La historia de los juicios de responsabilidades en
Bolivia está plagada de rencor, venganza e impunidad. Todos los procesos
instaurados contra altos dignatarios de Estado fueron promovidos por enconos
personales y partidarios que confundieron la necesidad de hacer justicia y
exigir una rendición de cuentas, con el ciego rencor o la intimidación. Pocos
juicios fueron presentados ante la Corte o Tribunal Supremo con acusaciones
susceptibles de comprobación y con procedimientos jurídicos respaldados, como
las acciones de Marcelo Quiroga Santa Cruz contra Hugo Banzer o el proceso
contra Luis García Meza Tejada y su primer gabinete de ministros. En general,
el poder es un ejercicio casi completamente impune en Bolivia, que pasa a ser
el país donde la política es una actividad verdaderamente irresponsable,
despreciativa con la institucionalidad democrática y destructiva del aparato
estatal.
En otros casos, existiendo pruebas en contra de los
inculpados, los acuerdos políticos en el Parlamento o la negociación a puerta
cerrada por puro cálculo de intereses, hicieron que todo intento quedara
sepultado en el olvido o la ilegalidad. En el siglo XXI ocurre lo mismo, pues
la democracia boliviana se caracteriza por un gran vacío en sus capacidades
para responsabilizar a quienes se aprovechan del Estado en los altos círculos
del poder. No existe una estructura institucional que juzgue eficientemente al
Presidente y sus ministros por las decisiones que éstos toman y las políticas
que llevan a cabo. El sistema democrático tiene una estructura que alienta la
arbitrariedad, de manera que los juicios de responsabilidades son substituidos
por las movilizaciones callejeras donde la sociedad busca, por la fuerza, que
las autoridades políticas del Estado rindan cuentas de sus actos y sean
castigadas.
Los juicios de responsabilidades tienen razones
estrictamente políticas para llevarse a cabo, dejándose de lado los objetivos
institucionales donde sea el respeto a la ley lo que predomine para llevar
adelante un verdadero Estado de derecho. A diferencia del impeachment
estadounidense, la Constitución Política del Estado hasta el año 2004 preveía
un juicio contra dignatarios de Estado por motivos de traición a la patria,
malversación de fondos fiscales y violación de las garantías constitucionales.
Desde la aprobación de la Constitución del Estado Plurinacional en 2009, los
delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del
Estado y causen grave daño económico, tienen un carácter imprescriptible y no
admiten régimen de inmunidad.
Asimismo, en Bolivia se instauró la Procuraduría
General del Estado para defender los intereses de éste. Sin embargo, los
trámites en la realidad están plagados de formalismos burocráticos e
interpretaciones jurídicas confusas que, normalmente, bloquean cualquier acción
concreta que quisieran ejecutar algunos líderes políticos o parlamentarios. De
hecho, ninguna organización de la sociedad civil u otra institución que busque
limitar los abusos del poder podría plantear un juicio de responsabilidades.
Quienes ejercen el poder dentro del Estado, finalmente se cubren las espaldas
con la misma red de instituciones que puede ser maniobrada políticamente.
En otros casos, el juicio de responsabilidades se
convierte en una coartada jurídica o en un pretexto para evitar que algunos
burócratas sean acusados ante el Ministerio Público. Justamente se intentó
desarrollar este procedimiento en el juicio contra el ex Superintendente del
Fondo de Pensiones, Alfonso Peña Rueda, cuyo abogado quiso recurrir a un juicio
de responsabilidades para evadir un proceso en otros estrados judiciales. Este
ensayo es una primera aproximación a la historia que es fundamental estudiar
con mayor detalle, a fin de comprender mejor cómo se pueden poner límites al
poder y a diferentes arbitrariedades cometidas en el ejercicio de algunas
funciones públicas.
Los juicios ante
la historia
Durante la vida republicana se desarrollaron alrededor
de 35 juicios de responsabilidades contra altos mandatarios de Estado, entre
presidentes y ministros, de los cuales solamente cinco concluyeron, hasta la
fecha, con sentencias claras y definitivas. La historia se remonta a 1828,
cuando tuvo lugar el primer juicio de responsabilidades con la acusación del
Mariscal Antonio José de Sucre en contra de José María Pérez de Urdininea,
ministro de guerra, el 2 de agosto de 1828, por el delito de traición a la
patria en ocasión de la invasión militar de Agustín Gamarra. Por los oscuros
sucesos políticos de la época en contra de Sucre, el juicio quedó en nada.
Pérez de Urdininea se declaró abiertamente enemigo político de Sucre,
instigando a la sublevación a algunos sectores del ejército. El caos reinante
durante los inicios de la República determinó la salida del poder de Sucre y su
posterior asesinato. Pérez de Urdininea celebró la muerte de Sucre y exigió en
más de una ocasión que sea declarado traidor y enemigo de Bolivia. Nunca
importaron las capacidades institucionales como el soporte para defender los
derechos de las personas o del mismo Estado.
El segundo juicio se inicia con la acusación del
diputado por Chayanta, José Pareja, contra el gobierno del general José Miguel
de Velasco, el primero de octubre de 1840 por el delito de infracciones
constitucionales. La acusación fue archivada debido a razones infundadas. Después,
una sorprendente acusación impulsada por la prensa en contra del Mariscal
Andrés de Santa Cruz, acusándolo de ser propulsor del restablecimiento de la
moneda feble, malversaciones y supresión de las libertades de prensa, dio lugar
a otro proceso. Éste terminó el dos de noviembre de 1839, cuando se declara al
Mariscal de Santa Cruz “insigne traidor, indigno boliviano cuyo nombre debe ser
borrado de las listas civil y militar de la República”.
Con el paso del tiempo, la propia prensa se encargó de
reivindicar la dignidad de Andrés de Santa Cruz, aunque siempre consideró su
gestión de gobierno como dictatorial. El Mariscal es uno de los pocos
gobernantes que, gozando incluso de cierto prestigio y lealtades en el
ejército, no trató de eludir ni reprimir el juicio de responsabilidades en su
contra.
En el cuarto juicio, el Congreso General Constituyente
de Bolivia acusó y condenó a José Ballivián, declarándolo insigne traidor. Al
mismo tiempo, se exhortó a que todo patriota fuera tras las huellas de este ex
Presidente y lo trajera vivo o muerto. La mayoría del Congreso expresó
públicamente su encono y deseo de venganza hacia Ballivián. Aquella la época,
se consideraba que la mejor política era la de matar y morir por la patria,
deshaciéndose de cualquier enemigo. La concertación o tolerancia, así como la
institucionalidad para juzgar la conducta política y limitar las acciones de
los poderosos eran, simplemente, actitudes impensables.
En agosto de 1857, el diputado Mariano Baptista
instauró un juicio contra el presidente Jorge Córdova, a quien se lo culpaba de
haber utilizado facultades extraordinarias que no le correspondían, cometiendo
supuesto abuso de funciones. Sin embargo, una comisión especializada concluyó
que no se violaba la Constitución, declarando a Córdova inocente. El partido
liberal de Baptista siguió conspirando en más de una ocasión para defenestrar
al Presidente. De igual manera, la lógica de guerra predominaba en la política,
exigiendo el derrocamiento de los líderes al margen de cualquier
fortalecimiento de la ley o la consolidación institucional del Estado.
Otro juicio, tramitado por Tomás Frías, Adolfo
Ballivián y Mariano Baptista del partido liberal, se libró contra José María
Linares en 1861. En este juicio se pronunció sentencia sin proceso alguno, por
lo que se convirtió en un hecho atentatorio contra el mínimo principio de
defensa de derechos. Fue el juicio más viciado de la historia aprovechando el
respaldo del ejército y la presión política de los liberales en ciertos cargos
influyentes. Así se inaugura un momento donde no hay forma de precautelar la
justicia por medios imparciales que respondan a un Estado sustentado en un
orden institucionalizado.
Una séptima acusación se desarrolló contra el gobierno
de José María Achá. El objetivo era derrocarlo por los medios más legales. Para
ello, la oposición se valió de la Asamblea de 1864 y de la Comisión de
Constitución, Justicia y Policía Judicial del Congreso. Sin embargo, debido a
que los cargos eran infundados, la Asamblea absolvió al gobierno. A su vez,
José María Achá cobró su revancha persiguiendo a los conspiradores. El octavo
juicio fue contra Mariano Melgarejo el 6 de febrero de 1871. Dicho proceso fue
impulsado por el gobierno de Agustín Morales quien declaró delincuente al general
Melgarejo por traición a la patria, prevaricato, desmembramiento del territorio
nacional, matanzas de indios, falsificación de la moneda nacional y escandalosa
embriaguez habitual. También se declaró delincuentes a sus Ministros de Estado
y Diputados de la Asamblea que aprobaron los límites territoriales entre
Bolivia y Brasil. El tribunal que condenó a Melgarejo, estuvo a la cabeza del
famoso jurista Pantaleón Dalence. Este juicio terminó con una sentencia, al
menos históricamente, aunque quedó sin ser ejecutada.
Otra acusación fue la de Belisario Salinas contra
Agustín Morales, debido a infracciones constitucionales, el 5 de septiembre de
1871. No llegó a votarse una investigación porque a pocas semanas de presentada
la acusación, Salinas murió. Su muerte no fue un complot, aunque Morales afirmó
que la justicia divina se había encargado de saldar cuentas con el rebelde.
Todo degeneró en personalismos y odios primitivos sin impulsar nunca los
valores constitucionales o el concepto de debido proceso.
La Convención de 1880 inició otro juicio contra el
presidente Hilarión Daza bajo los cargos de atropello de las garantías sociales
e individuales, despilfarro, peculado y mala conducción de la guerra contra
Chile. El juicio se extendía hacia sus ministros y todos los que aceptaron
funciones públicas en su gobierno. Los legisladores de 1893 nuevamente acusaron
a Daza. Esta vez, el Senado debía debatir el tema en presencia del acusado
pero, cuando éste viajaba a La Paz para asumir su defensa, fue asesinado en Uyuni,
el 27 de febrero de 1893. Este juicio de responsabilidades es el que más
contenidos políticos tuvo donde, además, se detectó documentación fraguada,
extraviada, correspondencia secreta y estrategias de sedición para encubrir a
los principales responsables por el desastre bélico con Chile. En aquella
época, los enemigos políticos de Daza hicieron todo a su alcance para acecharlo
y negarle posibilidades de defensa.
En 1895, Ismael Vásquez acusó a Mariano Baptista por
haber ratificado, canjeado y promulgado los tratados con Chile en 1894. Este
juicio también quedó en nada. Mucha documentación se perdió y las amenazas de
muerte contra Vásquez terminaron por amedrentarlo del proceso.
Venganzas en
lugar de imperio de la ley
El diputado por Oruro, León Loza, acusó en 1904 al
Presidente José Manuel Pando por infringir preceptos constitucionales. Esta
acusación, al carecer de suficiente apoyo político, no prosperó. Loza se vio
solo con los trámites y desistió por miedo a represalias. La décimo cuarta
acusación fue hecha por un grupo de diputados en contra de Ministros del
gobierno del general José Manuel Pando. En realidad es una ampliación del
anterior pliego acusatorio de 1904. En esta oportunidad, tampoco fructificaron
los trámites pues León Loza se negó a entregar la documentación de respaldo,
arguyendo que ya existían negociaciones políticas desde el gobierno para
desbaratar toda oposición.
La décimo quinta acusación fue impulsada por Rafael de
Ugarte, diputado por Cochabamba, contra Carlos Torrico, ex ministro de hacienda
en el gobierno de Eliodoro Villazón. Esta acusación fue superficial e
improcedente, la más débil de todos los juicios de responsabilidades,
anulándose casi de manera inmediata. Ni los cargos, ni el procedimiento
estuvieron claros y no pasó de ser una simple anécdota.
Un nuevo juicio fue impulsado por el Ministerio
Público, acusando al ex ministro de justicia, Alfredo Ascarrunz, por los
delitos de soborno en la construcción de dos obras públicas. Sin embargo, no
hubo mayor fuerza para la acusación por insuficientes pruebas jurídicas. No
pudo comprobarse, ni corrupción ni malversación de fondos fiscales. Algo
similar ocurrió con un grupo de diputados que acusó al ex presidente Ismael
Montes en 1917, por infracción a la Constitución, violación de garantías
individuales y malversación de fondos fiscales. Por error de conceptos y
procedimientos, la acusación no continuó. Los diputados por Cochabamba que
iniciaron el proceso, no obstante su profesión de abogados jamás pudieron
tramitar el juicio con efectividad, provocando la desconfianza de otras
bancadas como la de La Paz que retiró todo apoyo.
El 25 de mayo de 1931, el diputado Roberto Ballivián,
acusó al ex presidente, Bautista Saavedra, por no haber presentado las cuentas
generales de su gobierno, malversación y defraudación. Luego de largas
especulaciones de orden jurídico, la acusación fue declarada improcedente. Este
juicio podría ser emblemático por la interpretación tendenciosa que se dio a
las leyes. Los defensores de Saavedra hicieron lo imposible para armar tretas
jurídicas, imponiéndose una lógica verdaderamente kafkiana, es decir, enredar
todo con el fin de estancar cualquier oportunidad, tanto para esclarecer los
hechos como para demostrar la inocencia de los implicados.
La décimo novena acusación fue hecha por un grupo de
diputados contra Luis Tejada Sorzano por el delito de soborno. Debido a que la
acusación carecía de todo fundamento y, demostrándose la inocencia del
inculpado, la Cámara de Diputados dejó de lado la acusación el 4 de diciembre
de 1931. El vigésimo juicio se realizó el 7 de abril de 1931 contra el ex
presidente Hernando Siles por los delitos de violación de garantías e intento
de prórroga de su gobierno. Luego de los debates en el Senado, se resolvió no
continuar la acusación ante la Corte Suprema.
En 1940 se acusó ante el Senado a Eduardo Diez de
Medina, ex Ministro de Relaciones Exteriores y a Carlos Virreira, ex cónsul
general de Bolivia en París, por prevaricato, violación de la Constitución y
extorsión. El Congreso no consideró la acusación quedando en el enigma
histórico hasta hoy cuál fue la verdad sobre estas denuncias. La suspensión del
juicio contó con el apoyo de los partidos del oficialismo y de la propia
oposición, quienes resolvieron no tensionar más la endeble estabilidad política
de la época. En aquel entonces, la denominada “rosca minera” debía defender su
continuidad en el poder a como dé lugar, interrumpiendo juicios que rápidamente
pudieron haber sido utilizados por grupos extremistas con otros fines de
sabotaje.
La Fiscalía de Partido de Cochabamba acusó al ex
ministro de Agricultura, José Mercado, por prevaricato, soborno y depredación.
Este juicio se destaca porque llegó a su término y la Corte Suprema sentenció a
Mercado a quedar inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, a guardar
reclusión y pagar daños y perjuicios al Estado. Según la documentación de la
Corte Suprema, los procedimientos fueron absolutamente pertinentes, sobre todo
porque las pruebas contra Mercado eran por demás evidentes.
El 6 de mayo de 1947, un grupo de diputados interpuso
un juicio de responsabilidades contra el vicepresidente Julián Montellanos y
los ex ministros del gobierno de Villarroel, entre los que figuraban Víctor Paz
Estenssoro y Hernán Siles Suazo. Durante esta época, toda acción legal desde el
Parlamento y la Corte Suprema buscaba perjudicar al Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), incluso aquellos disturbios y pequeñas rebeliones mineras
que no implicaban la responsabilidad del MNR eran imputadas a éste. La rosca
oligárquica, sin darse cuenta, iba acrecentando la adhesión popular al MNR al
identificarlo como el partido más peligroso con posibilidades de instalarse en
el poder. El juicio contra Paz Estenssoro y Siles Suazo, a quienes se acusaba
de malversación de fondos fiscales, defraudación y formación de logias
secretas, fue bien aprovechado por Walter Guevara para cultivar mayores
lealtades en el sindicalismo minero, obstaculizando el trámite ante la Corte Suprema.
En 1966 se inició un juicio de responsabilidades
contra el ex presidente Víctor Paz y más de cien personas. El principal
impulsor del proceso fue el ex Presidente René Barrientos, que canalizó el
encono de Falange Socialista Boliviana (FSB) y algunos grupos de izquierda para
vengarse del movimientismo. Prescribió en virtud del artículo 20 de la ley del
31 de octubre de 1884, por no tener un trámite adecuado y suficientes
documentos de sustento.
El diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz inició la
tramitación de un juicio de responsabilidades en septiembre de 1979 contra el
ex dictador Hugo Banzer con un pliego acusatorio de 96 delitos. La defensa del
proceso que hizo Quiroga en el Parlamento fue uno de los alegatos más
importantes de la historia congresal. Con suficiente documentación y buenos
procedimientos jurídicos, el juicio marchaba adelante. Sin embargo, al
iniciarse la tramitación, el Partido Socialista (PS-1), partido de Quiroga, no
tuvo el apoyo de otras fuerzas políticas. El juicio prescribió por caducidad,
pues luego del asesinato de Quiroga en julio de 1980, ningún miembro del PS-1,
u otro partido, prosiguieron con las acusaciones. En su época, el juicio fue
considerado como un proceso en contra de las Fuerzas Armadas; es decir, fue una
herida abierta en pleno núcleo del poder dictatorial.
El vigésimo sexto juicio de responsabilidades fue
contra Luis García Meza y su primer gabinete ministerial. Por resolución
congresal acusatoria del 25 de febrero de 1986, se acusó a García Meza ante la
Corte Suprema, dándose una sentencia en la que se lo declaró culpable el 21 de
abril de 1993. El vigésimo séptimo proceso fue abierto contra el ex ministro de
educación del Acuerdo Patriótico, Hedim Céspedes, por el uso indebido de
influencias y apropiación de tierras en el caso Bolibras. Uno de los
principales impulsores del juicio fue el ex diputado Miguel Urioste del MBL.
Este juicio se estancó en la Comisión de Constitución, Justicia y Policía
Judicial de la Cámara de Diputados. Existe mucha documentación de respaldo y
los procedimientos jurídicos cumplían con la normatividad congresal pero las
negociaciones políticas desbarataron todo sentido de justicia.
Entre los últimos juicios de responsabilidades se
encuentra el proceso iniciado por el diputado Evo Morales contra el diputado
del MNR y ex ministro de gobierno de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín,
por los hechos sangrientos de Amayapampa, Capasirca y Llallagua y por la
violación de derechos humanos en las zonas productoras de coca. La Izquierda Unida
alentó el juicio, mientras que el MNR trató de desbaratarlo por motivos
procedimentales y con negociaciones al interior del Parlamento.
Ya en el siglo XXI, otro de los juicios con alto
impacto en los medios de comunicación y una intensa discusión procedimental,
tuvo lugar el año 2017 cuando se destituyó del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) a Gualberto Cussi, magistrado que supuestamente cumplía la
cuota de representación indígena, acusándolo de resoluciones contrarias a la
Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, al dejar
en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado, en 2014.
El juicio tuvo características completamente
políticas, es decir, hubo una abierta toma de posición del Poder Ejecutivo para
desacreditar a Cussi, hacerlo ver como un ciudadano de baja moral (debido a su
enfermedad con VIH) y poco competente para tomar decisiones en el TCP. Sin
embargo, también estuvo claro que la injerencia en el Poder Judicial había
inclinado la balanza hacia el prejuicio y la utilización de estrategias legales
que marcaron un claro acoso hacia aquellos que trataban de oponerse a las
decisiones del Ejecutivo. El juicio de responsabilidades fue utilizado, una vez
más, como instrumento de los más fuertes para dar cabida, no a la lógica
institucional de justicia al interior de la democracia, sino para usurpar
atribuciones con razones de carácter instrumental y altamente discrecional, en
función de satisfacer las previsiones del poder vigente.
Conclusiones
A lo largo de la historia, parece que se distinguen
tres clases de juicios de responsabilidades en Bolivia: 1) los de acusación con
proceso, sin defensa y condena inmediata mediante Ley de la República, como los
de Andrés de Santa Cruz y Ballivián; 2) los juicios congresales de mero sumario
informativo sin enjuiciamiento ante la Corte Suprema, como los de Siles y
Saavedra; y 3) los casos que llegaron a la Corte Suprema que terminaron con
sentencias acusatorias, como los de Mercado y García Meza. A esto se debe sumar
otra veintena de amenazas con juicio de responsabilidades, cuyas
características en Bolivia son una mezcla de extorsión política, encono y
revanchismo, antes que un procedimiento justo para obligar a rendir cuentas a
los poderosos. Estas tendencias históricas tienden a mostrar que los intentos
por juzgar al Vicepresidente Álvaro García Linera quedarán en la nada, como
sucedió en el extraño tranzar de intereses para los juicios contra Carlos Mesa
Gisbert y Eduardo Rodríguez Veltzé. Incluso los juicios a los ex presidentes
Jorge Quiroga por los petro-contratos y a Gonzalo Sánchez de Lozada por
genocidio, son muestras de una serie de artimañas jurídicas, en lugar de
procesos transparentes cuyo objetivo sea la defensa del Estado de derecho. El
poder en Bolivia siempre fue impune y es la marca de descomposición que
atraviesa toda nuestra historia. Hay que acostumbrarse al estiércol.
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