La crisis actual de la Defensoría del Pueblo en Bolivia
no puede explicarse únicamente por las decisiones de quienes ocuparon el cargo
durante los últimos años, ni tampoco por la creciente influencia del Movimiento
al Socialismo (MAS) sobre los órganos del Estado. Su deterioro es mucho más
profundo y obedece a una ambigüedad presente desde su nacimiento institucional.
La Defensoría nunca resolvió con claridad cuál era su
misión dentro de la democracia boliviana. Esa indefinición permitió que,
gradualmente, abandonara el modelo clásico del Ombudsman, un mecanismo de “control
democrático” cuya función es salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente
a la actuación arbitraria de la administración pública, actuando con
independencia, imparcialidad y, sobre todo, con autoridad moral, pero sin
sustituir a los tribunales, ni intervenir como actor político. En Bolivia, esta
figura se transformó en un actor político cuya legitimidad comenzó a depender
de su participación en los conflictos sociales, en lugar de defender imparcialmente
los derechos de los ciudadanos.
Esta doble identidad explica gran parte de su decadencia.
Por una parte, la Defensoría pretendió convertirse en una instancia de
protección de los derechos humanos, enfrentando a los abusos del poder público,
función que justificó su creación siguiendo la tradición escandinava del
Ombudsman. Sin embargo, simultáneamente asumió tareas propias del Ministerio
Público, de mediador político, de fiscal moral del Estado y, finalmente, de
representante de múltiples demandas sociales. En lugar de fortalecer una misión
institucional específica, acumuló competencias difusas que terminaron
debilitando su autoridad.
La experiencia internacional demuestra que el Ombudsman
no es un actor político, ni un negociador entre fuerzas sociales que
desencadenan conflictos. Su legitimidad proviene de mantener distancia respecto del conflicto. No
gobierna, no legisla, no representa intereses sectoriales y tampoco sustituye a
los tribunales de justicia. Su autoridad moral nace de la independencia, la
objetividad y la defensa de los derechos individuales.
En Bolivia ocurrió exactamente lo contrario. La
Defensoría comenzó a medir su relevancia según el grado de protagonismo
alcanzado en diferentes crisis políticas. Poco a poco dejó de ser una
institución de control para convertirse en un escenario permanente de
intervención pública. La consecuencia fue la pérdida de identidad
institucional.
Una segunda crisis apareció cuando el cargo de Defensor
del Pueblo dejó de entenderse como una magistratura independiente para
convertirse, en numerosos casos, en una plataforma de visibilidad política. La
personalización del cargo terminó desplazando a la institución. Cada gestión
imprimió una interpretación distinta de sus funciones, ampliando o reduciendo
arbitrariamente sus ámbitos de actuación y subordinando la continuidad
institucional a los estilos personales de cada defensor. La Defensoría dejó de
construirse sobre reglas estables y comenzó a depender excesivamente del
liderazgo de quien ocupaba temporalmente el puesto.
El problema más profundo no reside únicamente en esta
personalización. El verdadero quiebre institucional se produjo cuando la
Defensoría abandonó la comprensión liberal y constitucional de los derechos
para adoptar una lógica cercana al neopopulismo
contemporáneo. Esta transformación alteró la naturaleza misma de la
institución.
El neopopulismo latinoamericano suele mostrar a los
movimientos sociales como depositarios automáticos de legitimidad democrática.
Bajo esta lógica, toda movilización aparece moralmente justificada, por el
simple hecho de representar al “pueblo”, mientras que el Estado y las
instituciones son percibidos, casi por definición, como sospechosos de vulnerar
derechos. El resultado es una inversión de responsabilidades: ya no importa si
determinadas acciones destruyen los derechos fundamentales de terceros; basta
con que algunas protestas se presenten en nombre de una causa colectiva para
adquirir legitimidad política.
Durante los bloqueos de carreteras que paralizaron
Bolivia en distintos momentos de los últimos años, esta lógica alcanzó su
máxima expresión. Millones de ciudadanos vieron restringidas sus libertades
fundamentales como la circulación, el acceso al trabajo, la atención médica, el
abastecimiento de alimentos o la educación. Sin embargo, la respuesta de la
Defensoría mostró enormes dificultades para afirmar con claridad que los
derechos de quienes no participaban en los bloqueos también merecían protección.
La institución parecía más preocupada por conservar espacios de interlocución
con los actores movilizados que por defender, con igual firmeza, los derechos
vulnerados del conjunto de la ciudadanía.
Esta deriva revela una profunda incomprensión de la
democracia constitucional. La teoría democrática del sociólogo alemán, Jürgen
Habermas, ofrece un marco especialmente útil para comprender este fracaso
institucional. Habermas nunca sostuvo que la democracia consistiera simplemente
en incorporar todas las voces al debate público, ni que cualquier demanda
social adquiriera legitimidad por el solo hecho de ser expresada. Su propuesta
de democracia deliberativa exige que las decisiones colectivas puedan
justificarse mediante argumentos racionales, abiertos a la crítica y orientados
al entendimiento. La legitimidad democrática no nace del conflicto permanente
ni de la capacidad de presión de determinados grupos, sino de la posibilidad de
construir consensos racionalmente fundamentados dentro del Estado de derecho.
La Defensoría del Pueblo parece haber olvidado esta
premisa fundamental. Confundió deliberación con neutralidad absoluta frente a
cualquier conflicto social y terminó sustituyendo la racionalidad jurídica por
una lógica de equilibrios políticos. En vez de preguntarse qué derechos estaban
siendo vulnerados, comenzó a preguntarse cómo preservar su posición frente a
todos los actores involucrados. Esta búsqueda permanente de aceptación política
terminó erosionando la autoridad moral que pretendía proteger.
La consecuencia fue paradójica. En el intento de
representar a todos, la Defensoría terminó sin representar plenamente a nadie.
Los ciudadanos perciben una institución incapaz de ejercer controles efectivos
sobre el poder, mientras los propios actores políticos la consideran un
participante más dentro del conflicto nacional. El Ombudsman desaparece cuando
deja de ser un tercero independiente, para convertirse en un competidor por
legitimidad dentro del espacio político.
Esta transformación también refleja un cambio cultural
más amplio que atraviesa numerosas democracias latinoamericanas. Las
instituciones han dejado de buscar legitimidad mediante el cumplimiento
riguroso de sus funciones constitucionales para intentar obtener reconocimiento
a través del activismo público.
La visibilidad mediática sustituye a la independencia
institucional; la presencia constante en los conflictos reemplaza a la
prudencia jurídica; la búsqueda de consenso inmediato desplaza la defensa
consistente de principios permanentes. El resultado es una democracia donde las
instituciones dejan de limitar el poder para competir por cuotas de
popularidad.
La Defensoría del Pueblo constituye uno de los ejemplos
más visibles de este fenómeno en Bolivia. Su crisis no comenzó con un gobierno
específico, ni tampoco puede reducirse a una determinada administración. Se
incubó desde el momento en que olvidó responder una pregunta elemental: ¿para
qué existe un Ombudsman dentro de una democracia constitucional?
Mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, cualquier
reforma legal será insuficiente. La recuperación institucional exige
reconstruir la misión original de la Defensoría; defender a cada ciudadano
frente al abuso del poder, actuar con independencia respecto de gobiernos y partidos
políticos, fundamentar sus decisiones en el derecho antes que en la oportunidad
política y comprender que los derechos humanos son límites al poder, no
instrumentos de legitimación de intereses coyunturales.
La decadencia de la Defensoría del Pueblo no representa
solamente el fracaso de una institución. Refleja una enfermedad más profunda de
la democracia boliviana: la sustitución de la razón pública por el cálculo
político y el reemplazo del Estado de derecho por una legitimidad neopopulista
que confunde representación con presión, diálogo con complacencia y derechos
con correlaciones de fuerzas; ignorancia suprema.
Recuperar la figura del Ombudsman supone, por lo tanto,
recuperar una convicción esencial de toda democracia constitucional: las
instituciones existen para proteger principios, no para disputar protagonismo
político. Solo cuando la deliberación racional vuelva a ocupar el centro de la
vida pública, como proponía Habermas, será posible reformar una Defensoría
capaz de servir verdaderamente a los ciudadanos y no a las coyunturas del
poder.
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