EN POLÍTICA NADIE ES INOCENTE

 

                                                     Max Weber (1864-1920)

Las enredadas controversias en torno a la denominada gasolina basura y las investigaciones judiciales que alcanzan a funcionarios técnicos, reabren una pregunta que trasciende el caso concreto: ¿qué responsabilidad tienen los intelectuales, economistas, ingenieros, abogados y especialistas cuando sus decisiones producen efectos negativos para millones de ciudadanos?

Con frecuencia, la imagen del tecnócrata aparece asociada a la neutralidad. Se supone que únicamente aplica normas, ejecuta políticas o produce informes especializados, mientras que las decisiones políticas corresponderían exclusivamente a ministros o presidentes. Sin embargo, esta visión es profundamente engañosa. En los Estados contemporáneos, el conocimiento técnico constituye una “forma de poder”. Quien controla la información, diseña modelos, aprueba especificaciones o valida informes, participa directamente en la producción de decisiones públicas. El experto nunca es un simple espectador.

El famoso sociólogo, Max Weber, comprendió de manera muy clara este dilema hace más de un siglo. En su ensayo “La política como vocación”, distinguió entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera actúa conforme a principios absolutos: el individuo considera suficiente mantener intacta su conciencia moral, aunque las consecuencias sean desastrosas. La segunda exige hacerse cargo, precisamente de esas consecuencias. Para Weber, quien ejerce el poder no puede refugiarse en la pureza de sus intenciones; debe responder por los efectos reales de sus decisiones.

Esta diferencia resulta decisiva para comprender el papel de los tecnócratas. Un funcionario puede afirmar que, simplemente, firmó un documento porque existía una orden superior, que confió en otros informes técnicos o que su competencia era limitada. Tales argumentos quizá expliquen parcialmente su conducta, pero no eliminan la responsabilidad inherente al ejercicio de una función pública. La ética de la responsabilidad exige preguntarse si existían riesgos conocidos, si era posible advertirlos, si correspondía dejar constancia escrita de las objeciones o incluso negarse a convalidar decisiones manifiestamente perjudiciales. Hacer “algo” para no perjudicar o dañar a millones porque al ejercer el poder, justamente se pudo hacer muchas cosas, pero en el tema de la gasolina basura, lo que destaca es la cobardía y la irresponsabilidad de los altos mandos, aunque aparezcan compungidos detrás de las rejas.

El problema es que muchas burocracias latinoamericanas premian exactamente el comportamiento contrario. La obediencia suele valorarse más que el juicio profesional. El funcionario que plantea dudas es considerado incómodo; quien guarda silencio es recompensado con estabilidad, ascensos o confianza política. Poco a poco, la administración pública genera una cultura donde la lealtad sustituye al criterio técnico y donde la prudencia profesional es reemplazada por la sumisión jerárquica.

La filósofa alemana, Hannah Arendt, describió un fenómeno semejante al analizar la “banalidad del mal”. No sostenía que los funcionarios fueran necesariamente perversos, sino que enormes daños pueden producirse cuando personas “aparentemente normales” renuncian a pensar críticamente y convierten la obediencia o el deshonesto pragmatismo en una virtud absoluta. En esos casos, la irresponsabilidad no proviene únicamente de la maldad, sino de la suspensión del juicio moral.

Algo parecido ocurre con numerosos intelectuales que ingresan al Estado. Muchos llegan convencidos de que podrán modernizar instituciones o, supuestamente, aportar conocimiento especializado. Sin embargo, una vez incorporados a la maquinaria burocrática, descubren que el principal incentivo consiste en adaptarse a las preferencias del poder político. El experto deja de producir conocimiento independiente para transformarse en legitimador de decisiones previamente adoptadas. La técnica deja de orientar a la política y pasa a justificarla.

El caso de la gasolina cuestionada ilustra esta tensión. Más allá de las responsabilidades individuales que determine la justicia, la discusión pública revela una pregunta más profunda: ¿hasta dónde llega el deber profesional de advertir, objetar o impedir decisiones que pueden ocasionar daños económicos, ambientales o sociales? Un tecnócrata responsable no puede limitarse a afirmar que cumplía órdenes, si contaba con información suficiente para prever consecuencias graves. La autoridad política decide, pero el experto tiene el deber de informar con veracidad, registrar sus discrepancias, oponerse, pelear y preservar la integridad de su conocimiento profesional.

En las democracias consolidadas existe una tradición institucional que protege esta conducta. Los informes técnicos suelen dejar constancia de opiniones divergentes; las advertencias permanecen archivadas; existen mecanismos para denunciar irregularidades y proteger a quienes actúan de buena fe. En cambio, en sistemas donde predomina el personalismo político, estas garantías suelen desaparecer, favoreciendo una cultura del silencio administrativo.

Por ello, la verdadera independencia de un tecnócrata no consiste en proclamarse apolítico. Consiste en conservar la autonomía intelectual necesaria para decir “no” cuando la evidencia contradice la conveniencia política. La técnica sin coraje termina siendo un instrumento del poder; el conocimiento sin responsabilidad se convierte en simple estupidez.

La ética de la responsabilidad propuesta por Weber sigue siendo extraordinariamente actual porque recuerda que toda decisión pública posee consecuencias humanas concretas. Los millones de ciudadanos afectados por una política equivocada no distinguen entre quien diseñó la medida, quien la aprobó o quien la ejecutó técnicamente. Todos participaron, en distinta medida, de una misma cadena de decisiones.

Quizás, la enseñanza más importante sea que el verdadero valor de un intelectual dentro del Estado, no reside únicamente en su capacidad para resolver problemas complejos, sino en su disposición a asumir los costos personales de defender la verdad técnica cuando ésta resulta incómoda para el poder. La competencia profesional sin independencia moral produce funcionarios eficientes; la competencia acompañada de responsabilidad ética produce auténticos servidores públicos. Y en tiempos de profundas crisis institucionales, esta diferencia puede determinar el destino del país porque en política “nadie” es inocente.