Comprender cualquier
fenómeno relacionado con la ilegalidad siempre encierra un concepto moral, que
por sí mismo devora las estructuras más intimas, no sólo de la debilidad
humana, sino de las estructuras sociales que se reproducen en las instituciones
públicas y privadas, de tal forma que el concepto ilegal abarca a un sinnúmero de flagelos ilícitos como el
narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el contrabando. En el
fondo, también se trata de creer en
que podemos deshacernos de todo tipo de crímenes y confiar, profundamente, en
la capacidad humana para alcanzar nuevos rumbos de transformación ética e
institucional.
Este artículo tiene
el objetivo de analizar al narcotráfico como un modelo interconectado de
mercados, bienes y servicios a disposición de las redes de venta de drogas
ilícitas, cuyas consecuencias han pasado del carácter personal del consumo en
los drogadictos, al terreno institucional que ha perforado distintas
legislaciones nacionales.
Hoy en día, el
narcotráfico ha cobrado vigencia autónoma, es un negocio de millones de dólares
y cuenta con el respaldo policial y militar, así como posee complejos apoyos
estatales y privados en los más altos círculos. El narcotráfico sabe que es
poderoso y, posiblemente, no podrá ser combatido, y menos erradicado, porque
sus conexiones controlan los mercados financieros internacionales, llegando a
convertirse en un termómetro económico que condiciona las configuraciones
débiles de la economía latinoamericana, más aún si éstas dependen de un tipo de
democracia que tiende a ser controlada por la denominada narcopolítica.
Las
metáforas del narcotráfico
Primera
Metáfora. ¿Qué hace del narcotráfico un factor relevante para
que las personas e instituciones lo salvaguarden? Sin duda alguna, el carácter
económico por la gran cantidad de millones que mueve fácilmente; por lo tanto,
nace una metáfora colectiva que quiere transformar al narcotráfico en una máquina de hacer mucho dinero para
llegar a tener un poder omnímodo, porque por medio de este negocio se cree que
uno obtendría el control de la lógica del mundo.
El crecimiento inusitado
del narcotráfico sería incapaz de sobrevivir si no contara con quien lo fomente
y demande. Según datos proporcionados por la Organización de Estados Americanos
(OEA), se estima que entre el 60 y 65 % de la cocaína sudamericana es traficada
en los Estados Unidos a través del Pacífico Oriental, por el corredor de
América Central, las Islas del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico y
Haití, que actúan como centros de acopio y transbordo fundamentales.
El 80 % de este
producto llega a los Estados Unidos a través de México (por vía marítima) que fácilmente
rompe el control más estricto de la Drug
Enforcement Administration (DEA), ¿por qué? Sencillamente porque tiene
contactos políticos y militares de manera permanente. Las organizaciones
criminales usan transportes sofisticados con una capacidad de carga entre 6.000
a 10.000 toneladas métricas de droga. Paradójicamente, las embarcaciones
cuentan con alta tecnología proporcionada por los Estados más poderosos del
mundo.
Los narcóticos
se venden muy bien y, simultáneamente, fomentan la interconexión de armamento
de última tecnología, venta de bienes suntuarios, estrategias financieras con
gran conocimiento de los mercados y la banca internacional, así como el
intercambio de información detallada sobre el funcionamiento corrupto de varias
instituciones estatales.
La lógica de la
interdicción del narcotráfico para extirparlo de las economías latinoamericanas,
no se regula por el precio de la cocaína ni por la Guerra Contra las Drogas, sino
por la protección desmedida del negocio pues el grueso de los capitales que se
generan con los narco-vínculos, va a parar a la banca internacional y a los Estados
que demandan los distintos tipos de drogas ilícitas.
La lucha contra
el narcotráfico sataniza a los países productores y unilateraliza la
responsabilidad de éstos. La realidad del Siglo XXI muestra que la Guerra Contra
las Drogas fue y es un fracaso, siendo imposible negar la responsabilidad de
los países consumidores. En los Estados Unidos existen dos millones de adictos
a la cocaína y la cultura del consumo ilegal se hizo normal para los grandes
ejecutivos, los políticos, la industria del cine y las estrellas de fama
mundial. Este tipo de vida que convierte al consumo de drogas en algo natural, difundió
la metáfora del narcotráfico como la varita
mágica que enaltece el acceso al poder, el dominio y la supuesta felicidad
de dominar todo con la influencia de las drogas.
La
extraordinaria expectativa que gira en torno al narcotráfico, hace ver al
negocio como una fuente alternativa de acumulación de riquezas y donde la
destrucción de los códigos éticos opera como el costo normal a ser pagado para reproducir la impunidad. La venta de
drogas, para muchos, conduciría hacia el poder y es éste que promueve la constante
reestructuración regional de las influyentes redes de narcotraficantes que se
adaptan a todo contexto, conquistan varios mercados y manipulan la legalidad
interviniendo en varias instituciones.
América Latina
tampoco está libre del consumo de varias drogas duras. El primer reporte
regional sobre esta problemática, advierte que aproximadamente la mitad de los
consumidores de cocaína en el mundo viven en el continente americano. De ellos,
el 70% se encuentra en América del Norte y el 27% en América del Sur,
demostrando que son cantidades similares a las encontradas en Europa.
Las
implicaciones políticas del combate al narcotráfico tienen raíces muy profundas
y en el Siglo XXI aún no es posible desbaratar la narco-política. El
narcotráfico permitió dar un golpe de Estado en Bolivia en 1980 y el ex presidente
de Colombia, Álvaro Uribe, estuvo relacionado con la protección de testigos claves
que trabajaron por mucho tiempo con las redes de poderosos narcotraficantes.
¿Hasta dónde es
viable, moral y jurídicamente, marcar las fronteras entre aquellas estrategias
que buscan destruir el narcotráfico y las conductas políticas instrumentalistas
que tratan de justificar cualquier decisión, por medio de razonamientos que
obedecen únicamente a la lógica del poder? Al narcotráfico le gusta el poder
pero también es éste quien debe combatir las consecuencias desastrosas de la
Guerra Contra las Drogas y el crimen organizado a escala global.
Un caso muy
doloroso es México donde Ciudad Juárez no pertenece al país sino a diferentes bandas
de narcotraficantes colombianos y norteamericanos, transformándose en uno de
los lugares más violentos del mundo. Por otra parte, Perú, Panamá, Colombia y
Argentina gozan del apoyo de la DEA y de bases militares estadounidenses instaladas
en la región que el Gobierno de Barack Obama –siguiendo a su antecesor George
W. Bush– utiliza como recurso para combatir el terrorismo, el narcotráfico, e
influir en los asuntos geopolíticos del Hemisferio Sur.
El poder
económico del narcotráfico es capaz de penetrar las mismas murallas del
Vaticano que, por primera vez, ha sido nombrado y publicado por el Departamento
de Estado de los Estados Unidos como uno de los centros vulnerables para el
lavado de dinero junto a otros 190 países. ¿Será que los grandes traficantes
son capaces de comprar indulgencias a cambio de jugosas comisiones?
Segunda
Metáfora. El sistema político en Latinoamérica, no sólo está
sucumbiendo al poder del narcotráfico, sino que surge el peligro por el
nacimiento de espacios de liderazgo y libre tránsito de drogas ilegales,
mediante la financiación de campañas electorales y la construcción de diversas
redes clientelares que definan el juego político. Esta metáfora señala que el
narcotráfico tiene la audacia de aparecer
como trampolín político, tan
admirado y temido hasta el punto de no saber quién manipula a quién, si la
política a las drogas o éstas a la política. ¿Es el fin que justifica los
medios, o el magnetismo del narcotráfico que llega a ser confundido con otra
forma de promoción para diferentes tipos de liderazgo?
En América
Latina persiste una situación donde los mismos políticos son quienes,
simultáneamente, denuncian el intervencionismo estadounidense y la corrupción
de los gobiernos que los han precedido, pero utilizando canales de
financiamiento que probablemente provienen de los narco-dólares con el objetivo
de lograr ser candidatos. Una vez en el poder, aplican políticas represivas y completamente
ineficaces en la lucha contra las drogas, en medio de una red de imposiciones y
amenazas, a través de lo que tiende a denominarse como diplomacia de permanente peligrosidad, ligada con aspectos oscuros
de las políticas antinarcóticos.
Las relaciones
entre las drogas y la actividad política no tendrían sustento sino se
analizaran los regímenes jurídicos que tratan de controlar el narcotráfico. Las
legislaciones latinoamericanas, con algunas variantes, reducen todo tipo de
problemas y conflictos a la persecución de los delincuentes de segunda y
tercera línea; es decir, se procesa e investiga a las estructuras que hacen de
intermediarias en la venta a mediana escala; sin embargo, la interdicción de
los grandes señores de la droga es
una madeja burocrática pesada y en la cual queda siempre disimulado el control
y sometimiento de las políticas antinarcóticos a un entramado de poder y dinero
que tira por la borda un conjunto de regulaciones y previsiones institucionales
de los sistemas democráticos.
La democracia
está atada de manos cuando el narcotráfico es utilizado para afectar las
estructuras políticas. Esta penosa realidad muestra que el mejor padre de las
drogas es aquel que dice combatirlas y, sin embargo, también las mima, protege
y sacrifica miles de personas para mantenerlas vivas.
Tercera
Metáfora. La satanización que se hace a los países productores
de la hoja de coca y su vinculación con la cocaína no tiene un criterio veraz, porque
la coca es vista como si fuera una mina
de oro en manos de campesinos ignorantes que pertenecen a países
irresponsables en el orbe internacional.
En este caso, la
metáfora consideraría a los campesinos y pequeños empresarios de la coca como bacterias que infectan la sociedad mundial,
lo cual es un sesgo que equipara a la producción de coca con el origen de la
enfermedad del narcotráfico. Sin embargo, las bacterias pueden ramificarse y no
es sólo la coca el problema central, sino también la producción de marihuana –la
droga ilegal más consumida en el continente americano– junto con el hachís,
cocaína, crack, heroína, alucinógenos, inhalantes y barbitúricos de fácil
acceso en las farmacias.
El precio de la
cocaína compite en el mercado con las denominadas drogas químicas o sintéticas
como el éxtasis con más de 760.000
consumidores y la metanfetamina conocida como cristal con más de 502.000 consumidores. En cambio, los
consumidores de cocaína tienden a disminuir, encontrándose por debajo de los 2,4
millones. Otro factor determinante representa el aumento de medicamentos bajo
prescripción médica que se caracteriza por el uso abusivo en los Estados Unidos.
Es de remarcar
que el excedente en la producción de hoja de coca está destinado a la
fabricación de cocaína, cuyas redes son mexicanas o colombianas en particular.
Las producciones netas autónomas, controladas por los campesinos en Bolivia,
Perú y Colombia, son muy pequeñas y son los grandes Carteles de la Droga quienes recolectan, almacenan, exportan y
monopolizan las grandes ganancias en Estados Unidos y Europa. Según datos
oficiales, se produce anualmente 116.800 toneladas de hoja de coca en el área
andina, de las cuales 9.000 toneladas son para el consumo legal; el 80 % de la producción
de droga sale de Perú.
De esto se
desprenden múltiples implicaciones que no justifican el hecho de cuestionar
únicamente a los países productores de coca. El gran negocio creció en el Siglo
XXI porque la demanda de drogas se mantiene intacta y constituye el factor
destacado en el estilo de vida postmoderno de Estados Unidos, Europa y Asia. En
otras palabras, ahora más que nunca debe preocuparnos el consumo que se produce
en los jóvenes, adultos y la sociedad en general.
El gobierno de
Barack Obama continúa con la misma estratagema de una Guerra Contra las Drogas
que ha fallado completamente en América Latina, al combinar un enfoque
geopolítico y geoeconómico, junto con un marcado criterio unilateral que no
significa, sino la militarización del
combate al narcotráfico y la receta ideal para continuar con una carrera
armamentista que se suma a la creación de empresas
de seguridad privadas y otros servicios militares como la contratación de
mercenarios que incursionaron en operaciones del Medio Oriente y Asia Central.
Según un informe
del New York Times, existen cinco
comandos denominados Equipo de Apoyo y
Asesoramiento de Despliegue Extranjero (FAST) que fueron destinados hace
seis años al combate del opio en Afganistán y, posteriormente, habían sido
trasladados hacia el Hemisferio Occidental con operaciones en Centro América,
Sud América y el Caribe. Así se despliega la Guerra Contra las Drogas como
geoestrategia de dominio continental.
La Subregión Andina:
Colombia, Perú y Bolivia se halla vulnerable a la aplicación de estas
estrategias políticas y económicas en medio de un discurso que habla de la responsabilidad compartida. Esta visión
es, en gran medida, cierta porque el negocio del narcotráfico no existiría ni
se reproduciría sin el concurso de fondos y armas que provienen de una orientación
global que vincula a países poderosos y países subordinados. Desde esta
perspectiva, la lucha contra las drogas nunca tendrá éxito pues solamente es una
excusa para esconder los intereses de una industria muy rentable.
La sociedad
civil en América Latina ha dejado de creer en la redención que viene de la
lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo confiar y creer en un esquema que se tiñó
de múltiples acciones y negocios encubiertos? El poder económico del
narcotráfico siempre ha corrompido la condición moral del hombre y los ciudadanos
parecen actuar con desdén identificando a los verdaderos traficantes que no
están precisamente en las calles, ni al lado de los consumidores botados en los
callejones, sino detrás de uniformes, lujosos autos y que cuando se sienten
perseguidos cuentan con un grato alojamiento: el poder en altas esferas de
influencia.
La
cifra:
De acuerdo con el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) de Colombia, entre los años 2000 y 2005, el gobierno de los Estados
Unidos desembolsó cerca de US$ 3,8 mil millones de asistencia para el Estado
colombiano en la Guerra Contra la Producción y Tráfico de Drogas. Colombia
gastó cerca de US$ 6,9 mil millones en dicha guerra durante el mismo período.
Cerca de la mitad del gasto colombiano (aproximadamente US$ 3,4 mil millones) y
tres cuartas partes de la asistencia estadounidense (aproximadamente US$ 2,8 mil
millones) financiaron el componente militar. (Daniel Mejía y Pascual Restrepo,
“La guerra contra la producción y tráfico de drogas: una evaluación económica
del Plan Colombia”, Universidad de
Los Andes, Mayo de 2009).
La
frase:
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