La gobernabilidad política en los sistemas
democráticos de América Latina es, cada vez más, una tarea de inacabable y de
complejidad creciente. Los dramáticos conflictos en Chile, Ecuador, Bolivia y
Colombia suscitados entre octubre y diciembre de 2019, mostraron claramente el
grado extremo de deslegitimación que tienen las élites políticas, al no saber
conducir la desigualdad y los diferentes cambios económicos, en medio de
estructuras estatales bastante débiles. Asimismo, los movimientos sociales
exigen una participación intensa en el diseño de cualquier política pública,
junto con sus propias ambiciones para la toma del poder. Los conflictos
violentos señalan por qué la democracia representativa y la estabilidad
gobernable dejaron de ser factores de negociación, ya que la probable ruptura
del sistema democrático regresó como una alternativa para el ejercicio del
poder a manos de actores sociales convulsionados.
Los conflictos en
un régimen democrático nunca mostrarán un sistema de equilibrios perfectos porque
los actores involucrados en la resolución de los problemas pretenden resultados
rápidos y momentáneos, sin intentar sacrificarse para beneficio de toda la
sociedad en el largo plazo. Los actores conflictivos buscan proteger el máximo
de sus intereses y no toman en cuenta las consecuencias posteriores de sus
acciones, sino que piensan en un beneficio directo, degenerando en conductas completamente
unilaterales.
Por otra parte,
las viejas estrategias de negociación asentadas en la “inclusión de los
excluidos” están perdiendo relevancia para dar paso a múltiples actores
sociales que irrumpen en el sistema de toma de decisiones, con el objetivo de
ganar el todo por el todo, inclusive a pesar de sucumbir en medio de acciones
violentas.
En América
Latina, parece que el posicionamiento de los actores conflictivos tiende a formar
dos frentes: a) actores corporativo-sociales, y b) actores institucionales. Los
actores corporativo-sociales influyen en la sociedad civil con demandas de
carácter político muy fuertes; sin embargo, no pueden alcanzar resultados eficaces
en materia de gestión pública debido a sus divisiones internas y a la
inestabilidad institucional que ellos promueven, tratando de incumplir todo
tipo de reglas y resistiéndose a esperar pacientemente para que maduren las
soluciones a sus problemas. Quieren ver satisfechas sus reivindicaciones de
inmediato. Estos actores reúnen a los sindicatos, agrupaciones ciudadanas y
aquellas organizaciones que dicen promover la lucha de los de abajo y todo tipo
de grupos marginales. En este caso, muchas veces no importa tanto la
preservación del sistema democrático, sino la efervescencia de los actores
movilizados.
Los actores
institucionales están en las esferas de gobierno y los partidos políticos
tendientes a lograr acuerdos negociados, sobre la base de normas duraderas. En
la mayoría de los casos, estos actores asumen una posición más mesurada
respecto a la proyección de las políticas públicas, aunque son reacios al
control social reclamado por algunas organizaciones civiles. Al mismo tiempo,
están atrapados en análisis de mercado y posibilidades financieras sostenibles para
las decisiones que toman. Estos actores, supuestamente, son más racionales
porque no pueden ofrecer aquello que la realidad no es capaz de dar; sin
embargo, para ganar elecciones o perjudicar a los enemigos políticos, amenazan
la racionalidad de toda democracia al ofrecer soluciones populistas, pensando
también en objetivos de corto plazo.
El choque entre
los actores social-corporativos, impacientes por arrancar sus demandas a
cualquier precio, y los actores institucionales, constituye un “equilibrio inestable”
donde las negociaciones tensionan sistemáticamente las reglas democráticas y
atentan contra la estabilidad política. La consecuencia inmediata es una
cultura política informal donde es preferible el desorden y las contradicciones,
antes que la racionalidad previsible de una democracia plenamente
institucionalizada. La cultura política informal está amenazada por la anomia
donde las clases sociales quieren ganar todo o nada, pensando en la
satisfacción de sus intereses restringidos y promoviendo la evaporación de los
intereses de la Nación.
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