El llamado Cabildo del Millón, un movimiento social fuerte que demostró su capacidad de presión en diciembre de 2006. La pregunta que permanece es si las autonomías son una nueva forma de egoísmo antipatria o una expresión de verdadera reforma estatal, sobre todo para acceder a más recursos económicos que permitan un mejor desarrollo.
En Bolivia las posibilidades
para implementar políticas públicas y asumir responsabilidades en la conducción
de un gobierno siempre estuvieron funcionando mal o a medias. Inclusive en
aquellos momentos donde una coalición de partidos políticos otorgaba la mayoría
necesaria para el Presidente en el seno del Congreso, la capacidad para
satisfacer demandas y crear escenarios propicios en beneficio de una lógica
coherente de gobierno, liderazgo respetado y solución de problemas políticos y
sociales, siempre fue errática. A pesar de la generación de mayorías parlamentarias
perdurables en diferentes gestiones gubernamentales para instituir la
denominada democracia pactada,
siempre se tropezó con un déficit
entre las habilidades de gobierno y las demandas políticas provenientes de
diferentes sectores de la sociedad para obtener satisfacciones concretas como
trabajo, mejor distribución de la riqueza, oportunidades, justicia social y
acceso igualitario a los beneficios que provenían de las reformas de mercado.
Es aquí donde las exigencias regionales para forzar las autonomías no son sino
la continuación del discurso de una
modernización más o menos imitativa
en torno al federalismo, y estas exigencias disputan el control de recursos
económicos, políticos y culturales.
La gobernabilidad democrática impulsó todo tipo de ilusiones para que la sociedad civil se organice mediante un conjunto de actores políticos que pugnan por efectivizar la equidad en el acceso a beneficios, reduciendo progresivamente la marginalidad de indígenas y de otros sectores relegados, razón por la cual una mayor descentralización y las autonomías constituirían un acto de modernización y no un acto transitorio o arbitrario.
El discurso de la nación e identidad cambas probablemente encubre el anhelo muy amplio y, en el fondo, compartido por una parte considerable (aunque no se sabe si mayoritaria) de toda la sociedad boliviana, anhelo que, en este caso específico de Santa Cruz está revestido por sentimientos autonomistas de vieja data que pueden ser enunciados como: a) el postulado de una participación directa en el excedente generado por la renta hidrocarburífera; b) el acceso más o menos inmediato a los aspectos positivos de la economía de mercado; y c) la administración propia, autónoma y centrada en necesidades regionales de rentas y recursos generados en el departamento respectivo. Este es el principal combustible de las demandas autonómicas: la misma identidad camba sería otra forma de presionar para acceder a los beneficios modernos y tangibles.
El discurso de la identidad camba y el regionalismo defendido por Santa Cruz, obligan a mirar los planteamientos en torno a la descentralización considerando a las prefecturas como espacios dotados de una institucionalidad diferenciada. En este sentido, el proceso de modernización política detrás del debate sobre las autonomías, no dista mucho de las propuestas descentralizadoras de los organismos financieros multilaterales porque en toda la región latinoamericana y en algunos países de Europa del Este, los últimos diez años se ha venido planteando que tanto el nivel nacional, como el regional (llamado también subnacional) y local, deben tener un conjunto de instituciones que definan competencias claramente delimitadas y calificadas según su capacidad instalada y un liderazgo fuerte para asumir visiones de poder que equilibren su accionar con la unidad de los países.
Es precisamente Santa Cruz la región que presiona para competir por porciones de poder, pero a partir de nuevas competencias que, además, deberán estar de acuerdo con las posibilidades y necesidades de los ámbitos regionales. De esta forma, se parte del supuesto según el cual las identidades culturales y regionales son los dinamizadores de una reforma descentralizadora a la cabeza de gobiernos prefecturales. La única diferencia en relación a las recomendaciones internacionales de modernización y descentralización políticas, radica en que Santa Cruz lleva adelante una demanda que busca imponer un conjunto de responsabilidades, que en las actuales condiciones en que se encuentra la reforma estatal boliviana, señala un camino donde muchas de las prefecturas y los municipios todavía no están en condiciones de administrar o, posiblemente, no puedan ejecutar diferentes reformas porque una nueva distribución de funciones y competencias resultaría siendo una sobrecarga problemática y menos ventajosa, especialmente debido a los conflictos relacionados con las transferencias fiscales.
Las elecciones prefecturales de diciembre de 2005 expresaron un momento modernizador y de democratización nada novedoso, pero sí altamente desafiante para un Estado como el boliviano donde la debilidad institucional es endémica y la carencia de autoridad y legitimidad están terriblemente afectadas. Si bien la elección directa de los prefectos y el Referéndum Autonómico fueron solamente los primeros pasos – porque todavía falta una reforma administrativa en términos de construcción de capacidades prefecturales y, asimismo, en materia de reforma constitucional – sin duda alguna fueron un éxito político para el discurso de las autonomías regionales y una concesión para la identidad camba desde 1982.
La toma de posiciones políticas en relación con el federalismo hizo que Santa Cruz viabilice sus pretensiones para hacer que toda modernización se introduzca en la Constitución Política del Estado, instrumento donde se expliciten los alcances y formalidades jurídicas para legitimar la emergencia de gobiernos departamentales dentro de un marco estatal descentralizado. Desde este punto de vista, la modernización imitativa de la identidad camba y las autonomías descansa en los formalismos legales pactados con el Estado central quedando anuladas, en el fondo, otras propuestas que no se inscriban dentro de los lineamientos exigidos por los organismos internacionales para quienes es más fácil reproducir un mismo molde global, que un tratamiento más original desde las bases de una refundación estatal a partir de lo regional y cultural de cada departamento en Bolivia.
Santa Cruz es uno de los vencedores en este impulso modernizador influido por similares esfuerzos en otras democracias recientes; por esto mismo la identidad cruceña está en camino hacia el aumento de sus capacidades de descentralización mediante la revitalización de las instituciones públicas como las prefecturas, incrementando la posibilidad de integrar las dimensiones de la descentralización administrativa y política en los procesos de toma de decisiones en los ámbitos departamentales, lo cual permitirá dimensionar y cualificar los debates sobre autonomías regionales o la plena descentralización política.
La gobernabilidad democrática impulsó todo tipo de ilusiones para que la sociedad civil se organice mediante un conjunto de actores políticos que pugnan por efectivizar la equidad en el acceso a beneficios, reduciendo progresivamente la marginalidad de indígenas y de otros sectores relegados, razón por la cual una mayor descentralización y las autonomías constituirían un acto de modernización y no un acto transitorio o arbitrario.
El discurso de la nación e identidad cambas probablemente encubre el anhelo muy amplio y, en el fondo, compartido por una parte considerable (aunque no se sabe si mayoritaria) de toda la sociedad boliviana, anhelo que, en este caso específico de Santa Cruz está revestido por sentimientos autonomistas de vieja data que pueden ser enunciados como: a) el postulado de una participación directa en el excedente generado por la renta hidrocarburífera; b) el acceso más o menos inmediato a los aspectos positivos de la economía de mercado; y c) la administración propia, autónoma y centrada en necesidades regionales de rentas y recursos generados en el departamento respectivo. Este es el principal combustible de las demandas autonómicas: la misma identidad camba sería otra forma de presionar para acceder a los beneficios modernos y tangibles.
El discurso de la identidad camba y el regionalismo defendido por Santa Cruz, obligan a mirar los planteamientos en torno a la descentralización considerando a las prefecturas como espacios dotados de una institucionalidad diferenciada. En este sentido, el proceso de modernización política detrás del debate sobre las autonomías, no dista mucho de las propuestas descentralizadoras de los organismos financieros multilaterales porque en toda la región latinoamericana y en algunos países de Europa del Este, los últimos diez años se ha venido planteando que tanto el nivel nacional, como el regional (llamado también subnacional) y local, deben tener un conjunto de instituciones que definan competencias claramente delimitadas y calificadas según su capacidad instalada y un liderazgo fuerte para asumir visiones de poder que equilibren su accionar con la unidad de los países.
Es precisamente Santa Cruz la región que presiona para competir por porciones de poder, pero a partir de nuevas competencias que, además, deberán estar de acuerdo con las posibilidades y necesidades de los ámbitos regionales. De esta forma, se parte del supuesto según el cual las identidades culturales y regionales son los dinamizadores de una reforma descentralizadora a la cabeza de gobiernos prefecturales. La única diferencia en relación a las recomendaciones internacionales de modernización y descentralización políticas, radica en que Santa Cruz lleva adelante una demanda que busca imponer un conjunto de responsabilidades, que en las actuales condiciones en que se encuentra la reforma estatal boliviana, señala un camino donde muchas de las prefecturas y los municipios todavía no están en condiciones de administrar o, posiblemente, no puedan ejecutar diferentes reformas porque una nueva distribución de funciones y competencias resultaría siendo una sobrecarga problemática y menos ventajosa, especialmente debido a los conflictos relacionados con las transferencias fiscales.
Las elecciones prefecturales de diciembre de 2005 expresaron un momento modernizador y de democratización nada novedoso, pero sí altamente desafiante para un Estado como el boliviano donde la debilidad institucional es endémica y la carencia de autoridad y legitimidad están terriblemente afectadas. Si bien la elección directa de los prefectos y el Referéndum Autonómico fueron solamente los primeros pasos – porque todavía falta una reforma administrativa en términos de construcción de capacidades prefecturales y, asimismo, en materia de reforma constitucional – sin duda alguna fueron un éxito político para el discurso de las autonomías regionales y una concesión para la identidad camba desde 1982.
La toma de posiciones políticas en relación con el federalismo hizo que Santa Cruz viabilice sus pretensiones para hacer que toda modernización se introduzca en la Constitución Política del Estado, instrumento donde se expliciten los alcances y formalidades jurídicas para legitimar la emergencia de gobiernos departamentales dentro de un marco estatal descentralizado. Desde este punto de vista, la modernización imitativa de la identidad camba y las autonomías descansa en los formalismos legales pactados con el Estado central quedando anuladas, en el fondo, otras propuestas que no se inscriban dentro de los lineamientos exigidos por los organismos internacionales para quienes es más fácil reproducir un mismo molde global, que un tratamiento más original desde las bases de una refundación estatal a partir de lo regional y cultural de cada departamento en Bolivia.
Santa Cruz es uno de los vencedores en este impulso modernizador influido por similares esfuerzos en otras democracias recientes; por esto mismo la identidad cruceña está en camino hacia el aumento de sus capacidades de descentralización mediante la revitalización de las instituciones públicas como las prefecturas, incrementando la posibilidad de integrar las dimensiones de la descentralización administrativa y política en los procesos de toma de decisiones en los ámbitos departamentales, lo cual permitirá dimensionar y cualificar los debates sobre autonomías regionales o la plena descentralización política.
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