suárez y su abogado, José Antonio Ayala que, posiblemente filmaron todos y cada uno de los encuentros con líderes políticos de la democracia. Las noticias no eran una novedad pero marcaban el triste destino del país: todo estaba atravesado por la corrupción y el narcotráfico. Arce Carpio cargó con todo el peso de la vergüenza pero Hugo Banzer Suárez y la plana mayor de ADN, actuaron con total desparpajo sin aclarar nunca la necesidad de poner fin a las relaciones entre la mafia del narcotráfico y los cimientos jóvenes del sistema político democrático. En este caso, las conexiones entre el Estado democrático y el narcotráfico son también directas, aunque intermediadas por la necesidad de poner límites a la toma de decisiones en función de la identificación de políticas de control de narcóticos, con el fin de evitar daños estructurales en la sociedad.

Arce Carpio murió en condiciones extrañas el año 2001. Si bien ya no tenía conexiones con la política, mantuvo siempre contactos influyentes para tener buenos puestos a la sombra de su silencio. Su muerte despertó muchas dudas sobre los problemas que aquejaban a Bánzer y ADN, revitalizando graves denuncias debido a las acciones del yerno de Bánzer: Marco Marino Diodato, un peligroso sujeto relacionado directamente con el crimen organizado.

1987. Comenzaron las relaciones peligrosas entre el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y uno de sus militantes, Isaac “Oso” Chavarría, acusado formalmente como narcotraficante en 1993. Las relaciones también conectaban de manera directa a Guillermo Capobianco y conocidos dirigentes que trataban de vender la imagen de una generación nueva al servicio de la joven democracia en esa época. Todo fue un saludo a la bandera. Las mismas malas costumbres de la dictadura, las mentiras de siempre y las estrategias para utilizar el dinero del narcotráfico para financiar las campañas electorales, fueron una marca imborrable en el MIR. Estas acciones explican, en parte, la alianza entre Jaime Paz Zamora y Hugo Bánzer para ungir como presidente a Paz Zamora en 1989, a pesar de no haber ganado las elecciones presidenciales. Ambos partidos, ADN y MIR, tenían más relaciones con el narcotráfico de lo que la sociedad podía imaginar; por lo tanto, un acercamiento estratégico al margen de cualquier ideología, era de esperarse con el fin de controlar el Estado como eje de negocios junto al problema de las drogas.

1990. Jorge Roca Suárez, alias “techo de paja” y su esposa, fueron arrestados por narcotráfico. Contrataron entonces como su abogado al conocido político del MNR, Carlos Sánchez Berzaín, quien después sería nombrado Ministro de la Presidencia, Ministro de Gobierno y Ministro de Defensa en diferentes gobiernos democráticos. No hubo, ni habrá coincidencias en este tipo de acciones. El poder los vincula, los narcotraficantes son también estrategas porque saben a quién dirigirse para doblegar los brazos de la ley y la justicia.

1991. Jaime Paz, entonces presidente de la República nombró a Faustino Rico Toro como Comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN). Duró en el cargo sólo 10 días ya que los Estados Unidos reclamaron airadamente para alejarlo del cargo. La DEA extraditó a Rico Toro en 1995 para ser juzgado en EEUU por narcotráfico. Los rostros de la democracia estaban, hipócritamente, vinculados una vez más con el circuito de la coca-cocaína. El nombramiento fue una equivocación terrible, aunque todavía más necia fue la acción de los Estados Unidos que agigantó la guerra contra las drogas como estrategia internacional, sabiendo que la solución bélica no era lo mejor.

1993. Se armó un complot para suspender en sus funciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández. El entonces Ministro de Gobierno, Germán Quiroga Gómez y el Ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín fueron los planificadores de un supuesto “golpe maestro”. Lo curioso del caso es que apareció en la escena el ex Viceministro de la Presidencia en Nicaragua, Antonio José María Ibarra Rojas. Este sujeto fue acusado de corrupción por el gobierno de Violeta Chamorro. Salió huyendo y se refugió en Bolivia. Su abogado fue Carlos Sánchez Berzaín con quien prepararon un ardid de película en contra de Oblitas que, públicamente dijo que se opondría a la Ley de Capitalización del entonces presidente Sánchez de Lozada.

Ibarra Rojas era, supuestamente, también agente de la CIA y con estas credenciales no tuvo ningún problema para involucrarse en el complot, realizando acusaciones de prevaricato con el fin de defenestrar a Edgar Oblitas. Sánchez de Lozada tenía que sacar a Oblitas de la Corte Suprema para aprobar su Ley de Capitalización y lograr la privatización de las empresas estratégicas del Estado. Desde entonces se generó una negativa influencia para manipular el Poder Judicial. Una vez que el Poder Ejecutivo neutralizaba al Judicial, se abría un horizonte nefasto: las acciones desestabilizadoras de algunos líderes políticos poderosos, sirvieron para socavar el débil sistema de justicia. Esto desembocó, finalmente, en la apertura de espacios para que el narcotráfico crezca de manera inusitada.

1993. En la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada se iniciaron las investigaciones por los denominados “narco-vínculos” del MIR. Jaime Paz se vio obligado a renunciar a la política públicamente y declaró entonces que “cometió errores pero no delitos”, una forma cínica de cambiar de nombre a los hechos. Cometió delitos dentro de un sistema político plagado de errores y miserias.

1994. El entonces Fiscal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Fernando Mita, ordenó investigar a Rosario y Edith Paz Zamora, (hermanas del expresidente, Jaime Paz) además de Samuel Doria Medina, Susana Seleme y Carlos Valverde, por supuestos vínculos con el narcotráfico. El escándalo de los narco-vínculos crecía como una bola de nieve. El MIR quedó profundamente afectado y desprestigiado, pero no así las relaciones entre la política y el narcotráfico.

1995. En septiembre despegó, sin ningún control del aeropuerto internacional de El Alto, un avión con 4 toneladas y media de cocaína. El avión fue interceptado en Lima. Este hecho convirtió al gobierno tecnocrático de Goni Sánchez de Lozada en el hazmerreír de la lucha contra el narcotráfico porque el Comandante de la FELCN, Gral. Simón Sejas y el Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez, tuvieron serias dificultades para explicar el despegue del narco-avión y realizaron investigaciones que no arrojaron información clara. El principal sospechoso fue Luis Amado Pacheco, apodado “Barbarchocas”. Éste sería encontrado muerto en marzo de 2012. Las declaraciones de Pachecho siempre fueron cuidadosas. Estuvo en prisión más de diez años y trató de volver a la normalidad hasta que un súbito ataque cardiaco lo sacó fuera de juego. El caso del narco-avión marca nuevamente el sendero donde la narco-política dejó una impronta muy profunda en las instituciones del Estado que, en muchos casos, fue sobrepasado por el crimen organizado.

2000. En febrero se iniciaron las investigaciones sobre narcotráfico y organización criminal contra Marco Marino Diodato, yerno del ex presidente y ex dictador, Hugo Bánzer Suárez. Diodato fue acusado de instalar un sistema de audio y espionaje en el palacio de gobierno, además de estar involucrado en el atentado terrorista que asesinó a la Fiscal de la ciudad de Santa Cruz en febrero de 2004, Mónica von Borries. Esta fiscal investigaba la entrega fraudulenta de grandes extensiones de tierra a personas vinculadas al gobierno de Banzer.

Diodato fugó de Bolivia en enero de 2004 y desde este año no se sabe nada de él. En aquel entonces el presidente era Carlos Mesa y su Ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino, nunca clarificó las circunstancias de la fuga ni del asesinato de la fiscal. Ferrufino, otro dirigente del MIR que cambió de partido y se convirtió en militante del Movimiento Bolivia Libre (MBL), renunció como Ministro de Gobierno el mismo 2004; actitud típica de la política criolla y temerosa. Diodato escapó, a pesar de tener una larga trayectoria vinculada con hechos turbios.

Shakespeare dijo alguna vez que la conciencia hace de todos unos cobardes. En la política boliviana se aplica este razonamiento como lo hizo Ferrufino. Su conciencia política lo hizo renunciar, sobre todo porque tampoco pudo instalar una base militar de interdicción y reducción de las plantaciones de coca en los Yungas. Cobardía e incapacidad para ejercer la autoridad y luchar efectivamente contra el crimen y el narcotráfico. Al igual que Ferrufino, la política boliviana se mueve en medio de la indiferencia, el pragmatismo maquiavélico y la cobardía cívica de no hacer lo que se debe, en el fondo, por incompetencia o facilismo. El sector más beneficiado de todo este miedo y destrucción de la institucionalidad del Estado es el narcotráfico. En esta época, el mismo presidente de la república, Carlos Mesa (2003-2005), renunció tres veces consecutivas y actualmente como candidato para las elecciones presidenciales de Bolivia (2020), no tiene una idea clara de cómo enfrentar las densas redes que el narcotráfico ha construido para moldear la política de acuerdo con sus intereses.

2011. El ex zar antidroga, comandante de la FELCN y jefe de inteligencia del Ministerio de Gobierno, René Sanabria, fue arrestado en Panamá traficando drogas personalmente. Un juzgado de Miami lo condenó a 14 años de prisión. El entonces Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti deslindó responsabilidades y fue constantemente protegido por el ex presidente, Evo Morales. Aquí existen grandes sospechas porque hay demasiadas conexiones entre el aeropuerto de Chimoré, en el Chapare cochabambino, el mercado de cocaína y los contactos que el crimen organizado tiene dentro de la FELCN y el Ministerio de Gobierno.

2015. El entonces Comandante de la Policía Boliviana y de la FELCN, Oscar Nina, fue también acusado de relaciones con el narcotráfico y ostentar enriquecimiento ilícito. Desde marzo de 2015 se encuentra sin sentencia en el penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz. El entonces Ministro de Gobierno, Hugo Moldiz no profundizó las investigaciones y fue obligado a renunciar a los tres meses de haber sido posesionado, por presiones de la Policía, institución que está involucrada con el narcotráfico desde tiempos inmemoriales.

2019. El delincuente Pedro Montenegro fue extraditado a Brasil debido a comprobadas acusaciones de narcotráfico. Sus relaciones con el Comandante de la FELCN en Santa Cruz, Gonzalo Medina, eran directas ya que Montenegro operaba con una identidad falsa y sin restricciones entre 2016 y 2019. El caso Montenegro es apenas la punta del iceberg en los profundos contactos que el narcotráfico instituyó con el Estado en el periodo 2006-2019.

2020. El 28 de enero fue detenido en México un avión cargado con una tonelada de cocaína, sin control de la FELCN ni de la policía o autoridades aeroportuarias. El avión partió de Guayaramerín en el departamento del Beni y fue capturado posteriormente con dos pilotos que ahora enfrentan una sentencia de, por lo menos, 10 años cárcel en México.

Febrero de 2020. Para el gobierno de Yanine Áñez, fue muy difícil explicar el nombramiento como Director General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, de Fernando Gustavo Álvarez Peralta, acusado por la DEA de mantener nexos con Raúl Flores Hernández, probable ficha clave del Cartel de Sinaloa en México.

Este sinuoso hecho, una vez más, no fue nada nuevo y mostró el fracaso de la democracia boliviana para reducir las influencias del narcotráfico en la política, la justicia y la policía. Al mismo tiempo, estos escándalos y trayectoria apenas comienzan en realidad. La historia de las relaciones entre el narcotráfico y el poder es un ir y venir, un empezar y continuar de influencias e infinitos enlaces, como si se tratara de un parásito que se alimenta en el mejor de los organismos enfermos: el Estado. Esta historia, con seguridad, continuará.