Ningún objeto cultural e ideológico es tan valorado y disputado actualmente como la educación. La ilusión de ser aceptado en escuelas de gran prestigio o las esperanzas que cualquier padre de familia anima, tratando de ver a sus hijos convertidos en ciudadanos educados y profesionales exitosos, se asemeja mucho al sueño de varios países por construir distintos núcleos generadores de talentos. Hoy día existe una profunda convicción respecto a cómo las capacidades educativas impactan positiva y directamente en el desarrollo.
Los economistas de la información consideran que el capital educativo en cualquier nación constituye una de las características principales que impulsan el crecimiento económico, tanto en los países ricos como en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Las políticas educativas llegaron a transformarse en los aceleradores de cambio, además de ser un área de intervención muy proclive a reaccionar favorablemente a los cambios tecnológicos del siglo XXI, pues el uso intensivo de recursos informáticos vía Internet, facilita una serie de procesos de aprendizaje, optimizando las aptitudes de estudiantes y maestros.
La educación es un baluarte estratégico que permite a todo tipo de clases sociales integrarse de la mejor manera en el competitivo mercado laboral, o en las estructuras culturales donde los productos educativos mostrarán resultados concretos como la publicación de libros, circulación de ideas, discusión en torno a prototipos que buscan los perfiles de una sociedad mejor e inclusive, los canales por donde las instituciones resuelven mejor sus conflictos, apostando por el cultivo de un ambiente democrático, pluralista, pacífico y respetuoso de las diversidades que promueven una sociedad más ambiciosa con sólidos estándares de modernización junto a una reforma educativa ambiciosa.
El problema central radica en que diferentes gobiernos consideran a la educación como un patrimonio subordinado a otros objetivos políticos. Por ejemplo, colocar al sistema educativo bajo las directrices de los indicadores de ajuste macroeconómico con el objetivo de compatibilizar los gastos sociales y otro tipo de inversiones en materia productiva; sin embargo, en una época de revoluciones tecnológicas y sistemas globales de información, el capital educativo es un recurso crucial para articular expectativas, diseñar planes de futuro, atenuar conflictos explosivos y colocar las bases que viabilicen el cambio progresivo en las instituciones y algunos procesos sociales.
Cuanto antes, se hace fundamental discutir por qué las reformas educativas presentan una serie de previsiones que necesitan programas nacionales, así como la concertación imaginativa con miradas regionales y locales, en función de construir una red de sistemas educacionales, hábiles para responder de la manera más eficiente e integradora a una concepción de calidad total. Bolivia nunca estuvo al margen de estos debates y es precisamente ahora, con la aplicación de la Ley de Reforma Educativa Avelino Siñani-Elizardo Pérez, que la sociedad en su conjunto debe analizar las perspectivas positivas, así como corregir las insuficiencias de esta propuesta.
Debatir sobre la calidad total en la educación nos lleva a las aulas de primaria, secundaria, la universidad y los centros de postgrado. No estamos acostumbrados a exigir calidad en la educación porque le tenemos temor o simplemente la despreciamos, contentándonos con una tonta fiebre por pasar de curso y lograr un título que probablemente no sirva para nada al verificar que la calidad de nuestra educación es inexistente.
Es innegable que la educación boliviana en el siglo XXI arrastra obstáculos estructurales de grandes proporciones, debido a las intensas disputas políticas que irradian características destructivas. Por un lado, el Estado siempre representa a un ámbito burocrático que es interpelado constantemente por la sociedad civil para satisfacer la demanda de una educación gratuita. Aun a pesar de cumplirse la subvención permanente del Estado hacia la educación primaria y secundaria, no están claros los incentivos que aseguren una completa equidad. En Bolivia todavía es muy fuerte la exclusión de sectores pobres, escuelas rurales y grupos considerados marginales (mujeres indígenas), al no alcanzar estándares educativos de calidad o no poder convertir sus condiciones desventajosas en estrategias para escapar de la pobreza.
La segmentación de las escuelas continúa siendo abismal, sobre todo al considerar una polarización entre establecimientos rurales y urbanos. Existen escuelas con pésima infraestructura, malos docentes y alta deserción estudiantil, junto a colegios de las grandes capitales como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba donde las clases medias y altas se favorecen con la mejor educación, sobre todo porque cumplen un calendario lectivo y los contenidos completos del currículo tradicional. Pero inclusive a pesar del avance de materias sin interrupciones, no puede hablarse del surgimiento de “nuevos paradigmas pedagógicos con calidad” ya que aún pesan los aprendizajes memorísticos, o aquellos enfoques demasiado supeditados a lógicas autoritarias que reniegan de la creatividad y la construcción colectiva de aprendizajes, abiertos a la renovación constante.
El hecho de terminar los programas pedagógicos que brinden a los estudiantes un conjunto de enseñanzas y oportunidades para el manejo de la información y aplicación de los conocimientos, marca, de hecho, una distancia respecto a otros colegios donde el avance formativo está fragmentado, incompleto o víctima de obstáculos materiales como la carestía de bibliotecas y el abandono de una orientación sistemática, rompiéndose el círculo virtuoso entre la enseñanza, compromiso docente y el acompañamiento de los padres de familia que tampoco refuerzan la estrategias educativas más allá de las escuelas. A esto se suman los modelos pedagógicos anticuados que transmiten información desactualizada, o no problematizan las situaciones de cambio que circundan al mundo actual.
Por otra parte, el sindicalismo del magisterio urbano y rural, representa un sector políticamente organizado que rechaza sistemáticamente cualquier propuesta de reforma educativa. La resistencia a toda reivindicación de cambio, básicamente responde a los salarios muy bajos que tienen los maestros, al mismo tiempo que la formación docente siempre es de lamentable calidad.
Las discusiones sobre cuáles serían las mejores formas de enseñanza y adaptación a entornos constantemente exigentes y transformativos, encuentra en los maestros poco interés sostenido. Los profesores de base están tensionados por las necesidades mínimas para sobrevivir con sueldos insignificantes, un prestigio devaluado como profesionales, y la incertidumbre en torno a su función como dinamizadores de nuevos paradigmas educativos. Existen muchos profesores que identifican la teoría pedagógica con principios abstractos sin ninguna vigencia, ni aplicación en las condiciones reales en las cuales ellos desarrollan su actividad.
En la mayoría de los casos, los profesores bolivianos hacen lo que pueden creando sus propias prácticas que funcionan de manera parcial. Uno de los principales problemas surge debido a que no tienen casi ningún tipo de apoyo teórico que justifique o refuerce la eficacia en el aula. En consecuencia, las prácticas de enseñanza no son transferidas como un conjunto de resultados positivos que permitan mejorar el funcionamiento de todo el sistema educacional.
Al mismo tiempo, las universidades y una multiplicidad de centros de investigación pedagógica plantean teorías o estrategias para implementar las reformas educativas, aunque completamente descontextualizadas, siendo, o muy abstractas e impracticables, o muy costosas, impidiendo la renovación de las prácticas reales en las aulas de los docentes. Por esta razón, las propuestas más ambiciosas, a veces terminan empobreciendo sus propios desarrollos teóricos y sus perfiles de aplicación efectiva.
En medio de los enfrentamientos entre el Estado y el magisterio sindicalizado, no se puede dejar de tomar en cuenta a las grandes masas de familias, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, que se encaminan siguiendo diferentes conceptos sobre la educación de calidad, la equidad, el futuro como sociedad y múltiples sentidos de la vida.
Para estos sentidos no está del todo definido ¿qué tipo de reforma educativa serviría como propulsor de transformaciones?, ni tampoco está claramente entendido ¿cómo los padres y sus hijos valoran social e individualmente los beneficios de una educación para la vida?; ¿cuál es el horizonte profesional de acuerdo con distintas vocaciones, y qué tipo de aportes pueden ellos otorgar al desarrollo de la sociedad boliviana en su conjunto?
La nueva Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, promulgada en Bolivia en el mes de diciembre del año 2010, constituye un paquete de cambios todavía incompleto pues aún no fueron diseñadas explícitamente cuáles podrían ser las alternativas para pensar un nuevo modelo pedagógico, los criterios operacionales, las reglamentaciones y con qué materiales podrían guiarse los maestros. Asimismo, deben aclararse cuáles son los requerimientos para desarrollar un modelo de calidad educativa, caracterizado por patrones de cambio, gestión del talento y fomento de la creatividad pedagógica en las aulas.
Comentarios
Publicar un comentario