Pasaron dos décadas desde aquella Asamblea Constituyente
que prometió refundar el país y terminó aprobando un texto “apócrifo”. No fue
escrito por los asambleístas; fue un injerto redactado en la opacidad del
poder, un traje a la medida de un Leviatán que, creyéndose omnipotente, decidió
ser empresario, socialista, banquero y tendero. Hoy, cuando la palabra “reforma
constitucional” vuelve a pronunciarse con una ingenuidad que raya en lo
irresponsable, es imperativo desempolvar la memoria y entender que la
Constituyente estableció una matriz anómica dentro del sistema político.
Vi el fracaso desde adentro y lo documenté. Hoy lo digo
con la certeza de un experto: uno de los errores más graves del apócrifo texto
constitucional, fue la figura del Estado como eje del desarrollo económico. El
Estado interventor en la economía no es sinónimo de justicia social, sino el
vector más claro de anomia que hemos conocido y todo se gestó en un diseño
erróneo desde un comienzo, al ver ingentes cantidades de dinero provenientes de
la renta petrolera.
La anomia como legado
En 2007 no se redactó una carta magna; se legalizó una
ficción. El texto aprobado declaraba un “Estado social de derechos” pero, en
realidad, diseñaba un “Estado patrimonialista de facto”. Esa contradicción
fundacional es la anomia en sentido estricto: un conjunto de normas que no
ordenan la realidad, sino que la distorsionan para beneficio de una maquinaria
política. La anomia no es ausencia de leyes, es la existencia de un sistema
legal que nadie cumple porque el propio Estado las viola sistemáticamente al
competir deslealmente, al quebrar empresas y al desproteger el mínimo sentido
de ciudadanía.
Esa anomia ya estaba ahí, en el texto que los
constituyentes no escribieron pero que se vieron obligados a aplaudir. Veinte
años después, todo empeoró porque la economía y la estructura estatal siguen
gobernadas por ese guion mitológico: intervenir, malgastar, corromper el poder
público y perder la soberanía frente al narcotráfico y el crimen organizado.
La reforma no es
achicar, es reordenar
El debate sobre el “tamaño del Estado” es pueril. Un
Estado puede ser pequeño y déspota, o grande y ágil. La clave está en sus
capacidades, y éstas dependen de su fisonomía interna. La reforma
constitucional debe hacer dos cosas simultáneamente: a) alejar al Estado de la
función empresarial directa, suprimiendo constitucionalmente su rol de
productor de bienes y servicios en competencia con los ciudadanos y b) garantizar
un robusto blindaje institucional para la regulación y el reordenamiento
estatal.
Es un nuevo paradigma: la Constitución ya no debe ser la llave
para que el Estado haga todo, sino el código fuente de un Estado que sabe
regular lo que no debe hacer. La regulación moderna requiere autonomía técnica,
no sumisión al calendario electoral del partido de turno. Requiere superintendencias,
financiamiento intocable y directores elegidos por concurso público, no por
cuotas de poder. Eso es lo que jamás se resolvió en 2007, porque el objetivo no
era ordenar, sino controlar, intimidar y hacer pasar por novedad, una Constitución
que terminó llevando al país hacia un estancamiento lleno de ofertas populistas
insostenibles.
Al evitar que el Estado asuma el peso de gestionar
fábricas, hoteles, aerolíneas y medios de comunicación, se liberan las
capacidades reales para lo que sí es indelegable: planificar, fiscalizar,
sancionar al infractor y redistribuir con inteligencia. Se pasa de un Estado
musculoso pero incompetente, a un Estado esbelto con capacidad de arbitraje.
El cementerio de
elefantes blancos
El artículo transitorio más importante de una nueva
Constitución debería listar la eliminación y clausura total de, al menos, 25
empresas estatales. No fusionarlas, no “reestructurarlas” bajo el mismo manto
político. Clausurarlas o liquidarlas. Son cadáveres económicos que parasitan el
presupuesto general. Mantener empresas en quiebra, que sobreviven gracias a las
transferencias del tesoro, es la definición exacta de anomia económica. Esa hemorragia
de recursos es lo que impide pagar mejores salarios a médicos o maestros; es lo
que confisca el ahorro nacional para alimentar la ineficiencia.
El cementerio de elefantes blancos no es un fracaso
accidental del modelo; es su producto inevitable. Al mantenerlos con
respiración artificial, el Estado corroe su propio ordenamiento jurídico,
porque debe violar la Ley del Presupuesto, la Ley de Empresas Públicas y los
contratos colectivos para mantener ese artificio. Una reforma que no los
ejecute es una reforma cómplice.
Un Estado que se
respete a sí mismo
El país no se enfrenta únicamente a una crisis económica,
se enfrenta a un proceso de descomposición institucional muy profundo: el
Estado anómico donde se constata que, al no poder cumplir sus propias leyes,
deja de creer en ellas. Un Estado que no puede pagar sus deudas a proveedores,
que no puede sostener sus propias empresas, que no puede garantizar certeza
jurídica porque es el primer violador de contratos, es un Estado que se
disuelve en la nada. Para detener esa tendencia hacia la “disolución”, la
Constitución debe ser un acto de corrección y un pacto de realidad. Debe prohibir
expresamente que el Ejecutivo sea accionista mayoritario en sectores no
estratégicos definidos con precisión.
Se debería crear un Tribunal de Liquidación de Empresas
Públicas con mandato constitucional, blindado frente a acciones de amparo y
huelgas de hambre extorsivas, que ejecute el cierre técnico y evite la reinserción
laboral de sus empleados ineficientes. El tamaño del Estado no se mide por el
número de empleados públicos, sino por la densidad de sus capacidades, por su honestidad
y calidad de sus fortalezas reguladoras, de recaudación y de protección social
efectiva.
El fracaso de 2007 fue haber escrito un texto para un
país mítico, rico y omnipotente. Hoy necesitamos un texto para un país real,
herido, que debe elegir entre seguir alimentando a sus verdugos empresariales o
reconstruir un aparato estatal donde las reglas signifiquen algo. Evitar que el
Estado vuelva a intervenir en la economía no es un acto neoliberal, es un acto
fundacional de salud pública institucional. Es la única forma de sacarlo del atolladero
de la anomia y devolverle su único poder legítimo: hacer cumplir la ley para que
el mismo Estado se vea obligado a obedecerla.
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