Los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre objetivos
en Irán desde el 28 de febrero de 2026, vuelven a sacudir a la comunidad
internacional con una mezcla de estupor, ansiedad y déjà vu histórico. Cada explosión reaviva la narrativa del “punto
de quiebre” definitivo, como si la demostración de fuerza fuese suficiente para
precipitar la caída del régimen de los ayatolás. Sin embargo, la experiencia
acumulada desde la década de los ochenta indica exactamente lo contrario: no ha
existido un solo episodio verificable en el que el bombardeo externo, por sí
solo, haya producido un cambio de régimen estable y democrático en Teherán,
incluso ahora que los ataques asesinaron al supremo líder Alí Jamenei.
Desde la consolidación del poder clerical después de la
revolución de 1979 y durante la larga guerra con Irak (1979-1988), el sistema
político iraní ha demostrado una notable capacidad de recuperación. La
estructura de poder —anclada en la autoridad religiosa dogmática, los
Guardianes de la Revolución y una compleja red de control político— ha sabido
convertir cada agresión externa en un argumento interno de cohesión. La amenaza
exterior, lejos de fracturar automáticamente al régimen, tiende a reforzar su
discurso de victimización y resistencia nacional.
Los bombardeos producen, sobre todo, conmoción y miedo
interno. La población civil es quien asume el costo psicológico y material de
la confrontación con la interrupción del suministro de los servicios,
desplazamientos masivos, muertes de inocentes y una economía que se contrae aún
más, bajo un conjunto de sanciones y aislamiento. El shock internacional no se
traduce en una hoja de ruta para la democratización. Todo lo contrario. La
lógica bélica desplaza los espacios de deliberación política y fortalece a los
sectores más duros dentro del aparato estatal iraní, que presentan cualquier
disidencia como traición en tiempos de guerra.
Hay, además, una erosión silenciosa pero profunda del
Derecho internacional. La reiteración de acciones militares “preventivas o
punitivas” sin un consenso multilateral sólido, deteriora la credibilidad de
las normas que, al menos en teoría, limitan el uso unilateral de la fuerza. El
resultado es un mundo más inestable, donde las reglas se subordinan a la
correlación de poder y donde el precedente de la violencia, legitima luego nuevas
violencias, expandiendo la política internacional del miedo global. La promesa
de seguridad inmediata, suele destruir, progresivamente, la arquitectura jurídica
global de largo plazo.
En este escenario, figuras como Donald Trump y Benjamin
Netanyahu encarnan una política de gestos contundentes y retórica maximalista,
con consecuencias catastróficas. Su narrativa privilegia la exhibición de
fuerza como señal de determinación estratégica. Sin embargo, la experiencia
histórica muestra que la tecnología del poder militar no equivale a una transformación
política eficaz. La caída de un régimen autoritario (ya sea en Venezuela o en
Irán) no se decreta desde el aire: requiere fracturas internas, coaliciones
sociales articuladas, legitimidad alternativa y condiciones institucionales
para una transición. Nada de eso se construye con misiles.
El problema de fondo es la confusión entre castigo y
cambio. Castigar militarmente puede satisfacer expectativas domésticas o enviar
señales disuasivas, pero no crea, por sí mismo, un nuevo orden político
internacional propicio y equilibrado. En ausencia de una estrategia diplomática
sostenida —que combine presión, incentivos y canales de negociación— la acción
militar aislada se convierte en un gesto costoso: pérdida de tiempo, de
recursos financieros y, ante todo, siembra de mayor incertidumbre regional.
Irán, con su compleja sociedad civil, su juventud educada
y sus tensiones internas, no es un bloque monolítico. Existen demandas de
apertura, protestas intermitentes y conflictos dentro de la élite. Pero, cada
vez que el conflicto externo escala, esas grietas tienden a cerrarse bajo la
lógica de la supervivencia nacional. La historia reciente demuestra que la
democratización no prospera bajo los bombardeos sistemáticos (como lo sucedido
en Camboya durante la guerra de Vietnam); más bien, necesita espacios de
autonomía social, comunicación y presión interna sostenida.
La pregunta ética es ineludible en el Derecho
internacional: ¿qué tipo de orden global se está construyendo, cuando la
violencia sustituye constantemente a la diplomacia? La fuerza puede destruir
infraestructuras; no puede edificar legitimidad. Puede eliminar objetivos
militares; no puede sembrar cultura democrática. La transformación política
auténtica es un proceso lento, contradictorio y, casi siempre, interno.
Los bombardeos, entonces, no son garantía de la caída del
régimen de los ayatolás. Son, más bien, la repetición de una estrategia que ha
demostrado sus límites históricos. En vez de acercar una transición
democrática, profundizan el miedo, humillan el Derecho internacional y
consolidan a los sectores más radicales. La eficacia política no reside en el
estruendo de la explosión, sino en la compleja ingeniería de la negociación, la
presión multilateral coherente y el acompañamiento a las fuerzas sociales que,
desde dentro, aspiran a un cambio real. Lo demás es ruido, gastos millonarios y
una peligrosa ilusión de control en un mundo cada vez más frágil, expandiéndose
la política global del miedo. Se trata de un inútil retroceso hacia los
comienzos del siglo XX.
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