La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el
“Mencho”, no sería simplemente el final de un liderazgo criminal, sino el
comienzo de una degradación estatal, todavía más profunda, debido a la fallida
guerra contra las drogas. En la estructura del narcotráfico mexicano, la caída
de una figura de ese tamaño (el más grande narco líder desde la detención del
Chapo Guzmán), suele abrir un vacío que no se llena con institucionalidad, sino
con violencia. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que bajo el mando del
Mencho consolidó todo un sistema empresarial y militar de alcance
transnacional, podría dividirse en facciones rivales, provocando una espiral de
enfrentamientos internos y disputas territoriales con otros cárteles.
En México, el fenómeno no es nuevo. Desde hace más de una
década, la estrategia de “decapitación” —eliminar a los grandes capos— ha
tenido un efecto ambivalente. Por un lado, la guerra contra el narcotráfico debilita
temporalmente a las organizaciones, pero, al mismo tiempo, atomiza el poder
criminal y multiplica la violencia local. Sin embargo, lo que hoy nos horroriza
es algo más profundo: la posibilidad de que el Estado pierda, no solamente el
monopolio de la fuerza, sino también la autoridad simbólica para imponer orden.
Aquí aparece la noción de “Estado anómico”, que nos
remite a una situación donde las normas existen formalmente, pero han perdido
eficacia real. No se trata de un Estado fallido en términos absolutos —México
conserva instituciones, elecciones democráticas y reconocimiento internacional—
sino de un Estado cuya capacidad de regular la vida social se ve erosionada por
poderes paralelos. En amplias regiones (Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo
León y Jalisco), los cárteles no solo trafican drogas, sino que también cobran
impuestos por la fuerza, administran justicia informal de manera impune,
reclutan jóvenes para luego asesinarlos, controlan las economías locales y
establecen reglas de convivencia, aunque de una forma permanentemente violenta.
La muerte del Mencho podría intensificar este proceso de
enfrentamientos extremos. Las disputas por rutas estratégicas —puertos del
Pacífico, corredores hacia Estados Unidos y enclaves productivos de
metanfetaminas— podrían convertir zonas enteras en teatros de verdadera “guerra
urbana y rural”. La violencia dejaría de ser selectiva para volverse
demostrativa: coches bomba, ataques coordinados contra fuerzas de seguridad,
bloqueos masivos, asesinatos de autoridades locales, como lo sucedido en
Colombia durante la década de los años noventa. En este escenario, el análisis
de política comparada obliga a formular una pregunta crucial: no es solo cuánta
violencia habrá, sino quién ejercerá soberanía efectiva, frente a los intentos
del Estado mexicano por establecer un orden político y dominar al narcotráfico,
utilizando las fuerzas armadas.
En materia de comparaciones históricas, recordemos lo que
sucedió a comienzos de los años ochenta, con el asesinato de Bachir Gemayel, en
el contexto de la guerra civil en el Líbano, que desembocó en la ruptura
definitiva del pacto político libanés. Aquella guerra no fue únicamente una
lucha ideológica, sino que también fue una guerra de milicias, lealtades
fragmentadas y poderes armados que disputaban varios territorios ante un Estado
libanés debilitado.
México no comparte el mismo trasfondo confesional de una
guerra político-religiosa, ni tampoco los conflictos geopolíticos del Líbano,
pero la analogía surge por otro motivo: la descomposición progresiva de la
autoridad estatal ante actores armados que operan con absoluta “autonomía territorial”.
La diferencia con el Líbano muestra que, en el caso mexicano, no hay una
ideología que movilice a las masas, ni un proyecto político alternativo. Lo que
existe es un mercado ilícito de drogas multimillonario, que financia ejércitos
privados y tiende a generar las condiciones para el inicio de una guerra civil
prolongada.
A diferencia de las guerras civiles clásicas —motivadas
por disputas ideológicas, geopolíticas, étnicas o religiosas— el conflicto
mexicano tiene una naturaleza predominantemente económica, comercial y
pragmática. Es una guerra causada por flujos financieros: tráfico de drogas,
control de puertos, extorsión, minería ilegal y tráfico de personas. Los
cárteles no pretenden gobernar la nación en un sentido político, sino que buscan
garantizar sus negocios, neutralizando cualquier obstáculo legal y militar.
Esta ausencia de ideología y fundamentos políticos, no convierte
al conflicto del narcotráfico mexicano en menos peligroso. Al contrario, lo
vuelve más imprevisible. Sin un horizonte político, la violencia no busca
persuadir, ni conquistar legitimidad; busca intimidar y asegurar rentas,
cometiendo los crímenes más atroces. El resultado inmediato es un ciclo
permanente de confrontación, donde el ciudadano común queda atrapado entre
fuegos cruzados y una enorme impunidad.
El Estado mexicano ha respondido históricamente con
militarización. Sin embargo, la participación de las fuerzas armadas, sin una
estrategia integral de reconstrucción institucional y fortalecimiento de las
policías locales, está generando un equilibrio inestable: contención táctica, sin
una resolución estructural del narcotráfico y la violencia.
Si la muerte del Mencho precipita una lucha por la
sucesión del mando entre líderes criminales, México podría enfrentar una etapa
de violencia más descentralizada, con cabecillas regionales compitiendo por
reconocimiento y control. Este proceso tiende a erosionar aún más la desintegración
territorial. En México no existiría una guerra civil clásica con frentes
definidos, sino una guerra fraccionada, intermitente, ubicua y con enormes
costos humanos.
La verdadera amenaza no es únicamente la violencia
visible, sino la normalización del miedo. Cuando comunidades enteras asumen que
la ley es negociable y que la seguridad depende de pactos informales con varios
actores armados, el Estado pierde su carácter de árbitro neutral. En este
punto, la crisis deja de ser criminal para volverse política, de un modo no
ideológico, sino como acciones del narcotráfico para eternizar el caos. Los
narcotraficantes no tienen un programa de gobierno, pero destruyen la “soberanía
estatal” de manera efectiva. El Estado anómico no quiere decir que vaya a desaparecer,
sino que persistirá como un conjunto de instituciones formales, mientras su
capacidad de ordenar y dominar la vida social se reduce, hasta imponerse una
total anarquía.
México se encuentra ante un umbral peligroso. La muerte
de un capo del narcotráfico puede ser celebrada como triunfo, pero si no va
acompañada de una reconstrucción profunda del tejido institucional y estatal,
podría convertirse en el detonante de una nueva fase de violencia. La
presidenta, Claudia Sheinbaum, no tiene la capacidad estratégica, ni el
liderazgo solvente para enfrentar esta tarea. No existe una guerra ideológica,
sino una guerra de negocios; no hay una revolución, sino una disputa feroz por
mercados ilícitos. La pregunta final es: ¿puede un Estado sobrevivir cuando su
principal adversario no busca el poder político, sino simplemente sustituirlo
en el control práctico del territorio y plantando las raíces de una guerra
civil de largo aliento? México está al borde de un oscuro abismo.
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