En agosto de 2006 comenzó a funcionar la Asamblea
Constituyente boliviana bajo la promesa de “refundar” el país. Dos décadas
después, el balance es menos optimista que las expectativas que acompañaron
aquel momento. La nueva Constitución de 2009 produjo importantes innovaciones retóricas,
como el reconocimiento del Estado Plurinacional y la ampliación del catálogo de
derechos colectivos. Sin embargo, el proyecto de refundación terminó
subordinado a una lógica política que debilitó el constitucionalismo
democrático. El problema central no fue la incorporación de los derechos
indígenas, sino la utilización de la narrativa de una supuesta refundación como
mecanismo de concentración del poder político y del autoritarismo.
Desde la teoría constitucional, el “poder
constituyente” posee una naturaleza extraordinaria. Comenzando en la Revolución
francesa de 1789, Emmanuel Sieyès lo concibió como la expresión soberana de la
nación para establecer un nuevo orden jurídico, mientras que el jurista alemán,
Hans Kelsen, entendía que una Constitución debía estabilizar el sistema
político a través de normas aceptadas por todos. En ambos casos, el poder
constituyente tiene un carácter excepcional y debe concluir cuando nace el “nuevo
orden constitucional”. No puede convertirse en un principio permanente de
movilización política.
Sin embargo, una parte importante de la izquierda
latinoamericana reinterpretó esta tradición bajo la influencia del populismo
contemporáneo. Inspirados por el sociólogo argentino, Ernesto Laclau, diversos
intelectuales defendieron una concepción del pueblo como sujeto homogéneo, capaz de sustituir a todas las instituciones
estatales. El “conflicto permanente” adquiría, entonces, mayor valor político
que el consenso constitucional, mientras que la legitimidad descansaba más en
la movilización popular que en las reglas del Estado de derecho.
Bolivia reprodujo esta lógica. Las propuestas constitucionales
elaboradas en septiembre de 2006 por la coalición de organizaciones sindicales
campesinas e indígenas, el Pacto de Unidad, planteaban una profunda
transformación del Estado basada en la plurinacionalidad y nuevas formas de
autonomía indígena. Muchas de sus aspiraciones respondían a demandas históricas
de reconocimiento y participación. No obstante, el problema surgió cuando la
idea de la refundación comenzó a desplazar el principio de “equilibrio
institucional”, propio de una democracia constitucional.
La presencia de ciudadanos españoles cercanos al
proceso venezolano reforzó esta orientación. Diversos agentes políticos
vinculados a la izquierda, entre ellos Rubén Martínez Dalmau e Íñigo Errejón,
asesores de Álvaro García en la Vicepresidencia, promovían interpretaciones del
poder constituyente vinculadas a la dictadura de Hugo Chávez. En esta visión,
la Constitución dejaba de ser un pacto de limitación del poder para convertirse
en un instrumento de transformación política permanente y cooptación populista.
La tensión entre legalidad e identidad popular era presentada como un conflicto
inevitable que debía resolverse a favor del liderazgo político, capaz de
interpretar la voluntad del pueblo. La lógica constituyente supeditada al culto
a la personalidad, terminó desplazando la lógica constitucional.
El resultado fue una comprensión diletante del
constitucionalismo. La Asamblea Constituyente dejó de ser un espacio destinado
a construir reglas compartidas y pasó a convertirse en un escenario de
legitimación de un proyecto político específico. La apelación permanente a la
refundación ocultó un objetivo mucho más inmediato: consolidar la hegemonía del
Movimiento al Socialismo (MAS), alrededor del liderazgo de Evo Morales.
La posterior evolución política confirmó esta
tendencia. La controversia sobre la reelección presidencial mostró cómo la
supremacía constitucional podía quedar subordinada a la interpretación política
de un solo caudillo. El referéndum del 21 de febrero de 2016 rechazó la
modificación constitucional que buscaba la reelección de Evo. Sin embargo,
posteriormente el Tribunal Constitucional reconoció la reelección indefinida
como un supuesto derecho humano, debilitando el principio democrático, según el
cual la soberanía popular expresada en un referéndum debía ser respetada.
Desde una perspectiva comparada, el caso boliviano
comparte rasgos con otros procesos latinoamericanos del llamado “nuevo
constitucionalismo”. Venezuela inauguró una dinámica donde la Constitución se
convirtió en un instrumento de concentración del poder presidencial. Ecuador
experimentó tensiones semejantes durante el gobierno de Rafael Correa. En Chile
ocurrió un fenómeno distinto, pero igualmente revelador. La propuesta
constitucional de 2022 incorporó una agenda muy amplia que pretendía redefinir,
simultáneamente, la estructura del Estado, los derechos sociales, la
representación política y las relaciones entre los pueblos indígenas y la ciudadanía.
El plebiscito mostró que la sociedad rechazó una Constitución percibida como
excesivamente unida a las identidades políticas e indígenas, resultando en un texto
constitucional poco integrador.
La ciudadanía chilena recordó que una Constitución
necesita construir consensos duraderos, antes que representar exclusivamente
las aspiraciones de una mayoría coyuntural. El presidente Gabriel Boric perdió
rotundamente y declaró terminado el proceso constituyente, sin un texto cercano
a la izquierda autoritaria.
La principal enseñanza política consiste en reconocer
que el constitucionalismo democrático no puede sostenerse únicamente sobre
narrativas de emancipación. Una Constitución debe “limitar el poder” antes que
expandirlo. Debe garantizar la pluralidad antes que homogenizar al pueblo bajo
una única identidad política. Debe proteger los procedimientos democráticos,
incluso cuando éstos limitan las aspiraciones de quienes gobiernan.
Veinte años después, el fracaso de la Asamblea
Constituyente boliviana no radica en haber reconocido la diversidad cultural
del país. Su fracaso reside en haber confundido reconocimiento con hegemonía,
identidad con legitimidad y poder constituyente con poder permanente. La
promesa de refundar Bolivia terminó justificando una creciente concentración
del poder ejecutivo, debilitando aquello que toda Constitución democrática
debería preservar: la división de poderes, la alternancia política y la
supremacía de las reglas sobre los liderazgos.
La lección más importante es la siguiente: ninguna
democracia necesita refundarse de manera permanente. La democracia sobrevive
cuando la Constitución deja de ser un manifiesto ideológico y se convierte en
un pacto estable de convivencia entre ciudadanos diversos. Allí donde el
poder constituyente pretende mantenerse indefinidamente vivo, la Constitución
deja de limitar al poder y comienza a subordinarse a grupos elitistas que se
apoderan del concepto pueblo para
fines exclusivamente dictatoriales.
Comentarios
Publicar un comentario