CUANDO LA DEMOCRACIA APRIETA LAS BOTAS: LOS PROBLEMAS DE INSTITUCIONALIZACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS DE BOLIVIA
En treinta y tres años de democracia (1982-2014), las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en Bolivia tienen muchos problemas de institucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Significa que existe un lento proceso mediante el cual las normas y conductas de las instituciones militares reconocen y aceptan las enormes exigencias democráticas en términos del respeto de derechos y cuidado de la estabilidad política a cargo del poder civil.
La llegada de la democracia, luego de turbulentos regímenes
de facto que duraron alrededor de dieciocho años (1964-1982), hizo posible que
la población vuelva a creer en un Estado donde se desarrolle todo tipo de
libertades, gracias al establecimiento de la democracia, como la forma más
pacífica de gobierno. Así se puso fin a
las largas jornadas de represión, violencia y autoritarismo durante la década
de los setenta.
Con el restablecimiento de un gobierno democrático en el
año 1982 por parte del entonces presidente Hernán Siles Suazo, que recibió el
mando de parte de la junta militar encabezada por el general Vildoso Calderón,
se trató de implantar los principios democráticos, entre los cuales se pueden
citar: la organización de elecciones libres legitimadas por el voto universal;
el respeto de todo tipo de acciones de oposición frente un gobierno oficial; la
defensa de derechos civiles, humanos, políticos y sociales; junto con la
construcción de una opinión pública que informe abiertamente sobre el conjunto
de los problemas del país. Sin embargo, el papel de las Fuerzas Armadas fue
dejado de lado o arrinconado en la indiferencia, aunque el orden político del
aparato estatal iba a descansar, necesariamente, en lo que los militares podían
hacer como un último recurso para la estabilidad y el control de un nuevo tipo
de acciones represivas.
La crisis económica, la eclosión social y el desequilibrio
político del primer gobierno democrático en el periodo 1982-1985, dieron lugar
a que se abandone muy temprano la posibilidad de reformar a las instituciones
militares debido a que surgieron nuevas prioridades como la solución de la
hiperinflación, los problemas de la pobreza y la permanencia de una mala imagen
de los comandantes, relacionada con los golpes de Estado. Siempre destacó una
falta de profesionalización y modernización que tanto hacía falta en las FF. AA.
Para salvar a la democracia de una descomposición
política y económica, se instauró el llamado pacto por la democracia entre el gobierno de Víctor Paz Estenssoro
(1985-1989) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido mayor de oposición
en ese entonces, logrando así una democracia pactada que luego derivó en la
construcción de una frágil institucionalidad y el retorno de viejas estructuras
que se caracterizaron por el clientelismo y el cuoteo político. El fortalecimiento
institucional de las FF.AA. no pudo consolidarse dentro de un nuevo tipo de
Estado democrático.
Durante la administración del ex presidente Jaime Paz
Zamora (1989-1993), varios eventos domésticos e internacionales pusieron en
cuestión el rol de los militares bolivianos (por ejemplo, su participación en
los casos de lucha contra el narcotráfico y algunos escándalos de corrupción).
En diciembre de 1991 se promulgó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la
cual no generó cambios substanciales en el funcionamiento tradicional de la
institución militar. Más bien se dio lugar a la incursión de los militares en
la lucha contra el narcotráfico y, por lo tanto, se debilitaron las funciones
constitucionales de defensa externa para concentrar sus labores en el control
de narcóticos y la reestructuración del “orden político interno”. Esto fue negativo y mostraba, una vez más, la
imposibilidad de modernizar institucionalmente a las FF.AA.
Instaurando su base de operaciones en el Chapare
cochabambino con la ayuda de la embajada de Estados Unidos, que tuteló la
intervención militar en la política antinarcóticos, el Ejército (una de las
instancias más importantes de las FF.AA.) participó en las tareas de
erradicación de cultivos de coca provocando grandes consecuencias sociales y
políticas. Una de éstas fue la
estigmatización antidemocrática y violenta con la que fue visto el Ejército por
parte de los campesinos cocaleros. La institución militar volvía a convertirse
en una amenaza que viola los Derechos Humanos por medio de constantes
agresiones armadas.
Los conflictos sociales en Bolivia sufrieron
trasformaciones de índole radical durante el periodo democrático del gobierno de
Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).
Este gobierno estimuló varios conflictos debido a la implantación de
políticas económicas y sociales de raíz neoliberal, provocando movilizaciones
sociales. En esta situación de mayor
conflicto, los militares asumen otro rol: reprimir las movilizaciones que se
propagaban en el país y mantener el orden político a través de medidas de facto
como el estado de sitio.
Recordemos que las tres reformas consideradas importantes
en el gobierno de Sánchez de Lozada (Ley de Reforma Educativa, Privatización y
Participación Popular) fueron aprobadas e implementadas en el año 1993 en medio
de un total estado de excepción. Así quedó claro que las funciones represivas
en el ámbito interno adquirieron mayor preponderancia, en relación a otro tipo
de institucionalidad para las FF.AA. pues la violencia represora se transformó
en un recurso de última instancia para proteger la legitimidad cuestionada de
diferentes gobiernos democráticos. Una contradicción profunda y la señal de
desinstitucionalización en las FF.AA. que fue muy difícil de corregir hasta la
actualidad (2014). La imagen militar perdió credibilidad al ser utilizada como
instrumento de coerción de los mismos gobiernos democráticos. Esto hace pensar
en un retorno a medidas dictatoriales que socavan las relaciones
cívico-militares en Bolivia.
El gobierno de Hugo Banzer (1997-2000) se vio involucrado
en un conflicto de índole económica en la ciudad de Cochabamba provocando la
movilización denominada “Guerra del Agua”, debido a los intentos por privatizar
la provisión de los servicios de agua potable. El conflicto se extendió a lo
largo del país en apoyo a la demanda de los cochabambinos.
La presencia militar fue una vez más requerida para
mantener el orden, ante la inminente promulgación del “estado de sitio” que
estimularía mayor tensión en Cochabamba. La represión generó un centenar de
heridos y varios muertos. El resultado inmediato fue una mayor ruptura y
desconfianza entre las FF.AA. y la sociedad civil. Esto expresa que los
conflictos altamente desestabilizadores, son asumidos por manos no
profesionales porque se descartó la “negociación y resolución alternativa de
conflictos”. En el caso de la Guerra del Agua, el conflicto violento fue
administrado únicamente por los soldados que hacían su servicio militar a lo
largo del año. Esto reveló una gran letalidad por el grado de inexperiencia y
falta de preparación del personal militar que solamente reprimió sin tratar de
retomar el control de los conflictos por medio de pactos democráticos, ligados
al respeto de las garantías constitucionales.
En el segundo mandato de Sánchez de Lozada (2002-2003) se
evidenciaron dos momentos de tensión social: uno en el mes de febrero de 2003,
con la movilización de varios sectores de la sociedad civil a la que se sumó el
amotinamiento de la fuerza pública, derivando en un enfrentamiento con el
Ejército y el saldo lamentable de dos días de represión, 23 muertos y varios
heridos.
Un segundo acontecimiento surgió en el mes de octubre del
mismo año, cuando se pidió la renuncia inmediata de Sánchez de Lozada en la
denominada “Guerra del Gas”. El saldo negativo de la represión de octubre
provocó 78 muertos y más de 400 heridos; este clima de violencia provocó el
derrocamiento y posterior huida del presidente. El común denominador durante
estos momentos conflictivos fue la presencia de las FF.AA., convertidas en un recurso
inestable y extremo de represión violenta con graves consecuencias para la
democracia y la misma institución militar.
Posteriores gobiernos como el de Carlos D. Mesa
(2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), tampoco lograron un cambio
dentro la institución militar, pues sólo mantuvieron un statu quo sin
transformar efectivamente ningún área de las FF.AA. que hasta el día de hoy
mantienen ambiguos principios de lealtad hacia la democracia y de muy precaria
profesionalización, si se compara esta situación con otras instituciones militares
en el ámbito latinoamericano.
Con la llegada de un nuevo gobierno en el año 2006,
encabezado por Evo Morales Ayma, lo que se intenta es proyectar medidas
económicas, sociales y políticas que beneficien a la sociedad boliviana. Sin
embargo, esta pretensión tampoco ha logrado una mayor legitimidad y
reconocimiento de autonomía institucional para mejorar la relación entre las FF.AA.
y la defensa de la Constitución, o el respeto de la sociedad civil hacia la
institución militar como entidad que defiende la soberanía estatal con plena
confiabilidad.
Hoy en día, no hay una mayor reforma para identificar un
conjunto de nuevos roles militares y una mejor profesionalización de las FF.AA.
Más bien, Evo Morales delegó a éstas otras funciones como controlar el
contrabando y ser parte de la seguridad pública, lo cual no resuelve su crisis
de institucionalidad y agudiza sus problemas de organización que afectan, no
sólo a los militares sino también a su misma funcionalidad dentro de un sistema
democrático.
Existe un grave déficit de institucionalidad y problemas de modernización
dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo debido a las condiciones
de violencia que se practican en los cuarteles. Éstos son un escenario
pre-moderno y desprovisto de capacidades para reformarse desde adentro. La
pregunta central en este caso es: ¿cuáles son los problemas de institucionalidad que están
profundamente enraizados dentro de las Fuerzas Armadas bolivianas? Todos estos
repercuten seriamente y generan diferentes escenarios de violencia que
destruyen los valores básicos del sistema democrático.
Aquí se afirma como hipótesis de trabajo que la carencia de una institucionalidad en las FF.AA. impacta
en la aparente instrucción integral que se imparte a los conscriptos en los
cuarteles del país, bajo el nombre de servicio militar obligatorio, generando
patrones de autoritarismo violento y determinando una incapacidad de adaptación de
la institución militar a las exigencias de un sistema de derechos democráticos
y del nuevo tipo de Estado Plurinacional.
El problema de
construcción de institucionalidad dentro las FF.AA., viene desde la
instauración de la democracia en Bolivia, debido a la falta de claridad e
interés de los legisladores y militares de alto rango en tratar temas como su
modernización y formación profesional, provocando así condiciones de violencia
en los cuarteles y en la intervención de los militares en los momentos de
manutención del orden político interno. Estos problemas crean incertidumbre respecto
a los principios democráticos que las FF.AA. deben obedecer en Bolivia. La democracia, una vez más, está en constante peligro.
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