El actual gobierno de Enrique Peña Nieto está enfrentando un terrible escándalo con la desaparición de 43 estudiantes normalistas en octubre de 2014. El hecho ha sido espeluznante porque se cree que estos estudiantes fueron quemados vivos. Las decapitaciones, descuartizamientos y cientos de asesinatos horrorosos superan con creces las acciones violentas del Estado Islámico. Lo que sucede en México es una crisis estatal que está golpeando muy duro en toda América Latina. El Estado mexicano se enmarca dentro de un verdadero proceso anómico, lo cual significa que presenta un conjunto de desequilibrios dentro del orden político, porque las estructuras estatales están dejando de representar el imperio de la ley y la integración social. El Estado anómico viola las garantías fundamentales de libertad y protección de derechos que poseen los ciudadanos.
Se
trata de una degeneración institucional y política donde es muy difícil
recuperar la capacidad para controlar tres ámbitos de suma importancia en el
siglo XXI: a) la policía; b) las Fuerzas Armadas; y c) el Poder Judicial. En
estas tres esferas, la violencia contra los derechos humanos y la penetración
del crimen organizado hicieron que el Estado tropiece con una crisis de
legitimidad, sin poder revertir una serie de incentivos a la impunidad y la
corrupción. Así, se socavan constantemente las débiles estructuras institucionales
que la democracia trató de desarrollar los últimos treinta años.
México
arrastra una ola de violencia donde sorprende la existencia de 60 mil muertos,
solamente en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), junto a
otros 26 mil desaparecidos en los mimos seis años. Todo esto a consecuencia de
la guerra contra las drogas y la imposibilidad de brindar seguridad interna a la
sociedad civil. La cantidad de asesinatos y desapariciones en diferentes
gobiernos democráticos de México va más allá de la cifra de muertos durante las
dictaduras más sangrientas en Chile (1973-1988) y Argentina (1976-1982).
Una
vez más, las desapariciones en México ponen al descubierto la relación peligrosa
entre el poder político y diversas bandas de sicarios en la ciudad de Iguala, relación
avalada inclusive por la gobernación del Estado de Guerrero. La sociedad
mexicana está fuertemente indignada por estos crímenes y se organizó para afrontar
los abusos del crimen organizado; sin embargo, el remedio parece ser peor que
la enfermedad, debido a la irrupción incontrolable de anomia estatal. Cuando la
sociedad desconoce la autoridad del Estado, aparecen múltiples distorsiones
donde algunas personas tratan de hacer justicia por mano propia, lo cual
agiganta la violencia por medio de múltiples linchamientos colectivos. Las
brigadas de autodefensa provenientes de la sociedad civil también rompen con la
estabilidad estatal, llevando hacia otros extremos la descomposición del orden
político.
Las
preguntas más relevantes para comprender el Estado anómico, podrían ser las
siguientes: ¿Cómo puede estimarse la penetración de intereses corporativos y
del crimen organizado como el narcotráfico, en las estructuras estatales de
México, en medio de la globalización? ¿Cuáles son las características de la
crisis de institucionalidad que afecta a la policía, las Fuerzas Armadas y el
Poder Judicial, características que destruyen la fortaleza estatal? ¿Cómo
contribuyen los factores y actores internacionales a fortalecer (o debilitar)
las capacidades estatales mexicanas?
Si
concebimos a la “estatalidad” como un péndulo que se mueve entre “estados
anómicos” y “estados fuertes”, es importante agregar otra orientación en la que
el Estado sea entendido como un sistema social complejo que cambia
constantemente y de forma no necesariamente lineal. Cambia en relación con el
contexto internacional y en su conexión con la sociedad.
Existe
un aspecto descuidado en las ciencias sociales latinoamericanas: la incapacidad
del Estado para reformarse como burocracia (eficiencia) y referente de orden
político (principio de autoridad y soberanía). Hasta el momento, algunas
instituciones estatales mexicanas no logran tener una identidad democrática para
enfrentar a los retos económicos de la globalización, y a la protección interna
de los derechos humanos en condiciones de seguridad.
La
noción de falla, fragilidad o anomia estatal, generalmente está asociada con la
incapacidad del Estado para desarrollar una o varias funciones que se
consideran primordiales. El concepto se vincula con definiciones de tipo
“funcionalista”. Un Estado con alta capacidad sería aquel que cuenta con el poder infraestructural para mantener el
monopolio de la coerción y, adicionalmente, para proveer a la población de
bienes públicos fundamentales. Esta noción, originalmente planteada por Michael
Mann[1], fue recientemente
recuperada en el influyente artículo de Soifer y Vom Hau. Según estos autores:
“los estados con altas capacidades se encuentran en mejores condiciones de
establecer el monopolio de la fuerza, hacer cumplir los contratos, controlar su
población, regular las instituciones, extraer recursos y proveer bienes públicos”[2].
En
México, la aparición del Estado anómico impide la entrega de servicios
públicos, agrandando los riesgos de la desigualdad. El crecimiento económico
podría contribuir a la reducción de la pobreza extrema; sin embargo, un Estado
débil y poco respetado por la sociedad, es arrastrado hacia la reproducción de
la desigualdad social, económica y política, sobre todo porque las élites
corporativas que tienen conexiones con el poder bloquean las capacidades del
Estado para actuar con autonomía. Esto es lo que desata demasiados conflictos y
pugnas de élites corporativas dentro de la dinámica del sistema político.
Además, la noción del “Estado como eficacia de la ley” se encuentra en
decadencia. El Estado supone la capacidad de hacer cumplir la ley en el
territorio. Esto no implica necesariamente la presencia de un régimen legal
democrático u occidental, sino simplemente la vigencia e implementación de un
sistema legal establecido con anterioridad y que requiere ser obedecido pero no
ocurre esto.
De
cara hacia el sistema internacional, se trata de mostrar un Estado fuerte, con
vocación de autoridad. Es decir, mostrar un Estado como Leviatán seguro de sí
mismo porque las redes de interdependencia de la globalización exigen un tipo
de actor estatal con plena potestad. Empero, hacia adentro de México, la realidad
presenta otro tipo de identidad más frágil y desestructurada, de manera que hay
una constante contradicción entre lo que es capaz de ofrecer el Estado hacia el
orden interno y otros desafíos por fuera: hacia la globalización que se
transforma en una influencia sumamente riesgosa.
El
Estado en México es enormemente inseguro debido a la escalada de violencia e
impunidad que predomina en el país. La policía, las Fuerzas Armadas y el Poder
Judicial construyeron una cultura
institucional paralela que es vulnerable a la incursión del crimen
organizado en las más altas esferas políticas. Asimismo, existe una peligrosa
tendencia en la sociedad civil donde se está naturalizando todo tipo de anomia estatal,
lo cual también se complementa con el hecho de que la anomia estatal viene
desenvolviéndose en medio de la realización de elecciones periódicas. La
sociedad elige gobiernos en las urnas pero no puede encontrar una salida para
la violencia y la decadencia de las instituciones estatales.
Son
pocas las investigaciones que analizan cómo funcionan los Estados
latinoamericanos. Los especialistas en políticas públicas tampoco intentaron comprender
cómo el Estado de México se relaciona con otros actores, específicamente las
relaciones con grupos empresariales, carteles de narcotraficantes, con la
policía, con las redes que ésta tiene en sectores informales de la economía y
la política, con las Fuerzas Armadas y con el Poder Judicial que obstaculiza el
acceso igualitario a la justicia y los debidos procesos.
El
Estado anómico de México vende una imagen externa, asumiendo la identidad de
Leviatán autoritario con el fin de mostrar que
es apto para racionalizar la actividad económica basada en el libre mercado y
exponerse así a la globalización. Ésta requiere de seguridad jurídica y
previsibilidad estatal que debe ser brindada a todos los agentes económicos. Sin
embargo, esta identidad es ficticia porque se producen varios conflictos, los
cuales muchas veces no pueden ser resueltos por las instancias judiciales donde
está ausente la imparcialidad, debido a que el Estado tiende constantemente a
estar corporativizado.
En el orden interno, el Estado mexicano ha desarrollado
los llamados códigos paralelos (o
informales) que rigen la
conducta cotidiana de numerosos jueces, empleados del Poder Judicial y
fiscales. Estas pautas normativas de comportamiento conforman una compacta cultura institucional que no está
codificada por escrito pero regula una parte importante de la vida diaria del
Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas y la policía, donde se violan
abiertamente los derechos, deteriorándose la eficacia del Estado como ley.
La
ley tiende a ser cumplida, únicamente para quien tiene más dinero, mayor poder
o mayor capacidad para amenazar al Estado que va perdiendo el monopolio de la
coerción y el uso legítimo de la violencia. El horizonte prospectivo es
catastrófico porque demuestra que las reformas del Estado, y todo tipo de
esfuerzo para mejorar la calidad institucional de la democracia, habrían
fracasado, precisamente debido a los efectos profundamente negativos que
desarrolla aquella cultura de códigos ocultos.
La
comprensión del carácter, extensión y profundidad de esta cultura institucional paralela también confirma la existencia de una
anomia social, lo cual exige la formulación de propuestas de reingeniería
gradual para la reforma estatal, junto con la necesidad de diseñar un programa
educativo con el propósito de combatir la retardación de justicia y las
influencias perversas que reproducen ciertos códigos paralelos en los aparatos
policiales y militares.
Los
actores corporativos como sindicatos, asociaciones de empresarios, élites
policiales, facciones privilegiadas de los partidos (PRI, PRD y PAN), élites militares
y burocracias judiciales, están involucrados en una serie de hechos anómicos
como cohecho, extorsión, lavado de dinero, secuestros, torturas y asesinatos
selectivos. Así se tiran por la ventana las preocupaciones e indicadores de una
mayor calidad democrática. Esto tiene consecuencias desestabilizadoras que
promueven ciertas acciones y decisiones que refuerzan el carácter
antidemocrático, debilitándose la institucionalidad vigente, prácticamente en
toda América Latina. El mal ejemplo de México contamina, como reguero de
pólvora, a toda la región.
[1] Mann, Michael (1984), “The Autonomous Power of the State: Its Origins,
Mechanisms, and Results”. European
Journal of Sociology 25 (2): 185-213. O’Donnell, Guillermo (1993), “On the
State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with
Glances at some Postcommunist Countries”. World
Development 21 (8): 1355-1369.
[2] Soifer, Hillel, and Matthias vom Hau (2008), “Unpacking the Strength of
the State: The Utility of State Infrastructure Power”. Studies in Comparative International Development 43 (3-4): 219-230,
p. 220.
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