LOS debates sobre cómo mejorar la calidad de la democracia en América
Latina idealizan, algunas veces, varios mecanismos de reforma institucional como
la participación directa de la sociedad civil en la toma de decisiones. Uno de
los mecanismos participativos es la Asamblea Constituyente, que en el caso de
Bolivia (2006-2009) generó mayores problemas que beneficios, estimulando graves
situaciones de inestabilidad y amenazando la subsistencia del régimen
democrático hasta el presente.
En futuras investigaciones, es necesario incorporar un marco analítico
de política comparada que articule las siguientes dimensiones: a) los problemas
de consolidación democrática; b) la gobernabilidad como estrategia de
legitimidad estatal; y c) el papel de los movimientos sociales como actores
determinantes, tanto para desestabilizar la democracia como para introducir
demandas de democracia directa.
Los movimientos sociales poseen sus propias condiciones de desgaste y
desequilibrio durante los procesos de reforma constitucional. En Bolivia, el
resultado más importante de la Asamblea Constituyente fue la demanda para obtener
una reparación histórica y humana a
favor de los pueblos indígenas. Dicha demanda tampoco pudo instaurar una transformación
política profunda que permita la instauración de un verdadero Estado indígena.
La Constitución boliviana del año 2009 es de inspiración indigenista. Intenta
recomponer las tareas pendientes de reconciliación interétnica que el país necesita
con urgencia. El periodo de reformas de economía de mercado y privatizaciones (1993-2003),
excluyó la posibilidad de modificar la Constitución y generar escenarios de
consulta como el referéndum. Esto provocó una crisis de legitimidad cuando la
sociedad vio que no podía beneficiarse materialmente de las políticas de
privatización. Las posibilidades de superar esta crisis exigieron al régimen
democrático una mayor dosis de participación y transformación institucional que
incorpore los intereses étnicos, de género y las acciones de los movimientos
sociales para legitimar al sistema político.
Hoy día, los nuevos conflictos
que se encuentran detrás de la implementación constitucional. Los más
importantes se relacionan con el establecimiento de los gobiernos autónomos
regionales y con las expectativas de una revolución social para obtener un
Estado Benefactor, conectado, asimismo, con lo que en Bolivia se ha denominado
el nacimiento del Estado Plurinacional. Sin embargo, también aparece una nueva
amenaza: el papel ambiguo de las Fuerzas Armadas (FFAA) para defender a los
gobiernos democráticamente elegidos en los momentos de convulsión y como forma
represiva, justificada por la misma Constitución.
El alto mando militar,
actualmente goza de muchos privilegios como altos salarios, jubilación con el
100% de sus ingresos mientras estaban activos, ascensos permanentes, o el nombramiento
en altos cargos políticos y diplomáticos. Estas prerrogativas fueron otorgadas,
incluso a pesar de las acciones represivas del ejército que violaron los
derechos humanos en una serie de conflictos como la reducción de plantaciones
de hoja de coca (1988-2014), la Guerra del Agua (2000), la Guerra del Gas
(2003), la llamada Masacre de Porvenir (2008) y el retorno de viejas
concepciones que todavía consideran a las FFAA como una “institución tutelar de
la patria”.
El alto mando funciona
con estos patrones de acción mientras garantice una lealtad favorable a la reelección indefinida de Evo Morales.
Las bases de las FFAA y los oficiales de rangos inferiores con salarios bajos,
se han rebelado abiertamente por medio de protestas y huelgas de hambre en el
mes de abril de 2014, creando una grave insubordinación. Esta situación se liga
a una serie de movimientos de masas para forzar más cambios sociales, lo cual
genera demasiada inestabilidad institucional.
Por lo tanto, la
Asamblea Constituyente y el planteamiento de fundar un Estado Plurinacional no lograron
mostrar indicadores claros de consolidación democrática. El sistema
pluripartidista también se está desintegrando. El nacimiento de una democracia
multiétnica que construya un Estado indígena, no compatibiliza con el proyecto
hegemónico que tiene Evo Morales y tampoco responde a una débil democracia,
tutelada por las Fuerzas Armadas o los poderosos grupos corporativos como el
movimiento cocalero que no apoyan una mayor calidad democrática, ni una
legitimidad política basada en un Estado Nacional, cohesionado social y culturalmente.
El divisionismo es la señal más fuerte desde que Evo Morales llegó al poder en
el año 2005.
Análisis político
Bolivia necesita re-conceptualizar
la reforma estatal como la única manera para que el Estado Plurinacional tenga
sólidas raíces. La reforma del Estado es un proceso de conflictividad y cambio
político inestable, articulado a la necesidad de recomponer la gobernabilidad
del sistema político a partir de cinco factores[1]:
1) Lograr que
la sociedad boliviana acepte una redefinición de las responsabilidades del
Estado previstas ahora en la nueva Constitución.
2) Ampliar las
capacidades estatales para ejecutar acciones de interés colectivo en forma
eficiente, bajo el paraguas del concepto de Estado Plurinacional. En el caso de
las reformas constitucionales, significa asumir una identidad indigenista con la capacidad política para reconocer la
existencia pre-colonial de las naciones indígenas, respetando sus derechos al autogobierno
y autodeterminación. Al mismo tiempo, se debe generar una descentralización que
realmente implemente los cuatro niveles de autonomía: departamental, regional,
municipal e indígena.
3) Comprender
mejor cómo se van a acomodar las reformas constitucionales y las funciones del
Estado a las actuales capacidades del Estado boliviano, tomando en cuenta
procesos de corto, mediano y largo plazo. La necesidad de acomodar las funciones
a las capacidades del Estado representa un requisito estratégico que exige
elegir entre lo que se debe y no se debe hacer, cómo hacerlo, cómo aumentar la
capacidad estatal mediante la reestructuración de las instituciones públicas y
qué condiciones de concertación existen para lograr estabilidad política. Esto
es importante para evitar la erupción violenta del autoritarismo.
4) Está
pendiente cómo se van a clarificar las prioridades en la implementación de la
Constitución. Es esencial concentrarse en la protección de los derechos
fundamentales, debido proceso y acciones de defensa. La toma ilegal de propiedades,
así como la tortura sufrida por dirigentes campesinos y otros ciudadanos como
supuestos actos de “justicia comunitaria”, muestran violaciones sistemáticas a
la Constitución, muchas de ellas instigadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
5) El actual funcionamiento
de la estructura estatal aún no conceptualizó claramente lo que significa el
Estado Plurinacional en la administración gubernamental rutinaria. Por el
momento sólo es un slogan ideológico susceptible de ser rellenado con cualquier
contenido e intereses de poder.
La Constitución
promulgada en 2009 tuvo varias modificaciones que no fueron realizadas por los
asambleístas, sino por el Congreso nacional. De hecho los constituyentes no
redactaron ni siquiera un solo artículo constitucional. El texto aprobado el 9
de diciembre del año 2007 en la ciudad de Oruro representa una versión que fue
cambiada posteriormente por una pequeña élite política del MAS, protegida por
el Poder Ejecutivo. La
Constitución se reescribió entonces varias veces en medio de negociaciones
políticas entre el gobierno, los gobernadores de todo el país y los partidos
políticos de la oposición, principalmente Poder Democrático y Social (Podemos).
Este proceso tuvo lugar entre septiembre y octubre de 2008, luego de conocerse
los resultados del referéndum de revocatoria de mandato del 10 de agosto del mismo
año. La Asamblea Constituyente fracasó en varias oportunidades sin poder
redactar la Constitución porque todas las modificaciones y acuerdos finales
sucedieron por afuera de la
institucionalidad de dicha Asamblea.
Propuestas
Los conflictos estructurales que siguen amenazando la
implementación de la Constitución y deben ser resueltos cuanto antes, giran en
torno a lo siguiente:
a) Conflicto
entre los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), lo cual
implica una confrontación muy fuerte que agrava los problemas institucionales
de la democracia en Bolivia, fruto de un acentuado presidencialismo. Los
magistrados del Poder Judicial son constantemente avasallados por el Poder
Ejecutivo. El gobierno de Evo Morales está caracterizado por imponer sus
principales políticas mediante “decretos supremos”. Una administración que gobierna por decreto tiene graves consecuencias para la estabilidad política y
afecta negativamente la generación de consensos con diferentes sectores de la
sociedad civil.
b) Conflicto
entre el gobierno central y las regiones autónomas debido a la implementación
de las autonomías descentralizadas que deberían profundizar la reestructuración
del Estado.
c) Conflictos
entre la visión de modernización institucional y los movimientos indígenas, que
poseen diferentes concepciones multiculturales sobre los mismos problemas
políticos.
d) Conflictos
sobre el surgimiento de supuestos grupos terroristas. Las investigaciones en
torno al caso de terrorismo liderado por
Eduardo Rozsa en Santa Cruz, señalan dos tendencias: por un lado, terrorismo
relacionado con sectores autonomistas, y por otro, violencia estatal donde los
organismos de seguridad del Estado pisotean los derechos humanos.
e) El caso
Rozsa fue muy particular en Santa Cruz. Supuestamente, varios sectores
empresariales intentaron financiar la utopía de una nueva autonomía regional
cruceña, tropezando con el rechazo de todo el país. La organización de un supuesto
grupo terrorista dio a conocer varios nombres donde destacaba este personaje
Eduardo Rozsa, nacido en Bolivia, pero que había adquirido las nacionalidades
croata y húngara en campañas mercenarias. Hoy se cree que Rozsa fue contratado
por el mismo gobierno de Evo Morales para destruir las demandas autonómicas en
Santa Cruz, y perseguir a sus principales líderes regionales, acusados de
secesionistas.
f) Rozsa fue
asesinado y su célula terrorista resultó completamente desbaratada en abril de
2009. Esto desató un gran debate público porque rebeló que las élites
regionalistas de Santa Cruz, Beni y Pando impulsaron un conflicto autonómico
que de alguna manera apostó por el separatismo. Este conflicto terminó alienando
las perspectivas democráticas y las mismas políticas de descentralización.
El proceso autonómico
significa una oportunidad para incrementar la eficiencia y responsabilidad de
las acciones estatales. Solamente así tiene sentido el avanzar de manera más
decisiva en una descentralización y con una Constitución Política que busca
instaurar un nuevo tipo de Estado.
Los conflictos en Bolivia
debilitan al Estado y la democracia. El país está demasiado dividido desde la
caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y el gobierno del MAS tiene muchas
dificultades para tomar decisiones políticas que sean respetadas por diferentes
grupos porque sus intereses obedecen más a metas de corto plazo, sin mostrar
una verdadera voluntad para consolidar las capacidades estatales con criterios
de equidad y unidad.
Actualmente, el Estado
y la sociedad boliviana ingresaron en la oscura dinámica de la anomia. Por lo tanto, es muy difícil que
las elecciones directas para instituir gobernadores y gobiernos municipales
sirvan como un antídoto que contrarreste la emergencia de democracia anómica.
El país se caracteriza por tener un régimen
democrático ambiguo donde cualquier ciudadano se acostumbró a vivir al borde
del riesgo, la incertidumbre y la corrupción cotidiana, aceptando como normal
la violación de derechos humanos, los abusos del poder y las tenebrosas expresiones
de autoritarismo que también está presente en la sociedad civil por medio de
sangrientos linchamientos. La calidad de la democracia en Bolivia durante los
últimos treinta años, tiende a bajar constantemente y prepara las condiciones
para su lento deterioro y retroceso.
[1] Por gobernabilidad se entiende a la capacidad de las sociedades para
resolver sus problemas de permanente reforma del Estado, de modo que los
actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones de autoridad y
resolver sus conflictos, conforme a un sistema de reglas y procedimientos
formales o informales, dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias
de cambio socio-político.
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