La crisis boliviana contemporánea no puede entenderse
únicamente como un problema económico o como resultado de las elecciones
presidenciales de noviembre de 2025. Detrás del deterioro institucional, los
bloqueos inhumanos, la polarización política y el debilitamiento de la
democracia, existe un fenómeno más profundo: la transformación de amplios
sectores de los movimientos sociales en estructuras corporativas dependientes
del poder estatal. Lo que en algún momento fue presentado como una forma
superior de participación popular, terminó convirtiéndose en una red de “lealtades
clientelares” cuya principal función consistió en preservar privilegios,
distribuir rentas y garantizar la supervivencia política de los diferentes
gobiernos de Evo Morales.
Durante dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS,
2006-2025) construyó una narrativa según la cual los movimientos sociales
representaban la expresión genuina de la voluntad popular. Bajo esta visión,
sindicatos, centrales indígenas, organizaciones campesinas, agrupaciones
vecinales y diversas asociaciones corporativas eran considerados depositarios
de una legitimidad moral superior frente a los partidos tradicionales. Sin
embargo, la experiencia histórica mostró una realidad distinta. Muchas de estas
organizaciones dejaron de actuar como mecanismos autónomos de representación
para convertirse en extensiones del aparato estatal y partidario, con el fin de
arrancar prebendas circunstanciales.
El eminente filósofo británico, Karl Popper, advirtió un
peligro en el momento en que las utopías de la voluntad popular se transforman
en exigencias ciegas de perfección y pretexto para destruir toda forma de
tolerancia. En su memorable ensayo: “Utopía y violencia”, Popper analiza los
proyectos políticos que afirman poseer una “verdad histórica superior”,
endiosando a un actor social y terminando por justificar la coerción y la
violencia, en nombre de un supuesto bien colectivo.
La búsqueda de una sociedad perfecta suele desembocar
en la supresión de la crítica y en la persecución de quienes cuestionan el
proyecto hegemónico, por medio de estrategias para movilizar a las masas hasta llevarlas
al suicidio o la inmolación, distorsionando la voluntad popular con liderazgos dictatoriales
que creen ser insustituibles. Para Popper, la democracia no consiste en imponer
una visión definitiva de la justicia, sino en construir instituciones capaces
de corregir errores mediante el “debate abierto” o el reemplazo pacífico de los
gobernantes en elecciones democráticas y no bajo presiones de convulsión social.
La experiencia boliviana ofrece múltiples ejemplos de estas
distorsiones. En nombre de la descolonización, la inclusión y la justicia
histórica de los indígenas y campesinos, se consolidó un sistema político que
toleró crecientes niveles de corrupción, debilitó la independencia
institucional y convirtió la lealtad partidaria en un criterio fundamental para
acceder a beneficios estatales. La retórica emancipadora sirvió, frecuentemente,
para justificar prácticas incompatibles con una democracia liberal moderna,
como las acciones sectarias de la Central Indígena del Oriente Boliviano
(CIDOB), el Pacto de Unidad, la Central Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), los mal llamados “interculturales”
(avasalladores de tierras y clientes políticos del MAS), o la Federación de
Campesinos Tupac Katari.
La paradoja de la tolerancia formulada por Popper resulta
muy pertinente. Una sociedad democrática no puede sobrevivir si acepta
pasivamente a los actores que utilizan las libertades democráticas para
destruirlas, como los bloqueos actuales que están destruyendo el tejido social
y económico del país. Cuando determinados grupos consideran ilegítima cualquier
alternancia política, rechazan la independencia judicial o recurren
sistemáticamente a la presión corporativa para “imponer” sus intereses, la
democracia comienza a erosionarse desde adentro. La tolerancia ilimitada hacia los
comportamientos intolerantes, termina produciendo la desaparición de la propia
tolerancia.
Uno de los problemas más graves en Bolivia ha sido la
sustitución de la ciudadanía por la pertenencia corporativa. En una democracia
republicana, los individuos poseen derechos porque son ciudadanos. En un
sistema corporativo-clientelar, al que están acostumbrados los sindicatos como
la Central Obrera Boliviana (COB) y los indígenas leales a Evo, los beneficios
dependen de la capacidad de presión de cada organización. De esta manera, el
Estado deja de responder al interés general y pasa a funcionar como un
mecanismo de distribución de favores. La consecuencia es la violencia
intolerante, la fragmentación de la sociedad y la pérdida de confianza en las
instituciones.
La inestabilidad política demuestra los límites de
este modelo. Cuando los recursos económicos disminuyen y el Estado ya no puede
sostener las redes de prebenda, emergen conflictos cada vez más intensos entre
los propios grupos que antes integraban la coalición del MAS. La disputa deja
de ser ideológica y se convierte en una lucha por recursos escasos. En este
contexto, la gobernabilidad se vuelve extremadamente frágil.
La reconstrucción democrática de Bolivia exige
abandonar la ilusión donde los movimientos sociales, por el solo hecho de
representar a sectores populares, poseen una legitimidad superior a las
instituciones republicanas. Ninguna organización indígena, partido o grupo
social debe situarse por encima de la ley. El pluralismo democrático requiere
aceptar la diversidad de opiniones, la alternancia en el poder y la posibilidad
permanente de crítica.
La lección fundamental de Popper sigue vigente. Las
sociedades libres no se construyen mediante proyectos de perfección histórica
engrandeciendo a campesinos o grupos étnicos, ni mediante la subordinación de
las instituciones a una supuesta voluntad colectiva encarnada por un movimiento
político o un caudillo desquiciado como Evo. Se construyen mediante reglas,
controles, límites al poder y una cultura de tolerancia. Cuando estos
principios son reemplazados por el clientelismo, el culto al líder o la
pretensión de representar al “verdadero pueblo”, la democracia no puede
sobrevivir.
El desafío actual consiste en recuperar una ciudadanía
basada en derechos individuales, instituciones independientes y responsabilidad
pública. Sin esa transformación, cualquier victoria electoral será
insuficiente, porque la democracia no depende únicamente de quién gana las
elecciones, sino de la existencia de una cultura política capaz de aceptar que
nadie posee el monopolio de la verdad, ni tampoco el derecho de imponer una
utopía mediante la fuerza.
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