Los violentos conflictos en Francia se desbordaron hacia
casi toda Europa. Aunque provoquen una reminiscencia a los duros momentos de la
caída del muro de Berlín, no están presentes las señales de cambios profundos
en los sistemas políticos, sino todo lo contrario, pues emerge el
desbaratamiento de varias instituciones democráticas. El sociólogo británico-alemán,
Ralf Dahrendorf, adelantó varias reflexiones sobre las tensiones entre los “derechos
de ciudadanía” y el “acceso efectivo a los bienes y servicios” que permiten
ejercerlos. En El conflicto social
moderno, distinguió entre titularidad de derechos y satisfacción de los
mismos, ayudando a comprender una de las contradicciones más profundas de las
democracias contemporáneas: reconocer derechos no significa garantizar,
automáticamente, las condiciones materiales para disfrutarlos.
Una sociedad puede proclamar la igualdad jurídica y,
simultáneamente, reproducir desigualdades que condicionan las oportunidades
reales. Puede garantizar el derecho a la educación, mientras las diferencias de
origen determinan la calidad del aprendizaje; reconocer la libertad de expresión
mientras la concentración mediática amplifica determinadas voces; y establecer
derechos laborales mientras la inseguridad económica y la pobreza reducen la
capacidad de los trabajadores para ejercerlos.
La crisis europea introduce una dificultad adicional.
Ya no se discute solamente quién accede a los derechos y quién recibe los
bienes disponibles. Se debate también quién tiene capacidad para decidir qué
derechos pueden financiarse, cuáles deben reformarse y qué intereses económicos
serán protegidos cuando surjan incompatibilidades entre las exigencias del
mercado y las expectativas sociales.
La ciudadanía puede votar por un partido político y
descubrir que las restricciones económicas reducen drásticamente la ejecución
de su programa de gobierno. Puede exigir mayor protección social y recibir como
respuesta que la deuda pública impide asumir nuevos compromisos. Puede reclamar
una distribución más equitativa de los sacrificios y encontrarse con que la
movilidad del capital limita los gastos del gobierno.
Es en esta distancia entre “soberanía formal” y “capacidad
efectiva de decisión” donde la reflexión de Dahrendorf adquiere actualidad. Las
pugnas contemporáneas en Francia enfrentan, por una parte, a las masas de
ciudadanos que esperan que la democracia produzca decisiones capaces de
modificar sus condiciones de vida y, por otra, a estructuras elitistas de poder
económico que disponen de recursos extraordinarios para proteger sus intereses.
No se trata de dos bloques homogéneos, ni de una guerra inevitable entre el
pueblo y una minoría conspiradora. Existen trabajadores que votan por opciones
diferentes, empresarios comprometidos con las instituciones democráticas y
élites políticas que no pueden reducirse a una sola voluntad, pero las
desigualdades en los recursos de influencia son reales y merecen atención.
La democracia se hunde cuando el acceso a la decisión
pública depende demasiado de las élites oligárquicas, cuando las políticas
distributivas quedan sometidas a vetos gubernamentales y cuando amplios
sectores sociales llegan a la conclusión de que su voto cambia a los
gobernantes, pero no las condiciones fundamentales de su existencia.
El conflicto deja de ser únicamente una lucha por la
titularidad de los derechos y se convierte en una disputa por la “titularidad
de las decisiones”: quién tiene autoridad para definir los límites de lo
posible y quién conserva la facultad de modificar esos límites.
Después de 1945, las democracias de Europa occidental
construyeron una legitimidad basada en una combinación excepcional: elecciones
competitivas, libertades civiles, crecimiento económico, protección social y
ampliación de los derechos de ciudadanía. La memoria del fascismo y la guerra
contribuyó a consolidar la convicción de que la democracia constitucional no
era únicamente un procedimiento, sino una garantía contra la arbitrariedad
política.
Después de la Guerra Fría, esa convicción adquirió un
tono triunfalista. La desaparición del bloque soviético pareció confirmar que
la democracia liberal constituía el horizonte definitivo de la modernización
política. La integración europea, la expansión de los mercados y la difusión de
instituciones representativas fueron interpretadas como expresiones de una
evolución histórica favorable.
Los conflictos posteriores demostraron que la
consolidación democrática no es irreversible. Las instituciones pueden
deteriorarse desde adentro; los partidos pueden perder su capacidad de
representación; los gobiernos pueden utilizar mecanismos legales para debilitar
controles; y los ciudadanos pueden terminar apoyando alternativas que prometen
orden a cambio de reducir el pluralismo, socavando las estructuras más
profundas de la democracia.
El caso ruso ofrece una advertencia histórica precisa:
el descrédito de una democracia imperfecta puede facilitar la concentración
autoritaria del poder. La impopularidad de los oligarcas y el cansancio frente
al desorden de los años noventa contribuyeron a crear condiciones favorables
para el ascenso de Putin, pero la subordinación de los grandes empresarios al
Kremlin no produjo una democracia más abierta. Produjo una estructura política
en la que la competencia efectiva quedó severamente restringida.
Europa no es Rusia y Francia no se encuentra
automáticamente encaminada hacia ese desenlace. La comparación sirve para
identificar un mecanismo, no para declarar equivalentes dos historias
nacionales. Cuando las instituciones representativas pierden legitimidad y la
población considera que el sistema político es incapaz de resolver sus
problemas, aumenta el atractivo de quienes prometen superar el bloqueo mediante
una autoridad más concentrada. El peligro es que una sociedad confunda la
eficacia del mando con la calidad del gobierno. La concentración autoritaria del
poder puede producir decisiones rápidas, pero también elimina controles,
restringe la oposición y dificulta corregir los errores de quienes gobiernan.
La crisis de las democracias occidentales no puede
interpretarse exclusivamente como una confrontación entre ciudadanos y
oligarcas. También exige examinar las responsabilidades de los partidos, las
burocracias, los gobiernos y las propias sociedades. Las élites económicas no
son las únicas que pueden debilitar la democracia; las mayorías electorales
también pueden respaldar proyectos que erosionan las libertades de las minorías
y la independencia de las instituciones.
La democracia no está asegurada por la riqueza de un
país, por la antigüedad de sus instituciones ni por la superioridad que una
civilización atribuya a sus propias tradiciones. Su continuidad depende de que
el poder pueda ser “limitado”, sustituido y sometido a reglas que no se
modifiquen unilateralmente en beneficio de quienes lo ejercen. La supuesta
solidez histórica de Occidente está empezando a derrumbarse y fue, en parte,
una confianza excesiva en que la prosperidad y las instituciones heredadas
bastarían para reproducir indefinidamente ese equilibrio que controle al poder.
Hoy día, Occidente ya no garantiza nada.


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