Uno de los rasgos más inquietantes de la crisis boliviana
no es solamente el deterioro económico, institucional o político. Existe un
fenómeno más profundo y corrosivo: la normalización de la mentira y la ausencia
de responsabilidad intelectual de aquellos funcionarios de los gobiernos de Evo
y Luis Arce que hoy reaparecen como si nada hubieran hecho, o ninguna sombra tuvieran
por detrás. No es así. En Bolivia, quienes ayer ocuparon cargos públicos
durante los años más oscuros del régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS), vuelven
hoy como analistas, comentaristas o expertos, como si nada hubiera ocurrido.
Hablan desde una supuesta autoridad del conocimiento, pero rara vez explican
qué hicieron cuando tuvieron poder, qué decisiones tomaron o qué silencios
guardaron mientras el país se encaminaba hacia el desastre económico e
institucional, dentro de un Estado carcomido por la ineficiencia y la corrupción.
La situación resulta particularmente grave cuando
antiguos funcionarios que administraron áreas sensibles del Estado, como el Observatorio
Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, se presentan como
observadores imparciales de problemas cuya magnitud contribuyeron a “ocultar o
minimizar”, sobre todo cuando se analiza el rol del viejo zar antidrogas y
cocalero, Felipe Cáceres, hoy detenido por narcotráfico. La memoria pública no
debe evaporarse rápidamente. Quienes fueron parte de estructuras burocráticas
responsables de la opacidad institucional, encuentran con facilidad espacios en
los medios de comunicación, foros académicos o redes sociales, donde emiten
diagnósticos sobre los mismos problemas que no supieron resolver, o que
prefirieron ignorar cuando tenían capacidad de actuar.
El problema no radica en que un ex funcionario participe
en el debate público. Por el contrario, una democracia madura necesita escuchar
múltiples voces, incluidas aquellas que tuvieron experiencia de gobierno. El
verdadero problema aparece cuando esa participación está desprovista de
autocrítica. La credibilidad intelectual exige algo más que experiencia
administrativa. Exige honestidad para reconocer errores, admitir omisiones y
explicar por qué determinadas políticas salieron mal. Aquí resalta también el
fracaso de la Ley de reforma educativa 070, donde algunos funcionarios masistas
continúan influyendo negativamente en el Ministerio de Educación.
La autocrítica constituye una de las formas más elevadas
de responsabilidad pública. Sin embargo, en Bolivia parece haberse convertido
en una especie en extinción. Muchos actores políticos prefieren reinventarse
como expertos neutrales, antes que confrontar su propio pasado. El resultado es
una esfera pública contaminada por una inaceptable amnesia colectiva donde nadie
parece ser responsable de nada.
Esta situación recuerda una de las grandes lecciones de
la historia intelectual del siglo XX. Muchos pensadores, que alguna vez
creyeron en el comunismo, tuvieron la valentía de reconocer públicamente las
mentiras y los crímenes del socialismo real. Entre ellos destacó el español
Jorge Semprún (ex Ministro de Cultura, 1988-1991), quien comprendió que la
fidelidad a la verdad debía estar por encima de la fidelidad al partido.
Después de haber sido militante comunista y haber conocido las contradicciones
del sistema desde adentro, Semprún decidió denunciar los mecanismos de engaño,
manipulación y ocultamiento que habían caracterizado a los regímenes
socialistas.
Su ejemplo resulta muy relevante porque demuestra que la
dignidad intelectual, no consiste en tener siempre la razón. Consiste en
reconocer cuándo uno se equivocó. La grandeza moral de Semprún no surgió de la
perfección, sino de su capacidad para revisar “críticamente” sus propias creencias
y asumir las consecuencias de esa revisión.
Bolivia necesita ese tipo de integridad. Necesita ex funcionarios
capaces de decir: “nos equivocamos”. Necesita autoridades que expliquen qué
ocurrió con determinadas políticas públicas, por qué se ocultó información, o
por qué se ignoraron señales evidentes de deterioro institucional, como en el ámbito
del narcotráfico y las amenazas a la seguridad estatal. Necesita una cultura
política donde la crítica comience por uno mismo, antes de dirigirse hacia los
demás.
La verdad siempre tiene un costo. En sociedades
acostumbradas al conformismo, quien ejerce una crítica independiente suele
convertirse en un personaje incómodo. No porque sus argumentos sean
necesariamente incorrectos, sino porque desafían las narrativas que permiten a
muchos preservar privilegios, reputaciones o posiciones de influencia, ocultándose
detrás de sus cobardías. La crítica auténtica incomoda porque obliga a recordar
aquello que otros prefieren olvidar.
Por eso resulta frustrante compartir espacios de análisis
con personas que nunca han realizado el menor ejercicio de rendición de cuentas,
sobre todo con quienes aparecen como criminólogas cuando apañaron crímenes que
hoy horadan el Ministerio de Gobierno. No se trata de una cuestión personal. Se
trata de un problema ético. La autoridad intelectual y el pensamiento genuino deberían
derivar de la coherencia entre las palabras y los hechos. Cuando esa coherencia
desaparece, el análisis público se transforma en una representación teatral
donde los antiguos responsables de los problemas se presentan como observadores
externos de las consecuencias que luego destruyeron el Estado.
El escritor checo Václav Havel habló de la necesidad de
“vivir en la verdad”. La expresión conserva una extraordinaria vigencia para Bolivia.
Vivir en la verdad significa rechazar las ficciones convenientes, las
justificaciones oportunistas y las memorias selectivas. Significa asumir que
ninguna transformación democrática será posible, mientras quienes participaron
en el deterioro institucional continúen hablando como si hubieran sido simples
espectadores.
La recuperación del país no dependerá únicamente de
nuevas políticas económicas o de nuevas elecciones. Dependerá también de
reconstruir una “ética de la responsabilidad”. Una sociedad que no exige
cuentas a sus dirigentes, termina atrapada en un ciclo permanente de
simulación. Los mismos actores cambian de discurso, cambian de cargo y cambian
de relato, pero nunca asumen las consecuencias de sus actos.
Frente a ese panorama, la crítica independiente conserva
un valor fundamental. No porque garantice victorias políticas ni reconocimiento
público, sino porque preserva algo más importante: la dignidad personal. La
posibilidad de mirar hacia atrás y saber que uno no participó en la fabricación
de las mentiras. La posibilidad de sostener una opinión sin depender de
favores, cargos o lealtades partidarias. La posibilidad de ejercer la libertad
intelectual, incluso cuando resulta incómoda.
En tiempos de imposturas, decir la verdad sigue siendo un
acto de resistencia. Y en una Bolivia donde abundan los simuladores, los
oportunistas y los especialistas en reinventar su pasado, la dignidad de la
crítica honesta constituye una de las pocas formas de verdadera ciudadanía que
aún merece ser defendida.
Václav Havel
Jorge Semprún
Comentarios
Publicar un comentario