EL PACTO FISCAL COMO NECESIDAD POLÍTICA

        Cabildo del millón por una demanda autonómica, Santa Cruz, diciembre de 2007

Volver a discutir el “pacto fiscal” da la impresión de una pérdida de tiempo. Sin embargo, no es así. El desarrollo de las autonomías continúa siendo obstaculizado por el Estado central debido a que la famosa transferencia de recursos y los conflictos por las regalías, muestran a una Bolivia atrapada en la desigualdad. En los últimos diez años, las diferencias sociales y económicas entre regiones y departamentos se han incrementado. Estos desequilibrios interregionales provocan severos problemas, pues la población que vive en las regiones pobres tiende a migrar a las ciudades y zonas más prósperas donde se conforman cinturones de marginalidad, reproduciéndose una vez más la iniquidad en la distribución de la riqueza.

El denominado régimen autonómico en Bolivia es uno de los esfuerzos más importantes en América Latina para materializar la descentralización e, inclusive, una probable federalización del país. Llámese descentralización política o construcción de gobiernos territoriales autónomos, Bolivia tiene nuevamente una oposición interna: el gobierno central de Evo Morales que, aun cuando aprobó una Ley de Autonomías, tiene miedo a perder el control, retrasa, inhibe y reprime la implementación global del proceso autonómico restringiendo la transferencia de recursos. Con esto, solamente ha logrado que regresen al país un conjunto de actitudes insolidarias, egoístas y centralistas que van socavando la reforma del Estado en Bolivia, convertido una vez más, en un escenario de desigualdad, chantaje económico, prebendalismo e ineficiencia que arruina cualquier plan de desarrollo integral y sostenible.

Las autonomías están en la obligación de solucionar todo tipo de pobreza, así como deben abrir una gama de oportunidades de desarrollo. Para esto necesitan dinero y el pacto fiscal regresa como una necesidad imperiosa que permita arrancarle al Estado central aquello que viabilice de mejor manera una profunda descentralización. Es por esto que una de las tareas de dicho pacto, no solamente es financiera, sino también política porque el gobierno de Evo Morales tendrá que enfrentar la construcción de un nuevo Estado para establecer mecanismos que puedan revertir los procesos de desigualdad entre las regiones, con el propósito de lograr un desarrollo más equilibrado y, por lo tanto, superar una serie de desequilibrios históricos.

Es elemental que el pacto fiscal tome en cuenta cinco principios orientadores para distribuir los recursos en el ámbito financiero de un régimen autonómico más fuerte: 1) financiar las autonomías en sus cuatro niveles de gobierno: nacional, departamental, regional/indígena y municipal; 2) calcular las transferencias a partir de la solidaridad; 3) promover la unidad del país; 4) combatir la desigualdad como un requisito político; 5) proteger las autonomías como una estructura de reforma estatal y requerimiento para preservar la democracia.

La solidaridad, sin importar el lugar del cobro de regalías, debería impulsar la idea donde todas las recaudaciones que centralice el Tesoro General de la Nación, puedan ser distribuidas hacia los cuatro niveles de gobierno. Ser solidario es un fundamento que garantizará también la unidad del país porque así se sugiere que la distribución de los recursos dará prioridad al cumplimiento de las atribuciones y competencias del nivel nacional, donde se precautele la seguridad, estabilidad y soberanía del Estado pero en condiciones de una estructura autonómica más equitativa.

La lucha contra la desigualdad expresa que todos los ciudadanos bolivianos son iguales ante el Estado y por lo tanto, son iguales dentro del gasto público. En consecuencia, la distribución de los recursos entre los departamentos, municipios y regiones deberá guardar relación directa, no sólo con el número de habitantes que tiene, sino también con la necesidad de promover alternativas y oportunidades para la gran mayoría de habitantes. Asimismo, la equidad es un principio que obliga al Estado a erradicar la pobreza, razón por la que se deben asignar recursos adicionales para financiar a los departamentos, municipios y regiones de mayor pobreza relativa, con el objetivo de impulsar el desarrollo sobre la base de valores de justicia social.

La discusión sobre el pacto fiscal y el impulso legítimo para consolidar las autonomías, quiere decir que cada entidad territorial podría crear, de manera complementaria, sus propias formas para generar recursos, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley y administrando dichos recursos en forma autónoma. El objetivo final de un nuevo pacto fiscal será contar con un panorama orientador que vaya desenvolviendo los ejes de acción autonómicos a partir de la eficacia, simetría y coordinación. No se podrá ser efectivo sin un nuevo tipo de redistribución que asegure tener buenos recursos para materializar las autonomías como una alternativa de transformación estatal.

El pacto fiscal ayudará a que la asignación de nuevas atribuciones y competencias autonómicas sea simétrica. Esto quiere decir que las Gobernaciones, Alcaldías, Gobiernos Indígenas Autónomos y Regiones, implementen todas sus competencias, sin tener miedo a no contar con el dinero necesario. Las facultades en materia de explotación y administración de recursos naturales como los hidrocarburos por ejemplo, deben ser las mismas en los departamentos que están preparados para llevar adelante estas competencias.

Al acceder a la autonomía, un departamento, municipio y región, adquirió todas las atribuciones que exige un proceso autonómico, sin necesidad de volver a negociar o solicitar la asignación de más o menos competencias. Sin embargo, el Estado central del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Evo Morales han intentado asfixiar las autonomías, negando la transferencia de recursos que, una vez más, replantea el debate político sobre el pacto fiscal.