EL MITO DE LA SOLIDEZ HISTÓRICA DE OCCIDENTE

 


Los violentos conflictos en Francia se desbordaron hacia casi toda Europa. Aunque provoquen una reminiscencia a los duros momentos de la caída del muro de Berlín, no están presentes las señales de cambios profundos en los sistemas políticos, sino todo lo contrario, pues emerge el desbaratamiento de varias instituciones democráticas. El sociólogo británico-alemán, Ralf Dahrendorf, adelantó varias reflexiones sobre las tensiones entre los “derechos de ciudadanía” y el “acceso efectivo a los bienes y servicios” que permiten ejercerlos. En El conflicto social moderno, distinguió entre titularidad de derechos y satisfacción de los mismos, ayudando a comprender una de las contradicciones más profundas de las democracias contemporáneas: reconocer derechos no significa garantizar, automáticamente, las condiciones materiales para disfrutarlos.

Una sociedad puede proclamar la igualdad jurídica y, simultáneamente, reproducir desigualdades que condicionan las oportunidades reales. Puede garantizar el derecho a la educación, mientras las diferencias de origen determinan la calidad del aprendizaje; reconocer la libertad de expresión mientras la concentración mediática amplifica determinadas voces; y establecer derechos laborales mientras la inseguridad económica y la pobreza reducen la capacidad de los trabajadores para ejercerlos.

La crisis europea introduce una dificultad adicional. Ya no se discute solamente quién accede a los derechos y quién recibe los bienes disponibles. Se debate también quién tiene capacidad para decidir qué derechos pueden financiarse, cuáles deben reformarse y qué intereses económicos serán protegidos cuando surjan incompatibilidades entre las exigencias del mercado y las expectativas sociales.

La ciudadanía puede votar por un partido político y descubrir que las restricciones económicas reducen drásticamente la ejecución de su programa de gobierno. Puede exigir mayor protección social y recibir como respuesta que la deuda pública impide asumir nuevos compromisos. Puede reclamar una distribución más equitativa de los sacrificios y encontrarse con que la movilidad del capital limita los gastos del gobierno.

Es en esta distancia entre “soberanía formal” y “capacidad efectiva de decisión” donde la reflexión de Dahrendorf adquiere actualidad. Las pugnas contemporáneas en Francia enfrentan, por una parte, a las masas de ciudadanos que esperan que la democracia produzca decisiones capaces de modificar sus condiciones de vida y, por otra, a estructuras elitistas de poder económico que disponen de recursos extraordinarios para proteger sus intereses. No se trata de dos bloques homogéneos, ni de una guerra inevitable entre el pueblo y una minoría conspiradora. Existen trabajadores que votan por opciones diferentes, empresarios comprometidos con las instituciones democráticas y élites políticas que no pueden reducirse a una sola voluntad, pero las desigualdades en los recursos de influencia son reales y merecen atención.

La democracia se hunde cuando el acceso a la decisión pública depende demasiado de las élites oligárquicas, cuando las políticas distributivas quedan sometidas a vetos gubernamentales y cuando amplios sectores sociales llegan a la conclusión de que su voto cambia a los gobernantes, pero no las condiciones fundamentales de su existencia.

El conflicto deja de ser únicamente una lucha por la titularidad de los derechos y se convierte en una disputa por la “titularidad de las decisiones”: quién tiene autoridad para definir los límites de lo posible y quién conserva la facultad de modificar esos límites.

Después de 1945, las democracias de Europa occidental construyeron una legitimidad basada en una combinación excepcional: elecciones competitivas, libertades civiles, crecimiento económico, protección social y ampliación de los derechos de ciudadanía. La memoria del fascismo y la guerra contribuyó a consolidar la convicción de que la democracia constitucional no era únicamente un procedimiento, sino una garantía contra la arbitrariedad política.

Después de la Guerra Fría, esa convicción adquirió un tono triunfalista. La desaparición del bloque soviético pareció confirmar que la democracia liberal constituía el horizonte definitivo de la modernización política. La integración europea, la expansión de los mercados y la difusión de instituciones representativas fueron interpretadas como expresiones de una evolución histórica favorable.

Los conflictos posteriores demostraron que la consolidación democrática no es irreversible. Las instituciones pueden deteriorarse desde adentro; los partidos pueden perder su capacidad de representación; los gobiernos pueden utilizar mecanismos legales para debilitar controles; y los ciudadanos pueden terminar apoyando alternativas que prometen orden a cambio de reducir el pluralismo, socavando las estructuras más profundas de la democracia.

El caso ruso ofrece una advertencia histórica precisa: el descrédito de una democracia imperfecta puede facilitar la concentración autoritaria del poder. La impopularidad de los oligarcas y el cansancio frente al desorden de los años noventa contribuyeron a crear condiciones favorables para el ascenso de Putin, pero la subordinación de los grandes empresarios al Kremlin no produjo una democracia más abierta. Produjo una estructura política en la que la competencia efectiva quedó severamente restringida.

Europa no es Rusia y Francia no se encuentra automáticamente encaminada hacia ese desenlace. La comparación sirve para identificar un mecanismo, no para declarar equivalentes dos historias nacionales. Cuando las instituciones representativas pierden legitimidad y la población considera que el sistema político es incapaz de resolver sus problemas, aumenta el atractivo de quienes prometen superar el bloqueo mediante una autoridad más concentrada. El peligro es que una sociedad confunda la eficacia del mando con la calidad del gobierno. La concentración autoritaria del poder puede producir decisiones rápidas, pero también elimina controles, restringe la oposición y dificulta corregir los errores de quienes gobiernan.

La crisis de las democracias occidentales no puede interpretarse exclusivamente como una confrontación entre ciudadanos y oligarcas. También exige examinar las responsabilidades de los partidos, las burocracias, los gobiernos y las propias sociedades. Las élites económicas no son las únicas que pueden debilitar la democracia; las mayorías electorales también pueden respaldar proyectos que erosionan las libertades de las minorías y la independencia de las instituciones.

La democracia no está asegurada por la riqueza de un país, por la antigüedad de sus instituciones ni por la superioridad que una civilización atribuya a sus propias tradiciones. Su continuidad depende de que el poder pueda ser “limitado”, sustituido y sometido a reglas que no se modifiquen unilateralmente en beneficio de quienes lo ejercen. La supuesta solidez histórica de Occidente está empezando a derrumbarse y fue, en parte, una confianza excesiva en que la prosperidad y las instituciones heredadas bastarían para reproducir indefinidamente ese equilibrio que controle al poder. Hoy día, Occidente ya no garantiza nada.



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