La Bolivia contemporánea parece haber ingresado en una
fase de agotamiento político donde la conflictividad dejó de ser un episodio
excepcional para convertirse en la forma cotidiana de existencia del Estado. Lo
más grave, no es únicamente la proliferación de conflictos sociales, bloqueos,
disputas corporativas o tensiones entre facciones; el problema de fondo es la
temprana sensación de ingobernabilidad que comenzó a instalarse incluso antes
de que el “nuevo poder” terminara de consolidarse. El gobierno llegó al mando
del país sin haber construido verdaderamente una arquitectura de autoridad, ni
una visión coherente sobre cómo administrar el colapso económico heredado y, al
mismo tiempo, sin lograr abrir una transición política viable. El resultado fue
una mezcla peligrosa de improvisación, ansiedad y vacío estratégico.
En lugar de asumir el poder como una responsabilidad
histórica orientada a reconstruir capacidades estatales, restablecer confianza
y reorganizar la economía, se confundió el triunfo político con la simple
derrota electoral o moral del MAS. Esa fue quizá la primera gran equivocación.
Derrotar parcialmente al masismo en el imaginario urbano o en ciertos segmentos
sociales, no equivalía a construir un nuevo bloque de poder capaz de conducir
el país. El MAS, pese a su deterioro, había tejido durante dos décadas una
compleja red de dominación territorial, clientelar, simbólica y corporativa.
Desplazarlo requería algo más profundo que indignación ciudadana o discursos
republicanos: exigía una nueva coalición histórica con capacidad de producir
legitimidad, crecimiento económico y conducción política.
El nuevo horizonte terminó atrapado en una lógica
conservadora y limitada, donde la prioridad consistió en tranquilizar a ciertos
grupos empresariales tradicionales y restaurar mecanismos clásicos de confianza
de mercado, suponiendo, ingenuamente, que los actores económicos históricamente
favorecidos reconstruirían de inmediato las capacidades productivas del país.
Pero Bolivia ya no era el país de los años noventa. El empresariado tradicional
tampoco poseía la densidad industrial, tecnológica o financiera necesaria para
convertirse rápidamente en motor de un nuevo modelo de acumulación. Muchos
sectores privados sobrevivieron durante años bajo la sombra protectora del
Estado rentista y también aprendieron a depender de subsidios, privilegios,
contratos estatales y mercados cautivos. Nunca existió una burguesía nacional
innovadora, lista para asumir un proyecto de transformación económica.
El error fue profundamente estructural: se creyó que,
desmontando parcialmente el aparato político del MAS, bastaba para restaurar
automáticamente el orden económico y la gobernabilidad. Pero el país había
cambiado socialmente. Emergieron nuevos actores populares, economías informales
gigantescas, redes ilegales, sectores corporativos fragmentados y autonomías territoriales
que ya no respondían, ni al viejo Estado republicano, ni al ilusorio mapa revolucionario
del masismo. Bolivia se convirtió en un espacio de fragmentación permanente
donde cada grupo presiona por sobrevivir, capturar rentas o defender
privilegios mínimos, en medio de la incertidumbre.
En este contexto, la parábola bíblica de “los dones”
adquiere una fuerza simbólica extraordinaria. El país recibió una oportunidad
histórica: corregir los excesos autoritarios del masismo, reconstruir
instituciones, sincerar la economía y abrir una nueva etapa de modernización
democrática. Pero aquel don fue enterrado por el miedo, la improvisación y una
visión política demasiado pequeña. En la parábola, el siervo que esconde el
talento en la tierra no lo pierde por maldad, sino por temor e incapacidad de
asumir riesgos creativos. Algo similar ocurrió en Bolivia: el poder fue
recibido sin imaginación transformadora. Se administró defensivamente, buscando
preservar equilibrios precarios, evitando confrontar las deformaciones
estructurales del Estado y refugiándose en pactos cortoplacistas.
La tragedia es que la incertidumbre actual no proviene
solamente de la crisis económica, sino de la ausencia de horizonte. Nadie
parece saber hacia dónde va el país. El gobierno transmite señales
contradictorias: por un lado, promete estabilidad; por otro, revela nerviosismo,
debilidad y falta de control territorial. La conflictividad social crece porque
distintos sectores perciben que el poder carece de capacidad real para ordenar
el sistema político. Cuando la autoridad pierde claridad, los conflictos dejan
de negociarse institucionalmente y comienzan a resolverse mediante presión
directa, bloqueos, chantajes o demostraciones de fuerza.
En el fondo, Bolivia reproduce nuevamente aquello que
la historiadora española, Marta Irurozqui, describió hace décadas al estudiar
las élites republicanas de comienzos del siglo XX: la “armonía de las
desigualdades”: una estructura donde las jerarquías sociales, económicas y
regionales logran recomponerse continuamente, bajo nuevos discursos políticos
sin alterar las bases profundas de exclusión, enormes desigualdades y
concentración del poder. Lo paradójico es que, incluso los proyectos que se
presentan como rupturistas, terminan restaurando formas tradicionales de
dominación. El masismo lo hizo mediante una combinación de inclusión simbólica
y concentración autoritaria; el post-masismo corre el riesgo de hacerlo,
restaurando viejas alianzas elitistas sin tener un proyecto nacional.
Por eso la crisis boliviana ya no puede interpretarse solamente
como un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. Se trata, más bien,
de una descomposición general de las capacidades de conducción del Estado. El
país vive atrapado entre una economía agotada, una sociedad fragmentada y unas
élites incapaces de imaginar un nuevo pacto histórico. La ingobernabilidad
temprana no es un accidente pasajero, sino que es la expresión visible de un “vacío
de poder” que nadie ha sabido llenar con legitimidad, inteligencia estratégica,
ni tampoco con visión de futuro.
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