¿Hasta
qué punto los derechos humanos y la
defensa de los derechos individuales
son un escenario intocable y un conjunto de argumentos sobre el derecho a
elegir libremente, frente a otros derechos básicos de terceros, comprometidos
con la moral y las buenas costumbres? Legalizar las drogas significa tomar en
cuenta el fracaso de la Guerra Contra el Narcotráfico pero, al mismo tiempo,
analizar cuidadosamente si la ciudadanía está ingresando peligrosamente en el
caos y la destrucción de un orden social mínimo
que probablemente esté rindiendo culto a nuevas formas de morir en el siglo
XXI.
Las
opiniones sobre la legalización de las drogas tienen varias aristas:
económicas, éticas y médicas que terminan asumiendo un marco legal vinculado
con la regulación del mercado de las drogas ilegales. El objetivo final es
reducir el número de muertes violentas provocadas por los Carteles de narcotraficantes
que representa un 60% en los países que construyen los puentes del negocio hacia
Europa y Estados Unidos.
La
legalización también permitiría desfinanciar a los Carteles y haría que los Estados
soberanos controlen en su propio dominio y orden legal, el tráfico y consumo de
drogas. Esto quiere decir que los Estados pasarían a convertirse en las
matronas de un nuevo sistema jurídico que regula la adicción de sus ciudadanos.
Así se abre la discusión entre la legalización total frente a otras formas de legalización
razonable: administrar las maneras de morir, controlar las dosis de marihuana,
heroína, cocaína, establecer advertencias médicas, restricciones a la
publicidad para comprar varios tipos de drogas, introducir limitaciones debido
a la edad, clarificar las restricciones respecto a la cantidad de compra o los
requisitos para el suministro de licencias especiales, etc. Legalizar las
drogas exige que los Estados, la policía y los sistemas de salud sean sumamente
eficientes y libres de corrupción o crisis institucionales.
El
siglo XXI nos hace sentir como si estuviéramos ante la presencia de inminentes
catástrofes apocalípticas, ante incertidumbres obsesionantes donde el misterio
es el nuevo amo del universo o, en todo caso, parece que estuviéramos frente a
la posibilidad de cambiar las cosas y subvertir el orden establecido porque
toda normatividad tiende a evaporarse. Hoy en día, los convencionalismos más
rígidos se encuentran en franca decadencia.
Dentro
de los intentos por ver qué sucederá en el futuro mediato e inmediato, se
encuentra la discusión sobre la legalización o penalización definitiva de las
drogas duras, entre las cuales destaca la cocaína. ¿Es posible plantear su
liberalización en América Latina, cuya agenda en materia de política exterior
con Estados Unidos presenta en primera línea el tema del narcotráfico, la
reducción de plantaciones de hoja de coca y la intervención directa en los
asuntos políticos de nuestros países con el argumento de una guerra sin cuartel a las drogas?
De
acuerdo con un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE), organismo dependiente de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el consumo de cocaína en África Occidental y en el Este
de Europa, así como el de heroína en tres cuartas partes del continente
asiático, se ha incrementado durante el periodo 1995-2011. Este aumento tal vez
pueda explicarse debido al fracaso de los programas para el control de
estupefacientes, o por un ambiente más proclive a la aceptación de la
toxicomanía como un componente inevitable
en la vida cotidiana del mundo postmoderno.
La
Comisión Latinoamericana sobre Drogas y
Democracia, encabezada por los presidentes, Juan Manuel Santos (Colombia),
Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo
(México), afirma en el documento Drogas y
Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma, que “cuarenta años de inmensos esfuerzos no lograron reducir ni la
producción ni el consumo de drogas ilícitas frente a la ineficacia y las consecuencias
desastrosas de la Guerra Contra las Drogas. Se ha reconocido el fracaso de la
estrategia prohibicionista y la urgencia de abrir un debate sobre políticas
alternativas”.
Si
los argumentos más razonables para legalizar las drogas triunfaran,
esclareciendo a la opinión pública sobre los beneficios de vivir en una
sociedad más liberal y tolerante, ¿cómo reaccionaríamos si supiéramos que las
estadísticas de consumo de drogas duras en la gente joven se estuvieran triplicando?
¿Cuáles son los principales temores que se ocultan detrás de los discursos que
pretenden legalizar o penalizar las drogas?
Legalizar o descriminalizar
Entre
los personajes más destacados que tienen sólidas razones para legalizar las
drogas se encuentra el premio Nobel de Economía, Milton Friedman, para quien la
consigna: prohibido prohibir
constituye uno de los pilares centrales en una sociedad donde ninguna fuerza
omnipotente u omnisciente ─ provenga ésta del Estado, las sectas religiosas o
diferentes Iglesias, partidos políticos, o de organizaciones totales que
absorben al individuo borrándole su libertad para elegir ─ pueda decir lo que uno deba o no deba hacer
con su cuerpo, su voluntad, sus gustos, convicciones o planes personales.
En
más de una ocasión para reflexionar sobre el tema, Friedman afirmó: “¿cómo puede un gobierno, o una política
concreta, decirme lo que puedo o no puedo ingerir; debemos tender a vivir en
una sociedad libre donde cada uno sea responsable de sí mismo. Aquí el gobierno no es dueño de mí; si hago
algo que me hace daño, no tiene derecho a detenerme, como no tienen derecho a
decirme que no debo comer carne porque está comprobado que su consumo excesivo
es dañino para la salud”.
En
Latinoamérica la producción de drogas se convierte en un escape a la pobreza
para miles de desempleados y jóvenes ambiciosos que no tienen futuro en la
economía formal. Milton Friedman estima la existencia de 10.000 muertes anuales
en los Estados Unidos debido a la prohibición de las drogas. Si éstas pudieran
legalizarse, desaparecería otro tipo de muertes colaterales provocadas por la
violencia delincuencial y se podría corregir la ineficacia de los gobiernos en
la prevención, uso y comercio de las drogas que, simultáneamente, encubren el
tráfico de armas y la trata de personas.
Tales
argumentos son bastante elocuentes y a estos se pliegan otros intelectuales
como Fernando Savater en España, Salman Rushdie en Inglaterra, y el propio Nobel
de Literatura, Gabriel García Márquez, quien a su vez añade otra razón, mucho
más familiar para Latinoamérica. García
Márquez expresa que la Guerra Contra las Drogas es uno de los diablos más útiles para ejercer el
dominio de la política exterior estadounidense, donde la amenaza de
intervención militar directa, como en el caso de Panamá en 1989, fue un recurso
de violencia que cobró tantas vidas, siendo totalmente condenable pues ninguna
democracia jamás debe aceptar esta amenaza latente y perversa para las
sociedades latinoamericanas.
Los
países consumidores sufren, por igual, las graves consecuencias de funesta Guerra
Contra las Drogas. La prohibición hizo más atractivo y fructífero el negocio,
fomentando la criminalidad y la corrupción a gran escala y en todos los niveles
de la sociedad. En Suiza y Los Países Bajos se están poniendo en marcha
programas de salud pública para drogadictos, a través de la administración
regulada de cocaína y derivados. En el País Vasco, la legislación permite
recetar metadona, sustituto de la heroína, para todo drogodependiente que se
adscriba a un programa controlado por farmacólogos y médicos autorizados; en
estos casos, el control del consumo de drogas duras está en manos de
hospitales, clínicas y consultorios especializados.
Evitar la legalización
Aquí
se destaca el papel de los Estados Unidos, país que considera que el
narcotráfico es un problema de seguridad nacional, pues el consumo excesivo de
drogas duras en su población joven sube a ritmos exponenciales por lo que la
drogadicción es una prioridad fundamental en su agenda de salud pública.
Los
argumentos para condenar la legalización o suavizar la satanización en contra
de la toxicomanía, se congelan en argumentos morales, policiales y militares
que llaman la atención sobre las perversiones que practican los drogadictos,
los países productores de cocaína, el desastre familiar y delincuencial que
generan pero, sobre todo, la amenaza a la paz social que el vicio de la
drogadicción provoca porque supuestamente sería cultivado en gran escala por
las clases sociales pobres, marginales, emigrantes y del bajo mundo.
Estos
razonamientos tratan de convencernos que en toda sociedad existe una dualidad:
la porción superior bien equilibrada, moralmente bien educada y trabajadora
para que el futuro de jóvenes y niños no sea pervertido; mientras que la otra
mitad inferior es desadaptada, perezosa que no merece su integración y
solamente elige el camino más fácil de la evasión mediante el vicio de la
droga, el alcohol, la criminalidad y la permanente marginalidad.
Frente
a este panorama, la lucha contra las drogas y la negativa intransigente contra
su legalización, se alimenta cada día más de un clima de opinión donde impera
la dialéctica de la negación del (los)
otro (s). Nunca se hace referencia al consumo de drogas en los estratos
altos, y si así fuere, se indica que solamente es un grano de arena perdido en
el mar de una sociedad pulcra a la cual todos estamos obligados a defender.
La
penalización de las drogas tiene un doble movimiento: por una parte, se diferencia a los consumidores de drogas
respecto a los demás, promoviendo el emblema del cuerpo sano en mente sana, y
en seguida se desvaloriza a los
drogadictos, situándolos jerárquicamente al lado del pecado, el error, la
ignorancia y las atrocidades del vicio. En consecuencia, no deberían
legalizarse las drogas porque se estaría
impulsando el acabose del mundo.
¿Cuál es la salida?
Hoy
día, muchos creen que el Siglo XXI será una época donde reine la sociedad posmoralista; es decir, una
sociedad que repudia la retórica del deber austero, integral, maniqueo y,
paralelamente, corona los derechos individuales a la autonomía, al deseo y la
felicidad sin restricciones. Una sociedad que ha desterrado las prédicas
extremistas, otorgando crédito a las normas indoloras de una vida ética
individualista.
Esta
perspectiva coincide con las tendencias a favor del liberalismo y las economías
de mercado, donde la oferta y la demanda son el patrón para dirimir y
solucionar los problemas cuantitativos de una sociedad que enaltece al
individuo con capacidad para elegir y autorrealizarse en un mar abierto de
posibilidades. Sin embargo, existen elementos cualitativos en la vida de toda sociedad para los cuales el mercado
y la ley de la oferta y la demanda no tienen una última palabra. Aquí destacan
las discusiones sobre la legalización de las drogas y la problemática
ecológica.
Para
algunos, si se dejara que las drogas sean sometidas al libre juego del comercio
y a la liberalización absoluta, surgiría el problema entre ética y mercado,
donde un exceso de permisividad puede llevar a borrar, en la práctica, los
límites a la acción de los individuos, vulnerándose los derechos de terceros.
Así, pueden surgir impresionantes campañas de marketing para el consumo de
drogas, lo cual incrementaría el número de consumidores y la convicción de que,
a la larga, todo intento por reprimir las pasiones, los gustos y las decisiones
del individuo sean algo superfluo.
Tanto
los que abogan por la legalización de las drogas, como los que quieren
reprimirlas, ponen en el centro del debate el problema del miedo a perder el orden social frente a la amenaza del caos. El
miedo a estar dando a las generaciones jóvenes la oportunidad de ponerse una
pistola en la cabeza.
La
discusión sobre la legalización de las drogas se mueve entre dos polos: por un
lado, la necesidad de poner fin al desastre y fracaso ocasionado por la Guerra Contra
las Drogas, y por el otro, el temor escondido y las incertidumbres de una
posible anomia social, en caso que
las fuerzas del mercado y la liberalización destruyan las demandas de
certidumbre y de ética que reclaman vastos sectores de la
sociedad.
¿Es
posible legalizar las drogas? Sí es posible, incluso en América Latina a pesar
de las amenazas estadounidenses y los problemas políticos que esto conllevaría;
empero, detrás de las posturas más tolerantes y abiertas, el deseo de orden es muy
fuerte porque el peligro de caos es verosímil.
La gente siente, de manera latente, amenazado su sentido de orden; es decir, lo que hace entendible y soportable la
vida en sociedad y su lugar en ella. Muchos están atemorizados por la pérdida
de un mapa cognitivo que les permita
estructurar espacial y temporalmente sus posibilidades. Cuando todo parece
posible, como la legalización de las drogas, el peligro del caos se convierte
en algo amenazador. Así cunde el pánico en su doble faceta: parálisis de toda
voluntad pero también fascinación por lo que va a venir.
La
legalización de las drogas es uno de aquellos hilos del tejido social, a través
del cual puede desencadenarse el miedo a perder el orden. Los pasos para
legalizar la toxicomanía pueden ser señales de una sociedad más permisiva y
predispuesta para el cambio; de todos modos, siempre habrá la duda sobre si
esto amenazará gran parte de nuestros miedos escondidos y de nuestra sed por el
orden, de nuestras búsquedas de sentido donde el control, la regulación y la
normatividad nos den una pauta de que no todo va a perderse en un abrir y
cerrar de ojos, de que no todo puede ser completamente liberalizado o sometido
a los vaivenes del mercado.
Si
triunfa la legalización, estemos seguros de que será una alternativa normada. De
cualquier manera, este problema exige también un amplio proceso de comunicación
entre diferentes sectores de la sociedad, ya que es a través del diálogo con todos
que determinamos el marco de lo posible; es decir, de qué sociedad queremos y
podemos construir.
La
prohibición, legalización o descriminalización tiene que ser consultada en
diferentes referéndums a lo largo de América Latina, de lo contrario, el
narcotráfico continuará estimulando una muerte
dulce; es decir, un tipo de eutanasia
extraña para los adictos junto con la delincuencia que genera otro conjunto de
formas violentas de morir. No existe una receta
eficaz para frenar el flagelo de la droga y mientras los Estados inviertan
millonarias sumas en la Guerra Contra el Narcotráfico sin consultar sobre la
legalización, solamente estarán postergando la eutanasia de los drogadictos y
rindiendo diferentes cultos a la muerte.
La cifra: El
presupuesto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el 2013,
recortó la suma destinada a apoyar la lucha contra el narcotráfico en
Latinoamérica a 476,4 millones de dólares frente a 568 millones del 2012.
México sufrirá el mayor recorte, país que ha generado una gran violencia con
más de 47.000 muertos desde el 2006. Fuente: Agencia EFE, Febrero de 2012.
La frase: “No se puede dar el salto de la prohibición
a la legalización porque el consumo de drogas seguirá siendo una conducta
socialmente sancionada. Lo importante es quitarle a dicho consumo la condición
de criminalidad y pase a ser regulado”. Ernesto Samper (Ex presidente de
Colombia, 1994-1998).
Comentarios
Publicar un comentario