Los conflictos en Francia son prácticamente
imparables. Todo comenzó el 17 de septiembre mediante bloqueos estudiantiles en
el liceo Saint-Exupéry, ubicado en Créteil (una región metropolitana de París),
para protestar por la escasez de profesores y el deterioro de las
infraestructuras escolares. La violencia escaló a tal extremo que la crisis ahora
expresa el hundimiento de las estructuras de la “civilización política” que
creyó haber convertido la democracia liberal en un destino irreversible de la
historia.
Francia es un ejemplo de cómo las democracias
occidentales europeas, no están amenazadas porque hayan desaparecido las
elecciones, sino porque el poder económico, la integración de los mercados y la
concentración de las decisiones oligárquicas vaciaron de contenido la soberanía
popular, sin abolir formalmente las instituciones democráticas. Francia es un
escenario para examinar una contradicción política difícil: el choque entre la
crisis de representación, la conflictividad social, el debilitamiento de los
partidos tradicionales y la dificultad de conciliar las promesas del Estado de
bienestar con las restricciones de la economía globalizada. Todo está desmoronándose
debido a los impactos negativos de la “lógica oligárquica” en toda Europa.
A comienzos del siglo XXI, cuando Rusia abandonaba los
escombros de la Unión Soviética, los términos “oligarcas y oligarquías”, adquirieron
una fuerza inusitada, pues designaban a un puñado de empresarios que habían
acumulado fortunas colosales durante la privatización de los bienes públicos,
convertido la riqueza en influencia política y aprendido a tratar al Estado
como una prolongación de sus intereses particulares. La democracia rusa nació
bajo la sospecha de que el dinero había comprado demasiado pronto las
instituciones que debían limitarlo.
La posterior consolidación autoritaria de Vladimir
Putin modificó aquella relación de fuerzas. Los oligarcas no fueron simplemente
expulsados del poder para que triunfara la democracia; el nuevo régimen
subordinó a los grandes empresarios, restringió la competencia política y
concentró el poder en torno al Kremlin. La experiencia rusa dejó una lección
amarga: una oligarquía debilita y destruye la democracia, pero su derrota no
garantiza la libertad cuando el poder económico es reemplazado por una
autoridad estatal sin controles efectivos.
Lo extraordinario es que, un cuarto de siglo después,
la palabra oligarquía vuelve a adquirir pertinencia para interpretar la crisis
de las democracias occidentales en Europa. Ya no se trata de reproducir
mecánicamente la historia rusa en Europa, sino de reconocer una contradicción
que el optimismo liberal prefirió mantener en segundo plano: la expansión del
mercado mundial, la integración financiera y la concentración de la riqueza, no
conducen a una ampliación equivalente de la ciudadanía democrática. Francia
constituye uno de los escenarios más reveladores de esta contradicción.
La crisis de representación, la fragmentación
parlamentaria, la conflictividad callejera y la presión sobre las finanzas
públicas, muestran las dificultades de sostener un orden político que promete
bienestar, exige disciplina fiscal y, simultáneamente, encuentra mayores
obstáculos para producir acuerdos legítimos sobre quién debe pagar los costos de
la transformación económica.
La crisis francesa no puede reducirse al desgaste
personal de Emmanuel Macron, a los errores tácticos de su presidencia, ni tampoco
a la rivalidad entre la izquierda y la derecha nacionalista. Esos elementos
importan, pero expresan un problema mucho más grande: la dificultad de traducir
la legitimidad electoral en una capacidad efectiva de gobernar una “sociedad
dividida” que no puede hacer frente a las nuevas oligarquías financieras, por
ejemplo.
La disolución parlamentaria de 2024, contribuyó a
fragmentar la Asamblea Nacional y debilitó la posición del bloque presidencial.
Desde entonces, la formación de mayorías estables y la aprobación de
presupuestos políticamente sostenibles se convirtieron en obstáculos destructivos.
La controversia sobre los recortes, las pensiones, los servicios públicos y el
déficit presupuestario expuso una contradicción que atraviesa toda Europa
contemporánea: los gobiernos necesitan contener sus compromisos financieros,
pero los ciudadanos no aceptan fácilmente que el precio de ese ajuste recaiga
sobre los derechos y condiciones de vida considerados “conquistas históricas”. Las
oligarquías están conformes con los conflictos y, simultáneamente, tratan de
que los mediadores democráticos desactiven los problemas, pero sin afectar los
intereses oligárquicos en las finanzas, la economía petrolera y las
transnacionales que diseñan la nueva ecología de la Inteligencia Artificial.
En octubre de 2026, la violencia callejera, los
cuestionamientos a la capacidad gubernamental para mantener el orden y el
deterioro de la autoridad presidencial, se combinaron con el miedo de los
mercados ante el endeudamiento y la incertidumbre política. Francia está
atrapada entre dos exigencias difíciles de reconciliar: los acreedores reclaman
señales de disciplina presupuestaria, mientras numerosos ciudadanos exigen que
el Estado siga garantizando protección social, seguridad material y servicios
públicos.
El problema no consiste en que los gobiernos democráticos
en Francia, España, Italia, Albania, Croacia o Serbia tengan dificultades para
obtener una mayoría parlamentaria. El eje de todo radica en que las decisiones
económicas responden a una racionalidad oligárquica que la ciudadanía no puede
modificar fácilmente mediante el voto. Si cualquier programa político termina
subordinado a la reacción de los mercados financieros, a las exigencias de
competitividad internacional y a la necesidad de tranquilizar a los inversores,
¿hasta dónde llega realmente la soberanía popular?
Esta pregunta no implica que los mercados sean una
conspiración, ni que la responsabilidad fiscal carezca de importancia. Un
Estado endeudado enfrenta restricciones materiales que ninguna retórica puede
abolir. Sin embargo, reconocer esas restricciones no obliga a aceptar que las
decisiones distributivas deban quedar sustraídas de la deliberación
democrática. Un presupuesto nunca es un documento exclusivamente contable, sino
que determina qué necesidades serán atendidas, qué derechos tendrán
financiación y qué grupos sociales sufrirán los sacrificios.
Por lo tanto, la crisis francesa revela que las
elecciones producen representación, pero no necesariamente capacidad de
decisión. Los gobiernos anuncian reformas, pero no logran construir consensos
duraderos; los ciudadanos protestan, pero la protesta tampoco produce por sí
misma una alternativa estable. El resultado es una acción política que oscila
entre la impotencia parlamentaria, el decisionismo presidencial y la tentación
de soluciones autoritarias.
Francia, patria histórica de la ciudadanía moderna, la
soberanía popular y los derechos universales, descubre que las instituciones
democráticas pueden sucumbir frente a nuevas oligarquías, mientras disminuye la
confianza en la capacidad de cualquier democracia para transformar la vida
colectiva.
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