Durante más de seis décadas, Cuba se definió como un
proyecto revolucionario único en el hemisferio occidental —una sociedad
planificada, igualitaria en el discurso y resistente a las “presiones
imperialistas” desde la victoria de una aparente revolución en 1959. Este discurso
ideológico, sin embargo, se ha ido erosionando progresivamente ante la
evidencia de una economía cada vez más dependiente de subsidios exteriores,
incapaz de generar prosperidad interna sostenible y atrapada en una rigidez
política que ha excluido la pluralidad y la competencia democrática. La Constitución
cubana de 2019 declara “irrevocable” el socialismo y al Partido Comunista como
fuerza dirigente única, clausurando cualquier posibilidad de democratización y liberalización
política real.
Desde principios de los años 2000, con Hugo Chávez y,
posteriormente, con Nicolás Maduro, Venezuela fue la tabla de salvación
económica de Cuba. Más de 90 mil barriles diarios de crudo —esto representa
hasta el 80 % de sus necesidades energéticas— llegaban en condiciones
preferenciales a La Habana, incluso como parte de un trueque que enviaba
médicos cubanos a cambio de combustible.
Cada vez que se profundizaba la crisis venezolana, la
reducción de esa ayuda se acrecentaba, hasta que entre 2025 y 2026, con la
captura de Nicolás Maduro y la reorientación del petróleo venezolano, ese flujo
se interrumpió por completo. Cuba enfrenta un problema que no es solamente energético,
pues sufre una dependencia estructural. Sin el petróleo venezolano, las plantas
termoeléctricas interrumpen su funcionamiento, generando apagones prolongados. El
transporte y la logística se paralizan, aumentando los costos de la alimentación
y los bienes básicos. Por lo tanto, el Estado pierde su principal herramienta
para asegurar subsidios y mantener control social.
La crisis energética se superpone a otros factores profundamente
destructivos, como la existencia de una economía estructuralmente débil que se
contrae de forma continua. Los sectores como el azucarero, turismo y
manufactura han sufrido graves retrocesos e inflación. La escasez es endémica. Millones
de cubanos han abandonado la isla, reduciendo la fuerza laboral joven y la
crisis, una vez más, es comparable (o peor) con el “periodo especial”,
posterior al colapso soviético de 1990.
El éxodo cubano no es solo demográfico, sino también un
síntoma de desesperanza que socava la legitimidad de cualquier proyecto
político que no ofrezca un futuro viable o movilidad social. Mientras la
economía se desploma, la respuesta del régimen castrista y Miguel Díaz-Canel, ha
sido aumentar la represión y sostener discursos inútiles de amenaza exterior.
Las detenciones de varios disidentes siguen en curso y la presión política y
social se intensifica.
Aquí es donde surge una pregunta fundamental. ¿La crisis
económica se traducirá en una caída del sistema político comunista? La
evidencia empírica y los análisis especializados ofrecen matices importantes. En
primer lugar, algunos testigos de la crisis consideran que, si bien la economía
está al borde del colapso por apagones, migración y carestías, no hay evidencia
clara donde se muestre que el régimen de Díaz-Canel caerá pronto. Esto habla de
la resiliencia estructural del poder comunista cubano, junto con su control de
las fuerzas de seguridad, de los medios estatales y las instituciones formales
(como la Asamblea Nacional) que brindan un nivel de supervivencia, incluso sin
el sostén económico previo.
En segundo lugar, el régimen ha mostrado apertura al
diálogo con Estados Unidos y busca algunas concesiones diplomáticas que antes
eran impensables, aunque sin comprometer cambios políticos de fondo. Para
Díaz-Canel y las actuales élites cubanas, la revolución es completamente
inservible en lo ideológico y político de manera definitiva. Además, China, Rusia
u otros Estados podrían ofrecer un apoyo simbólico o limitado para evitar un
colapso total, aunque ese apoyo no sustituye una economía próspera.
En tercer lugar, donde el régimen puede debilitarse, no
es únicamente en las plazas políticas tradicionales, sino en la erosión de
legitimidad cultural y social porque un pueblo que no tiene expectativas de
futuro, que no ve movilidad, que carece de energía básica, puede volverse más
indiferente o, incluso, hostil a un sistema que no ofrece soluciones. Cuba
terminó siendo un Estado, propiedad de una casta – fiel al castrismo –
pletórico de privilegios internos y desconectado de la sociedad. Esa clase
dirigente ha monopolizado el acceso a ciertos recursos y ha promovido una
narrativa monolítica donde cualquier disidencia es vista como “traición” o
“injerencia extranjera”.
Ese monopolio del poder es una de las causas principales
de la ausencia de perspectivas democráticas auténticas. Y aunque la estructura
económica colapsa, la transición hacia un sistema democrático o pluralista, no
es lineal, pues implica reconfiguraciones sociales, culturales y geopolíticas
que pueden tardar décadas y están sujetas a tensiones internas y presiones de
Estados Unidos, que tampoco está interesado en la democratización, sino en el
control directo y la búsqueda de una destrucción, desde la raíz, de las élites
comunistas.
La actual crisis cubana —acelerada por la interrupción
del petróleo venezolano y la intensificación de sanciones— representa un umbral
histórico profundo. No es únicamente una crisis económica, sino un punto de
inflexión en la narrativa revolucionaria, una fractura entre un proyecto
político que prometió emancipación y una realidad cotidiana de escasez,
pobreza, emigración y resignación a un futuro inexistente. Además, el
hundimiento del modelo no garantiza, automáticamente, una democratización
positiva; más bien, abre una zona de incertidumbre donde el régimen comunista
podría sobrevivir mediante reformas cosméticas y alianzas estratégicas.
La presión popular puede aumentar, pero sin una oposición
organizada, cohesionada y con alternativas viables, todo podría ser en vano. Los
factores externos (presión internacional, sanciones y ayuda condicionada),
pueden profundizar la crisis sin, necesariamente, provocar cambios democráticos
genuinos.
En este momento, la historia de Cuba es aquel triste
final de una isla atrapada entre su pasado ideológico, la brutal aritmética de
los mercados internacionales y las aspiraciones democratizadoras, pero
fragmentadas de su gente. El desenlace —sea un naufragio definitivo, una
transición paulatina o una reconfiguración autoritaria distinta— no está
escrito, aunque será un capítulo crucial en la historia contemporánea del
Caribe y de las revoluciones fracasadas del siglo XX.
Por último, Cuba tampoco es —ni será— China, ni un país
de Europa del Este en la década de los 90. Esta diferencia histórica y
estructural es decisiva para entender su falta de salida. El castrismo y
Díaz-Canel no pueden replicar las reformas pragmáticas de Deng Xiaoping, porque
carecen de escala continental, de una diáspora inversora masiva integrada al
proyecto estatal y, sobre todo, no tienen una élite tecnocrática dispuesta a
sacrificar el dogma ideológico a favor del crecimiento sostenido.
El Partido Comunista cubano no ha demostrado la flexibilidad
instrumental del Partido Comunista chino, que aceptó el mercado como
herramienta, sin renunciar al control político. Cuba tampoco es Polonia, ni
tiene las condiciones sociales, religiosas y sindicales que permitieron la
emergencia del movimiento “Solidaridad” y de un liderazgo como el de Lech
Wałęsa, capaz de articular una oposición moralmente legítima, democrática, organizada
y con anclaje internacional.
Aislada, empobrecida y con una sociedad civil
desarticulada por décadas de represión y emigración, Cuba queda atrapada en un
limbo histórico infernal: sin una vía autoritaria eficaz de modernización
económica, ni una transición democrática plausible, quedando condenada a
administrar la decadencia permanente como forma de gobierno.
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