Introducción
América Latina está regresando a situaciones inestables y explosiones
sociales que comprometen la estabilidad de cualquiera de sus democracias. Los
casos más preocupantes están en México y Ecuador donde el narcotráfico está
generando demasiada violencia, junto con situaciones de corrupción en las más
altas esferas del poder judicial, las fuerzas armadas y la policía. Asimismo, los
modelos socio-políticos sustentados en la economía de mercado y la democracia
presidencial, que los Estados Unidos y América Latina vinculan con un régimen
de libertades benefactoras, una vez más dejaron de ser creíbles y, en algunos
casos, resultaron contraproducentes porque el continente arrastra serios
déficits en materia de bajo crecimiento económico y pobreza, estancamiento,
deudas sociales con excesiva desigualdad, problemas estructurales que se suman
al acoso del crimen organizado y convierten a la región en un escenario de
confrontación e inestabilidad que va más allá de la polarización entre el
neoliberalismo y la izquierda socialista.
¿Cómo reconducir y evitar la violencia e ingobernabilidad? Las olas
migratorias con cerca de 7 millones de personas que huyeron de Venezuela,
parecen llegar a un callejón sin salida porque a pesar del derrocamiento de
Nicolás Maduro, todo indica que los venezolanos no podrán reconstruir la
democracia y las condiciones de equidad económica. ¿Cómo lograr que se respeten
los derechos humanos frente a cientos de presos políticos en Nicaragua y Cuba?
La desigualdad en los ingresos se acrecentó y la pobreza extrema con 37
millones de personas en 2025 continúa agravándose por los impactos terribles
que el Covid-19 tuvo sobre las familias más vulnerables. Los Estados en la
región dejan a los más pobres a merced del desastre.
Los organismos de cooperación de Europa Occidental buscan aplicar sus
modos de hacer las cosas para recomendar gobernabilidad, sus formas de ser
democráticos y, ante todo, buscan dominar con un mismo molde político y con
ciertos intereses que expresan un balance de poder realista, despertando el
escepticismo en torno a la solidaridad internacional y la cooperación pacífica
e incondicional. América Latina tiene que lidiar con los espectros del postneoliberalismo,
lo que significa una mayor desigualdad después del Covid, mayor inestabilidad
política, más autoritarismo y mayor decepción en cuanto a la democracia como
régimen que se muestra incapaz de vencer la excesiva concentración del ingreso.
Es por esto que el eje de los problemas del desarrollo y la seguridad humana
en América Latina, radica una vez más en los programas sujetos a “condicionalidades”
donde destaca, casi con frecuencia, el abuso de poder de las misiones de
cooperación que actúan con un alto sentido paternalista, ahondando también el
autoritarismo. Muchos sugieren que Latinoamérica tendría que copiar el estilo
de vida y el tipo de industrialización de Europa o Estados Unidos y, al mismo
tiempo, controlar la gran inmigración que, finalmente, terminará en el rechazo de
los emigrantes, quienes son considerarlos una amenaza para Occidente y una
lacra que trasluce el fracaso económico y político de casi todos los regímenes latinoamericanos.
Europa cierra las fronteras a miles de ciudadanos de América Latina, mientras
que Estados Unidos no sabe cómo reordenar su política migratoria, instigando el
odio racial.
¿En qué
confiar?
Una de las manifestaciones contradictorias de los procesos de
globalización se expresa en el espíritu más localista de las potencias globales
como Europa y Estados Unidos, debido al resurgimiento inusitado del
nacionalismo con fuertes características discriminatorias. Simultáneamente, se
disemina un discurso universalista de occidentalización, globalismo de valores
y de una aparente ciudadanía global.
La elección de Donald Trump, nuevamente como presidente de los Estados
Unidos (2025-2029) colocó al mundo, en palabras de los expertos como Jeffrey
Sachs, Bandy Lee y Ruth Ben-Ghiat, en total “riesgo”, producto de las
alucinaciones racistas sobre la supremacía blanca que solamente estimula los
crímenes de odio, de manera que el liderazgo estadounidense ingresó en un
deterioro fatal, junto con el socavamiento de las raíces de la democracia como
aspiración global de convivencia y equilibrio político saludable. Ya nada sería
creíble cuando se reivindican la democracia y un enfoque global de seguridad,
afincado en balances de poder más justos, debido a que Trump estimula
constantemente la xenofobia y el rencor hiper-nacionalista. Trump intentó un
golpe de Estado el 6 de enero de 2021 y se llevó miles de documentos secretos
como expresión de desprecio por las instituciones y la seguridad nacional.
Actualmente, su administración está tratando de alterar las reglas electorales
para forzar una reelección y evitar que la oposición democrática pueda limitar
sus poderes presidenciales.
Los organismos multilaterales de cooperación para el desarrollo están
reestructurando sus políticas en función de nuevas condicionalidades, donde la “seguridad
estatal” se presenta como un pre-requisito geopolítico fundamental: los vientos
soplan hacia la necesidad de cumplir ciertas metas en materia de lucha contra
el narcotráfico, combate al terrorismo, estabilidad macroeconómica, reducción
del tamaño del Estado, control de las migraciones internacionales y compromiso
con el apoyo a la democracia representativa.
Si bien América Latina se alinea alrededor de esta dinámica
geoestratégica, de por medio están las dudas sobre la subsistencia del sistema
democrático, en medio de los riesgos que conlleva el temor de convertirse en un
conjunto de Estados fallidos. El
fantasma del Estado fallido, también incluye a Estados Unidos, debido a una
degradación de la democracia a favor de los más ricos y en detrimento del
aumento constante de las desigualdades sociales y económicas, lo cual empeora
las tensiones sobre la inseguridad y el desorden político.
Es aquí donde la experiencia boliviana se convierte en otro factor de
análisis, ya que emergió como un raro ejemplo de éxito relativo de las reformas
de mercado (1990-2000) y, posteriormente, como un fenómeno de resistencia y
condena en contra de los efectos del neoliberalismo en América Latina. Bolivia
puso en práctica todas las recomendaciones del denominado Consenso de
Washington durante los años 90, llevando a cabo la reducción del tamaño del
Estado, implementando las políticas de privatización y desarrollando una
confianza excesiva en torno a las bondades del mercado, como la receta
privilegiada del crecimiento económico. Sin embargo, dicho crecimiento no llevó
a una convergencia de mejores ingresos y equidad entre las clases sociales
donde predominó la discriminación, desigualdad, exclusión y los patrones de
racismo.
Estos problemas desembocaron en la desconfianza absoluta hacia el
modelo de “desarrollo neoliberal”, imposibilitando una reducción substancial de
las desigualdades. Bolivia mostró que no era suficiente el crecimiento
económico sobre la base de una economía de mercado global, sino que también era
necesaria la activación de varias políticas públicas enmarcadas dentro del
Estado de Bienestar. Las ofertas populistas del ex presidente Evo Morales y los
detractores de la globalización, rápidamente se convirtieron en el caldo de
cultivo para un retorno del Estado como actor económico y en una crítica mordaz
hacia la democracia representativa. Había que transitar hacia la expiación
posneoliberal.
Además, Evo Morales, desde muy temprano en su gestión gubernamental el
año 2006, difundió una estrategia internacional denominada “diplomacia de los
pueblos”, mediante la cual apoyó la doctrina del Socialismo del siglo XXI,
alineándose con el fallecido Hugo Chávez en Venezuela, Raúl Castro en Cuba y
Daniel Ortega en Nicaragua. De esta manera se materializó el giro a la
izquierda que representó un rechazo a la democracia liberal, en nombre del
Socialismo. Esta posición fue expresada como una visión anti-imperialista y
defensora de la soberanía a cualquier precio, sobre todo al interior de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Bolivia apoyó de manera ambigua la Carta Democrática Interamericana,
reforzando así las críticas de izquierda antidemocráticas que empezaban a calar
hondo en varios sectores de la sociedad civil. Evo Morales, finalmente, fomentó
un fraude electoral para forzar su reelección en noviembre de 2019, lo cual
destruyó las bases de su legitimidad política y de su partido, hasta profundizar
una crisis que desembocó en la elección de un nuevo presidente en 2025 que
terminó por sepultar la fuerza populista de Evo.
La intrusión china
De acuerdo con el Latinobarómetro, la conocida encuesta de opinión
pública anual aplicada en 18 países de la región, la confianza en los gobiernos
cayó de 45% en 2009 a 22% en 2020, mientras que la cantidad de personas
descontentas con la democracia aumentó de 51% a 71%, junto con la acentuación
del miedo a la violencia, la inseguridad y una mayor desconfianza hacia las fuerzas
armadas y la policía. Estas características hacen que sea mucho más difícil que
América Latina impulse una sólida estrategia de “seguridad humana” con
criterios de cooperación y ambiciones más definidas en la globalización, debido
precisamente a que el proyecto sobre un exitoso “orden liberal” internacional
prácticamente habría fracasado, producto de la vulnerabilidad frente a la
corrupción, la inestabilidad económico-política y una retórica liberal-democrática
que oculta prácticas constantemente autoritarias.
En el contexto internacional, esta situación desemboca en un tipo de
relacionamiento ambiguo con China que, en múltiples casos, es vista como una “tabla
de salvación” para fomentar un nuevo tipo de imperialismo, a través de la
introducción de múltiples inversiones chinas que neutralicen o socaven la
integración de América Latina con Europa y Estados Unidos. En otras circunstancias,
China es juzgada con desconfianza y temor. Así aparece otro paquete de
problemas y anarquía internacional que tiene que ver con la lógica del balance
de poder desarrollado por China, India, Estados Unidos, la Unión Europea y
Rusia.
Ninguno de estos países hace algo definitivo para moderar los riesgos
de una crisis y confrontación bélica, sobre todo cuando se analizan los
conflictos entre Corea del Norte y el Sur, Siria, Irak, Irán o la irresoluble
invasión de Rusia en Ucrania.
El efecto desestabilizador que emana de Venezuela, a pesar de haber
sido derrocado Nicolás Maduro, se articula con Nicaragua y Cuba. El
posneoliberalismo refuerza, de alguna manera, un discurso ideológico que
identifica a los Estados Unidos como la única causa del desastre
económico-político venezolano. Si bien el viejo esquema de la Guerra Fría, con el
choque entre el mundo liberal democrático y el mundo comunista, desapareció,
países como Venezuela y Cuba continúan reivindicando una aparente idea
anti-imperialista para replantear los problemas de la dependencia, desde el
punto de vista de una soberanía irrenunciable de los Estados latinoamericanos.
Este discurso, convincente para la gran mayoría de las masas de poca
educación sobre la soberanía estatal, es aprovechado por China, Rusia e
inclusive por Irán para tener una mayor influencia en América Latina. Venezuela
no agrega mucho al rediseño de los balances de poder, ni tampoco afianza la
ideología comunista; sin embargo, refuerza una percepción anticolonialista de
no intervencionismo y relativa autonomía que todavía es muy fuerte en la
región.
América Latina confronta una disyuntiva: continuar impulsando la
integración hacia los mercados mundiales, o reestructurar sus prioridades
políticas en función de una agenda caracterizada por la resistencia y las
exigencias de mayor justicia, similares a las críticas del movimiento
anti-globalización. Esto es lo que conduce a la región hacia los debates en
torno al postneoliberalismo, puesto que otro de los problemas que la
globalización hizo rebrotar es la polarización de los pobres contra los ricos,
lo cual revitalizó el denominado populismo, así como las pugnas entre las
posiciones políticas de izquierda versus derecha, sobre todo por el
desprestigio y la desconfianza hacia la economía de mercado que América Latina sigue
experimentando.
El mercado agrandó la concentración de la riqueza en manos de las
élites económicas y políticas, sembrando el terreno para la intervención de
liderazgos mesiánicos que ofrecieron revoluciones socio-políticas. El liderazgo
populista fue transformándose en la bandera de lucha para cuestionar lo poco
que se había construido en materia de cambios productivos, competitividad y
estabilidad de la democracia. En estos casos, el populismo funciona como un
tipo de carisma movilizador de las masas enardecidas por la desigualdad,
generándose fuertes demandas para tener políticas redistributivas. Las
discusiones sobre el postneoliberalismo, han hecho que la economía de mercado
sea equiparada con una “maldición global”, frente a la cual existirían pocas
alternativas de cambio. Actualmente, el continente parece encaminarse hacia una
época donde los esfuerzos por llevar adelante diferentes tipos de reformas, se
encuentran frente a un futuro lleno de dudas y donde la pobreza de vastos
sectores desencadena una ola de insatisfacción y resentimiento en contra de
cualquier régimen democrático.
Conclusiones
Si reflexionamos con cuidado cuáles fueron las condiciones de
reinstalación de la democracia en América Latina a principios de los años 80,
tenemos que destacar cuatro aspectos. Primero: el fin de las dictaduras, de
ninguna manera rompió completamente con la cultura autoritaria y la violencia
política, ni tampoco con la debilidad institucional de los Estados. Segundo: la
modernización económica por medio de las políticas de libre mercado, tuvo
resultados abiertamente contradictorios en su relación con la democracia,
debilitándola en unos casos o, simplemente, impulsando una relación negativa
entre el sistema democrático y la persistente desigualdad. En tercer lugar, la
situación particular de Centroamérica muestra una fragmentación política donde
el final de las guerras civiles y la implementación de las políticas de ajuste
estructural, tampoco dieron origen a un modelo específico de consolidación
democrática. Cuarto: existe un gran déficit de liderazgo donde los partidos
políticos tradicionales o nuevos, e inclusive las organizaciones de la sociedad
civil, no pueden mostrar el nacimiento de líderes jóvenes con plena vocación
democratizadora.
La descomposición de los gobiernos dictatoriales al final de los años
ochenta, vio el agotamiento de un tipo de Estado Autoritario que había dejado
de responder a las necesidades del desarrollo, manteniendo en la pobreza a
millones de personas y fracasando en la construcción de un nuevo orden social y
político para tener Estados fuertes o plenamente soberanos. Las diferentes
dictaduras en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Brasil, mostraban que
era imposible seguir adelante sin la existencia de nuevos procesos de
legitimidad y participación de la sociedad civil, pero, sobre todo, sin la
posibilidad de regresar a un escenario con pacificación para llevar adelante
los sueños de la modernización y el desarrollo económico.
El modelo dictatorial de la modernización, vigente entre los años
sesenta y ochenta, desapareció, aunque permaneció impasible un conjunto de
aspiraciones al desarrollo, todavía ligadas con factores autoritarios; es
decir, aquellos patrones de conducta que trataban de imponer las decisiones por
la fuerza, considerando que la movilización violenta es una constante del orden
político.
Hoy día, desde una mirada puesta en el siglo XXI, el final de las
dictaduras no significó exactamente la fundación de sociedades verdaderamente
democráticas, razón por la cual el análisis de las reformas políticas y el
éxito económico, todavía plantean los siguientes problemas: ¿por qué persisten
el autoritarismo, la corrupción y las debilidades en el Estado para ser
respetado como institución soberana, tanto dentro de los países como en el
contexto internacional de la globalización? América Latina está ingresando
hacia una extraña dimensión: los confines de una nueva década perdida
(2025-2035), posibles rupturas democráticas, acoso de la pobreza y cansancio
ciudadano que rechaza la democracia como régimen que sea capaz de solucionar
los problemas reales de subsistencia y seguridad humanos. Por lo tanto, depende
de todos, políticos, ciudadanos, nuevas generaciones, pobres y ricos, el evitar
que hacia el año 2030 se impongan lamentables olas autocráticas y futuras agonías
democráticas.
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