CAMBIOS GLOBALES Y NUEVOS BALANCES DE PODER: LOS PROBLEMAS DE LA SEGURIDAD EN UNA ÉPOCA DE DESEQUILIBRIOS

Introducción

La posibilidad de lograr un orden internacional más armonioso, posiblemente tiene un trasfondo moral y, al mismo tiempo incierto, sobre todo si evaluamos la terrible descomposición de todo el sistema social, económico y político en Venezuela y Haití, así como las múltiples crisis del Estado en países como El Salvador, Honduras o Guatemala. Esta situación de desequilibrios y dudas en torno a la subsistencia de los sistemas democráticos y las ilusiones para lograr una mejor integración regional, nos conduce una vez más a la necesidad de retomar las reflexiones sobre los balances de poder, dejando de lado los viejos temores sobre una dependencia latinoamericana subordinada a los poderes hegemónicos localizados en Estados Unidos y Europa occidental. Hoy en día existe la necesidad de comprender el carácter y la profundidad de nuevos tipos de confrontación donde los intereses de cualquier Estado tienden a ser protegidos desde políticas de seguridad y defensa, afincadas en la fortaleza militar (Lake, David and Robert Powell, eds., 1999).

En el siglo XXI, se comprueba una vez más que no será posible limitar fácilmente la carrera armamentista, sino es por medio del rediseño de nuevos balances de poder que, eventualmente, puedan fomentar un compromiso en función de la solidaridad, la necesidad de evitar una hecatombe nuclear, así como fomentar una interdependencia constructiva y el cultivo de la paz en forma duradera (MacDonald, 2010). Sin embargo, es aquí donde América Latina tiende a rezagarse al no poder enfrentar con mayor determinación una agenda de seguridad y defensa con plena fortaleza de acuerdo con los retos actuales. Al mismo tiempo, tenemos la posibilidad de afrontar una oportunidad para reconstruir nuevas estrategias de integración, con la finalidad de abordar amenazas globales como la destrucción del planeta, el crimen organizado, la penetración del narcotráfico en las estructuras estatales y una contribución más responsable en materia de crisis y ayuda humanitaria (Mathieu, Hans and Niño Guarnizo, Catalina (eds.), 2010).

Los procesos de globalización, sus impactos y la necesidad de interpretar mejor el conjunto anárquico de las relaciones internacionales en América Latina, promueven una serie de reflexiones sobre dos aspectos. En primer lugar, la decadencia progresiva del liderazgo hegemónico de los Estados Unidos y de la misma Unión Europea, afectados profundamente por una crisis financiera y por la ausencia de soluciones durables que faciliten el funcionamiento de un orden global armonioso. La persistente guerra civil en Siria, junto a la progresiva insatisfacción sobre cómo atender los campamentos de refugiados y los inmigrantes sirios en diferentes países de Europa, han desactivado casi por completo las alternativas de Estados Unidos para continuar con un liderazgo reconocido, lo cual, al mismo tiempo, aumentó un sentimiento anti americano.

Esta decadencia de liderazgo provocó un estancamiento lamentable en la identificación de soluciones políticas, diplomáticas e inclusive militares en la crisis venezolana. El grupo denominado Mecanismo de Montevideo, iniciativa impulsada por México y Uruguay, no pudo abrir los canales de negociación y aproximación que se esperaban, tanto para evitar una mayor confrontación violenta entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, como para reducir los peligros a los que fue sometida la cooperación humanitaria. En lugar de una solución pactada, surgió con fuerza la presencia de Rusia y China que respaldaron a Maduro, provocando una mayor incertidumbre sobre cómo proteger a la sociedad civil venezolana, en momentos donde la hegemonía estadounidense es cuestionada en el continente mismo donde solía tener una influencia casi incuestionable (Mijares, 2017).

Frente a este desafío continental, los Estados Unidos han planteado un reajuste en su Estrategia de Seguridad Nacional, identificando a Rusia y China como las principales amenazas a la seguridad y la paz en América Latina y el mundo (Freier, Nathan P. (et.al.), 2017). Simultáneamente, la Cámara de Representantes estadounidense, aprobó a finales de marzo de 2019, un proyecto de Ley para reducir substancialmente la amenaza ruso-venezolana, con el objetivo de limitar el acceso de  armas para Nicolás Maduro e incrementar la ayuda humanitaria. De cualquier modo, existe una mayor suspicacia respecto a la efectiva capacidad que Estados Unidos tiene, tanto para encontrar una solución política en Venezuela, como para implementar el impulso de una intervención militar. Estas incertidumbres abrieron el paso para que Rusia y China traten de conquistar un espacio, no sólo diplomático, sino también económico-militar en materia de pugnas globales, en función de un reordenamiento multipolar en América Latina (Rouvinsk, 2019). Estados Unidos ha perdido mucho espacio pero, simultáneamente, busca recuperar una hegemonía que es contantemente cuestionada debido a los pésimos resultados obtenidos durante las intervenciones militares en Irak, Afganistán, Libia y Siria.

Hay un resurgimiento de los Estados nación que parecían haber desaparecido por las influencias comerciales y tecnológicas de la globalización; sin embargo, las potencias como India, China y Rusia tratan de expandir su fuerza global, paralelamente a la reivindicación de sus nacionalismos y fronteras territoriales. Ya no existen garantías políticas, económicas o ideológicas para fomentar sociedades globales más liberales y democráticas. Aquí los Estados Unidos también se han rezagado y perdieron credibilidad porque los 40 millones de pobres que luchan por sobrevivir, terminan cualquier ilusión en torno al sueño americano de prosperidad y poder ilimitado que, aparentemente, tenían después de la desaparición de la Unión Soviética (Human Rights Council, 2018). El hundimiento de la hegemonía estadounidense, abrió el paso para los problemas de seguridad mundial como el cambio climático, la migración, el terrorismo, la desigualdad y el rápido cambio tecnológico que aumentan la inseguridad, junto con el regreso del populismo y el autoritarismo (Muggah, 2016).

En segundo lugar se tiene la emergencia de economías que están marcando el horizonte de nuevos balances de poder, como es el caso de la Alianza del Pacífico y el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) que articula a Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay, opacando aún más la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Estos impulsos diplomáticos y comerciales buscan recomponer la correlación de fuerzas en el tablero regional ante el decaimiento de Brasil, cuyas posibilidades políticas y económicas buscaban convertirlo en una fuerza contra-hegemónica latinoamericana. El horizonte discursivo se orientó hacia la coordinación en el Cono Sur de políticas públicas, defensa de la democracia, independencia de poderes, fortalecimiento de la economía de mercado y una adecuada agenda social con sostenibilidad. Sin embargo, la gran pregunta que también surge con fuerza es si un nuevo mapa de los balances de poder podrá desarrollar tratados de cooperación en seguridad y defensa, la apertura de nuevas bases militares con la ayuda de Estados Unidos y la participación en operaciones conjuntas, con la finalidad de establecer un reequilibrio geoestratégico de mayor solidez, frente a la presencia cada vez más fuerte de China y Rusia en la región.

Este artículo analiza las principales tendencias en la readecuación de los balances de poder, donde América Latina sigue estando sometida al vaivén de múltiples contradicciones. No logró reimpulsar sus condiciones de productividad y competitividad, de manera que las crisis económicas han hecho que la desigualdad se expanda constantemente, junto con el retorno de varias formas de autoritarismo. Las promesas de un futuro promisorio gracias a la globalización, tropiezan siempre con el auge económico más sólido de varios países en Asia, la persistencia de la pobreza, la profunda corrupción institucionalizada y la crisis de un Estado latinoamericano que ya no puede controlar sus fronteras, ni tampoco la presión del crimen organizado. Estos fenómenos actúan como las raíces que ponen en duda el optimismo de un avance substancial en materia económica, además de convertir a la región en un escenario de constantes desequilibrios (Kaplan, Globalization and Austerity Politics in Latin America, 2013).

Problemas que motivan reflexión y escepticismo

El contexto internacional latinoamericano del siglo XXI parece replantear los pilares geopolíticos actuales: control de fronteras para las intensas olas migratorias, protección del orden social interno, desarrollo económico de las naciones y fortaleza militar (Tickner, 2012). De cualquier forma, no debe descartarse el hecho de que cualquier proyecto diplomático y económico, siempre tiende a caracterizarse por una doble moral y por tácticas de lucha por los balances de poder, detrás de los cuales se están enfrentando las principales potencias como Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia. En este caso, por balances de poder deben entenderse al conjunto de posturas y estrategias de política exterior de una nación o un conjunto de naciones para protegerse de una serie de amenazas en el entorno anárquico internacional. Asimismo, diferentes estrategias permitirían conectar el aumento del poder estatal mediante la carrera armamentista, las redes de influencia económica, la dominación en los mercados globales y las alianzas entre países fuertes, junto con el cálculo de beneficios que pueden ser aprovechados en función de varias previsiones hegemónicas y geopolíticas en diferentes regiones (Griffiths, 1992).

Tres hechos fundamentales deben motivar un análisis sobre cómo modificar la política exterior y las políticas de seguridad en tiempos de globalización, con el objetivo de fomentar nuevas estructuras de cooperación y solidaridad para enfrentar los problemas más importantes en la segunda década del siglo XXI. El primer aspecto se relaciona con la trágica evolución de Haití después del terremoto de principios de 2010. La impresionante devastación movilizó inmediatamente millones de dólares y compromisos para solucionar el sufrimiento indescriptible de miles de ciudadanos, así como para reconstruir un país que nunca estuvo en condiciones de generar estructuras estables y sostenibles en su desarrollo, junto a la protección básica de los haitianos en materia de derechos políticos, económicos, sociales y humanos.

América Latina trató de ofrecer recursos y apoyo sistemático, aunque la lentitud de las acciones de intervención complicó la reconstrucción, subsistiendo una vez más la idea de considerar a Haití como un Estado fallido y, por lo tanto, irrelevante para el conjunto de mercados globales o prioridades de integración internacionales (Piotrowski, 2010). La cooperación internacional para el desarrollo fracasó casi por completo porque fue innecesariamente burocrática, ineficiente en la logística donde no fue posible privilegiar, antes que nada, las necesidades diarias de los damnificados, al mismo tiempo que rebrotaron las tradicionales previsiones institucionales en cuanto a metas definidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la carrera profesional de influyentes funcionarios, más preocupados por su éxito personal porque se imaginaban a sí mismos como héroes en momentos desastrosos.

Los problemas de la ONU y otros organismos de asistencia, revelaron que Haití se convirtió en un país donde prevalecieron el sometimiento y los intereses políticos de los Estados Unidos que trataron de remodelar un país deshecho, según el formato de las utopías occidentales de una democracia y economía liberales. Así, resultó imposible el ejercicio de la concertación en medio de las calamidades, de manera que los problemas se agravaron con la epidemia de cólera, el rechazo absoluto al trabajo de la ONU y unas elecciones presidenciales realizadas en noviembre de 2010, donde las exigencias de simple participación consciente fueron sobrepasadas por el agobio para sobrevivir, comer y reducir la violencia urbana.

Las gestiones presidenciales de René Preval (2008-2011) y Michel Martelly (2011-2017), condujeron hacia un callejón sin salida en medio de un inmovilismo institucional donde se demostraba una casi absoluta ineficiencia estatal. El presidente Jovenel Moise (2018-2019) tuvo que enfrentar las acusaciones de un liderazgo débil y corrupto, sobre todo después del escándalo relacionado con la malversación de 3,8 mil millones de dólares con PetroCaribe para acceder a petróleo subvencionado desde Venezuela (Fauriol, 2019).

Los principales vecindarios de Puerto Príncipe continúan inundados de miedo sobre el futuro, desconfianza hacia la cooperación internacional y rabia reprimida hacia el liderazgo de los Estados Unidos que también está naufragando en su propia reconstrucción económica, pues ni el gobierno de Barak Obama (2009-20187, ni el de Donald Trump (2018) lograron retomar el control para incrementar las fuentes de empleo en forma sostenida y modificar el caos de la desregulación financiera en Wall Street. Los balances de poder parecen intentar un realineamiento en la geopolítica pero también atraviesan por una crisis institucional donde el sistema democrático no está respondiendo adecuadamente para impulsar la equidad, contrarrestar la pobreza y la incertidumbre hacia las posibilidades de efectividad que supuestamente tiene la democracia, en una época donde la inseguridad ciudadana y el temor a las explosiones sociales constantes, deshacen los basamentos más profundos de la confianza en un futuro mejor.

Los modelos socio-políticos sustentados en la economía de mercado y la democracia presidencial que los Estados Unidos y América Latina vinculan con un régimen de libertades benefactoras, dejaron de ser creíbles y, en algunos casos, resultaron ser inclusive contraproducentes, sobre todo para Haití que, a pesar del dinero recaudado en materia de cooperación para el desarrollo, sigue postrado en la desilusión. Esto estaría desmoronando la buena fe de los cooperantes para el desarrollo, quienes tendrían que abandonar la doble moral de decir una cosa prometiendo maravillas y hacer otra, completamente distinta debido al excesivo poder de los intereses políticos y burocráticos que viene con los países que ayudan.

Los organismos de cooperación de Europa Occidental buscan aplicar sus modos de hacer las cosas, sus formas de ser democráticos y, ante todo, buscan dominar con un mismo molde político cuyos intereses expresan un balance de poder realista que despierta el escepticismo en torno a la solidaridad internacional y la cooperación pacífica e incondicional. Es por estas razones que el eje de los problemas de la seguridad en América Latina, radica una vez más en los programas sujetos a condicionalidades donde destaca, casi con frecuencia, un abuso de poder de las misiones de cooperación que actúan con un alto sentido paternalista y autoritario (Chomsky, 2007). Una de las manifestaciones contradictorias de los procesos de globalización se expresa en el espíritu más localista de las potencias globales como Europa y Estados Unidos, debido al resurgimiento inusitado del nacionalismo con fuertes características discriminatorias, al mismo tiempo que se disemina un discurso universalista de occidentalización, globalismo de valores y de una aparente ciudadanía global (Mignolo, The Mirage of universalism behind European localism, 2018).

La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha puesto, en palabras de los expertos como Jeffrey Sachs, Bandy Lee y Ruth Ben-Ghiat, al mundo en total “riesgo”, producto de las alucinaciones racistas sobre la supremacía blanca que solamente estimuló los crímenes de odio, de manera que el liderazgo estadounidense ingresó en un deterioro fatal, al mismo tiempo que se están socavando las raíces de la democracia como aspiración global de convivencia y equilibrio político saludable. Ya nada sería creíble cuando se reivindican la democracia y un enfoque global de seguridad afincado en balances de poder más justos, si Trump continúa estimulando abiertamente la xenofobia y el odio hiper-nacionalista (Sachs, 2019).

Los organismos multilaterales de cooperación para el desarrollo están reestructurando sus políticas en función de nuevas lógicas de condicionalidades, donde la seguridad se presenta como un pre-requisito geopolítico fundamental: los vientos soplan hacia la necesidad de cumplir ciertas metas en materia de lucha contra el narcotráfico, combate al terrorismo, estabilidad macroeconómica, reducción del tamaño del Estado, control de las migraciones internacionales y compromiso con el apoyo a la democracia representativa. América Latina se alinea alrededor de esta dinámica geoestratégica, aunque de por medio están las dudas sobre la subsistencia del sistema democrático, en medio de los riesgos que, como afirma Francis Fukuyama, conlleva el temor de convertirse en un Estado fallido, incluidos los Estado Unidos, debido a una degradación de la democracia a favor de los más ricos y en detrimento del aumento constante de las desigualdades sociales y económicas, lo cual agrava las tensiones sobre la inseguridad y el desorden político (Fukuyama, 2017).

De acuerdo con el Latinobarómetro, la conocida encuesta de opinión pública anual aplicada en 18 países de la región, la confianza en los gobiernos cayó de 45% en 2009 a 22% en 2018, mientras que la cantidad de personas descontentas con la democracia aumentó de 51% a 71%, junto con la acentuación del miedo a la violencia, la inseguridad y una mayor desconfianza hacia las Fuerzas Armadas y la Policía (Latinobarómetro, 2018). Estas características hacen que sea mucho más difícil que América Latina impulse una sólida estrategia de seguridad con criterios de cooperación y ambiciones más definidas en la globalización, debido precisamente a que el proyecto sobre un exitoso orden liberal internacional prácticamente habría fracasado, producto de la vulnerabilidad a la corrupción, la inestabilidad económico-política y una retórica liberal que oculta prácticas constantemente autoritarias. Estas condiciones desembocan en un tipo de relacionamiento ambiguo con China que, en múltiples casos, es vista como una tabla de salvación para preservar la soberanía estatal, o fomentar un nuevo tipo de imperialismo a través de la introducción de su monopolio económico; mientras que en otros casos, China es juzgada con desconfianza y temor (Long, 2018).

El segundo ámbito de problemas y anarquía internacional tiene que ver con la lógica del balance de poder desarrollado por China, India, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia en materia de control de armas nucleares. Ninguno de estos países hace algo definitivo para moderar los riesgos de una crisis y confrontación bélica, sobre todo cuando se analizan los conflictos entre Corea del Norte y el Sur, Siria, Irak, Irán o las permanentes tensiones militares en Osetia. Los conflictos en Venezuela, han hecho que China afiance sus instalaciones para el rastreo de satélites en la Base Aérea Capitán Manuel Ríos. A esto se agrega que Rusia también tenga una tecnología cibernética instalada en la Base Naval Antonio Díaz Bandi en La Orchilla, una isla al norte de Caracas.

El efecto desestabilizador que emana de Venezuela se articula con Nicaragua, Cuba y Bolivia. De hecho, la situación boliviana es clave en el apoyo a Venezuela, tanto para el reforzamiento de un discurso ideológico que identifica a los Estados Unidos con la única causa del desastre económico-político venezolano, como para atraer la influencia de otras potencias que compitan con la hegemonía americana. Si bien el viejo esquema de la Guerra Fría, de choque entre el mundo liberal democrático y el mundo comunista desapareció, países como Bolivia todavía reivindican una aparente idea socialista y anti-imperialista para replantear los problemas de la dependencia, desde el punto de vista de una soberanía plena de los Estados latinoamericanos.

Este convincente discurso para la gran mayoría de las masas de poca educación sobre la soberanía estatal, es aprovechado por China, Rusia e inclusive por Irán para tener una mayor influencia en América Latina. Bolivia, como cófrade de Venezuela, no agrega mucho al rediseño de los balances de poder, ni tampoco afianza la ideología comunista, sin embargo, refuerza una percepción anticolonialista de no intervencionismo y relativa autonomía que todavía es muy fuerte en la región (Mignolo, The role of BRICS countries in the becoming world order: “humanity,” colonial/imperial differences, and the racial distribution of capital and knowledge, 2012).

Asimismo, Bolivia estuvo cultivando relaciones exteriores con Irán desde el año 2009, de manera que se abrieron algunos canales de cooperación económica con el financiamiento de plantas industrializadoras de leche, aunque de por medio está la posibilidad del suministro de material radiactivo como uranio (Martínez, 2010). El objetivo sería socavar, a cualquier precio, el cada vez más deteriorado liderazgo hegemónico estadounidense (Lavie, 2009). Los acuerdos de cooperación entre Bolivia e Irán llegan a 1.100 millones de dólares, mientras que China se convirtió en uno de los más importantes acreedores para el Estado boliviano, llegando a colocar una deuda de 5 mil millones de dólares, además de grandes privilegios para obtener contratos con el Estado en materia de explotación minera, construcción de carreteras y asesoramiento para mejorar la seguridad interna con la Fuerza Pública boliviana. (Ellis, 2016). La triangulación entre Rusia, China e Irán sería un programa secreto que Bolivia tiene para recuperar cierta capacidad de acción en contra los Estados Unidos, en la medida en que Venezuela y Cuba estarían ingresando en un estancamiento político en el ámbito global.

Los peligros provenientes del contrabando de materiales nucleares, armamento y tecnología para la guerra, hicieron que las embajadas de China, Estados Unidos y Rusia, enlacen lo más importante de su política exterior a los intereses de defensa que ponen en vilo al conjunto de la humanidad. Las embajadas mezclan constantemente las tácticas geopolíticas, con las previsiones de no proliferación de armas nucleares, aunque al mismo tiempo intentan mantener un único fin: un balance de poder favorable y eficaz a sus intereses económicos que segmenta el orden internacional con países de primera calidad y otros de segunda. De hecho, a los pocos días de haber sido elegido Jair Bolsonaro como presidente de Brasil en octubre de 2018, se dio a conocer que existiría la posibilidad de negociar con Estados Unidos el acceso a una parte del territorio brasileño para instalar una base militar.

Aquí es donde Bolivia ha ganado cierto terreno a su favor, con el argumento de superar la dependencia e injerencia de los Estados Unidos, expulsando a la Drug Enforcement Administration (DEA) y reorientando la cooperación internacional de la lucha contra el narcotráfico hacia la Unión Europea. El país andino considera que la soberanía boliviana habría vencido el prejuicio de ser tratada como una nación mendiga, sometida a la supremacía anti-imperialista. Sin embargo, la economía de la coca, difícilmente ha superado uno de sus principales obstáculos: el problema de los circuitos de producción de cocaína que han logrado conquistar importantes núcleos de poder, lo cual agrava múltiples aspectos de la seguridad internacional en la guerra contra las drogas de Sudamérica (The Economist, 2018).

Bolivia está tratando de mantener un difícil equilibrio entre una relación distante con los Estados Unidos, y la apertura flexible con aquellos países que promueven una globalización multipolar, aunque en materia de narcotráfico y trata de personas, las acciones bolivianas muestran resultados ambiguos: erradicación de cultivos de coca en medio de conflictos políticos y debilidad institucional para controlar situaciones donde las fuerzas policiales neutralizan una acción más decidida para castigar la trata de personas, sobre todo por las vinculaciones entre algunos efectivos policiales y el crimen organizado.

La no proliferación de armas nucleares, la violencia de la guerra contra las drogas y las pugnas geopolíticas que están impulsando China y Rusia en América Latina, tiene un trasfondo geoestratégico bien definido: no abandonar el balance de poder donde los intereses de cualquier Estado son protegidos a partir de la fortaleza militar (The Weapons of Mass Destruction Commission (WMDC), 2006). El hecho de no renunciar o no limitar toda carrera armamentista, tampoco facilita un control más eficaz de los productos nucleares, del narcotráfico y del crimen organizado, sino que fomenta una concepción utilitarista y pragmática de las potencias como Estados Unidos, China o Rusia, poniendo en duda un sistema internacional más igualitario y pacífico.

Globalización e inseguridades persistentes

La proliferación de intensas revueltas sociales que van desde Santiago de Chile, Atenas, Madrid, Nueva York, Caracas, Río de Janeiro, hasta El Cairo o Trípoli, junto con la completa insatisfacción de los jóvenes ante el desempleo, la falta de oportunidades de vida y una jerarquización internacional de economías exitosas y mercados emergentes, demanda una nueva estructura universal de armonía e integración con solidaridad en el ámbito global.

Tanto China como Estados Unidos tendrían que contribuir a la integración y a la negociación pacífica de Corea del Norte, a su desarrollo y a la eliminación de la zozobra reduciendo, por igual, todos los arsenales nucleares en Oriente y Occidente. La comprobación vergonzosa de la inexistencia de armas de destrucción masiva en Irak, debió servir como lección para impulsar nuevas formas de negociación con Irán, reconociendo que la mayoría de los países árabes advierten el peso iraní como determinante, tanto para el éxito económico del mundo islámico, como para construir diferentes tendencias de integración político-religiosa en el Medio Oriente.

Una probable invasión militar en Irán para desmantelar su programa nuclear, rompería cualquier posibilidad de Estados Unidos para preservar su imagen como una potencia benevolente y liberal-democrática, de tal manera que su política exterior resultaría demasiado dura, con lo cual su poderío también seguiría decayendo. El escenario actual se complejiza todavía más, debido a que las decisiones del Presidente Donald Trump están fomentando mayores riesgos de intervenciones militares, a partir de visiones que apuntan hacia una globalización más inestable en materia de seguridad y nacionalismo occidental blanco-americano (Seligman, 2018).

El éxito económico alcanzado por China, la colocó por encima de Norteamérica y Europa; por lo tanto, ahora será fundamental un aporte chino al restablecimiento de los equilibrios en Corea del Norte y al aumento de iniciativas con mayor fraternidad internacional, en materia de comercio justo y compromisos para preservar el medio ambiente o los esfuerzos para combatir el calentamiento global. Pero la represión y el autoritarismo del sistema político en China, constituyen una hegemonía de viejo cuño, totalmente contradictoria con las perspectivas de apertura económica e integración globalizada con criterios de una mayor equidad.

Pensar en un conjunto de cambios necesarios en los balances de poder, tiene que ver con el surgimiento de nuevas estrategias de justicia socio-económica y un orbe internacional más pacífico. Aquí destacan con fuerza la erradicación de la pobreza y las Metas del Milenio. El África Subsahariana y varios países de América Latina como Bolivia, Haití, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, probablemente no lograrán alcanzar algunas metas para reducir la mortalidad materna e infantil hacia el año 2030, o el establecimiento de armazones económicos cuyo objetivo sea mantener fuentes de empleo estables, ligadas al incremento de los niveles de ingreso digno.

La lucha contra la pobreza, en medio de un sistema internacional de equilibrios inestables y aspiraciones globales a un aumento de la riqueza mundial, expresa un nuevo tipo de exigencias. No se puede condicionar el hecho de vencer la pobreza, a otras políticas o intereses estratégicos para doblegar gobiernos, sino que se necesitan, en todo caso, mayores esfuerzos de cooperación (Clark, Helen, 2012; Ellis, 2016). De cualquier manera, en América Latina los balances de poder relacionados con los Estados Unidos, buscan siempre destruir la economía de plantaciones de coca, a cambio de mercados para distintos productos de Bolivia, Perú y Colombia. Asimismo, la integración latinoamericana está dividida, debido a la probable invasión militar y el elevado número de víctimas civiles que podría tener lugar en Venezuela. Aquí, las promesas de una modernidad occidental, ligadas a mejores condiciones económicas de cooperación para el alivio a la pobreza, presentan un arma de doble filo: por un lado, una mayor subordinación de Venezuela a los Estados Unidos, y por otro, la permanencia de tensiones en toda la región, debido a que América Latina ganaría mucho más si impulsa una concepción de interdependencia y apertura hacia el Asia (sobre todo China e India).

Las tendencias de una probable explosión demográfica en el África e India para el año 2050, además de la reducción de fuentes de abastecimiento de agua, campos fértiles para la agricultura intensiva y las consecuencias negativas del cambio climático –cuyos efectos serán catastróficos en caso de no reducirse la cantidad de emisiones de gases con efecto invernadero– exigen que cualquier discusión sobre los balances de poder, sea reorientada hacia un orden internacional más humanizado. La guerra contra el terrorismo, el militarismo desde una diplomacia preventiva y la preservación de concepciones neocolonialistas, son siempre demasiado violentas, costosas y autodestructivas (Krasner, 1999).

El comienzo de una segunda década en el siglo XXI demanda transformar la doble moral y el predominio de estructuras hegemónicas represivas, con la finalidad de lograr una visión orientada hacia el cultivo de una sociedad internacional, capaz de contrarrestar las amenazas de su extinción por indiferencia, irresponsabilidad y por políticas exteriores que desprecian la solidaridad junto con la cooperación (Buzan, 2004). El sistema internacional en América Latina tendría que evolucionar más allá de las luchas entre hegemonías intransigentes que hasta el momento siguen reproduciendo Estados Unidos, China, India y Rusia.

Reformas inciertas y post-neoliberalismo en América Latina

América Latina confronta una disyuntiva: continuar impulsando la integración hacia los mercados mundiales, o reestructurar sus prioridades políticas en función de una agenda caracterizada por la resistencia y las exigencias de mayor justicia, similares a las críticas del movimiento anti-globalización. Esto es lo que condujo a la región hacia los debates en torno al post-neoliberalismo puesto que otro de los problemas que la globalización hizo rebrotar es la polarización de los pobres contra los ricos, lo cual revitalizó el denominado populismo, así como las pugnas entre las posiciones políticas de izquierda versus derecha, sobre todo por el desprestigio y la desconfianza hacia la economía de mercado que América Latina experimentó en los comienzos del siglo XXI (Klein, 2008).

El mercado agrandó la concentración de la riqueza en manos de las élites económicas y políticas, sembrando el terreno para la intervención de liderazgos mesiánicos que ofrecieron revoluciones socio-políticas como las campañas desafiantes de Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Este tipo de líderes fueron transformándose en la bandera de lucha para cuestionar lo poco que se había construido en materia de cambios productivos, competitividad y estabilidad de la democracia (Stiglitz, 2012). En estos casos, el populismo funcionó como un tipo de carisma movilizador de las masas enardecidas por la desigualdad, generándose fuertes demandas para tener políticas redistributivas. Las discusiones sobre el postneoliberalismo, han hecho que la economía de mercado sea equiparada con una maldición global, frente a la cual existirían pocas alternativas de cambio (Metcalf, 2017). Actualmente, el continente parece encaminarse hacia una época donde los esfuerzos por llevar adelante diferentes tipos de reformas, se encuentran frente a un futuro lleno de incertidumbres.

Si reflexionamos con cuidado cuáles fueron las condiciones de reinstalación de la democracia en América Latina a principios de los años 80, tenemos que destacar cinco aspectos. Primero: el fin de las dictaduras de ninguna manera rompió completamente con la cultura autoritaria, ni tampoco con la debilidad institucional de los Estados. Segundo: la modernización económica por medio de las políticas de libre mercado, tuvo resultados abiertamente contradictorios en su relación con la democracia, debilitándola en unos casos, o simplemente impulsando una relación negativa entre el sistema democrático y la persistente desigualdad (Collins, 2019). En tercer lugar, la situación particular de Centroamérica muestra una fragmentación política donde el final de las guerras civiles y la implementación del ajuste estructural, tampoco dieron origen a un modelo específico de consolidación democrática. Cuarto: existe un gran déficit de liderazgo donde los partidos tradicionales o nuevos, e inclusive las organizaciones de la sociedad civil, no pueden mostrar el impulso de líderes jóvenes con plena vocación democratizadora. Finalmente, el quinto factor se relaciona con la imposibilidad de construir una “Gran teoría” en América Latina, tanto para comprender la sociedad como un todo, o para identificar opciones de transformación política, económica y cultural.

La descomposición de los gobiernos dictatoriales al final de los años ochenta vio el agotamiento de un tipo de Estado Autoritario que había dejado de responder a las necesidades del desarrollo, manteniendo en la pobreza a millones de personas y fracasando en la construcción de un nuevo orden social y político para tener Estados fuertes o plenamente soberanos. Las diferentes dictaduras en Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay y Brasil señalaban que era imposible seguir adelante sin la existencia de nuevos procesos de legitimidad, participación de la sociedad civil pero sobre todo, sin la posibilidad de regresar a un escenario con pacificación para llevar adelante los sueños de la modernización y el desarrollo económico.

El modelo dictatorial de la modernización, vigente entre los años sesenta y ochenta, desapareció aunque permaneció impasible un conjunto de aspiraciones al desarrollo, todavía ligadas con factores autoritarios; es decir, patrones de conducta que trataban de imponer las decisiones por la fuerza, considerando que la movilización violenta es una constante del orden político (Passi Livacic, Gastón and Martines Belieiro Jr., José Carlos, 2018).

Desde una mirada puesta en el siglo XXI, el final de las dictaduras no significó exactamente la fundación de sociedades verdaderamente democráticas, razón por la cual el análisis de las reformas políticas y el éxito económico, todavía plantean los siguientes problemas: ¿por qué persiste el autoritarismo y las debilidades en el Estado para ser respetado como institución soberana, tanto dentro de los países como en el contexto internacional de la globalización?

El concepto mismo de reformas políticas tuvo una evolución que fue transformándose desde una óptica estrictamente pragmática: terminar con las dictaduras y ejecutar elecciones, hasta avanzar a situaciones más complejas donde es fundamental reformar las prácticas políticas, las instituciones estatales en su funcionamiento cotidiano, e inclusive reformar los horizontes de cambio en el largo plazo, donde la democracia como un conjunto de procedimientos o la función privilegiada de los partidos políticos, debe enfrentar otras opciones de reforma, destacándose la democracia semi-directa y la renuncia a los patrones de poder que fortalecen solamente a las élites políticas, empresariales, profesionales o culturales.

La preocupación central de las reformas ejecutadas en el periodo democrático 1985-2010 consistió en encontrar una nueva lógica para el orden político, concentrándose en la modernización institucional y la necesidad de mantener constantes los procesos electorales. De cualquier manera, las reformas olvidaron vincular aquella modernización institucional con la generación de un horizonte de sentido y transformación claros, lo cual exigía tener un orden democráticamente estable para la cultura y el propio Estado. Los múltiples conflictos e insatisfacciones desde la sociedad civil obstaculizaron las reformas o las suspendieron indefinidamente, como por ejemplo, los fracasos en el combate a la corrupción y la ineficiencia en los Poderes Judiciales (Méndez E., Juan, O'Donnell, Guillermo y Pinheiro, Paulo Sérgio (comp.), 2002).

Gran parte de las reformas políticas, especialmente aquellas pensadas para cambiar profundamente los Poderes Judiciales, mejorar la cooperación entre el Poder Ejecutivo y los Parlamentos, así como todos los esfuerzos para implementar políticas sociales de alivio a la pobreza con criterios de impacto universal, perdieron la posibilidad de convertirse en catalizadores de cambio. En la mayoría de los casos, se generaron burocracias que manipularon los proyectos de reforma según objetivos electoralistas.

Las reformas no fueron consideradas como estructuras de comunicación entre los líderes reformistas, la sociedad civil y las instituciones estatales eficientes, con el fin de asegurar cadenas de efectos duraderos, independientemente de las visiones de corto plazo o los intereses políticos, restringidos a ciertos partidos y liderazgos. Esto hizo que las reformas pierdan poder, credibilidad y, sobre todo, fueran neutralizadas por diferentes sectores de la sociedad que rechazaron la implementación de una serie de esfuerzos reformistas, al constatar la inexistencia de beneficios materiales directos que cambien los códigos de conducta diarios dentro de una democracia eficiente y con la capacidad de otorgar oportunidades de vida.

Tabla 1. Tendencias de las reformas en América Latina

Países	Tipo de reformas 1990-2005	Evaluación de posibles impactos e incertidumbres
Argentina Bolivia Brasil Colombia Ecuador México Perú Venezuela	-        Reformas económicas de mercado: privatizaciones y repliegue de las intervenciones del Estado en la economía. -        Reformas político institucionales: de partidos políticos, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial -        Reformas Electorales. -        Reformas en materia de políticas sociales: alivio a la pobreza e incertidumbre sobre la desigualdad. -        Ajustes o reducción del tamaño burocrático y administrativo del Estado. -        Reformas institucionales, sobre la base de una imitación a las propuestas de modernización provenientes de Estados Unidos y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).	-        Crisis de representatividad los partidos políticos. -        Problemas de independencia y conflicto de poderes. -        Recurrentes conflictos violentos que marcan ingobernabilidad. -        Inseguridad ciudadana y debilidad institucional de la policía y las Fuerzas Armadas. -        Deslegitimación del sistema democrático por crisis de rendimiento. -        Rechazo a la democracia por sus constantes deudas sociales en el modelo político y económico. -        Diferencias medibles entre los ideales de reforma y los países reales donde persisten la corrupción, discriminación, desigualdad y abusos de poder.

Fuente: Elaboración propia.

La democratización del sistema político y la modernización de los partidos políticos junto con los sistemas electorales, significó un trabajo e inversión enorme en toda América Latina. Sin embargo, las explosiones de violencia constante en la sociedad civil muestran que diferentes clases sociales, pueblos indígenas y otros grupos de interés no se apropiaron legítimamente de una agenda de modernización democrática. Los linchamientos para hacer justicia con las propias manos, la violencia urbana y la resistencia a obedecer los lineamientos institucionales del Estado en los ámbitos de la gigantesca economía informal, plantean serios vacíos y acciones inconclusas de democratización en la sociedad civil y el conjunto del sistema social (Vilas, 2007).

¿Qué es la sociedad civil en tiempos de globalización y por qué persisten el patrimonialismo y prebendalismo, que van caminando en un continuum entre la sociedad civil y el Estado, o viceversa? La sociedad civil latinoamericana es una gran campana de resonancia que tiende a alentar el prebendalismo, como reacción directa y supervivencia dentro de una serie de mecanismos egoístas de acción colectiva. La heterogeneidad social y la desigual distribución de autoridad impiden defender una cultura cívica. La democracia se oscurece en la vida diaria de la violencia intrafamiliar y la inseguridad ciudadana. Una característica del postneoliberalismo consiste en una fuerte interpelación de la sociedad civil que cuestiona las reformas de mercado, reclama una mayor democratización pero reproduce, peligrosamente, una violencia soterrada donde las mayores víctimas son las mujeres, las minorías sexuales y los indígenas, quienes sufren en carne propia la discriminación y los déficits de las reformas sociales para precautelar sus derechos.

La reproducción casi incontrolada de fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), hizo que diferentes segmentos de profesionales e intelectuales destruyan las posibilidades de acción independiente y participativa de la sociedad civil. Las instituciones de desarrollo social y las ONG no representan a todas las esferas problemáticas de la sociedad civil, lo cual exige un análisis sobre estos ámbitos en materia de reformas, aplicadas desde las bases sociales de la autodeterminación y la democracia directa en América Latina.

El concepto de reforma política cambia desde los perfiles de la sociedad civil, convirtiéndose en un foco de atracción para los movimientos sociales, e inclusive en ambiciones mayores donde las reformas se convierten en una posibilidad de ruptura constante con las relaciones de dominación.

Una revisión de los ajustes estructurales para colocar a todo el aparato productivo y competitivo en la región, dentro del cauce de la economía de mercado desde comienzos de los años 90, trae necesariamente a la discusión aspectos pendientes. Los contradictorios procesos de privatización, el consecuente desenvolvimiento de los modelos político-empresariales y la apertura de los Estados ocasionaron, al mismo tiempo, una pérdida de soberanía política en beneficio de los mercados globales, generándose efectos disímiles en América Latina. Las privatizaciones debilitaron la infraestructura del poder estatal, fomentaron en muchos casos la corrupción y distorsionaron la toma de decisiones, que tiende a ocultar las relaciones poco claras entre los organismos multilaterales de desarrollo, las transnacionales, los partidos políticos, la lógica de élites y la reproducción de los pobres en la región (Chong, Alberto y López de Silanes, Florencio (comp.), 2005).

Chile se presenta como un ejemplo exitoso en este proceso, aunque las consecuencias de la dictadura militar dejaron intactos muchos aspectos cruciales como la transición del autoritarismo hacia el fortalecimiento del presidencialismo y la formación de coaliciones donde germinaron resistencias al cambio y a una mayor participación de la sociedad civil. Chile todavía es un país dividido entre aquellos que apoyan las estrategias autoritarias de desarrollo y modernización, contra otros sectores que esperan mayor pluralismo y un sistema político que vaya más allá de la plutocracia. Al mismo tiempo, posee un lastre muy profundo que evita su crecimiento económico de manera más fluida; según Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, el principal problema de Chile es la incapacidad de las empresas para abrirse a nuevos negocios y crear las condiciones que permitan a los empleados independizarse y emprender negocios productivos propios (Guzmán, 2015).

Cuando se habla de crecimiento, Hausmann centra su análisis en cuánta innovación poseen los procesos productivos con el objetivo de expandirla dentro de la economía. Chile tiene un grave problema de crecimiento que no se origina en la incertidumbre frente a las reformas laborales o tributarias, sino en la cultura empresarial extremadamente cerrada. El ambiente empresarial y de negocios es excluyente porque se asemeja a una especie de club elitista casi con los mismos apellidos; si bien se publicitó el cartel de Chile neoliberal y exitoso, también es muy evidente que no puede competir con otras economías del Asia debido a la ausencia de innovación y porque los extranjeros y chilenos talentosos con otro origen, son excluidos. El nacionalismo autoritario heredado de la dictadura bloquea, tanto las perspectivas de consolidación democrática, como un futuro económico caracterizado por la innovación y las debilidades en cuanto a una economía de los conocimientos (Hausmann, 2015).

Los mismos dilemas pueden expresarse en la agenda de reformas para América Latina porque sigue siendo una incertidumbre si la vía democrática profundizará el desarrollo, o por el contrario, es la fuerza y la violencia impuesta verticalmente lo que traerá mejores tiempos para el Estado y la economía (Lee Bravo, Heilen Isabel y Ciro Jaramillo, Jhon, 2013).

Otros países como Bolivia, Venezuela, Ecuador y Argentina tuvieron graves problemas que se expresaron en crisis políticas y económicas, cuestionando profundamente el modelo de economía de mercado, abriendo el paso a la expresión de alternativas como los movimientos sociales, partidos políticos de una supuesta nueva izquierda anti-sistema y nuevos caudillismos, aunque tampoco se despejó el terreno en términos de una mejor calidad de la democracia.

Es fundamental reflexionar sobre la conformación de partidos y el nacimiento de líderes donde el debate entre las fuerzas de izquierda revolucionaria versus las posiciones neo-liberales o de mercado, marcan las fronteras de una democracia inestable pero, simultáneamente, de regímenes democráticos más pluralistas donde tienen lugar la fuerza participativa de los movimientos indígenas, la equidad de género, los movimientos ambientalistas y las constantes exigencias para tener un Estado protector, en términos de políticas sociales eficientes, solidarias y universales que traten de erradicar la pobreza.

En Centroamérica, las discusiones todavía giran en torno a la reconciliación luego de las guerras civiles de las décadas de los años 80 y principios de los 90. Si bien cualquier movimiento armado dejó de interpelar a las masas para actuar en política, la violencia permanente desde los procesos de desmovilización, presenta la necesidad de estudiar con cuidado el papel del Estado como estructura plenamente institucionalizada para guiar las decisiones sobre modernización o su progresiva destrucción, fruto de las amenazas y el desafío al orden político que detentan diferentes grupos violentos al rechazar la legitimidad estatal.

En el sistema político centroamericano no está plenamente resuelto el problema de la solidez y validez de lo que significa un Estado Nacional. Asimismo, el final de las guerrillas aún no pudo canalizar un nuevo modelo de desarrollo por medio de los tratados de libre comercio, ya que éste tampoco es totalmente homogéneo e incuestionable. En varios casos, las élites empresariales reforzaron las condiciones autoritarias para profundizar la economía de mercado, instrumentalizándola en el contrabando, la erosión de marcos regulatorios y el peligro ascendente del narcotráfico que se erige como amenaza global. Posiblemente, la excepción sea Costa Rica donde hay una concatenación positiva entre la eficiencia en el funcionamiento del Estado, una burocracia pequeña pero profesional, la provisión de servicios, el crecimiento económico y la estabilidad política democrática.

En realidad, Centroamérica concentra las contradicciones políticas de otros países en la región donde el debate para establecer zonas de mercado libre, impulsar el desarrollo económico en condiciones de inversión extranjera e intentar una combinación sin conflictos entre democracia política y estructuras de mercado globales, resulta en una crisis de identidad socio-cultural. Esto ha ocasionado la emergencia de fuertes demandas sociales para posibilitar el desarrollo de un Estado que unifique a las clases sociales y culturas, antes que utilizar sus capacidades estatales, únicamente como un conjunto de instituciones subordinadas a la acumulación de capital.

Asimismo, casi todos los Estados centroamericanos han fracasado en su búsqueda de preservar los mínimos estándares de seguridad, debido a que la violencia urbana y el crimen organizado generaron tal desequilibrio, que seis de cada diez migrantes de Centroamérica prefieren lanzarse hacia los Estados Unidos en las peores condiciones, antes de permanecer sofocados por la posible desaparición, en medio de un Estado anómico que pacta su funcionamiento con las bandas de jóvenes vinculados al narcotráfico y la trata de personas (Arguiano Téllez, María Eugenia y Villafuerte Solís, Daniel (coord.), 2016).

Esta fotografía ganó el premio de prensa internacional 2018. Una mujer de Centroamérica es requisada por un policía de la frontera en Estados Unidos. Su pequeña hija llora impotente, reflejando la inmadurez y el fracaso de América Latina para ofrecer a sus hijos un futuro promisorio.

Conclusiones

En su conjunto, América Latina está, una vez más, frente a múltiples vías de transición: primero, transita hacia una modernización plena donde las economías fuertes de México, Colombia, Perú y Brasil específicamente, marcan diversas oportunidades. Segundo, se presenta una transición difícil y desigual en múltiples niveles hacia una democracia de baja calidad y posible derrumbe donde aún existen más de 186 millones de pobres, amenazas de desmantelamiento del orden político, destrucción del sistema de partidos, el regreso de golpes de Estado como el de Guatemala en abril de 2009 y el de Paraguay en junio de 2012, así como la instrumentalización de varias reformas políticas y constitucionales para favorecer las reelecciones de caudillos presidenciales en Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador e inclusive Colombia. Este panorama hace que los conflictos de seguridad y los peligros internacionales de crisis ingobernables tiendan a aumentar.

Una vez más, está pendiente aquella transición hacia la integración con plena autodeterminación, pues América Latina sigue fragmentada y, por lo tanto, constantemente debilitada frente a otras fuerzas hegemónicas como los Estados Unidos, la Unión Europea y el peso específico de China en el contexto internacional (Kaplan, Banking unconditionally: the political economy of Chinese finance in Latin America, 2016).

La descentralización del Estado en la región, junto con una mirada desde los gobiernos municipales, presenta varias incertidumbres porque los problemas de carácter nacional se han reproducido en una dimensión local como la apropiación ilegal de fondos públicos, el patrimonialismo, la ineficacia institucional y el bajo rendimiento en términos de decisiones políticas para viabilizar un desarrollo municipal duradero y con efectos positivos hacia los ámbitos nacionales.

Un tema que es muy difícil de ser medido y abordado por los estudios tradicionales de ciencia política, relaciones internacionales, economía y sociología, está referido a los liderazgos para el cambio, sea éste revolucionario, institucional o democrático. ¿Cómo se gestan los líderes en el siglo XXI y la sociedad del conocimiento? ¿Cuáles son los obstáculos a superar por los líderes jóvenes y de qué manera es posible construir liderazgos fuertes en el largo plazo, dentro de las instituciones o en los movimientos sociales de la sociedad civil? ¿Por qué se ha desvanecido, casi por completo, en las discusiones políticas y teóricas de hoy, las relaciones entre el desarrollo de liderazgos transformadores, las perspectivas morales de la sociedad y los procesos pedagógicos para llevar adelante el desarrollo de las virtudes en los seres humanos, así como la confianza para forjar un desarrollo con autodeterminación y proyección de futuro?

Estas problemáticas pueden ser naturalmente ampliadas. Sin embargo, también se requiere una delimitación teórica e histórica con el objetivo de precisar y aclarar el lugar en que se encuentran los diferentes países. Esto significa colocar los análisis en una perspectiva pluralista que facilite obtener buena información, pero con una visión global sobre la situación contemporánea de los Estados y las varias manifestaciones de la sociedad civil en la región.

Un aspecto adicional también queda claro. Aún a pesar de que las discusiones teóricas e ideológicas en los últimos treinta años sobre democracia son diversas y con una enorme bibliografía, surge también la constatación de no tener una Gran Teoría general o ambición de generalización interpretativa sobre América Latina (Centeno, Miguel Ángel and López-Alves, Fernando, 2000). Este es otro ámbito de insatisfacción pues desde la academia, una sola teoría desde América Latina para comprender la misma, hoy en día prácticamente ha fracasado.

Hacia adelante debe clarificarse cuál es la racionalidad de nuevas reformas políticas, entendidas como procesos de cambio dotados de sentido. Toda reforma política impulsada con un sentido de racionalidad significa un diseño observando las circunstancias específicas a reformar pero con el regreso de utopías y enfoques de futuro. Las reformas no pueden carecer de utopías porque esto implica vaciarlas de racionalidad. Las utopías políticas tienen que regresar al debate ideológico del cambio porque especifican dos elementos: dirección y contenido.

Las reformas políticas se reorientarán mejor, rechazando los abusos del poder y ratificando una confianza en la Razón como guía de nuevas conductas democráticas y morales. Aún así, las posibilidades de éxito son inciertas cuando la Razón se aplica al cambio político, pero es importante optimizar el papel de las élites, los procesos de legitimación social y el liderazgo de las reformas. La economía tampoco representa una Razón absoluta de orientación y éxito en la región, al haberse convertido, en todo caso, en un tipo de conocimiento que reforzó la irracionalidad de las desigualdades y la desazón respecto al futuro (Zakaria, 2019).

Las reformas tampoco fructificarían sin un liderazgo y conocimientos para otorgarles sentido. Por lo tanto, repensar las reformas políticas en América Latina exige adicionar, necesariamente, un sentido de transformación que siempre especifique sus fundamentos, que tenga unidad como racionalidad viable e imagine una finalidad como objetivo futuro y un horizonte alternativo.

Los procesos de complejización hacen que sea cada vez más dudoso tener un solo marco interpretativo y, por ello mismo, las ventajas de la teoría democrática en el continente deben descansar en las múltiples visiones, la irrenunciable crítica y la reflexión sobre varias posibilidades donde puedan preverse otras perspectivas para una sociedad mejor, facilitando el regreso de utopías políticas esperanzadoras. Éstas todavía son caminos opcionales hacia un mundo más humano y noble desde América Latina, como un continente expuesto a su autodeterminación y también vigilante de su propia consciencia colectiva. Asimismo, uno de los objetivos cruciales descansa en la necesidad de contrarrestar cualquier estrategia hegemónica donde la violencia tienda, por la fuerza, a homogeneizar las democracias, los Estados y las sociedades.

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