El
documento “Un Giro Económico para Bolivia: Principales Hallazgos y Prioridades
de Reforma”, publicado por Ricardo Hausmann y sus colaboradores del Havard Growth Lab es, sin duda, una de
las propuestas más serias para salir de la crisis económica. El país, no solo enfrenta
una crisis de déficit fiscal, pues el problema de fondo radica en el
agotamiento de un modelo estatal basado en tres pilares disfuncionales: a) distribución
ineficiente de recursos; b) captura política de las instituciones que están en
manos de una clientela ineficiente; y c) ausencia de capacidades productivas
sostenibles. En este caso, la “captura” ocurre cuando las instituciones
públicas dejan de servir al interés general y pasan a servir los intereses
particulares, generalmente de actores políticos, élites burocráticas egoístas o
grupos organizados, hábiles en la generación de conflictos y en la búsqueda de
beneficios clientelares.
Las
reformas, por lo tanto, no requieren un ajuste
marginal, sino que demandan una verdadera reconfiguración de todo el Estado
como estructura de poder. Las medidas actuales de disciplina fiscal son
necesarias, pero claramente insuficientes. Reducir el déficit sin transformar
la estructura estatal solamente prolongará la crisis, incrementando tensiones
sociales y debilitando aún más la legitimidad gubernamental que también comprometerá
la estabilidad histórica del sistema democrático.
El
equipo de Harvard nos permite pensar en que la reconfiguración del Estado sea
entendida como una organización del poder que no se atasque en un conjunto de
ajustes incrementales, sino que tenga la capacidad de imponer un nuevo tipo de
autoridad política para superar la perniciosa resistencia de los movimientos
sociales y las protestas clientelares que están destruyendo las bases para
impulsar las principales transformaciones. Sobre esto, Harvard se queda a medio
camino pues no termina de analizar las formas negativas en que una burocracia,
acostumbrada a la inercia y la rutina de la corrupción, la negligencia y la
falta de previsión con un sentido de servicio para generar valor público, va
impulsando una sutil madeja de poder que rompe las decisiones políticas más
importantes del actual gobierno.
En
consecuencia, la prioridad estratégica exige desmontar los mecanismos de
captura, redefinir el rol de las empresas públicas —especialmente YPFB— y
reconstruir las capacidades estatales, pero orientadas hacia la productividad y
sostenibilidad fiscal. Harvard está en lo correcto al proponer tres líneas de
acción inmediatas: a) reestructuración radical del sector público empresarial;
b) rediseño del gasto público bajo criterios de productividad; y c) reconfiguración
institucional para limitar toda forma de clientelismo y prebendalismo políticos.
Sin estas reformas, el país se encamina rumbo a una crisis fiscal más profunda,
con riesgos de hundimiento fatídico.
La lógica estatal perversa
El
enfoque de Harvard olvida que Bolivia no terminó de desmontar el Estado
burocrático-autoritario. Por esta razón, es fundamental reinterpretar la
experiencia boliviana, ya que no se trata de tener un aparato estatal fuerte
que impone un “orden tecnocrático”, sino de destruir a la actual burocracia que
perdió sus capacidades técnicas, pero conserva todavía su lógica de control
político.
En
el caso del Movimiento Al Socialismo (MAS), el resultado no fue un Estado
eficazmente autoritario, sino un Estado burocrático incompetente, en el que la
ocupación partidaria de las instituciones sustituyó cualquier pretensión de
racionalidad administrativa. Así, la dominación ya no se ejerce mediante
tecnocracias disciplinadas, sino a través de redes de lealtad que degradan todo
el tiempo la gestión pública, consolidando una cultura de la “negligencia
institucional”. La red de negligencias en el aparato estatal —incluso en
condiciones de deterioro fiscal— no responde a una estrategia de desarrollo,
sino a la necesidad de preservar espacios de poder, bloqueando activamente
cualquier reforma que implique la pérdida de control político.
En
la actualidad, el debate público en Bolivia continúa atrapado en una lectura
superficial de la crisis: el déficit fiscal como problema central. Esta
interpretación es errónea y, por lo tanto, peligrosa. El déficit es un síntoma.
La enfermedad a superar y extinguir, descansa en el modelo estatal que perdió
coherencia, eficiencia y múltiples capacidades. El problema central no es solo
la captura del Estado, sino su imposibilidad para reconstruir capacidades
estatales reales en contextos de crisis. Bolivia enfrenta una estructura
estatal que dejó de cumplir las funciones básicas de coordinación, regulación y
producción de bienes públicos estratégicos.
En
lugar de un Estado que articule el desarrollo económico sostenible, se ha
consolidado uno que reproduce prácticas nefastas como la corrupción y la ineficiencia,
distribuyendo recursos sin generar valor. Al equipo de Harvard hay que
sugerirle que, pensar en una salida, implica romper con la lógica burocrático-autoritaria
e incompetente y reconstituir el Estado como un actor con autonomía relativa, previsiones
técnicas y orientación estratégica. Esto supone reformar las instituciones y
alterar los incentivos que hoy premian la lealtad política sobre la
competencia, sustituyendo una estructura de poder agotada por otra, capaz de
responder a los desafíos de sostenibilidad fiscal y transformación productiva
de largo aliento.
Durante
años, el Estado operó bajo una lógica de expansión sostenida del gasto, apoyada
en rentas extraordinarias, sobre todo provenientes de las exportaciones del gas
natural. Ese ciclo se acabó. Sin embargo, la estructura institucional que lo
sostenía permanece intacta con empresas públicas sobredimensionadas y
politizadas; burocracias con incentivos distorsionados y con un gasto público
orientado a la reproducción política, no a la productividad. El resultado es un
Estado que gasta más de lo que produce y, además, gasta mal como un culto a la
ineficiencia irresponsable.
Diagnóstico Estratégico
Si
las fallas estructurales giran en torno a la captura política del aparato
estatal, entonces la ineficiencia incontrolable del Estado empresario como eje único
del desarrollo, se convierte en un gasto sin retorno productivo. Esta situación
hace que las verdaderas restricciones descansen en una alta dependencia social
del gasto estatal, una resistencia corporativa al cambio dentro del aparato
público (sindicatos y funcionarios caracterizados por la gestión de prebendas),
una gran fragilidad política del gobierno y un riesgo de conflictividad permanente.
Durante
los veinte años de gobierno masista, la vieja configuración del poder funcionaba
con un Estado que priorizó un sistema de distribución de rentas, solamente
entre las élites políticas, burocráticas y sectores organizados. Ahora, la
reforma del Estado es inevitable y representa una más profunda disputa por el
poder. La opción de política pública es única: una reconfiguración organizacional
e institucional con mayor sostenibilidad real, aunque con mayores tensiones en
el corto plazo.
Las
recomendaciones estratégicas del Harvard
Growth Lab reclaman, no solamente una superficial desburocratización con la
eliminación de fotocopias de cédulas de identidad o certificados de nacimiento,
sino la reestructuración de todas las empresas públicas (auditorías,
clasificación, cierre/fusión); el rediseño del gasto (evaluación de impacto,
eliminación de programas ineficientes) y un servicio civil confiable, eficiente
y sujeto a la reducción del aparato estatal. En términos de tiempo, las reflexiones
del Haravard team, podría
interpretarse como una visión de corto plazo (0–6 meses), que implica el lanzamiento
político de las reformas, las auditorías y el congelamiento del gasto (aspecto
que ya tiene retrasos y estancamiento). En el mediano plazo (6–24 meses), se
requiere una reestructuración de shock inmediato, mediante reformas legales (con
un Parlamento también eficiente y aliado del Poder Ejecutivo) y el rediseño
presupuestario.
El
riesgo político está en la desarticulación de la resistencia de varios grupos
de interés; la reducción del riesgo social, influyendo en la “percepción del
ajuste” con una política de comunicación bastante agresiva; y la eliminación de
toda incapacidad de implementación. Las acciones de mitigación requieren conformar
coaliciones socio-políticas, junto con un nuevo apoyo internacional que incorpore
al Fondo Monetario Internacional (FMI).
En
conclusión, Bolivia está frente al desmoronamiento de un modelo estatal que
debe ser controlado rápidamente. Persistir en la realización de ajustes
marginales, equivale a administrar el deterioro, cuyos efectos son más
dolorosos para las familias pobres. La única alternativa es una reconfiguración
del Estado, porque el costo político de no actuar ahora será mayor que el costo
de una reforma trivial tardía.
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