Han pasado 29 años desde la crisis que convirtió a Lima
en un escenario encapsulado de guerra de guerrillas. La toma de la residencia
del embajador japonés por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en
diciembre de 1996, y su posterior desenlace violento en abril de 1997, con la
operación militar conocida como Chavín de
Huántar, fue una verdadera aventura armada teñida de sangre y fracaso. A
estas alturas, la discusión sobre si sus integrantes fueron “rebeldes” o
“terroristas”, parece menos semántica que moral y política. Sin embargo, el
paso del tiempo ha decantado una percepción más nítida, donde se comprueba que
todos los esfuerzos revolucionarios del MRTA cayeron en saco roto. El uso
deliberado del secuestro, la amenaza y la violencia contra civiles como
estrategia, inscribe a los revolucionarios, sin demasiadas ambigüedades, en la
categoría de organizaciones terroristas.
De todos modos, detenerse únicamente en la condena
—necesaria, por cierto, debido a la gran cantidad de víctimas— puede impedir
una comprensión más profunda del fenómeno. El MRTA, al igual que Sendero
Luminoso, no fue un accidente aislado, sino la manifestación extrema de una
tradición política latinoamericana que, durante décadas, confundió revolución
con redención y violencia con justicia histórica. En ese imaginario, influido
por la épica de Revolución Cubana y por figuras como Ernesto Che Guevara, la
lucha armada se convirtió en una vía, supuestamente legítima, para transformar
sociedades profundamente desiguales.
El problema fue que, en la práctica, esa vía terminó
siendo, no solo inviable, sino profundamente destructiva. En Perú, la deriva de
Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, condujeron a una lógica de “guerra total”
contra la propia sociedad que decían representar. La violencia indiscriminada,
los coches bomba, las ejecuciones sumarias y el terror cotidiano, no generaron
conciencia revolucionaria, sino miedo, rechazo y devastación. En el caso del
MRTA, liderado por Néstor Cerpa Cartolini, la estrategia fue menos masiva pero
igualmente errática: acciones espectaculares sin horizonte político claro, que
terminaron aislando aún más a la organización.
Es tentador —y en parte cierto— afirmar que muchos de los
integrantes de estos grupos provenían de sectores populares, con trayectorias
marcadas por la exclusión, la falta de oportunidades y, en algunos casos, con una
formación ideológica precaria. Tampoco se puede reducirlos a “ignorantes” o
“jóvenes sin rumbo” porque así se simplifica un fenómeno más complejo. Existió,
sin duda, una mezcla de convicción ideológica, resentimiento social y
manipulación política. Hubo también responsabilidad individual en la decisión
de optar por la violencia como método de lucha.
Lo verdaderamente absurdo de la revolución armada en América
Latina, no radica únicamente en su fracaso militar, sino en su incapacidad para
comprender la naturaleza del poder y de la sociedad que pretendía transformar. Las
organizaciones terroristas partían de una premisa equivocada: que la violencia
podía sustituir a la política, sin negociaciones, sin propuestas de gobierno, sin
imaginación y sin democracia. Pero, en realidad, los movimientos
revolucionarios anulaban a la política. Allí donde actuaron, debilitaron aún
más instituciones ya frágiles y, paradójicamente, facilitaron la consolidación
de respuestas autoritarias. En el Perú de Alberto Fujimori, la derrota de los
grupos armados vino acompañada de un régimen que erosionó la democracia desde
dentro.
Por eso, el balance histórico es incómodo. Al desaparecer
el MRTA, luego de fracasar políticamente en el asalto a la embajada japonesa, no
“ganó” simplemente la democracia, ganó el Estado, sí, pero también la lógica de
la represión desde el poder como herramienta central. Y junto con ello,
persistieron —y en muchos casos se agravaron— los problemas estructurales que
alimentaron el conflicto: pobreza, desigualdad, exclusión, corrupción y más
violencia. La violencia revolucionaria fue derrotada, pero no necesariamente superada
en sus causas profundas.
Con el paso del tiempo, surgió también un contraste digno
de mencionar: en Perú hay una tumba para Néstor Cerpa Cartolini, líder del
MRTA, y una completa ausencia de lápida, o un lugar de memoria para Abimael Guzmán,
líder de Sendero Luminoso. Esto también refleja una serie de disputas sobre
cómo recordar. No se trata de reivindicar, sino de entender sin glorificar. La
memoria histórica en América Latina sigue fragmentada, sigue siendo incómoda y,
a veces, sigue siendo selectiva. La gran mayoría de peruanos solamente recuerda
el dolor, la intimidación, los atentados horrorosos y el pánico. Nadie piensa
que el MRTA o Sendero quisieron, alguna vez, promover la revolución y un cambio
brusco de orden estatal.
A casi tres décadas (1997-2026), lo que queda de la
revolución armada no es la épica, sino el vacío. Todos los movimientos armados
en su versión latinoamericana, terminaron siendo una promesa hueca que
sacrificó vidas, en nombre de un futuro que nunca llegó. En Bolivia, los
adoradores de Sendero y el MRTA eran Álvaro García Linera, su hermano Raúl García
y su cuñada, Silvia de Alarcón, quienes cambiaron las armas por la manipulación
de un caudillo como Evo Morales y por el acceso a dinero fácil para robar al Estado.
Todo fue en vano, pues la desaparición del MRTA tampoco puede celebrarse sin
matices. Lo que quedó fue un vacío en medio de una utopía perversa: murió la
revolución y el orden democrático apareció en su lugar. Entre la violencia
insurgente y la mediocridad persistente de muchas democracias, la región sigue
atrapada en una tensión no resuelta: cómo construir justicia sin destruir la
libertad, y cómo sostener la libertad sin ignorar la justicia.
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