CUANDO LA DEMOCRACIA APRIETA LAS BOTAS: LOS PROBLEMAS DE INSTITUCIONALIZACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS DE BOLIVIA

El fallido golpe de Estado, insubordinación o, sencillamente, bravuconada improvisada del 26 de junio de 2024, marca una profunda crisis del sistema democrático y, al mismo tiempo, una vergonzosa desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). En cuarenta y dos años de democracia (1982-2024), las FF.AA. en Bolivia tienen muchos problemas de institucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Significa que existe un lento proceso mediante el cual las normas y conductas de las instituciones militares no reconocen y aceptan de mal agrado las enormes exigencias democráticas en términos del respeto de derechos y cuidado de la estabilidad política a cargo del poder civil.

 Los militares se caracterizan por estar vinculados con el contrabando, los escándalos de alcoholismo, la corrupción de los altos mandos, una profunda mediocridad en su formación y perspectivas de largo plazo, así como por su tendencia a ser manipulados políticamente por las élites del poder de turno, que utilizan a las FF.AA. para intimidar y jugar con lealtades de corto plazo, sin pensar en el futuro de una institucionalidad adaptada a las exigencias de la seguridad del Estado.

 La llegada de la democracia, luego de turbulentos regímenes de facto que duraron alrededor de dieciocho años (1964-1982), hizo posible que la población vuelva a creer en un Estado donde se desarrolle todo tipo de libertades, gracias al establecimiento de la democracia, como la forma más pacífica de gobierno.  Así se puso fin a las largas jornadas de represión, violencia y autoritarismo durante la década de los setenta.

 Con el restablecimiento de un gobierno democrático en el año 1982 por parte del entonces presidente Hernán Siles Suazo, que recibió el mando de parte de la junta militar encabezada por el general Vildoso Calderón, se trató de implantar los principios democráticos, entre los cuales se pueden citar: la organización de elecciones libres legitimadas por el voto universal; el respeto de todo tipo de acciones de oposición frente un gobierno oficial; la defensa de derechos civiles, humanos, políticos y sociales; junto con la construcción de una opinión pública que informe abiertamente sobre el conjunto de los problemas del país. Sin embargo, el papel de las Fuerzas Armadas fue dejado de lado o arrinconado en la indiferencia, aunque el orden político del aparato estatal iba a descansar, necesariamente, en lo que los militares podían hacer como un último recurso para la estabilidad y el control de un nuevo tipo de acciones represivas.

 La crisis económica, la eclosión social y el desequilibrio político del primer gobierno democrático en el periodo 1982-1985, dieron lugar a que se abandone muy temprano la posibilidad de reformar a las instituciones militares debido a que surgieron nuevas prioridades como la solución de la hiperinflación, los problemas de la pobreza y la permanencia de una mala imagen de los comandantes, relacionada con los golpes de Estado. Siempre destacó una falta de profesionalización y modernización que tanto hacía falta en las FF. AA.

 Para salvar a la democracia de una descomposición política y económica, se instauró el llamado pacto por la democracia entre el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido mayor de oposición en ese entonces, logrando así una democracia pactada que luego derivó en la construcción de una frágil institucionalidad y el retorno de viejas estructuras que se caracterizaron por el clientelismo y el cuoteo político. El fortalecimiento institucional de las FF.AA. no pudo consolidarse dentro de un nuevo tipo de Estado democrático.

 Durante la administración del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), varios eventos domésticos e internacionales pusieron en cuestión el rol de los militares bolivianos (por ejemplo, su participación en los casos de lucha contra el narcotráfico y algunos escándalos de corrupción). En diciembre de 1991 se promulgó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la cual no generó cambios substanciales en el funcionamiento tradicional de la institución militar. Más bien se dio lugar a la incursión de los militares en la lucha contra el narcotráfico y, por lo tanto, se debilitaron las funciones constitucionales de defensa externa para concentrar sus labores en el control de narcóticos y la reestructuración del “orden político interno”.  Esto fue negativo y mostraba, una vez más, la imposibilidad de modernizar institucionalmente a las FF.AA.

 Instaurando su base de operaciones en el Chapare cochabambino con la ayuda de la embajada de Estados Unidos, que tuteló la intervención militar en la política antinarcóticos, el Ejército (una de las instancias más importantes de las FF.AA.) participó en las tareas de erradicación de cultivos de coca provocando grandes consecuencias sociales y políticas.  Una de éstas fue la estigmatización antidemocrática y violenta con la que fue visto el Ejército por parte de los campesinos cocaleros. La institución militar volvía a convertirse en una amenaza que viola los Derechos Humanos por medio de constantes agresiones armadas.

 Los conflictos sociales en Bolivia sufrieron trasformaciones de índole radical durante el periodo democrático del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997). Este gobierno estimuló varios conflictos debido a la implantación de políticas económicas y sociales de raíz neoliberal, provocando movilizaciones sociales.  En esta situación de mayor conflicto, los militares asumen otro rol: reprimir las movilizaciones que se propagaban en el país y mantener el orden político a través de medidas de facto como el estado de sitio.

 Recordemos que las tres reformas consideradas importantes en el gobierno de Sánchez de Lozada (Ley de Reforma Educativa, Privatización y Participación Popular) fueron aprobadas e implementadas en el año 1993 en medio de un total estado de excepción. Así quedó claro que las funciones represivas en el ámbito interno adquirieron mayor preponderancia, en relación a otro tipo de institucionalidad para las FF.AA. pues la violencia represora se transformó en un recurso de última instancia para proteger la legitimidad cuestionada de diferentes gobiernos democráticos. Una contradicción profunda y la señal de desinstitucionalización en las FF.AA. que fue muy difícil de corregir hasta la actualidad (2024). La imagen militar perdió credibilidad al ser utilizada como instrumento de coerción de los mismos gobiernos democráticos. Esto hace pensar en un retorno a medidas dictatoriales que socavan las relaciones cívico-militares en Bolivia.

 El gobierno de Hugo Banzer (1997-2000) se vio involucrado en un conflicto de índole económica en la ciudad de Cochabamba provocando la movilización denominada “Guerra del Agua”, debido a los intentos por privatizar la provisión de los servicios de agua potable. El conflicto se extendió a lo largo del país en apoyo a la demanda de los cochabambinos.

 La presencia militar fue una vez más requerida para mantener el orden, ante la inminente promulgación del “estado de sitio” que estimularía mayor tensión en Cochabamba. La represión generó un centenar de heridos y varios muertos. El resultado inmediato fue una mayor ruptura y desconfianza entre las FF.AA. y la sociedad civil. Esto expresa que los conflictos altamente desestabilizadores, son asumidos por manos no profesionales porque se descartó la “negociación y resolución alternativa de conflictos”. En el caso de la Guerra del Agua, el conflicto violento fue administrado únicamente por los soldados que hacían su servicio militar a lo largo del año. Esto reveló una gran letalidad por el grado de inexperiencia y falta de preparación del personal militar que solamente reprimió sin tratar de retomar el control de los conflictos por medio de pactos democráticos, ligados al respeto de las garantías constitucionales.

 En el segundo mandato de Sánchez de Lozada (2002-2003) se evidenciaron dos momentos de tensión social: uno en el mes de febrero de 2003, con la movilización de varios sectores de la sociedad civil a la que se sumó el amotinamiento de la fuerza pública, derivando en un enfrentamiento con el Ejército y el saldo lamentable de dos días de represión, 23 muertos y varios heridos.

 Un segundo acontecimiento surgió en el mes de octubre del mismo año, cuando se pidió la renuncia inmediata de Sánchez de Lozada en la denominada “Guerra del Gas”. El saldo negativo de la represión de octubre provocó 78 muertos y más de 400 heridos; este clima de violencia provocó el derrocamiento y posterior huida del presidente. El común denominador durante estos momentos conflictivos fue la presencia de las FF.AA., convertidas en un recurso inestable y extremo de represión violenta con graves consecuencias para la democracia y la misma institución militar.

 Posteriores gobiernos como el de Carlos D. Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), tampoco lograron un cambio dentro la institución militar, pues sólo mantuvieron un statu quo sin transformar efectivamente ningún área de las FF.AA. que hasta el día de hoy mantienen ambiguos principios de lealtad hacia la democracia y de muy precaria profesionalización, si se compara esta situación con otras instituciones militares en el ámbito latinoamericano.

 Con la llegada de un nuevo gobierno en el año 2006, encabezado por Evo Morales Ayma, lo que se intentó fue proyectar supuestas medidas económicas, sociales y políticas que beneficien a la sociedad boliviana, junto con la retórica sin forma ni contenido real, como la descolonización del Estado. Sin embargo, estas pretensiones tampoco lograron una mayor legitimidad y reconocimiento de autonomía institucional para mejorar la relación entre las FF.AA. y la defensa de la Constitución, o el respeto de la sociedad civil hacia la institución militar como entidad que defiende la soberanía estatal con plena confiabilidad. Evo Morales subordinó a las FF.AA. a una ideologización sustentada en el anti-imperialismo y el cantar del “patria o muerte, venceremos”, acciones similares a la decadencia institucional de los militares en Venezuela y Cuba.

 El efecto perverso fue un conjunto de efectivos militares sometidos a intereses de corto plazo y ambiciones personalistas de una élite de generales y mandos instrumentalizados que buscaban ganar un ascenso, gracias a la lealtad política del régimen de turno, postergando a la gran mayoría de oficiales y soldados que veían morir una “carrera militar”, dentro de los marcos del caos, el contrabando, la lucha contra el narcotráfico donde está el dinero fácil, la corrupción disfrazada de nacionalismo o descolonización, y las ideologías huecas que nunca calaron hondo en las intenciones y valores de los oficiales jóvenes, cuya rutina es la obediencia sin rumbo, el consumo excesivo del alcohol y el vacío de una institución militar que nunca pudo ver su modernización en el siglo XXI.

 Hoy en día, no hay una mayor reforma para identificar un conjunto de nuevos roles militares y una mejor profesionalización de las FF.AA. Más bien, Evo Morales y Luis Arce delegaron a éstas otras funciones como controlar el contrabando y ser parte de la seguridad pública, lo cual no resuelve su crisis de institucionalidad y agudiza sus problemas de organización que afectan, no sólo a los militares sino también a su misma funcionalidad dentro de un sistema democrático.

 Existe un grave déficit de institucionalidad y problemas de modernización dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo debido a las condiciones de violencia que se practican en los cuarteles. Éstos son un escenario pre-moderno y desprovisto de capacidades para reformarse desde adentro. La pregunta central en este caso es: ¿cuáles son los problemas de institucionalidad que están profundamente enraizados dentro de las Fuerzas Armadas bolivianas? Todos estos repercuten seriamente y generan diferentes escenarios de violencia que destruyen los valores básicos del sistema democrático. Esto es lo que fue instrumentalizado y terminó en la vergonzosa intentona golpista del 26 de junio de 2024.

 La carencia de una institucionalidad en las FF.AA. impacta en la aparente instrucción integral que se imparte a los conscriptos en los cuarteles del país, bajo el nombre de servicio militar obligatorio, generando patrones de autoritarismo violento y determinando una incapacidad de adaptación de la institución militar a las exigencias de un sistema de derechos democráticos y del nuevo tipo de Estado Plurinacional.

 El problema de construcción de institucionalidad dentro las FF.AA., viene desde la instauración de la democracia en Bolivia, debido a la falta de claridad e interés de los legisladores y militares de alto rango en tratar temas como su modernización y su transformación profesional, provocando así condiciones de violencia en los cuarteles y en la intervención de los militares en los momentos de manutención del orden político interno. Estos problemas crean incertidumbre respecto a los principios democráticos que las FF.AA. deben obedecer en Bolivia. La democracia, una vez más, está en constante peligro.