Hay fechas que permanecen en la memoria porque
condensan muchas tragedias. El 11 de septiembre de 1973 es una de ellas.
Santiago amaneció bajo el ataque de los tanques, los aviones y las armas. La
Moneda fue bombardeada y Salvador Allende murió mientras las Fuerzas Armadas
destruían violentamente el orden constitucional chileno. Pinochet se erigió
como el peor traidor y uno de los más sanguinarios dictadores. Después vino una
dictadura de diecisiete años, convirtiendo la persecución política, prisión,
tortura, exilio, ejecuciones y desapariciones, en instrumentos del poder.
Las comisiones chilenas establecieron miles de
víctimas de violaciones de derechos humanos. Las investigaciones realizadas
después de la recuperación democrática reconocieron 3.216 víctimas de
desaparición, ejecución y tortura con muerte, además de 38.254 víctimas de
prisión política y martirio. Las cifras oficiales reunidas por el Estado
chileno llegan a 40.175 víctimas calificadas, considerando las distintas
categorías de violaciones de derechos humanos: desde desapariciones hasta homicidios.
Chile conoció una forma brutal de violencia política,
donde el Estado sabía quién perseguía, quién detenía y quién interrogaba. La
maquinaria represiva tenía uniforme, oficinas, centros de detención, cadenas de
mando y una doctrina. La violencia era visible porque procedía de un poder central
que se había apoderado del Estado.
Cincuenta años después aparece algo mucho más incómodo
para América Latina. ¿Qué sucede cuando la violencia deja de necesitar un golpe
de Estado? ¿Qué ocurre cuando ya no es indispensable clausurar el Congreso,
prohibir los partidos políticos o suspender una Constitución para que miles de
personas desaparezcan? ¿Qué ocurre cuando una sociedad conserva elecciones, tiene
poder legislativo, tribunales, presidentes constitucionales y libertades
formales, pero, al mismo tiempo, miles de ciudadanos son asesinados,
secuestrados o desaparecen sin que el Estado pueda protegerlos? Aquí comienza
la historia de la democracia oscura.
Un ejemplo
vergonzoso
México constituye uno de los ejemplos más vergonzosos.
No estamos hablando simplemente de 30.000 desaparecidos desde el gobierno de
Felipe Calderón. El problema es considerablemente mayor. El Registro Nacional
de Personas Desaparecidas y No Localizadas contiene cientos de miles de
registros históricos desde 1952 y, según una revisión de Data Cívica realizada
en agosto de 2026, 133.788 personas permanecían sin ser localizadas. La propia
organización advierte, sin embargo, que existen importantes discrepancias y
problemas de transparencia y consistencia en los registros.
Lo terrible aparece cuando se observa la evolución
temporal. Durante el gobierno de Felipe Calderón se produjo un quiebre en la
escala de las desapariciones. Data Cívica señala que entre 2006 y 2007 los
registros aumentaron 201,4 %, mientras que 2011 alcanzó uno de los puntos más
elevados de aquel sexenio, con 5.185 registros. Pero el fenómeno no terminó con
Calderón. Los gobiernos posteriores heredaron niveles cada vez mayores y los
registros continuaron creciendo hasta alcanzar máximos históricos durante el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un presidente inútil que no hizo nada
para esclarecer la matanza de Ayotzinapa.
Ya no se trata solo de preguntar quién gobierna. Hay
que preguntar qué capacidad tiene el Estado para garantizar que una persona
pueda caminar por su ciudad, trabajar, viajar, denunciar un delito, defender su
propiedad o sencillamente regresar a su casa sin convertirse en una cifra. La
democracia puede otorgar derechos jurídicos y, al mismo tiempo, dejar enormes
espacios sometidos a poderes que matan.
Esta es la paradoja. En una dictadura como la chilena,
el ciudadano sabía —al menos en términos políticos— que enfrentaba un Estado
represivo. La violencia tenía una fuente identificable. En una democracia
capturada parcialmente por el crimen organizado, la violencia puede ser mucho
más difusa. El ciudadano no siempre sabe quién manda en una carretera, en un
barrio, en una localidad rural productora de hojas de coca, o incluso dentro de
determinadas instituciones.
El Estado conserva sus símbolos, pero pierde
territorio; conserva elecciones, pero pierde capacidad de investigación
criminal; conserva fiscalías, pero no necesariamente consigue justicia; conserva
policías, pero puede ser penetrado por redes criminales; conserva discursos
sobre derechos humanos, pero puede ser incapaz de encontrar a los desaparecidos.
Aquí aparece una de las contradicciones más profundas
de nuestras democracias latinoamericanas: la democracia protege “formalmente”
al ciudadano, pero el Estado puede ser incapaz de protegerlo realmente.
No es solo México
En abril de 2026, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, señalaron que América Latina y el Caribe
continúa registrando los niveles más altos de violencia letal del mundo. La
tasa regional de homicidios indicada en ese informe fue de 19,7 por cada
100.000 habitantes; además, menos de la mitad de la población declaró sentirse
segura caminando sola de noche.
El Banco Mundial ha señalado también que las tasas de
homicidio de América Latina y el Caribe son, aproximadamente, ocho veces
superiores al promedio mundial y que el crimen organizado constituye una
amenaza generalizada para la región. Entonces, aparece una pregunta que
incomoda, tanto a la izquierda como a la derecha, a los progresistas como a los
conservadores: ¿de qué sirve una democracia que no consigue garantizar un
derecho tan fundamental como la vida?
Una democracia no consiste solamente en depositar una
papeleta cada cuatro o cinco años, también supone que el Estado tiene la capacidad
para hacer cumplir la ley, investigar delitos, proteger a las víctimas,
castigar a los responsables y garantizar que los ciudadanos puedan desarrollar
su existencia sin quedar sometidos a poderes arbitrarios.
Una democracia sin Estado de derecho termina siendo
una estructura política vulnerable. El contraste con Chile resulta perturbador.
El 11 de septiembre de 1973 mostró el rostro desnudo de la dictadura: las armas
tomaron el Estado. El México contemporáneo —y, en distintos grados, otros
países latinoamericanos— muestra otra posibilidad: los actores criminales
conquistan espacios del Estado, sin necesidad de tomar formalmente el poder.
No necesitan un tanque frente al palacio presidencial,
pues controlan una carretera. No buscan clausurar el Congreso, sino intimidar a
un alcalde. No necesitan censurar todos los periódicos, ya que basta con
asesinar a un periodista en una localidad donde todos saben quién fue. No requieren
desaparecer a una oposición política completa. Les basta con conseguir que una
comunidad tenga “miedo de hablar”.
La violencia criminal posee una ventaja terrible sobre
la represión clásica: puede presentarse como ausencia de Estado. Por eso quizá
estamos frente a una nueva forma de oscuridad política: el Estado democrático
anómico. La dictadura se ufanaba al decir: “yo mando porque tengo las armas”. La
democracia anómica puede terminar diciendo: “eres libre, pero nadie puede
protegerte”. La primera destruye abiertamente la libertad. La segunda puede
conservar sus formas, mientras erosiona silenciosamente las condiciones
materiales que permiten ejercerla.
Aquí hay una ironía histórica que América Latina
todavía no ha resuelto. Durante décadas luchamos contra las dictaduras
militares convencidos de que la democracia constituía la gran garantía contra
la violencia política. Recuperamos elecciones, redactamos nuevas constituciones,
creamos defensorías del pueblo, comisiones de derechos humanos y tribunales
constitucionales.
Por supuesto, celebramos elecciones presidenciales,
pero no siempre construimos Estados suficientemente fuertes para proteger a los
ciudadanos. Un Estado anómico puede convertirse en una tragedia tan profunda
como un Estado represivo, aunque de naturaleza completamente distinta. Chile
nos recuerda el horror del Estado que persigue y mata. México nos obliga a
pensar en el horror del Estado que no encuentra y jamás hace justicia con los
desaparecidos.
La derrota de la
democracia
El drama en América Latina muestra cómo miles de
ciudadanos terminan desapareciendo, porque el poder en los sistemas
democráticos así lo permite. Sin embargo, sería históricamente irresponsable
establecer una equivalencia moral entre la dictadura chilena y la violencia
criminal contemporánea en México o en toda América Latina. Una fue una política
estatal de represión; la otra involucra, fundamentalmente, al crimen
organizado, corrupción, impunidad, debilidad institucional y fallas de
justicia. Pero, precisamente, porque no son equivalentes, la comparación
resulta intelectualmente útil: permite preguntarnos por las distintas formas en
que una sociedad puede perder la seguridad estatal y la dignidad.
El problema latinoamericano del siglo XXI ya no puede
reducirse a militares golpistas. Ahora tenemos que hablar de policías corruptos,
fiscales amenazados, jueces intimidados, municipios penetrados, economías
ilegales, territorios controlados por organizaciones criminales, periodistas
asesinados, jóvenes reclutados y familias convertidas en buscadoras de sus
propios desaparecidos. La democracia anómica no necesita abolir las
instituciones. Le basta con destruirlas. Aprendimos a reconocer la dictadura
cuando llega con uniforme, pero todavía nos cuesta reconocer la desprotección
cuando llega acompañada de elecciones.
El 11 de septiembre chileno seguirá siendo un símbolo
del momento en que las armas destruyeron una democracia. Pero el presente
latinoamericano plantea otra preocupación: ¿qué sucede cuando las instituciones
democráticas se convierten en anómicas, mientras la vida cotidiana de millones
de ciudadanos queda expuesta a los poderes que el Estado no puede controlar? Este
es el verdadero septiembre negro del continente; no solamente el de las dictaduras
que llegaron para quedarse, sino también el de las democracias que, lentamente,
descubren que votar no basta para estar a salvo.
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